La patria contratista o la patria 

estafada

La columna anticipaba en esta nota de hace una semana los problemas de financiamiento y jurídicos que acarrearía para el país la investigación sobre los cuadernos y correlativas que ya se han presentado a los pocos días. No todos, aún. 

De lo poco que se conoce de las declaraciones de los agolpados arrepentidos se infiere que el tema será largo, duro, grave, escandaloso, creciente, explosivo, de amplio espectro y creará incertidumbres paralizantes que no son de fácil resolución.  La sociedad no tiene claras las características de un sistema de delación premiada o arrepentimiento, y entonces es previsible que  cargará contra los funcionarios si no da por caídos los contratos vigentes de los arrepentidos o si les adjudican nuevas obras. Los propios pagadores de las coimas agitan ese miedo para intentar morigerar las consecuencias. 

Eliminar o suspender a  estas empresas por cualquier medio que se use, podría significar la paralización de la obra pública por años.

Empero, no es seguro que la legislación argentina permita acuerdos entre el estado y sus contratistas como los de Odebrecht en Brasil. El juez o el fiscal pueden aliviar una pena o una carátula, pero es el Ejecutivo el que decide sobre las sanciones administrativas, pecuniarias y contractuales a sus contrapartes y los eventuales acuerdos económicos. La Justicia las homologaría, en tal eventualidad. Por eso la oposición, de mala fe, y la sociedad, seguramente de buena fe, caen de antemano sobre los funcionarios pidiendo tremendas sanciones para las empresas involucradas, que al paso que van serán todas. 

Ahí el gobierno está en una disyuntiva. Jurídica, ética, política y práctica. Eliminar o suspender a  estas empresas por cualquier medio que se use, podría significar la paralización de la obra pública por años, además de la imposibilidad de obtener crédito (si no se hubiera perdido por otras vías) o cotizar en bolsa. Si no lo hace, tendrá objeciones legales, administrativas y penales, que afectarán a sus propios funcionarios y la validez de cualquier licitación. Y si lo hace, pierde el único motor de mano de obra no especializadas que le queda. 

La trampa que acecha a todos los actores es que la delación premiada implica resignar la vindicta pública, total o parcialmente, sobre los partícipes secundarios de un delito para hacerla caer sobre los culpables principales. Eso es lo que la justifica y hace tolerable pactar con quien ha delinquido. Pero si el - o la -  principal responsable de esos delitos no termina en la cárcel, cae el justificativo social para conceder esos perdones. Con lo que los corruptos de un lado y del otro del mostrador tienen su suerte pendiente de que Cristina Kirchner termine presa. De lo contrario, la sociedad pondrá a empresarios, funcionarios kirchneristas y macristas y la propia Justicia en la misma bolsa y volverá el grito "¡que se vayan todos!" su temida consigna del 2001.

Está claro que el gobierno kirchnerista se montó sobre el negocio

ya existente, lo mejicaneó, le hizo varios upgrades

Hay dos delitos de fondo en la trama cuadernífera, que siempre fueron conocidos, salvo por los distraídos éticos. Uno es la cartelización, una forma de monopolio, que no requiere ningún favor del estado, salvo su estupidez proverbial, el otro es el cohecho o coima, que involucra a las dos partes. Ambos llevan décadas. Está claro que el gobierno kirchnerista se montó sobre el negocio ya existente, lo mejicaneó, le hizo varios upgrades y en ese proceso hipotecó una vez más al país, además de inventar groseros mecanismos delictivos generalizados y el escupitajo gitano de los bolsos. Habrá que ver dónde determinan los jueces que comienza y termina la membresía de la asociación ilícita. En cuanto a los alegatos de extorsión, se tendrá que revisar cuidadosamente las contabilidades, no sólo para ver de qué modo se extrajo el efectivo - seguramente de manera ilegal - sino para ver las utilidades obtenidas por las empresas gracias a la extorsión de la que fueron víctimas, lo que probablemente termine en otro escándalo y un nuevo debate incomprensible. 

En ese estado de cosas, y usando su capacidad indiscutible de relato autocomprado, el kirchnerismo impulsa su proyecto de ley para investigar toda la obra pública desde 2003, lo que no es otra cosa que extender al Congreso la amenaza encubierta que la viuda de Kirchner viene agitando en todos los casos en que sus adjudicaciones fueron cuestionadas: siempre sostuvo que sus empresas amigas o propias no fueron las que más se beneficiaron con "el mecanismo". Ahora quiere probarlo con este método, y si es posible también exhibir los logros de las empresas relacionadas con el presidente Macri. 

No estaría mal revisar todos los contratos del estado. Pero la revisión debería incluir no sólo la obra pública, sino las compras de gas, electricidad, los contratos secretos petroleros, los juicios transados extrajudicialmente con el sector y las adjudicaciones diversas de estos 12 años. Debería analizarse con preferencia el contubernio con Repsol, el regalo de esa empresa al grupo Eskenazi, ahora en juicio en Nueva York contra el estado, los valores que se tuvo que pagar a la los españoles por una empresa vaciada y los varios juicios en curso. 

También deberían incluirse los acuerdos y arreglos en las áreas de transporte y minería, los pactos secretos con China, la colocación de Boden 15 a Venezuela, y cuanta oportunidad de rapacidad creó y ejecutó el kirchnerismo en sus doce años. El hecho de que muchas de esas operaciones no se saldaron vía bolsos, puede restar espectacularidad a las maniobras, pero no les quita ni gravedad ni importancia, mucho mayor que lo denunciado por los cuadernos. 

Y para culminar el análisis de este punto, no es el Congreso el órgano apropiado para realizar esta tarea, para la que deberían idearse métodos de funcionamiento y remuneración más inteligentes que evitaran la paradoja de que el zorro investigase el robo de gallinas, o que los costos de la pesquisa fuesen más caros que el recupero. 

Mientras el juicio, o los juicios,  siguen su curso inexorable - ¿e imparable? -  se plantea una cuestión inmediata: cómo seguir con la obra pública frente a este panorama. Habría que tomar esta tragedia griega como una oportunidad china. Eliminar de cuajo el sistema de empresas privadas vendiéndole servicios de construcción al estado, cartelizándose, coimeando a pedido o no, con una industria de juicios sistemático y consiguiendo financiación vía anticipos o créditos blandos, u obligando al estado a conseguir los fondos. Ahora que las PPP parecen estar muriendo antes de nacer, deberán diseñarse nuevos sistemas de peajes, leasing, cánones, que abandonen la falacia de un riesgo y una inversión privada que no existen. 

Habrá que derogar la absurda disposición de los años 90 que obliga a las empresas internacionales a asociarse con empresas locales para poder participar en una licitación. Eso condena a la cartelización y a las peores prácticas a cargo de los especialistas en "mercados regulados" el sincericidio conque Repsol definiera a Eskenazi al regalarle su participación accionaria y el control de la empresa. Es verdad que el accionar de algunas de las extranjeras no ha sido ejemplar. Skanska, Repsol, IBM, Siemens, las españolas que contrataron con la ex municipalidad de Buenos Aires en la desastrosa gestión Grosso, asociados con varios grupos de los arrepentidos de hoy, ISOLUX y muchos otros casos, no son grandes ejemplos para exhibir. Pero abre enormemente el panorama y estimula la competencia entre las empresas extranjeras y las locales, que no deben desaparecer pero sí acostumbrarse a competir en nuevos formatos de negocios, sin perjuicio de las sanciones y las multas que deban pagar por estos casos hoy en juicio. También deben explorarse nuevas variantes financieras y de repago y retribución. Hasta la financiación en moneda local es posible, si se piensa que el estado está pagando 45% de interés para tomar pesos que esteriliza, y que cualquier dólar que se use para la obra pública termina pasándose a pesos, que vuelven al circuito.

Lo anterior luce como una discusión bizantina cuando el país no tiene un centavo de crédito ni ha resuelto sus problemas de déficit, ni sabe hasta cuándo le alcanzan las reservas, ni puede precisar qué endeudamiento adicional necesita hasta el fin del mandato y justamente es el sector de las obras donde se mete la tijera para tratar de ahorrar lo que se despilfarra en otros rubros a veces muy difíciles de justificar. ¿Y si - por ejemplo - como compensación económica de las empresas envueltas en estos desgraciados comportamientos se pactara la compra obligatoria de un bono a largo plazo que sirviera para financiar las nuevas obras? ¿Le parece descabellado? ¿Y le parece descabellado que - como multa -  las empresas involucradas tuvieran que traer su propia financiación para poder participar en licitaciones futuras? 

Tan descabellado como los delitos que cometieron y que se están descubriendo cada día con cada seudoarrepentido, o más?

Este sainete trágico se encuadra en la tragedia mayor, la crisiss económica de fondo, a la que agrava por su alevosía y porque agita más la desconfianza y reconfirma a los mercados que Argentina es un tramposo global. Por eso termina pagando una tasa de interés que no pagan economías mucho más pobres y precarias. Y por eso es necesario que se muestre una firme decisión de seguir con estas causas, pero al mismo tiempo que se evidencie la capacidad de gobernar, de buscar soluciones, de hacer pie y de resolver situaciones. 

Hasta el momento, la casi única virtud de Cambiemos, ha sido la de endeudarse, hasta con el Fondo Monetario. Ahora confía en conseguir un poco más de piolín, como dicen los expertos en default. Elegido el gradualismo, el paso siguiente es financiarlo. Elegido el endeudamiento como forma de hacerlo, la única solución es conseguir más financiamiento. Pero no vendría mal mostrar una cierta capacidad de gobierno y gestión. 

Alquitranada por los martillazos de cada arrepentido que aparece, abroquelada entre sus adeptos marginales de todos los niveles sociales, Cristina Kirchner parece, otra vez, no tener futuro político, tal vez policial. Mauricio Macri, con todas las críticas que esta columna le propina, sigue siendo la única cara confiable para el sistema financiero global. En el manejo de este escándalo tiene la oportunidad de demostrar que también es confiable en la gestión de situaciones extremas.

Se dirá, con algunos argumentos, que si la patria contratista termina pavimentado el camino del ostracismo cristinista, surgirás un peronismo racional que podría mostrarse como un nuevo rostro confiable que mereciese la confianza y el respaldo del sistema económico mundial a partir de 2020. 

El problema es que el sistema financiero global no cree que exista un peronismo racional. Los cuadernos pueden ser la oportunidad de demostrar su existencia, y su capacidad de pensar de un modo superior. Para eso, tiene que ayudar y pactar con Macri, tanto en el caso particular de las coimas como en el mucho más grave problema económico de base. Sin Macri no hay futuro. Sin peronismo racional tampoco. Sin esa madurez casi imposible, la oca vuelve al casillero 2001.