Publicado en El Observador. 08/06/2021

El que con kirchnerismo 

se acuesta…

 

No se debe entrar en la trampa del uso de los juicios que inventa el gobierno vecino para imponer una posverdad con la que intenta borrar la evidencia

 

El pedido de asilo del abogado Rodríguez Simón y la posterior extradición solicitada por Argentina es un culebrón que García Márquez habría soñado para su Macondo, en un capítulo destinado a las relaciones con el gobierno vecino y su conductora.  

 

Esta columna no se dedica a defender políticos argentinos, adhiriendo como adhiere a la precisa definición del expresidente Jorge Batlle; ni tampoco políticos universales, de quienes sospecha por principio. De modo que no se ensayará aquí una defensa de quién hasta ayer era un desconocido y hoy pasa a ser “Pepín”, como si se tratara de un conspicuo protagonista de la vida argentina. Pero importa repasar algunos datos.  

 

¿Por qué se solicita la extradición del diputado del Parlasur y ex funcionario de CABA?  porque la jueza Servini de Cubría quiere indagarlo sobre la denuncia de presuntas actividades de una supuesta asociación ilícita en 2018/2019 para presionar al Cristóbal López y obligarlo a ceder su cuasi empresa Indalo a alguien que no se explicita en la demanda. Tampoco se ofrecen pruebas, salvo un listado de números de llamadas a un par de jueces de la Corte y a otros magistrados sin relación con el juicio por las estafas de ese grupo, y la afirmación de que para esos fines se habría organizado un chantaje periodístico. El kirchnerismo usó reiteradamente este recurso para silenciar a periodistas y desvirtuar varias denuncias contra sus manejos corruptos, ofreciendo como prueba artículos de diarios y fotos y solicitando se indague sobre el contenido de los llamados. 

El grupo Indalo, un confuso paraguas dialéctico de difuso formato societario, compró en 2011, durante el mandato de Cristina Kirchner los restos de Petrobras, operación discutida (no en foros argentinos) bajo la acusación de pago de retornos a los brasileños. En ese momento la situación impositiva y financiera de la petrolera adquirida estaba en orden. El 9 de setiembre de 2013, La Nación publicó una nota de Hugo Alconada Mon, su investigador estrella, que puede leerse aquí, cuyo título fue “Cristóbal López financió su compra de Petrobras con impuestos impagos” y su subtítulo “El empresario kirchnerista contrajo una deuda de más de $ 1200 millones con la AFIP, que usó en la operación; luego se acogió a una moratoria muy favorable”. El conocido periodista detallaba allí que, con el nombre Oil Combustibles, López había comprado el negocio de Petrobrás, (como Ezkenazi hizo con YPF) y había retenido 1.230 millones de pesos del impuesto al combustible que se cobra por cuenta y orden de la AFIP, delito que se pena con la cárcel para cualquier contribuyente. A esa altura, el monto escamoteado representaba 300 millones de dólares. 

Alconada narraba que con esos fondos ajenos Indalo había comprado otras empresas, entre ellas medios de comunicación, como C5N y Radio 10, de Daniel Hadad, hoy sistemáticas usinas de propaganda kirchnerista. Si bien la compra fue por montos relevantes, Hadad sostuvo y sostiene que sufrió todo tipo de presiones para obligarlo a vender. Justamente lo que denuncia López que ocurrió con su empresa, lo que nunca antes alegó. También el artículo explica que la AFIP – que no perdona a un monotributista mil pesos de atraso - otorgó a Oil una comodísima moratoria no ajustable, con intereses mucho menores a los que cobra a cualquier mortal contribuyente, a plazos mucho más largos y sobre una retención delictiva que dudosamente estaba en sus atribuciones conceder. Por eso fue procesado y separado de su cargo Ricardo Etchegaray, posteriormente reincorporado por la kirchnerista Marcó del Pont con un cargo abstracto, pero bien remunerado. 

En una posterior nota en 2016, que se puede leer aquí, el mismo periodista agrega que, luego de la moratoria, López siguió con el mismo procedimiento de no depositar la retención del impuesto, con total silencio y anuencia de la AFIP durante los 4 años del segundo mandato peronista, hasta llegar a una deuda impagable de 8.000 millones de pesos, al cambio promedio, unos 1.300 millones de dólares. Entre las operaciones del bautizado grupo Indalo, estaban pagos hechos por su hotel El Remanso al hotel Alto Calafate, de la familia Kirchner. También cuenta que una de las empresas creadas y financiadas con esos fondos sustraídos a la AFIP está la inversora M&S S.A, a la que se transfirió la propiedad del hotel Alto Calafate. La hija de Alicia Kirchner, Romina Mercado, trabajó desde 2012 como ejecutiva de esa inversora, al mismo tiempo que presidía el directorio de Hotesur, la empresa controlante del hotel Alto Calafate. 

 

El periodista cuenta que envió sus conclusiones a López y De Sousa, su socio, para que hicieran los descargos oportunos, quienes como única respuesta le solicitaron que no la publicara. Un día antes de la publicación, con un acta interna y sin valor jurídico alguno para la ley de Concursos, se repartieron las participaciones entre los socios, de modo de evitar lo que en cualquier juicio concursal se haría, o sea la extensión del procedimiento a todas las empresas de un grupo o dueño. Sólo ese pase de magia habría significado sanciones económicas y penales para cualquier contribuyente, aún por sumas infinitamente menores. Y su invalidez. 

 

Curiosamente, y por métodos similares, (e ilegales) ya en el gobierno de Macri fue salvado de los embargos y la posible quiebra el negocio del juego, que además de tener operaciones en Estados Unidos, tiene el rentable negocio de las tragamonedas del hipódromo de Palermo, en sociedad con importantes amigos macristas. Tan ilegal como lo anterior. 

 

Ni Alconada Mon ni La Nación figuran en el listado de números telefónicos de los que se acusa a Rodríguez Simón de haber marcado en 2018/19. La causa madre sobre estos temas,  y otras, originadas en el impulso de Lilita Carrió, estuvieron o están a cargo del Juez Ercolini, que fuera designado con acuerdo del Senado durante el gobierno de Néstor Kirchner. Además de la notoria sed de venganza de Etchegaray y otros afectados, la descalificación y licuación del proceso a Cristóbal López y De Sousa, que se intenta ahora, tiene mucho que ver con que en ese juicio se evidencia la vinculación de Cristina Kirchner con pagos de dinero muy dudoso.  

 

López alega que se le quiso obligar a apoyar con sus medios al macrismo, lo que no sólo no tiene que ver con su defraudación a la AFIP, sino que es poco creíble dada la intrascendencia inmediata lograda por esos medios al día siguiente de la compra. Hoy acusa también a su ex elegido Ignacio Rosner de querer desposeerlo, una impericia, seguramente.  

 

Hace y hará bien el presidente Lacalle en no inmiscuirse ni dejarse presionar por estas operaciones de sainete y en referirlas al mecanismo jurídico oriental vigente. Nada de lo que haga el kirchnerismo será sano ni serio. Nada de lo que se pacte con él será cumplido. No se deben confundir las relaciones internacionales con la complicidad. El calado del puerto, el Mercosur o la Hidrovía seguirán un camino de colisión inevitable. Cristina es incapaz de negociar.