El Observador 31/03/2020
En la salud y la enfermedad
La pandemia cambia las reglas sociales, pero no los efectos de las decisiones económicas
Luce superfluo recordar que hace apenas un mes que asumió el gobierno elegido por la sociedad para conducir sus destinos durante los próximos cinco años. Sin embargo, el coronavirus o su excusa amenaza desatar un clima de campaña como si las elecciones se hubieran anulado o no hubieran tenido lugar. Es de esperar que ese primereo despreciable no tenga imitadores y cese de inmediato.
La emergencia sanitaria no tendrá efectos cortos ni menores, además de la salud y de la terrible pérdida de vidas. No los tendrá el costo de la lucha contra la pandemia, tanto en las erogaciones específicas para combatirla como en los gastos y déficit adicional en que se incurrirá para compensar el aislamiento, ni el daño colateral que implica la parálisis de la economía, como en el tremendo golpe en la exportación que se sufrirá como consecuencia del covid-19 en la economía mundial. De modo que está claro que en algún momento habrá que replantearse medidas, tiempos y políticas, comenzando por el presupuesto 2020, que ya antes del virus era una ficción.
Esa es una tarea que debe encarar el gobierno, en la que habrá de escuchar voces y opiniones y acordar, si se puede, sin dejar de lado las convicciones y principios por las que fue votado, es de esperar. No hay que ignorar que las diferencias con la oposición son muy profundas y que las diferencias en la sociedad también lo son, cuando por un lado un sector importante de la ciudadanía cree que la otra parte debe proveer a su bienestar y a sus conquistas, como si fuera culpable de sus carencias o de sus expectativas no cumplidas; y la otra parte intenta proteger el fruto de su esfuerzo, su creatividad y su toma de riesgo y defender su derecho a la propiedad y a la libertad de comerciar y producir. Difícilmente se pueda hallar un promedio en esa grieta. Esa diferencia se zanja con el voto.
Pero esa etapa vendrá después. Ahora hay una sola prioridad: minimizar, curar y vencer a la enfermedad y atender a sus víctimas directas y colaterales. Por supuesto que cada uno puede tener su opinión y manifestarla –por suerte está claro que eso ocurre diariamente en casi 3.500.000 casos sobre cualquier asunto– pero la lucha debe tener una sola conducción, como toda situación catastrófica. “En la salud y en la enfermedad”, dice el clásico voto matrimonial. Que vale para el voto democrático. Y rige también en lo económico: “En la prosperidad y en la adversidad”. Esta catástrofe es la que le tocó pilotear al gobierno. Y este es el gobierno que eligió Uruguay, a todo evento.
La semana pasada el Instituto de Economía de la Udelar publicó las sesudas conclusiones de un trabajo que determina que la pandemia afectará negativamente la economía, y que la solución es aumentar los impuestos a la renta y la riqueza. Además de un panfleto ideológico, se trata de un planteo inoportuno, que pretende reabrir una discusión fuera de tiempo, una primereada, diría la calle. También han surgido opiniones que sostienen, desde el desconocimiento o la mala fe, que no hay evidencia empírica contundente sobre el efecto de la suba de impuestos en casos de economías deficitarias. Más allá de la falacia que se cae a pedazos ante la realidad, se reinventa una discusión que acaba de saldarse en las urnas.
Lo que lleva a una afirmación que ayudará a entender el punto: la pandemia cambia las reglas sociales. Pero no los efectos de las decisiones económicas. Paradojalmente, todas estas neopropuestas, verdaderas pancartas virtuales, intentan ignorar que el nivel de deuda del país, su déficit, su inflación, la pérdida de inversión y de empleo, los límites al endeudamiento, son consecuencia de haber aplicado durante 15 años, en especial los últimos cinco, las políticas que ahora se pretende imponer al nuevo gobierno. Con lo que es evidente que algunos sectores creen que el coronavirus tiene un efecto amnésico sobre las acciones del pasado. O que –dialécticamente– anula el pasado, como diría Borges.
La idea de eliminar el déficit con impuestos a los ricos para poder mantener el rating crediticio y así tomar más deuda, además de cortoplacista y suicida, es de poco vuelo, incongruente e irresponsable y condena a más impuestos a las próximas generaciones. Por otra parte, no es cierto que no haya opciones. Los organismos de crédito mundial, y aún los eventuales bonistas, no exigen medidas drásticas inmediatas, y menos ahora. Quieren ver un plan sólido, consistente, proyectado y mantenido en el tiempo, con metas y rendiciones periódicas. Un plan de crecimiento basado en la inversión privada y en la confianza del mercado sobre país y gobierno.
Esa confianza, por sobre la ideología, fue honrada y mantenida por el gobierno anterior, que merece el reconocimiento por ese logro, acaso el más importante de su gestión. Cuando el virus sea derrotado, cuando la lucha haya terminado y con ella la emergencia, llegará el momento de pensar en el futuro y armar un plan coherente que edifique sobre esa confianza, que se base más en la inversión y la creatividad privada y menos en el Estado como repartidor de felicidad y bienestar con dinero ajeno. Que es la promesa de la coalición. Y que es factible, como lo muestra la tan negada evidencia empírica.
Pero eso viene después. Ahora hay un solo plan, que es domar al virus, proteger la salud y la trama social y salvar vidas. La cuasi cuarentena es una oportunidad para reflexionar, y para que muchos economistas lean los libros que no se leen en la Udelar y estudien profundamente la amplia casuística fiscal en países comparables.
En cuanto a la futura acción económica del gobierno, como ya sostuvo esta columna y como sabe cualquier usuario del por ahora casi inútil Waze, recalcular no es cambiar el objetivo. Es encontrar caminos alternativos para alcanzarlo.
La semana pasada el Instituto de Economía de la Udelar publicó las sesudas conclusiones de un trabajo que determina que la pandemia afectará negativamente la economía, y que la solución es aumentar los impuestos a la renta y la riqueza. Además de un panfleto ideológico, se trata de un planteo inoportuno, que pretende reabrir una discusión fuera de tiempo, una primereada, diría la calle. También han surgido opiniones que sostienen, desde el desconocimiento o la mala fe, que no hay evidencia empírica contundente sobre el efecto de la suba de impuestos en casos de economías deficitarias. Más allá de la falacia que se cae a pedazos ante la realidad, se reinventa una discusión que acaba de saldarse en las urnas.
Lo que lleva a una afirmación que ayudará a entender el punto: la pandemia cambia las reglas sociales. Pero no los efectos de las decisiones económicas. Paradojalmente, todas estas neopropuestas, verdaderas pancartas virtuales, intentan ignorar que el nivel de deuda del país, su déficit, su inflación, la pérdida de inversión y de empleo, los límites al endeudamiento, son consecuencia de haber aplicado durante 15 años, en especial los últimos cinco, las políticas que ahora se pretende imponer al nuevo gobierno. Con lo que es evidente que algunos sectores creen que el coronavirus tiene un efecto amnésico sobre las acciones del pasado. O que –dialécticamente– anula el pasado, como diría Borges.
La idea de eliminar el déficit con impuestos a los ricos para poder mantener el rating crediticio y así tomar más deuda, además de cortoplacista y suicida, es de poco vuelo, incongruente e irresponsable y condena a más impuestos a las próximas generaciones. Por otra parte, no es cierto que no haya opciones. Los organismos de crédito mundial, y aún los eventuales bonistas, no exigen medidas drásticas inmediatas, y menos ahora. Quieren ver un plan sólido, consistente, proyectado y mantenido en el tiempo, con metas y rendiciones periódicas. Un plan de crecimiento basado en la inversión privada y en la confianza del mercado sobre país y gobierno.
Esa confianza, por sobre la ideología, fue honrada y mantenida por el gobierno anterior, que merece el reconocimiento por ese logro, acaso el más importante de su gestión. Cuando el virus sea derrotado, cuando la lucha haya terminado y con ella la emergencia, llegará el momento de pensar en el futuro y armar un plan coherente que edifique sobre esa confianza, que se base más en la inversión y la creatividad privada y menos en el Estado como repartidor de felicidad y bienestar con dinero ajeno. Que es la promesa de la coalición. Y que es factible, como lo muestra la tan negada evidencia empírica.
Pero eso viene después. Ahora hay un solo plan, que es domar al virus, proteger la salud y la trama social y salvar vidas. La cuasi cuarentena es una oportunidad para reflexionar, y para que muchos economistas lean los libros que no se leen en la Udelar y estudien profundamente la amplia casuística fiscal en países comparables.
En cuanto a la futura acción económica del gobierno, como ya sostuvo esta columna y como sabe cualquier usuario del por ahora casi inútil Waze, recalcular no es cambiar el objetivo. Es encontrar caminos alternativos para alcanzarlo.