Para dejar de bastardear

la democracia

   


Una propuesta de cambio en el sistema político-electoral para propender al único acuerdo social que hace falta

Siempre se habla de le necesidad de consensuar políticas de estado, o la de lograr un pacto de gobernabilidad, o de la importancia de recrear el contrato social. Frases que se sabe son vacías y formales, ya que tan pronto algún partido llega al poder ejecutivo o controla el legislativo, las tira a la papelera de reciclaje, cuando no es el poder judicial el que manosea la lógica de la representatividad. 

La consecuencia es la permanente sensación de hartazgo de la sociedad, que no se relaciona solamente con los pobres resultados de las gestiones de incompetentes que pasan por el estado, sino que se refiere al permanente jugueteo con las normas, a las avivadas y las trampas comunes a todos los partidos, los gobiernos y las jurisdicciones. Baste el ejemplo de las PASO, que fueron reformadas al poco tiempo de su aprobación durante el kirchnerismo, y ahora están nuevamente en la mira de la rosca política, como definiera Emilio Monzó en su lunfardo parlamentario. 

El monopolio de los partidos

En el Pacto de Olivos, Alfonsín le cobra cara a Menem su venia para la reforma constitucional reelectoral, y transforma la Constitución en un híbrido entre el liberalismo político del texto de 1853 y una ensoñación socialista de garantías, derechos y representatividades que alejan el poder de la ciudadanía y lo pone en mano de pocas fuerzas partidarias, todo lo opuesto a la democracia moderna, y más parecida a la seudodemocracia del partido único soviético, cubano o chino. 

Para terminar con ese escamoteo, se propondrán algunos cambios que se explican por sí mismos, a distintos niveles de la normativa legislativa. En términos constitucionales, debería volverse a los dos senadores elegidos para representar a cada provincia, sin el aditamento de un tercer representante por la minoría. Se supone que los senadores representan a la provincia ante la Nación y defienden sus intereses más allá de banderías políticas. Fomentar una partidización de ese mandato es antifederal y desvirtúa la esencia misma de la institución senatorial. 

Retomar la representación proporcional y por distritos

También, por vía de la reglamentación, debería volverse a la representatividad proporcional de los diputados de cada provincia. No hay razón alguna para que ciertos estados provinciales tengan una representación mayor que el resto del país, lo que lesiona la igualdad ante la ley. 

Dentro de ese cambio, debe incluirse la división distrital para la elección de diputados, aceptando que algunas provincias de baja concentración pueden ser consideradas un único distrito. Esa división distrital - que debería respetar el número actual de diputados y la proporcionalidad poblacional citadas antes, implica cambios de gran importancia democrática. 

Al elegirse por distritos, muere automáticamente la lista sábana para la elección legislativa, porque la boleta de cada distrito sólo puede contener un candidato por partido. No importa tanto si se postulan partidos o independientes, algo que debería ser posible, de todos modos. Importa la personalización, la posibilidad de que sectores más chicos de la población puedan reclamar a su candidato o su representante por el modo en que votó o en que defendió una causa. La constituency, por las que los políticos americanos tienen un temor reverencial, y cuya importancia ponen por encima de la voluntad partidaria. 

De paso, se produce de este modo el timbreo auténtico, con los candidatos hablando cara a cara con los votantes. Tal vez se incurra en algunos costos de impresión de boletas algo mayores, pero el precio económico es despreciable frente a las ventajas de la representatividad, y de todos modos, los costos se reducen con el uso de la boleta única, del que hablaremos luego.

Este cambio implica una revolución en el ejercicio de la voluntad popular, que hace del partido una usina de ideas, de formación política, pero le da a la ciudadanía un instrumento formidable y cercano. Al mismo tiempo, saca otro obstáculo deliberado: la necesidad de formar un partido para presentarse como diputado. En la actualidad, tal misión es imposible. 

La misión imposible de formar un partido

Si cualquier ciudadano intenta candidatearse como diputado, debe afiliarse a unos de los partidos monopólicos, donde pasa a sufrir todo el filtrado imaginable e inimaginable. Si en cambio decidiese crear un partido distrital, pese a que la exigencia es de 4.000 afiliados, se encontrará con una burocracia diseñada por los propios partidos existentes, que se ocupan de destrozar su formación. Le queda la posibilidad de comprar o alquilar algún partido vetusto residual existente, lo que siempre termina mal. Este mecanismo permite que muchos individuos valiosos se postulen, lo que implica aires nuevos para el sistema y no ahuyenta a la gente honesta de la política. Obviamente, algún número de firmas en apoyo de su candidatura debería alcanzarse, sin llegar al sistema expulsivo actual. 

Otro tema que con toda razón urtica hasta el cansancio a los ciudadanos,  que tiene efectos graves y distorsivos, es la reelección en todos los cargos políticos. Los griegos, que hasta pensaron en algún momento designar a sus gobernantes por sorteo, comprendían la doble importancia de impedirlo. Para permitir la renovación inherente a la democracia, o sea la oportunidad para todos de representar a sus pares, para eliminar el clientelismo, posibilitar la revisión de todas las gestiones, y sobre todo, para que ningún ciudadano en ningún cargo se sienta tentado u obligado a ser demagogo, populista o a no hacer lo que piensa que corresponde por consideraciones electorales.  

Este aspecto fue analizado brillantemente por Tocqueville en 1835, en su libro La Democracia en América, donde llega a decir que el Presidente, en la concepción americana, había sido condenado a reelegirse, y que, en consecuencia, no tomaría ninguna medida que fuera impopular en el corto plazo, aunque lo fuera a la larga, y se le demandaría ejercer la demagogia, lo que no tendría más remedio que aceptar. Formidable lección olvidada. 

Ninguna reelección consecutiva

Ni el presidente, ni los gobernadores, ni los intendentes o legisladores, deberían poder reelegirse, al menos en períodos simultáneos. Ninguna medida más eficaz para evitar la demagogia, el populismo, la corrupción y la falta de grandeza por especulación política. Por eso mismo, el partido como cuerpo resulta sumamente nocivo en estos puntos. Porque su influencia hace que aún cuando los candidatos no sean reelegibles, la conducción partidaria estará interesada en congraciarse a cualquier precio con el electorado para imponer sus nuevos candidatos en la próxima compulsa. Por eso la importancia de la división distrital para la elección de diputados. Y hasta no habría que descartar la posibilidad de la postulación de candidatos independientes a la presidencia, cualquiera fuera su chance, como ocurre en Estados Unidos, que no pueden ser disputados en su vocación democrática. 

Otro punto a analizar es lo que tiene que ver con el contralor de la gestión de gobierno. Comenzando por el Congreso, el órgano fundamental en esa tarea. El sistema de renovación de legisladores por mitades a los dos años crea una falsa mayoría. "La ciudadanía eligió que hubiera un gobierno con minoría en el Congreso" se suele escuchar. No es cierto. La mitad de los diputados y senadores son arrastre de elecciones anteriores, de proyectos anteriores, y tal vez si los electores pudieran les quitarían el mandato. Es interesante en este sentido el sistema de Uruguay. 

Eliminar el medio término por mitades

Allí tanto el Presidente como los legisladores se eligen cada 5 años. El presidente no puede serlo por dos períodos consecutivos. (Lo ideal sería que los legisladores tuvieran igual régimen) El presidente se elige en una elección única, con ballotage. Además de evitar el estado de campaña electoral permanente, el resultado es mucho más homogéneo y adecuado a la voluntad popular e impide los feudos. Los candidatos a legisladores se eligen previamente en un elaborado sistema de internas múltiples.

Aquí debe incorporarse el tema de la boleta sábana. Este punto tiene dos aristas. La boleta por cada partido tiene apareado el robo de papeletas, lo que obliga a imprimir varias veces más de lo que se necesita de votos, (además una restricción económica para los partidos más chicos que deben anticipar los fondos para imprimirlos) y a tener un fiscal en cada mesa para actuar de vigilante. Por otro lado, fomenta el voto sábana, con boletas que antaño venían troqueladas y que ahora vienen casi soldadas para evitar el corte. 

No sólo la boleta única

La boleta única, en que el votante marca con un bolígrafo al candidato que vota, resuelve parte del problema, pero no todos, porque permite muchos manejos de transa política y caudillista al hacerse una elección múltiple simultánea. Además de la boleta única - y de la natural antisábana que implica la elección distrital de diputados, habría que considerar la posibilidad de que las elecciones de presidente, gobernador e intendente se hicieran en momentos separados, al igual que sus legislaturas y consejos. Se dirá que es demasiada frecuencia de votos y gastos. Debe recordarse que con el esquema propuesto se votaría una vez cada cinco años y no cada dos años. La boleta única también reduce los costos de modo notable, y por último se podría alternar la elección de intendentes y gobernadores, con lo cual se votaría 3 veces por año, un esfuerzo que vale la pena.  

Esto lleva a la obligatoriedad del voto. Debería eliminarse. Si alguien considera que es demasiado trabajoso o complicado destinar algunas horas cada año a elegir sus representantes, debe tener el derecho de no ejercer su derecho, redundancia necesaria y saludable. 

Algunos de estos puntos se podrían solucionar mejor con el sistema de urna electrónica, (no con voto digital) pero se ha eliminado del planteo para no enzarzarse en discusiones estériles y diluyentes con quienes sostienen una serie de argumentos que descalifican la idea. 

Contralor y coto a las decisiones de la mayoría

Un tema que no es exactamente electoral pero que debiera analizarse más en profundidad, es el control de la toma de decisiones de todos los funcionarios y representantes. Ello es para asegurarse de que, además de cumplir los mandatos de las mayorías, se apliquen los límites imperativos para asegurar el respeto por los derechos de las minorías. El Consejo de la Magistratura, las distintas oficinas de auditoría y contralor tanto del Poder ejecutivo como del poder Legislativo deben estar en poder de las minorías. En el caso del ejecutivo, deben surgir de la decisión de los partidos que no ejerzan la presidencia, y en el caso del Congreso, de las minorías. Obviamente serán decisiones posteriores al acto electoral principal. Quedan para analizar más precisamente y con más profundidad, por juristas, los complementos y mecanismos de control de las mayorías a los que se refiere antes esta nota. Seguramente deberá incorporar una mayor importancia y vincularía a las propuestas colectivas de tratamiento de leyes o censura de ciertas disposiciones, pero no se tratarán aquí.   

Una cuestión que parece secundaria pero que requiere suma atención, en línea con la necesidad de asegurar la confianza y credibilidad en el acto electoral, es el conteo de los votos, tanto en el escrutinio provisorio como en el definitivo. Como se sabe, al cierre de cada mesa, el presidente y los fiscales proceden a labrar el acta de escrutinio, que el presidente de mesa, con la firma de los fiscales debe remitir a la Justicia Federal, que está a cargo del conteo definitivo. Al mismo tiempo, el presidente de mesa envía un telegrama al Correo Central con los resultados de su mesa. 

Reglas para el escrutinio

El escrutinio provisorio - sin valor vinculante alguno - se hace mediante el conteo de esos telegramas. Hasta ahora se ha venido haciendo con la tercerización de la tarea en firmas privadas. Ese paso debería estar a cargo del estado o la justicia, y no de una empresa privada, simplemente para ahuyentar suspicacias como las que han surgido en varios actos comiciales.

El escrutinio definitivo se hace en la Justicia Federal mediante la utilización de las actas de escrutinio, con la presencia de todos los fiscales generales de los partidos. Aquí vale la pena detenerse. Un punto posible de fraude existe en el caso de que sólo el presidente de mesa esté presente en el momento de la confección del acta. O que sólo se hallen en el acto el presidente de mesa y el fiscal del partido ganador. Sólo en situaciones especialísimas se procede al recuento de los votos de cada urna, que obran en sobres en poder de la Junta Electoral. Este aspecto debe modificarse. En casos de diferencias abrumadoras, imposibles, o cuando se impugna alguna mesa donde sólo firmó el acta el presidente, debiera flexibilizarse esa regla, aún a riesgo de alargar el escrutinio. Y hasta cabría la posibilidad de realizar muestreos al azar, con duras sanciones en caso de diferencias groseras. 

Recuento manual de votos

En algunos estados americanos, como se ha visto en las recientes elecciones de medio término, si los resultados distritales generales arrojan una escasa diferencia, se procede al recuento manual de todos los votos, tanta es la importancia que se da a la seguridad en ese punto del comicio, tan frágil en el caso local. 

Un capítulo aparte para las PASO, las primarias abiertas y obligatorias. Este sistema fue aplicado por el kirchnerismo como un modo de cerrar y dificultar el acceso de más partidos a la contienda electoral, y posteriormente modificado a su conveniencia. Hoy se discute la conveniencia de volver a modificarlas. Debería encontrarse un formato verdaderamente democrático y no modificarlo sino con consenso de amplias mayorías y con bajísima frecuencia. 

Parece claro que la participación en las internas no debería ser obligatoria, como no lo debe ser el voto en las generales. Tiene sentido que sea obligatoria su existencia para los partidos, a fin de asegurarse que no existan candidatos elegidos "a dedo". Pero cada partido debería darse su propio reglamento. Debería estar abierta la participación en ellas de todos los afiliados que se deseen postular a cualquier cargo o banca, para evitar la preconfección de listas compulsivas o consensuadas, mecanismo que se ha usado  con formatos diversos en el pasado, aún antes de las PASO, y que tiene un componente antidemocrático importante. También las fechas deberían ser fijas o por lo menos hacerse con una antelación mínima a las generales. 

Democracia participativa online

Seguramente al analizar estos temas, surgirá la idea de apelar obligatoriamente o no a la consulta directa popular, mediante los medios digitales disponibles. Desde el punto de vista de la calidad de las decisiones y la juridicidad de estas consultas, habrá que tomar en cuenta algunas decisiones disparatadas a las que se ha arribado con este tipo de compulsas directas, por medios convencionales. No es casualidad que el modelo universal de democracia sea representativo, y hasta que muchas constituciones fulminen la petición directa en nombre del pueblo. "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes" no es una mera fórmula. El voto y las decisiones políticas de la sociedad, se toman - así lo aseguran los expertos mundialmente - sobre impulsos emocionales. Sumarle a esos impulsos la instantaneidad que ofrece Whatsapp, por caso, parece peligrosísimo. 

Por otra parte, no se puede ignorar que al sopesar la posibilidad de utilizar la urna digital, ya ni siquiera el voto digitalizado, quienes se consideran los máximos expertos en el área informática han rechazado de plano cualquier sistema de cualquier índole que utilice software, trasmisión online o un procesador. Con menos razón entonces se podría osar utilizar Internet o cualquier sistema con protocolos parecidos y que se basase en los mismos principios para realizar consultas a la ciudadanía, cuya autenticidad y calidad podría ser disputada agria y salvajemente, como ha ocurrido con el voto electrónico, y por las mismas razones.  

Comentario final

Este trabajo no intenta ser un anteproyecto legal ni una propuesta de modificación constitucional. Es apenas un enunciado con cierto grado de puntualización y precisión de las críticas, observaciones, dudas y defectos que se advierten y denuncian en nuestro sistema electoral y en nuestras reglas que confluyen en el ejercicio de la democracia. 

Se suele confundir las malas prácticas de los gobiernos, tanto en su comportamiento político como en su gestión, con un pobre desempeño de la democracia, lo que además de ser un resumen demasiado superficial, es una conclusión riesgosa y que crea una gran inseguridad social, al ponerse en duda, con razón o no, a la esencia de nuestro contrato social, nuestro pacto fundamental de convivencia. 

Aunque el momento no sea oportuno -nunca lo será - se trata este de un pequeño aporte para estimular el debate y el análisis, y enfocar desde otro ángulo lo que se ha dado en llamar grieta, que nunca será un mecanismo válido para la sociedad, y que habrá que tratar de soldar desde la base misma del orden social: el derecho.