Publicada en El Observador el 13/10/2020
El referéndum como carrera de obstáculos
La consulta popular puede usarse como una herramienta para sabotear la confianza y la inversión
El Pit-Cnt reflota con empecinamiento su erupción poselectoral de usar el mecanismo de consulta popular para anular total o parcialmente la LUC. El análisis de los antecedentes y los aspectos políticos de tal planteamiento han sido cubiertos con amplitud en la nota de Miguel Arregui de la semana pasada, con lo que no hace falta volver sobre ellos.
El presidente ha sido obvio en este punto, al sostener que la central sindical (informal) tiene todo el derecho a juntar firmas a tal efecto. Por supuesto que es un derecho constitucional que puede ejercer cualquier ciudadano o grupo, un centro vecinal o la hinchada de Peñarol. De modo que ni hace falta la personería de que el referente sindical carece.
Es, en cambio, dudosa la legitimidad y hasta la legalidad de uno de los puntos centrales que se proponen defender. Tal es el autopercibido derecho a las tomas de fábricas y piquetes obstructivos que se arrogó el sindicalismo en los años de oro del frenteamplismo. No sólo se estaría obligando al país a ir en contra de las prescripciones de la OIT, a la que adhiere y cuyas disposiciones supone acatar. Un contrasentido ya denunciado por el ente internacional, cuyos preceptos parecen valer solamente cuando le convienen al gremialismo. También se ataca el derecho constitucional de propiedad y el derecho aún más sensible a trabajar, que tienen los individuos que se ven presos de decisiones minoritarias, como es el caso casi siempre.
Esa prerrogativa ilegal sólo se pudo sostener merced a la tutoría ideológica que ejerce el Pit-Cnt sobre el Frente Amplio, que optó por complacer a su captor aún en contra de lo expresado en el párrafo anterior. Ahora se vuelve a presionar por otro camino, y a embarcar al Frente en una peligrosa aventura. Una pregunta elemental es si tiene validez usar el mecanismo constitucional del referéndum para forzar un cambio de la propia Constitución. Este solo punto implicaría una discusión jurídica de fondo que excede a este espacio, en instancias judiciales que también exceden a este espacio.
La segunda excusa, perdón, la segunda propuesta, es la de revertir los cambios en la participación sindical en la gobernanza de la educación. Se está aquí ante un aspecto ideológico esencial para el trotskismo docente y el plan gramscista de deseducación sistémica. Si se quiere seriamente dar oportunidades a los sectores más desprotegidos, reducir la pobreza y la miseria, una educación de calidad es imprescindible. Esa calidad ha disminuido en los últimos años de modo dramático y hasta cruel. Y tiene que ver con la acción o inacción de los gremios docentes, empezando por los contenidos. Es el estado el que debe revertir esa tendencia; no los gremios, que no están capacitados para ello. Si los gremios quisieran ayudar, a la enseñanza y a sus afiliados, deberían comenzar por dejar de poner obstáculos a la jerarquización profesional universitaria de la docencia, con más dinero destinados a las remuneraciones útiles y mucho menos a las burocracias inútiles.
La tercera excusa-propuesta es la eliminación de la regla fiscal. Se puede argüir que ese tema tiene poco que ver con la central informal sindical, pero eso no es jamás óbice para crear una buena resistencia obstaculizadora y un argumento divisionista. Más allá de esa intención, está el hecho urgente, inevitable y necesario de tener un presupuesto serio, viable y prudente, con cualquier gobierno, de cualquier tendencia. Y toda regla fiscal es siempre molesta, claro. Porque implica seriedad.
Como la idea es crear la mayor cantidad de obstáculos posible, se ha formado una comisión interna que escudriñará cada artículo de la LUC para ver qué tema puede resultar popular para proponer su derogación, de modo de atraer votos de los disconformes y miedosos de todos los sectores sobre cualquier aspecto. Una suerte de trumpización del referéndum.
En un plano superior, detrás del intento de referéndum hay otras intenciones más potentes, aunque perversamente se hagan lucir como consecuencias no queridas. Ya de por sí, la posibilidad constitucional de un referéndum crea una inseguridad, una sensación de provisoriedad. Una ley no vale hasta que no pase el período de “apelación” que crea la posibilidad de la consulta y todo su complejo proceso. Incluyendo el debate, la suspensión de decisiones, la inseguridad jurídica que significa un retroceso. En un momento donde se combina la necesidad de un ajuste urgente al presupuesto, más una búsqueda imprescindible de inversión y radicación privadas, la revisión permanente, a pocos meses de una elección nacional, es un torpedo bajo la línea de flotación de ese proceso y empuja hacia la inversión estatal, un oxímoron cuyo fracaso no necesita más ejemplos.
Argentina, con Cristina, ofrece una buena muestra de lo que significa la inseguridad jurídica y política en materia de confianza, en todos los órdenes. El referéndum puede ser un intento de crear escenarios que, si bien no tendrían igual dramatismo, tendría efectos similares.
En cuanto a los aspectos laborales, y cualquiera fuere la ideología o la tendencia política de los gobiernos, todo indica que globalmente hay una tendencia irreversible hacia la flexibilización laboral, con todas sus consecuencias positivas y negativas. Los países que intenten demorar ese proceso tendrán duras consecuencias. Los más fuertes, las sufrirán más tarde, los más pequeños las sufrirán de inmediato.
En términos de su ideología, la estrategia del Pit-Cnt es adecuada. Cumplirá su propósito saboteador de cualquier proyecto de crecimiento y bienestar uruguayo, ya lo cumple al crear la discusión y las dudas. La pregunta clave es si el Frente Amplio lo seguirá nuevamente en esta línea destructiva, como un esclavo útil.