Para llegar a buen puerto
El acuerdo con Katoen Natie tras un tanteo inocente y banal de partida de truco es un error político insostenible que debe ser enmendado y expuesto claramente
La columna advierte sobre su total incompetencia para analizar el manejo y la operación portuarias, junto a otra vasta cantidad de temas, por lo que no intentará opinar sobre ellos. En cambio, reclama el título de experta en corrupción, para lo que exhibe sus pergaminos obtenidos en Argentina a su propio altísimo costo fiscal, y declama su propósito de aportar esos conocimientos sobre tan triste especialidad para que Uruguay no copie ninguna de las prácticas que son las responsables exclusivas de la decadencia y caída del vecino y querido país. Varias de esas prácticas se acumulan en el reciente acuerdo con la belga Kaoten Natie por la prórroga del contrato en la terminal TCP.
Habrá que comenzar por ponerse de acuerdo en una perogrullada: una concesión o prórroga de concesión o contrato de operación de cualquier tipo o formato otorgada por el estado, debe hacerse por medio de una licitación formal y pública. Si ello no está estipulado, o no está suficientemente claro, debería estarlo. El plazo, las condiciones, las contraprestaciones, es otro tema para otra discusión.
Argentina ofrece aquí un brillante ejemplo: las privatizaciones realizadas por el presidente Menem a principios de los años 90 fueron realizadas mediante licitaciones públicas. Pero a su vencimiento, fueron todas renovadas mediante negociaciones privadas mano a mano con los interesados, por gobiernos diversos. El resultado fue que al renovarse se transformaron en monopolios, y todas terminaron con litigios o arreglos de litigios sospechados, sospechosos y ruinosos para el país.
El CIADI tiene hoy casi un departamento dedicado a los juicios contra Argentina, originados en esos arreglos y en especial en el accionar de gobiernos posteriores que ejercieron su pragmatismo adjudicatorio y terminaron pagando varias veces lo que valían las empresas en cuestión. El caso YPF-Repsol, de triste fama y que terminará costando a Argentina innecesariamente el equivalente a 20% de un PIB uruguayo, es el resultado lineal de esas prácticas de negociaciones directas. - Uruguay es distinto. - Dicen los que aún no han podido explicar el agujero de ANCAP. Habrá que creerles. Pero por las dudas no copiar los métodos.
Otra perogrullada sobre la que se debería acordar: las amenazas de juicios no son un precedente jurídico sobre el que basar una excepción presupuestaria o de procedimiento. (Esto también vale para una partida de truco) mucho menos la aceptación de un fallo en contra de antemano y peor, tomar una decisión que supone saber y aceptar el monto de la sentencia de un litigio que ni empezó. Además, hay mecanismos técnicos legales por los que se puede llegar al mismo resultado. (Por ejemplo, cuando se estipula que los participantes en una licitación renuncian a cualquier reclamo previo que tengan contra el estado, cláusula que se puede leer en tantos pliegos)
Argentina ofrece en su infinito catálogo de trucos indios corruptos otro ejemplo: el famoso Caso de los cuadernos, un extenso censo de los empresarios argentinos que se enriquecieron corrompiendo al estado. Haciendo negocios contra el estado, no con el estado. Todos los confesos que ahí figuran, sin excepción, (algunos mimados orientales también) han usado profusa y preferentemente la práctica de hacer juicios contra el país para obtener ganancias superiores al valor de sus propios contratos, o amenazar con dichos juicios o canjearlos por prórrogas. Muchos, por décadas, usaron el recurso de ganar licitaciones a pérdida, para luego lograr que la burocracia, en su infinita bondad, cometiera alguna torpeza, deliberada o no, para justificar un juicio que el estado argentino se especializó en perder, a veces dejando caer los plazos, injustificable en una administración que tiene miles de abogados dedicados solamente a esa tarea.
Seguramente Uruguay es distinto. Pero por aquello de la mujer del César, bien vale acordar que no se pueden negociar privadamente los juicios contra el país.
Y se puede ampliar. Un acuerdo privado del estado (inviable hasta idiomáticamente) impide conocer quiénes fueron los responsables de firmar un contrato débil y quiénes lo incumplieron, y sancionarlos política o penalmente) Si no está prohibido, debería estarlo y ser nulo de toda nulidad. Volviendo a las bases, Néstor Kirchner y varios de sus gobernadores cancelaron de prepo varias concesiones, (¿adrede?) que fueron directamente al CIADI y que costaron mucho más caro que su cancelación contractual legal.
Si hicieran falta similitudes, vale la pena analizar la discusión en la legislatura de Chubut sobre la prórroga sin licitación alguna que el gobernador Das Neves y Néstor Kirchner otorgaron al petrolero Bulgheroni sobre su concesión vigente para la explotación de gas y petróleo de Cerro Largo, por 40 años. Sorprenderán los parecidos en la argumentación oficial, al igual que su superficialidad y pobreza.
El otro argumento que se esgrime, que arguye que no es posible llamar a una licitación cuando la concesión aún no ha vencido, carece de seriedad y es insostenible, cuando se está prorrogando la misma antes de vencer y aceptando la coerción o chantaje de la contraparte, criterios que tampoco deben figurar en los procedimientos.
Y para volver a la metodología comprensible de un partido de truco, cabe una pregunta que ya se ha insinuado en estas páginas y que produce un escalofrío: ¿cuál será la actitud cuando también Montecon amenace con un juicio?
El gobierno de la Coalición tiene un desafío de fondo. Mostrar que el resultado electoral no versa tan solo sobre quién conduce el estado. Sino sobre el estilo y los procedimientos que se usan en la tarea. Tal vez ese resulte su gran legado. Es importante recordárselo.