Vicentin: madura el nocaut

La Argentina de Cristina se imita a sí misma obsesivamente en sus fracasos, pero en el fondo quiere ser Venezuela

El canciller Talvi debería ir buscando algún eufemismo para definir el sistema de gobierno al que inevitablemente marcha Argentina, no sea cuestión de que cuando madure -o madurice- el plan de Cristina Kirchner no encuentre palabras para definirlo sin comprometer su neutralidad. Suponiendo que un canciller deba ser neutral. 

La intervención con anticipo de expropiación de la concursada aceitera y operadora de oleaginosas Vicentin, anunciada el lunes, es un compendio de la historia económica del estatismo argentino de los últimos 75 años, y también un vademécum de las barbaridades sistémicas en que ha incurrido el país cada vez que el mesías de turno decidió meter sus dedos en las empresas privadas con cualquier excusa. 

En primer lugar - aunque esto no sea relevante para una sociedad ya acostumbrada a que la Constitución es de goma y la ley es optativa, la medida de la intervención es tres veces inconstitucional. Primero, porque el Poder Ejecutivo no tiene facultad alguna para intervenir una empresa privada. Segundo porque una empresa en Concurso preventivo de acreedores sólo está bajo el poder del juez, y debe ser gestionada por sus dueños. Tercero, porque el presidente emite a estos efectos un DNU al que no está autorizado por el Congreso en su también inconstitucional delegación de poderes. 

Obviando esos detalles habrá que recordar que absolutamente en todos los casos, desde 1946 hasta aquí, en que el estado metió sus manos en una empresa privada, además de incurrir en gastos y dispendios (legítimos y no) exorbitantes, terminó perdiendo juicios monstruosos. Sin excepción. El caso YPF es un fácil ejemplo. Pero hay cientos de casos en que, al intervenir una empresa con deudas y problemas, el país se terminó comprando todas las culpas. Como se sabe, el estado argentino es especialista en perder juicios. Al punto que algunos mal pensados, como este columnista, creen que deliberadamente se cometen errores que dan pie a estos reclamos. La Corte del Distrito Sur de Nueva York y el Ciadi están llenos de los carísimos cadáveres de estos experimentos. 

El anuncio de que, además, se expropiará la empresa, (que exportó alrededor de 3000 millones de dólares el año pasado y es una de las 20 más grandes del país y propietaria mayoritaria de la mayor planta de procesamiento de soja del mundo) abre otra etapa costosísima y peligrosa. Al saltear el procedimiento concursal incipiente, el precio a pagar será siempre discutible. Nadie puede olvidar la bravata de Axel Kicillof, el minúsculo gobernador de Buenos Aires, que sostuvo que Repsol tendría que pagarle a Argentina por la expropiación, con el final – aún abierto – conocido. 

La insistencia discursiva innecesaria de Fernández explicando cual el doctor Strangelove de Peter Sellers que se trata de una idea de su coleto que viene elaborando hace tiempo, confirma que ha recibido instrucciones de la señora de Kirchner, que no hace estas cosas para la historia sino para su hijo y heredero político, a quien sueña ver con la banda (presidencial). Los bonistas y el FMI seguramente tomarán nota de que lo que más temían ha ocurrido: Cristina conducción. Más de un acreedor se está preguntando hoy si tiene sentido aceptar una reestructuración de una deuda que no hay modo de cobrar en un país que no tendrá dólares. Ni siquiera cabe hablar de lo que la medida significa para la inversión, porque la inversión no tenía ya oportunidades.

Cada uno de los argumentos de apuro esbozados en la decisión que se atribuye Fernández es evidentemente falso, al punto que se vuelven ofensivos para los ciudadanos. La soberanía alimentaria por caso, frase que retrotrae a Perón, a Castro, a Chávez a Maduro y a tantos populistas, no es aplicable a una empresa exportadora de productos no alimenticios, menos en un mercado que funciona hace más de un siglo y que es simplemente tomador de precios. 

Tampoco ayudará a los productores acreedores, ni el gobierno explica de dónde sacará los fondos para pagar la deuda de la empresa. Ni hacía falta asegurar la compra de la producción a los agricultores de la zona. Sobran acopiadores, operadores y factores en el mercado, además de que había interesados en participar de un rescate de Vicentin, que no parece haber incurrido en una maniobra dolosa, sino que llegó al Concurso por dificultades originadas en el tipo de cambio y los mercados futuros, avatares no desconocidos en la actividad agropecuaria. Tampoco despidió trabajadores ni incumplió con el pago de sus sueldos. 

El peronismo tiene un toc con el campo. Por los dólares que genera, porque no entiende el negocio y cree en complots cambiarios, y porque Cristina siempre quiso domar a un sector al que considera insubordinado y rebelde. Ahora se agrega la desesperación por la falta de divisas y la idea de crear una empresa testigo, argumento también estúpido en un mercado experimentado y global. No se puede omitir el recuerdo del IAPI, el engendro de Perón, que monopolizaba la exportación. 

La idea de pasar el gerenciamiento de la futura expropiada a YPF es todavía jurídicamente más delirante, como sabe Uruguay. No sólo la petrolera está al borde del nocaut, sino que se trata de una empresa que cotiza en bolsa en Argentina y sus ADR en Wall Street. Otra mezcolanza legal dudosa y litigiosa. 

El miedo a la intromisión de una empresa extranjera en la compañía en dificultades omite el hecho de que el kirchnerismo ha hecho todo lo posible por debilitar al sector local del negocio, partiendo del sistema de retenciones ahora exagerado por un mecanismo multi-tier cambiario que lo condena a la dependencia de grandes capitales. Nada mejor que el cepo y correlatos para debilitar a los acopiadores locales y ponerlos en manos del cuco extranjero. Queda por ver si los productores que vendían a Vicentin colocarán ahora sus cosechas en la Vicentin estatal, a menos que sean obligados, otro despropósito.  

Más allá de todas las declaraciones y dialécticas, el mensaje de esta medida, del tipo de las que Fernández aseguró hasta hace dos días que jamás tomaría, (su palabra también se devalúa) es un avance y un mensaje que no sólo el campo sino todos los mercados tomarán en cuenta. Con el temor y fuga correspondientes. Y con el riesgo de que todo populismo que fracasa se convierte en opresor, lo que la ciudadanía debe tomar en cuenta. 

El agro argentino es el equivalente al petróleo venezolano en varios sentidos. Y está sufriendo hace tiempo los mismos ataques. Y tendrá las mismas consecuencias que en Venezuela: pérdida de generación de dólares. Algo fatal para un país endeudado. Por eso los bonistas estarán ahora repensando y recalculando la sustentabilidad de la deuda, sobre la que tanto alardea el ministro Guzmán, que curiosamente, no parece ser parte ni opinión en este asunto crucial. Es cierto que él es sólo ministro de la deuda, no de economía. 

Subyacentemente, debe recordarse que el peronismo nunca toma medidas con un solo objetivo. Siempre sus reglas deben ser miradas al dorso. Siempre hay un negocio para alguien oculto. Mucho más en estos caprichos-imposiciones de la dueña del poder. 

Con la excusa de la pandemia, (el caso de Vicentino no se origina en ella) el gobierno viene tomando una serie de decisiones cambiarias y de exportaciones e importaciones que claramente atacan la única fuente de ingresos de divisas del país, además de su negocio más importante, y ahuyentan la creación de cualquier nuevo emprendimiento. Este es sólo un paso más. Así lo cree el mercado y así actuará en consecuencia. 

Es doloroso contemplar cómo Argentina marcha aceleradamente hacia su extinción-venezolanización. Aunque, para Uruguay, ofrece una vez más un gran ejemplo de lo que no hay que hacer. Y al mismo tiempo constituye una enorme múltiple oportunidad, sin necesidad de tener que hacer demasiado para aprovecharla.

Nota del autor. Luego de publicada esta nota, se conoció que uno de los accionistas principales de la empresa se había comunicado telefónicamente con Fernández, y segú el presidente habían tenido una "muy buena charla". 
Luego se hizo público un comunicado de la empresa donde en principio acata la intervención, aunque sometiéndola al juez de la quiebra. El proceso ahora se parece más al salvataje de Ciccone que a la expropiación de YPF, aunque las irregularidades, los costos, las sospechas y los delitos terminarán siendo los mismos, o peores. 
La aceptación de la empresa de la intervención no tiene efecto jurídico ni económico alguno, pero sí es un indicador de la gravedad que tiene esta compleja trama, y permite predecir que las irregularidades aumentarán en gravedad, costo y número.