Publicado en El Observador 30/03/2021
El impuestazo argentino
de Astori
La inoportuna idea de proponer un impuesto a la riqueza en momentos donde lo que se necesita es que vengan los llamados ricos a radicarse
La pandemia ha hecho que el socialismo mundial en todos sus ropajes y sus apodos acelerara con todo oportunismo su campaña del sueño de la renta universal por gracia estatal y saliera a proponer simultáneamente subsidios “al bolsillo” costeados con aumento de impuestos, porque sabe que es una buena manera de eternizar su pulsión marxista, sin importarle si tal concepto se torna un problema insoluble, ni la suerte de las sociedades que lo apliquen. Como es la única herramienta que conoce procede como el proverbial operario que sólo tiene un martillo y todo quiere arreglarlo a martillazos.
La columna se ocupará del empleo uruguayo en breve. Pero ahora interesa analizar la propuesta de un nuevo impuesto, ilusoriamente por única vez, que está presentando al Frente Amplio el senador Danilo Astori. Se trata de un ansiado impuesto sobre los depósitos de residentes uruguayos en el exterior, cuya letra es casi copia fiel del escandaloso gravamen recientemente aplicado en Argentina. Y su tasa es de 1.6%, confiscatoria en un panorama de renta cero por años.
El senador Astori es un político de experiencia, que además domina la economía y conoce de sobra la acción humana que la mueve y los efectos de los actos del gobierno sobre las expectativas y las decisiones de la sociedad. Justamente esta columna lo ha elogiado en varias oportunidades por su sensatez en esa tarea cuando le tocó ejercer la función de gobierno en lugares prominentes.
No puede ignorar que su proyecto no tiene demasiadas chances de transformarse en ley, como no puede ignorar que el solo enunciado de semejante ataque confiscatorio tendrá el efecto de un torpedo bajo la línea de flotación de uno de los pilares del plan de recuperación de la economía oriental del actual gobierno, que es la radicación de personas, empresas y emprendedores de la región, que fue un fuerte componente del crecimiento durante los 10 primeros años de gobierno del Frente, la que además, bajo su acertada influencia, se cuidó de no ahuyentar y hasta de proteger.
Si bien el proyecto es un recurso de política interna y opositora que puede ser justificado por quienes tienen la vocación y la obligación de comprender el accionar de los partidos, es también un acto de sabotaje a la política del gobierno, una de las pocas que puede adoptar la Coalición o cualquier otra tendencia gobernante que intente mejorar el rumbo oriental.
Cuando en Uruguay se analiza el desastre argentino, es común echarle la culpa al peronismo y a su caricatura exagerada que es el kirchnerismo, representada por la figura maléfica de Cristina Kirchner. Pero ¿de qué huyeron los empresarios, los innovadores, los inversores, los creadores, los productores, los privados? No huyeron ni huyen por razones ideológicas, ni siquiátricas, ni discursivas, ni por actitudes destempladas, delirantes o histriónicas de la viceprimera dama y su corte. Huyen de la desaforada vocación de gasto estatal y de confiscación impositiva del peronismo, y de quienes quieren derrotarlo con los mismos principios. Entonces, si se copian los procedimientos y leyes peronistas, se van a obtener los resultados peronistas.
Lo que logrará el senador con este proyecto es no sólo crear dudas en las futuras radicaciones de capitales e individuos, sino que cualquier decisión en tal sentido se torne oportunista, circunstancial y transitoria, ya que queda evidenciado claramente el ataque sobre los patrimonios y la empresa y el empleo privados que sobrevendrá si el Frente Amplio tuviera un resultado favorable en 2024. Lo que automáticamente generaría la estampida de desconfianza que generó la vuelta del kirchnerismo a Argentina. ¿Quién se radicará en Uruguay o en cualquier otra parte si en cuánto lo haga será obligado a perder parte de su patrimonio en solidaridad retroactiva para subsidiar un desempleo eterno, o si se quiere poner en términos técnicos, estructural? ¿Quién pagará semejante peaje cuando tantos países están buscando justamente ofrecer lo opuesto? El argumento de que “como está fuera del país el impuesto es un buen mecanismo para obligar a invertirlo localmente”, o que no tendrá consecuencias económicas, no difiere de la actitud de ama de casa resentida de la mandamás argentina. ¿En serio se puede pensar que alguien se radicará en Uruguay para empezar a pagar al día siguiente un impuesto sobre su patrimonio total obtenido previamente, que no fue generado localmente, en nombre de una supuesta solidaridad que se le endilga y que tampoco hay derecho a exigir de ningún ciudadano que ya ha pagado todos sus impuestos?
Por supuesto que si además el socialismo frenteamplista sigue sosteniendo su idea basada en el concepto de la renta universal que propugna la izquierda internacional cuyo germen está sembrando, el país está condenado al mismo destino argentino, con el estado como único proveedor de empleo, prolegómeno del totalitarismo, además. Y de la pobreza, como también ocurre en Argentina. Y también está condenado a que se agoten los patrimonios antes de que se agoten las necesidades, algo peor aún.
Contrariamente a lo que ensoñadoramente sostiene el pensamiento estatista redistribucionista universal, los países pequeños necesitarán más que nunca del capital, de los emprendedores y de la creación de confianza y seguridad para salir a flote. Atacarlos siempre ha dado malos resultados. Esta vez no será distinto, más bien será fatal.
De modo que, en homenaje a la cordura y seriedad evidenciada en sus gestiones, el senador Astori debería retirar ese proyecto y no intentar presentarlo, por lo menos hasta que su fuerza política vuelva a ser gobierno. Y en ese momento, tampoco presentarlo.
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