La nueva constitución chilena, o el Pedidos Ya de derechos
y garantías
Una lista de regalos voluntarista que cumple todos los sueños y las expectativas, sin contrapartida ni requisito previo, a costa del resto de la sociedad.
El Pleno de la Convención Constitucional de Chile ha publicado las disposiciones de la nueva carta magna. Si bien el texto no está aún ordenado y compatibilizado, es posible visualizar el camino propuesto para el país trasandino. Este columnista no es abogado, ni tiene formación profunda en derecho, es sólo experto en la difícil tarea de ser ciudadano y de defender sus libertades, lo que en el mundo moderno tiende a ser considerado atentatorio contra el estado y otras supuestas conquistas, en el peor sentido del término.
El paquete define a Chile no como una nación, sino como un Estado solidario, democrático, plurinacional e intercultural de democracia paritaria, democracia directa, de igualdad sustantiva. El término naciones se reserva para las antiguas (o nuevas) tribus chilenas, con un especial tratamiento en todo el articulado. Tratando de defender a las minorías, se lesiona a la minoría más importante: la de la mitad menos uno.
Una primera reflexión es que, como ocurre con las constituciones, leyes y discursos de otros países de la región subordinados al Grupo de Puebla, se usa el término democracia con liberalidad, pero inmediatamente se le agregan adjetivos que la desnaturalizan, la bastardean o diluyen la representatividad y el equilibrio de poderes, que tanto odian los dictadores, los burócratas y los corruptos. Bien podría esta Carta haber sido redactada por Cristina Kirchner o por Maduro, ya que resume sus planteos, sus prácticas y sus reformas. Este uso perverso de la palabra democracia es, como se sabe, un mecanismo dialéctico, un disfraz que inmediatamente es desvirtuado por el resto de las normas y disposiciones.
Las garantías de representación a todas las reivindicaciones y reclamos de cualquier tipo hacen que los principios de igualdad que campean por el texto se desvirtúen de inmediato, ya que el concepto de representatividad proporcional, base misma del sistema democrático, se altera al garantizarlas. Usando el truco fundacional marxista de cambiar el significado de las palabras y de a poco ir atribuyéndole una acepción distinta, la nueva constitución tiene poco de proporcional, de representativa y de control entre los poderes. Así, lo que hasta ahora se conoce como artículo 6º, al otorgar representación a todos los sectores y ponencias, elimina, vía la imposibilidad matemática, la representatividad. La nueva constitución es una contradicción encuadernada, llena a su vez de contradicciones que la tornarán imposible de llevar a la práctica, o, como ocurre con Maduro, que servirán de excusa para que, basado en un artículo determinado, o en una asamblea o entidad de las muchas que se crean, prescinda de la opinión y el derecho de la población, siempre con algún justificativo legal. (Recordar que, en sus comienzos, Maduro tenía la misma imagen de incapaz que Boric.
Las garantías y derechos que se conceden alegremente a las comunidades autopercibidas como indígenas son un claro ejemplo de voluntarismo, que además ocasionarán complejas situaciones legales internas e internacionales. Al decretar que ciertos grupos que “históricamente han sido oprimidos o excluidos” hace un juicio de valor y legal que condiciona toda la legislación, e impulsa una grave disputa de soberanía que ha sido zanjada hace casi dos siglos. Al darle entidad a los grupos que se denominan mapuches, olvida que, hasta hoy mismo, esos grupos son perseguidos por la ley, acusados de graves acto de violencia, saqueo y terrorismo, procesados, encarcelados y expulsados. Se trata de una acción divisionista profunda, del mismo tipo que el neomarxismo está tratando de impulsar en muchos países, que usa cualquier reivindicación, disconformidad o queja para dividir al extremo a la sociedad, para afectar la soberanía y que pasa por encima de la voluntad popular que suelen declamar. O al menos, por encima de la minoría de esa “mitad menos uno”. Los resultados (provisionales) del censo argentino, muestran que algunos de esos reclamos que generan leyes, subsidios, condicionamientos, intromisiones del estado, son una minoría ínfima, lo que no les quita derechos, pero sí limita la representatividad e importancia en las decisiones del estado. El conflicto con Argentina que implica la invasión violenta mapuche es ahora una posibilidad más cercana.
Dentro de este concepto está la creación de escaños para las comunidades indígenas, a las que se eleva virtualmente al nivel constitucional de las provincias, (Bajo el apodo común de regiones o nacionalidades, nuevo nombre del Senado) que votarán sólo los integrantes de esas tribus, algo no solamente raro de comprender y justificar, sino de encuadrar dentro de un esquema que se dice republicano, y aún democrático. También aquí se advierte el concepto manipulador de los dictadores regionales, que han usado este tipo de apoyos para disfrazarse de legitimidad. El poder Legislativo Plurinacional va en la misma línea y parece ser un auditor del presidente, por las dualidades que generará, por los enfrentamientos e injusticias que se producirán y por lo inviable de plasmar. No es demasiado difícil comprender que no es lo mismo una provincia que una tribu que reclama ser originaria y por eso tener derechos que anulan a los del resto de la sociedad, inclusive el de propiedad y aún el de ciertas libertades.
En gran similitud con Venezuela, y con el sueño regional de Puebla y Sao Paulo, o de dictaduras funcionales al latimarxismo fatalmente antidemocrático, se crean las Asambleas Territoriales, la Cámara de Regiones y las Cámaras indígenas, otro mejunje ideológico cuyo funcionamiento es inimaginable, o demasiado imaginable.
Esta suma de sueños, trucos, garantías incumplibles, falsas esperanzas y poluciones nocturnas, se vuelve todavía más caótica cuando se advierte la imprecisión en la normativa de los artículos. Ello obliga a sancionar una catarata innumerable de leyes, (infinidad -diría Tácito) que sólo requerirán la mayoría simple en una suerte de congreso o comparsa, que deberán aprobarse con los confusos y peligrosos mecanismos prescriptos, donde se han excluido las mayorías especiales, último baluarte contra el abuso. El sueño de la vecina Cristina, que ama la dictadura de la mayoría de la mitad más uno, ignorando deliberadamente a la otra mitad, por grande que fuere, en contra del más elemental concepto de democracia, entendiendo la democracia como lo que espera un ciudadano común, no el gramscismo o el trotskismo.
Otro aspecto que haría las delicias de la dueña del peronismo, que cree que es el pueblo el que debe juzgarla, no los jueces: la Justicia ya no es un poder en la nueva Chile, será apenas un servicio del estado, con leyes que lo normarán. Las leyes del gobierno. El Consejo de Transparencia ahora creado, parece querer substraer a los políticos y la política de la acción judicial y eludir el control republicano entre poderes. República, es entonces, solo otra palabra prostituida más.
Un apretado resumen de riesgos adicionales que merecen mayor análisis:
- Con sólo el 5% de los votantes se puede convocar un referéndum para anular una ley
- Las listas electorales de cualquier entidad deben ser siempre encabezadas por una mujer
- Los consejos profesionales pasan a ser públicos. Supervisados por el estado.
- El estado tendrá potestad para intervenir en el ámbito privado en casos de inclusión.
- La Cámara de regiones tiene supremacía sobre la de diputados, en especial en temas del Presupuesto
- La delegación de poderes en el presidente y el uso de decretos es generosa.
- El cambio parcial de la constitución se ha legislado muy confusamente, pero hace muy fácil modificarla, lo que resulta altamente peligroso y manipulable.
Como sostiene la columna, se debe estar alerta ante proyectos similares en cualquier país de la región, también en Uruguay. O en especial en Uruguay. La tendencia de la izquierda estatista y extractiva (de bienes ajenos) es tener facilidad de leyes, eliminar las mayorías especiales, crear motivos de disconformidad, separatismo, crisis de soberanía. La dictatura de la democracia de la mitad más uno. De acuerdo con las recientes encuestas la nueva constitución sería rechazada hoy por el 60%, de los votantes, pese a que insólitamente se ha reducido el margen. Habrá que ver que ocurre hasta el momento del plebiscito. O lo que se provoca que ocurra. Pero, aunque no fuera aprobada, esta mamotrética constitución propuesta ha cumplido buena parte de su misión: crear la sensación de que todas las garantías, las conquistas, los derechos y los reclamos, lícitos o no, legítimos o no, arbitrarios o no, confiscatorios o no, pueden ser obtenidos y defendidos mediante una simple ley. Aunque esa ley desprecie y castigue a la mitad de la sociedad. O a toda la sociedad, a la larga.
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