Publicado en El Observador 20/04/2021
El puzle de la jubilación es insoluble
Como todo nudo gordiano, el intríngulis se resuelve de un tajo siempre injusto, que nadie se atreverá a infligir
Esta repetitiva nota empieza con un disclaimer. El autor también vio desaparecer su haber jubilatorio, tras 45 años de aportes, transformado en modesto estipendio por una bula prepotente e inconstitucional de Alberto Fernández. 25 años antes ya había sido herida de muerte por la reforma legal y totalmente constitucional de Domingo Cavallo, el famoso ministro noliberal de Menem. El disclaimer pretende alejar toda sospecha de elitismo, insensibilidad, frialdad o acusaciones similares con las que suele descalificarse la sensatez económica.
El tema del retiro es de doble enfoque. Desde lo individual es casi siempre indisputable, justificable e imprescindible. Desde lo presupuestario, es explosivo y pernicioso, porque sigue un curso de colisión más inexorable que la trayectoria de un meteorito siniestro. No es fácil ni rápido en ninguna parte. Como se ha dicho aquí, Suecia, tomó 20 años en salir de su sistema socialista y pasar a un complejo triple sistema mixto. Demasiado capitalista para el gusto oriental.
Uruguay incorporó en su Constitución, sus leyes rígidas y su concepción generalizada del estado, un profundo criterio socialista, guste o no. Ese concepto ha llegado hasta a institucionalizar la inflación y hacerla formar parte de la ley, al ajustar todos los sueldos públicos y privados por ese índice, un suicidio. De modo que ni siquiera se puede pensar en usar el flagelo inflacionario para resolver el problema, como en el modelo sanguinario del vecino.
La pandemia agravó el problema, o lo aceleró, por el lado de la justificación del gasto y el déficit, y por el lado de la emisión irresponsable. No ha cambiado ninguna regla, pero hace creer que burlarlas no importa, lo que no anula las consecuencias. Así lo entiende el FMI, que, vacila entre su socialismo religioso y sus conocimientos técnicos, pero pide como paso previo a cualquier acuerdo que se arregle el tema jubilatorio y que se les confisque sus ahorros a los ciudadanos que supone ricos. Dos robos.
Suponiendo que la sensibilidad socialista oriental acepte que se excluyan de los pagos del BPS (y se paguen con rentas generales, si alcanza) todos los rubros que no tienen que ver con el contrato jubilatorio de reparto (seguros, pensiones, jubilaciones sin aportes, asignaciones familiares y otros solidarismos que constituyen la casi totalidad del déficit) los números tampoco cierran en la proyección a futuro de la ecuación. Como se sabe, hay varios factores que componen tal ecuación. La tasa de reemplazo, o sea el monto que cada afiliado recibirá, la edad de retiro, la tasa de supervivencia y el nivel de empleo, más la rentabilidad de la supuesta inversión de los supuestos saldos en el caso de las AFAP, asumiendo que el odio a los privados y la tasa de interés mundial las dejen en pie.
En cuanto al concepto de reparto, la creencia local parece ser que ese aditamento “de reparto” implica que se juega a la repartija con los aportes, cuando en realidad el reparto es intergeneracional, no una solidaridad de los jubilados legítimos con los miles de necesidades de sus conciudadanos que no pertenecen o no aportaron lo suficiente al sistema.
Por último, el tema de fondo es el empleo. Y el empleo legal, agréguese. Si se trata de resolver la ecuación estirando efímeramente la edad de retiro, la frazada corta la sufrirán los jóvenes que busquen trabajar. Lo mismo ocurre con la idea cartesiana e infantil de traer cientos de miles de inmigrantes a trabajar (en la construcción o el servicio doméstico, como máximo). Uruguay no tiene un entramado que permita y motive la oferta y demanda laboral. Al contrario. Su mecanismo sindical y legal hace cada vez menos viable la competencia laboral, de la que el trabajador está exceptuado por un derecho otorgado por Dios y garantizado legalmente de mil maneras. Más el Pit-Cnt, representante rentado del Creador sobre la tierra. (Si fuera creyente)
Si se agrega el doble efecto del reemplazo tecnológico acelerado por la pandemia, la discusión sobre la jubilación pasa a ser bizantina. Ni siquiera la degradación de ciertos sectores, como el militar, prosperará. Seguramente los planes del gobierno para la reactivación prosperarán y serán importantes para Uruguay, pero difícilmente, en términos cuantitativos, alcancen para conseguir los trabajadores adicionales requeridos para que el actual esquema funcione. Tampoco la absurda idea de aumentar las cargas patronales, o personales, da lo mismo, porque finalmente es otro modo de reducir el empleo, mucho más el blanco.
En tales condiciones, como en todas las situaciones cuya resolución se confía a una comisión o a un comité, el tema es insoluble. Nadie se atreverá a tomar una decisión efectiva sobre el tema, cualquiera fuera su ideología o criterio.
Lo que por supuesto lleva a la solución socialista del tema: algún formato de aumento impositivo, sea la emisión – inflación garantizada- el déficit y deuda, un impuesto futuro, o más gabelas. Lo que inmediatamente garantiza menos empleo y menos contribuyentes. Salvo que el empleador fuera el estado, lo que a su vez garantiza un incremento de la trilogía manoteadora descrita, y menos empleo auténtico.
Como además de la conveniencia de cada sector la población sigue creyendo en el socialismo al que llama batllismo y también que tiene leyes laborales de avanzada mundial – ensoñación notable – y está convencida de que la bolsa del contribuyente jamás se vacía ni se cierra, la jubilación es un problema insoluble, o sea, un problema que soluciona la realidad con alguna clase de catástrofe, que golpeará, entre otras resultantes, con la tan temida pérdida del grado de inversión, una preocupación que suelen tener los países condenados a endeudarse.