Publicado en El Observador  15/06/2021

Peligro: ¡auditoría!

 

Las seudoempresas del estado deben someterse a permanentes y exhaustivos controles públicos y sus inversiones y gastos deben tener una lupa permanente sobre ellos

 

La columna sostiene lo engañoso del término “empresa del estado”, conque se designan los entes monopólicos que manejan recursos supuestamente estratégicos. No solamente no son empresas, en su más elemental acepción, sino que tampoco son del estado, sino de sus jerarcas, en la práctica. No a la hora de pagar, claro. En general, y no solamente en el ámbito local, esta denominación les permite a sus directivos gozar de una múltiple inmunidad. No suelen estar sujetas a muchas de las reglas de transparencia de la Administración Pública, pero al mismo tiempo tampoco son verdaderas Sociedades Anónima sujetas a las reglas privadas de eficiencia, rendición de cuentas y sanciones económicas y penales. 

 

Petrobras es un fácil ejemplo de esta aseveración, que a la descripción anterior suma la costumbre de ir metiendo bajo su ala actividades que se van alejando de su objetivo central. Seguramente hay quiénes preferirán creer que Brasil también esta lleno de ladrones del primero al último, pero la experiencia muestra que muchas de estas "sociedades" del estado terminaron exponiendo su ineficiencia y corrupción en cualquier parte, aun en los sistemas soviéticos y sucesores, en estos casos con mecánicas de auditoría más duras que las occidentales. 

 

Cuando el presidente prometió en campaña someter a esos entes a una auditoría integral seguramente buscaba evidenciar muchas de las prácticas personales dudosas tras quince años de gestión frenteamplista, pero también tenía un objetivo presupuestario. Limitado constitucionalmente para bajar el gasto burocrático de la Administración - cuyo nivel y crecimiento no tiene en cambio límites constitucionales - las “empresas” del estado requieren y permiten un profundo replanteo, tanto en la omnipotencia en sus supuestas inversiones, como en sus costos de operación, incluyendo cualquier tipo de excesos, abusos o potencial corrupción. (Afortunadamente, los gobiernos de tres lustros no tuvieron tiempo o no advirtieron las ventajas de otorgar inmunidad constitucional a los jerarcas de esos entes y a sus decisiones)

 

Las auditorías encargadas son imprescindibles desde varios puntos de vista. Para detectar inversiones ruinosas o ineficientes, exponerlas y no repetirlas. Para analizar y responsabilizar a los jerarcas de los excesos e irregularidades en esas inversiones. Para deslindar los posibles actos de corrupción en cualquier adjudicación o contrato, o en los gastos personales. Para estudiar cada estructura, su eficacia y su razón de ser. Para ahorrar a partir de esas conclusiones. Y también para no entronizar a los funcionarios como sátrapas, en una Nueva Clase protegida por la política. Con alguna experiencia sobre este aspecto, se puede sostener que tan solo el capítulo dedicado a las tercerizaciones y licitaciones podría proveer los fondos para una suficiente y eficaz ayuda a los damnificados por la pandemia, que con fácil énfasis reclama el propio Frente Amplio. 

 

Sería lamentable que se politizaran el mecanismo de revisión y sus conclusiones. Tanto de parte del gobierno como de la oposición. Algún comentario presidencial sobre la necesidad de poner todas las cartas sobre la mesa tiende a desvirtuar el criterio. Como también es inaceptable la evasiva excusa de algunos frenteamplistas de que en medio de esta pandemia no se debe perder tiempo en detalles menores de gerenciamiento. Al contrario, debería institucionalizarse el sistema, con estudios de auditoría privados y publicación detallada de sus informes como una manera de garantizar la seriedad, probidad y prudencia en el manejo de la cosa pública. Con pandemia aún más, por las tensiones que crea el gasto adicional para paliarla.

 

En oportunidad de comentar la amenazante profecía de cortes masivos que formularan los jerarcas de UTE, esta columna se preguntaba si semejante coerción no tendría que ver con los resultados desfavorables de la auditoría. A la luz de algunas conclusiones, ahora tiene sentido volverse a formular la pregunta. 

 

El antiejemplo de Ancap debe ser una referencia ineludible si se pretende seguir sosteniendo la honestidad del sistema político.  Además de la seriedad presupuestaria. La descapitalización absoluta y multimillonaria (en dólares) del ente ni siquiera ha merecido un análisis profundo y técnico, ni una completa explicación pública. El escándalo termina en una acusación tardía ante la justicia por maniobras que, aunque conformen actos delictivos, son nimias frente a la gravedad de la pérdida ocasionada sin sanción ni conclusión alguna. Las auditorías de hoy, aún antes de haberse publicado sus conclusiones, empiezan a confirmar algo que se prefería no ver. No se trata de cuestiones éticas, que es el paraguas bajo el que se cobijan las defraudaciones contra el estado, lo que permite que estos casos sean derivados al juicio comprensivo de corporaciones tolerantes y cómplices. Se trata a veces de delitos, o posibles delitos graves. 

 

Las auditorías van a exponer algo más: la mentira de que el gasto (y lo que erróneamente se llama inversión estatal) no se puede bajar sin afectar a los que menos tienen. La deliberada mezcolanza y confusión presupuestaria oculta entre las dádivas solidarias, (una coima a la población, diría Fukuyama) la porción de torta que se reservan algunos burócratas para sí. Una de las peores formas de desigualdad. Siempre y en todo lugar, (en Uruguay también, vea) cuanto más se sepa en qué y como se gasta, quién y cómo lo hace, más justa será la sociedad. 

 

Claro, es más fácil, y más rentable, subir tarifas e impuestos. Las “empresas” del estado son las únicas con facturación, clientela e inversión aseguradas.