Publicado en El Observador 09/08/2022

¿Seguridad social o Renta básica universal? 

 

La imposibilidad de consensuar con quienes tienen el impuesto como principal proyecto, con sus consecuencias imparables de pobreza, desempleo y expulsión de la inversión 

 

 

La columna viene sosteniendo tres “pilares” argumentales sobre la reforma del sistema de retiros. El primero es que lograr tal reforma es una misión imposible.  El segundo es que jamás se logrará el consenso imprescindible para una política nacional de largo plazo como implica cualquier cambio de fondo. El tercero es que el presidente Lacalle Pou ha caído en una trampa al impulsar esta reforma, que, además de crear una grieta en la Coalición gobernante, ofrece al Frente Amplio conducido por el PIT-CNT una bandera de lucha falsa e inviable, pero muy efectiva y ganadora con miras a las elecciones de 2024.

 

El anteproyecto que presenta el presidente, basado en las opiniones del comité de expertos, es de por sí complejo, atendiendo al hecho de que se trata de legislar un proceso de transición entre sistemas a ser aplicado con efectos diferentes y crecientes en sus efectos a lo largo del tiempo, muy similar a lo que hizo la emblemática Suecia en los años 90, tras la quiebra de su sistema socialista estatal, no sólo en la jubilación. Y también, como el proyecto sueco, abarca un derrotero de 20s años, plantea mecanismos de mínima y también sistemas obligatorios y optativos adicionales, estatales y privados, resultante inevitable de dos conceptos que conocen muy bien los especialistas: en la actualidad, los sistemas con un cierto grado de sustentabilidad o factibilidad son los llamados de aportación definida, que ajustan vía la llamada tasa de reemplazo, o sea que el haber de retiro no responde en su parte sustancial a una fórmula predeterminada, sino que es una resultante que mantiene el equilibrio financiero del sistema, en el que cada trabajador tiene una llamada cuenta individual o nocional con el monto del que dispone para afrontar el resto de su vida.  También la edad límite de retiro se extiende periódicamente, en consonancia con las expectativas de vida de la población, y aun se puede prorrogar voluntariamente. 

 

Hasta ahí, en apretado resumen, la parte racional del análisis. Pero el oriental no es un sistema jubilatorio. Es un sistema de seguridad social. O sea que un trabajador y su empresa, (en definitiva, todo lo que aporta la empresa es finalmente salario del empleado) sustentan con su contribución no solamente el haber jubilatorio futuro de cada aportante, sino las pensiones de todo tipo, el seguro de enfermedad y paro, las asignaciones familiares, y aún las jubilaciones de quienes no han aportado nunca, más otros 20 conceptos que nada tienen que ver con el retiro. Semejante generosidad forzada tiene varios efectos. Por un lado, salvo momentos muy especiales de altos intereses reales mundiales, (que han muerto) el sistema tiende al déficit, con lo que el estado tiene que hacer fuertes y crecientes aportes para que el sistema no estalle. Con suerte.  

 

Como ya ha analizado la columna, son esas erogaciones no relacionadas con la jubilación los que ponen en crisis el sistema en todos los casos, en la actualidad también. Por eso el anteproyecto está obligado a usar el concepto de solidaridad intrageneracional, o sea una solidaridad obligatoria y oculta que golpea al trabajador aportante y a la propia generación de empleo. Ese criterio es una concesión que puede ser comprensible o no, pero que nada tiene que ver con el sistema jubilatorio. Al contrario. Esto parece esquivarse, o eludirse, con un pequeño párrafo del anteproyecto cuando explica las garantías y consideraciones básicas: “Solidaridad social, conforme al cual las personas que no hubieren generado niveles mínimos de protección recibirán suplementos con cargo a financiamiento fiscal.” O sea que cambia meramente el criterio contable del mismo gasto para no cargarle al jubilado con ese mochuelo, pero mantiene el costo estatal de esa sensibilidad. 

 

La insatisfacción al mezclar los costos de la solidaridad con la jubilación está así garantizada y será creciente con cualquier método. Si, como cree el socialismo marxista local el bache inexorable debe ser zanjado con nuevos impuestos, cualquiera fuere el formato de esas exacciones, ello redundará sin excepción en la pérdida de empleos y en la miseria generalizada, como lo ha demostrado desde la URSS en adelante todo intento de seguir ese camino, pese a la negación de la evidencia empírica de ese discurso. Aún más grave en la óptica de los odiadores de la empresa privada es la supervivencia de las AFAP dentro del sistema, otro concepto que también garantiza la oposición sistémica. 

 

Cuando el expresidente Mujica hace su lacrimógeno alegato en favor supuestamente de los trabajadores, ignora, obviamente de modo deliberado, que el criterio central que el trotskismo del PIT-CNT ha propugnado durante sus 15 años de gobierno delegado en el FA es un mecanismo de expulsión de empleo. El enfrentamiento y el odio hacia la empresa privada, los juicios sistemáticos laborales que permite una legislación antiinversión, el ajuste automático por inflación de toda la economía, que lleva a una espiral que - entre otras causales -  pulverizan cualquier capitalización jubilatoria, el proteccionismo laboral y comercial que torpedea cualquier tratado, la negación de la libertad y la propiedad empresaria, la constante amenaza de nuevas exacciones, la rigidez de negociación a la que se obliga a la oferta y demanda laboral, no son tomadas en cuenta a la hora del llamado sensible y solidario, ni se acepta que el sistema oriental así concebido necesariamente hace que cada ser humano que nazca sea un futuro desocupado, acreedor de un subsidio. 

 

Cuando Mujica habla de la necesidad de crear un fondo para garantizar las jubilaciones, apela a la deliberada ignorancia dialéctica que utiliza el marxismo desde su negacionismo engeliano fundacional. Esos fondos a los que hace vaga referencia se conformaron por una o varias razones: por un superingreso como el caso del petróleo noruego, por aportes de los propios trabajadores manejados inteligentemente por algún sistema independiente de inversión, imposible de pensar en un mundo de tasas de interés real negativas, o por las confiscaciones de fondos de empresas del estilo AFAP, como el caso del robo de las AFJP argentinas. ¿En qué nuevo impuesto piensa Mujica? ¿Qué confiscación sugiere? ¿Cómo imagina constituir ese fondo imposible? Cualquiera de esas variantes hará que, para evitar el indeseado escenario de un país poblado de “viejos menesterosos” se termine prohijando un país lleno de menesterosos de cualquier edad y condición, que parece ser su camino preferido y su objetivo final.  Igual que el del kirchnerismo argentino gobernante, que ha hecho algo similar con su manoseo jubilatorio, y aún de seguridad social, con resultado mucho más empobrecedor que cualquier otro formato existente o razonable que se pueda imaginar. 

 

No hay consenso posible, porque la oposición frenteamplista, o sindicalista, da lo mismo, no quiere consenso alguno. Ni admite la necesidad de una mejor, continua, moderna y redentora educación que se ha ocupado de negar prolijamente a la sociedad.  Sólo quiere consensuar un mecanismo de más y más impuestos que haga que toda la sociedad subsidie un sistema laboral y de seguridad social que la llevará a la ruina. O para ponerlo de modo más comprensible y actual, quiere transformar el sistema jubilatorio en un mecanismo de Renta Básica Universal, en la línea central de pensamiento de lo que se conoce como Agenda 2030, el plan de socialismo fracasado que ahora intenta lo mismo de siempre con otras excusas y otros métodos. Lo que se “consensuaría”, en consecuencia, es quién se hará cargo de pagar semejante subsidio creciente y eterno.