Publicado en El Observador de Montevideo, 19/09/2015

El TISA y el régimen constitucional de gobierno

Con motivo del veto del Frente Amplio a la prosecución de las negociaciones del TISA se han conocido varias apreciaciones que tienen que ver con el esquema de interrelación de poderes en Uruguay.  También esta columna las ha vertido.

La más sorprendente en términos institucionales es que se ha sostenido como válida la figura tan peculiar de que un partido obligue con sus decisiones al Parlamento y al Presidente de la Nación. Simplemente esa posibilidad no figura ni está implícita en la Constitución Nacional.  Afortunadamente. 

Está claro en la Carta Magna que es el Parlamento quien deben aprobar los tratados internacionales, al igual que casi todos los temas trascendentes del país. En eso simplemente sigue la línea de otras constituciones, en las que abrevó, que garantizan la independencia de poderes y los principios republicanos en tantos países señeros en derecho político y democracia.  No es una cuestión de presidencialismo, entonces.

El concepto de democracia de partidos no es un principio republicano, más bien todo lo contrario. Es la oposición y control entre los tres poderes lo que permite el juego político que configura la esencia de la república. El criterio de que ningún funcionario ni cuerpo tenga suficiente poder como para ser omnímodo. 

Que un partido sea el dueño de los legisladores y del Presidente, y que pueda imponerles a los funcionarios electos su voluntad como si fueran sus delegados políticos, rompe el equilibrio de poderes, rompe el principio republicano y rompe el principio democrático de elección popular. Y definitivamente, rompe las garantías constitucionales.

Los partidos, en todo el mundo democrático occidental, son tribuna de doctrina e ideología a veces, formadores de políticos y funcionarios, centro de debate y generación de ideas, máquinas electorales formidables, usinas de corrupción en otros casos y en tristes oportunidades, incubadoras de fanatismo. Pero no reemplazan ni supervisan ni auditan ni son capataces de los funcionarios elegidos por el pueblo. Más aún, los grandes funcionarios suelen ignorar en las horas cruciales las presiones ideológicas de sus partidos.

Es posible que haya sociedades más propensas en su legislación, y sobre todo en su cultura, al presidencialismo. Pero en términos de sistemas de gobierno, no hay en el mundo moderno sociedades regidas por el partidismo democrático, o la democracia de partidos, si tales términos existiesen. Salvo China, o alguna reminiscencia trasnochada de totalitarismo soviético disfrazado.

Tampoco en Uruguay existe el concepto. Basta abrir la Constitución Nacional. Es posible que ocurra que el Presidente, los legisladores, los jueces, puedan llegar a tener un conflicto de lealtades entre lo que quieren hacer y lo que quiere su partido que hagan. Pero eso no convierte al partido en un poder del Gobierno, ni le da derecho a nada. Y en términos más prácticos, transformar al Presidente en un eunuco político cuando lo que se necesita imperiosamente es su liderazgo, parece hasta poco inteligente.

No hace falta cambiar ni una coma de la Constitución para que quede claro que los partidos no son los dueños de nada. Por el contrario. si se insiste en el concepto de que el partido es quien tiene el poder último por encima de los legisladores elegidos por el pueblo, habría que cambiar un par de palabras. Eso de republicana y eso de democrática.

Ya que nuestros países han sido víctimas de tantas ideologías, de tantos experimentos, de tantos errores y de tantos contubernios partidistas, se debería  por lo menos dejar incólume el derecho de la ciudadanía a elegir mediante el voto a quienes los gobiernen, para bien o para mal.

Y los partidos deben aceptar que quienes ejercen el mandato popular son los legisladores y el Presidente de la Nación y no pretender pasar por encima de tal mandato ni condicionarlo. En última instancia, la lealtad al partido es personal. Pero la lealtad a la Constitución es la República. Y la lealtad al votante es la Democracia.

En su defecto gobernaría un Politburó.

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