En el nombre del virus, de la poliarquía, de la democracia, amén

La consigna opositora parece ser la de impedir que se aplique lo que votó la ciudadanía

El virus tiene efectos multipropósito. Uno de ellos es permitir que se deslegitime o demore la LUC, por la supuesta imposibilidad de librar un amplio debate sobre sus contenidos. Desde lo institucional, evidentemente quienes sostienen tal tesitura no consideran suficiente el debate parlamentario, ni el resultado de las recientes elecciones, a las que parecen darle el carácter de una simple encuesta. Y a la Constitución el de un tutorial. Omiten que la ley es una parte del programa electoral ampliamente difundido por la coalición, que además se espera que cumpla. Con lo que sería difícil considerar un abuso de poder o un exceso la elevación del proyecto.

Ampliar el debate o la difusión a todos los sectores de la ciudadanía es importante, como lo es en cualquier tema. Lo que no parece razonable es seguir creyendo nostálgicamente en las viejas formas de discusión como si fueran las únicas disponibles y las más efectivas. Las asambleas sindicales o partidistas, las reuniones en las plazas, fueron los limitados mecanismos posibles de una era con escasa comunicación, que, si bien fueron útiles, llevaron a muchas arbitrariedades y al manejo de masas. Hitler, Mussolini o Perón fueron ejemplos extremos de ese manejo. A otro nivel, cualquier gremialista o intendente es hoy experto en manipular esas reuniones.

En un mundo de medios online, de redes que influyen más que los gobiernos y los expertos, de cadenas de whatsapp, de influencers, de voces de todos los estamentos y todos los intereses, donde cada celular es una urna donde el ciudadano vota a cada segundo, donde cualquiera recibe y emite miles de opiniones a diario, no parece demasiado necesario el agolpamiento sudoroso y gritón de las seudomultitudes, a menos que se intente la manipulación de voluntades mediante esas reuniones cuerpo a cuerpo. Y esto vale tanto para las posiciones de los legos como de los expertos. Lo saben muy bien los políticos, que cada vez recurren más a la comunicación on line positiva y negativa. 

En cuanto a los contenidos de la Ley, han sido debatidos permanentemente por la sociedad en los últimos años, aunque no tuvieron eco en los gobiernos del Frente Amplio. La nociva intervención del sindicalismo trotskista en la educación fue denunciada sin efecto alguno durante los últimos 15 años, como la negación a las pruebas PISA o la dilución de contenidos. La necesidad y el reclamo de que el gremio se dedique a defender los intereses de sus afiliados y no a pergeñar la política o los currículos educativos no han sido atendidas. La excelencia educativa ha desaparecido en una sociedad que necesita desesperada y urgentemente recrear oportunidades a los sectores más pobres, en especial. ¿Realmente hace falta mucho más debate? ¿Entre quiénes? 

Los cambios en la seguridad y la justicia penal, sobre la que también se legisla en la LUC, aunque no con la profundidad que debiera, han tenido un apoyo de media sociedad en el reciente referéndum, sin que haya surgido una refutación popular trascendente, salvo el relato. Tampoco los cambios que se propugnan son dramáticos ni eternos. Por supuesto que se deben tomar en consideración las opiniones de los penalistas y expertos en seguridad. Pero no se puede negar la urgencia que siente la ciudadanía ante la amenaza diaria, que deberían haber meritado profundos debates en los últimos años, sobre todo con algún resultado. ¿Se quiere recuperar ahora el tiempo y las vidas perdidas? 

La LUC también toca aspectos laborales, que simplemente replican las recomendaciones de la OIT, con la que el país está en vergonzosa infracción. Evidentemente, eso no justificó ningún debate en 15 años, y si lo hubo, no fue tomado en cuenta. Por el contrario, poco a poco se fueron introduciendo solapadamente cambios en la legislación laboral que hacen perpetuos y rígidos tanto el costo laboral como el gasto del estado y la ideología. Sin debate como el que se exige ahora en nombre de la convivencia.  

Este clamor por largos debates dentro de cada corporación o élite de intereses es una sobreactuación de la teórica poliarquía corporativa, superadas o subsumidas por las constituciones contemporáneas, sobreactuación que fue funcional al Frente cuando reemplazó el debate parlamentario por el debate multipartidario ideológico interno y que quiere aplicar a todo el sistema cuando no tiene mayoría parlamentaria, como un mago que saca conejos de la galera eternamente. 

En esa línea, el FA aprovecha, por ahora mediante sus intelectuales afines, la melancólica concepción de la discusión política entre amigos que obliga a hacer como que se escucha al otro, para reclamar un debate eterno, cuando en realidad está tratando de que no se cambie la ideología que plantó a veces subrepticiamente en la legislación y que convirtió en derechos adquiridos y en gasto peligroso, sin el debate que ahora reclama y que debió priorizar en sus 15 años de gestión. 

Subyacentemente, lo que la oposición pretende es que el gobierno continúe con las mismas políticas, planes e ideología que el Frente Amplio aplicó en sus mandatos. Y como aspiración de mínima, demorar todo cambio. Cualquier desvío de esos lineamientos será considerado una afrenta al sistema, a la democracia, a la tradición y convivencia políticas, a la solidaridad, a la sensibilidad a la igualdad, a las conquistas sociales o a algún tratado supranacional que defienda alguna causa más o menos sacrosanta. 

Con total respeto por la ley, las prácticas legislativas, el diálogo y la Constitución, el gobierno debe avanzar con su programa y su plan. Cuando el virus se haya ido, el tiempo que se pierda ahora, además de las consecuencias en los intereses de cada fuerza política, tendrá duros efectos sobre la sociedad.