Publlcado en El Observador, 22/03/2022
Lo que se vota es el nuevo modelo chileno
El referéndum es apenas una etapa del camino neomarxista para transformar la democracia en otro simple relato discursivo y vacío
La LUC es un intento relativamente modesto de retomar el camino del sentido común en la legislación y de rescatar algunos derechos básicos como el de propiedad y el de la misma libertad. No intenta mucho más que reforzar conceptos que muchas veces fueron desvirtuados sin siquiera el expediente de una norma legal. Tal es el caso de la ocupación de fábricas y el atropello sindical de impedir que quienes quieran trabajar durante un movimiento de fuerza lo hagan. Ninguno de esos dos avasallamientos está respaldado por ley alguna, al contrario, está específicamente prohibido por la OIT, que, en este caso, con selectiva inadvertencia, no se esgrime como órgano supranacional cuyas reglas son de sagrado cumplimiento.
Tampoco hay una ley o norma que obligue al habitante de una vivienda a preguntar al ladrón o copador que intente entrar a su domicilio a interrogarlo sobre sus intenciones, o si está armado, o si el arma está cargada, o a verificar la dirección en que está mirando antes de defender su propiedad y su familia del peligro. La LUC sólo ratifica el derecho a defenderse ante el crimen, desvirtuado por el tiempo de negacionismo, abolicionismo, permisividad, perversidad y cuasi complicidad de 15 años de deliberada anulación institucionalizada del delito contra la propiedad y del delito en general.
Si la ley ómnibus hubiera intentado hacer cambios de fondo, habría tomado otros caminos, por ejemplo, encontrar modos de cortar la peligrosa espiral de indexación automática de toda la economía por la inflación pasada, un sistema que garantiza la pérdida de valor sistemática y eterna del peso, y que en situaciones como la actual provocará un efecto de encarecimiento general del costo de vida tanto en pesos como en dólares que va camino de explotar en pocos meses.
Su amplio articulado hace al mismo tiempo fácil y difícil forzar un referéndum para anular algunas de sus disposiciones, por un lado, porque abre muchos flancos de disconformidad, pero al mismo tiempo sin suficiente gravedad en sus disposiciones como para justificar semejante accionar. Por supuesto que la ciudadanía tiene derecho a solicitar lo que constitucionalmente le está garantizado, lo que no está en discusión y nunca lo estuvo.
Este introito responde la supuesta imparcialidad de juicio que se lee en algunas opiniones periodísticas, en el sentido de que gobierno y oposición están falseando la verdad en su lucha argumental sobre el referéndum. El gobierno seguramente exagera al dar por sentado que la LUC ya ha dado resultados positivos en la mayoría de sus disposiciones, lo que no es cierto. Pero el Frente Amplio está mintiendo sobre el contenido de los artículos que intenta derogar, lo que directamente es un relato, una falacia, un invento. La diferencia debe ser puntualizada si se intenta mostrar imparcialidad y es la consecuencia obvia de impugnar al voleo tantos artículos.
Para ponerlo aún más claro, la realidad que es de público conocimiento y de público olvido, es que el sindicato que mantiene en rehenes al más importante monopolio estatal sintió que peligraba su potestad de chantaje y arrastró casi a la fuerza al resto del neomarxismo del Pit-Cnt y a su subordinado Frente Amplio a la aventura del referéndum, para lo cual se disimuló la queja eligiendo 134 artículos más casi al azar. Por eso la defensa del planteo se basa en mentiras, porque ni siquiera se estudiaron acabadamente los efectos de los puntos que se intentan dejar sin efecto, como el ridículo caso de la portabilidad numérica, donde el supuestamente perjudicado por la ley, Antel, se termina beneficiando con las decisiones de los usuarios, todo ello sobre un tema que no admite divergencia alguna: el número de celular debe ser propiedad del usuario.
Como se sostuvo reiteradamente en este espacio, lo que ha ocurrido en la izquierda siempre ultra excede el referéndum por la LUC, sin perjuicio de que éste se haya vuelto una herramienta de cohesión en un frente opositor que estaba debilitado y confundido. El cambio de fondo es el múltiple sinceramiento que se ha producido paralelamente: el Pit-Cnt se ha mimetizado con el Frente Amplio, a propuesta del Partido Comunista, que coloca al trotskismo sindical en la conducción de la oposición. El Frente Amplio se ha sacado la máscara de la moderación, que le permitió sembrar durante tres mandatos las semillas neomarxistas en las reglas, la justicia y la consuetudinariedad orientales, que no tolera que sea alterada ni en lo más mínimo, como se ve. E importa notar cuán fácilmente ha olvidado que, en su momento, propuso un cierre dramático de la economía ante la pandemia, que habría borrado del mapa a Uruguay con sus efectos económicos, sin lograr, como no lo logró el resto del mundo, ninguna mejora de la situación sanitaria con tal cercenamiento dictatorial de las libertades.
Tienen razón los que sostienen que el referéndum obra ahora como un plebiscito de aprobación de la gestión del gobierno, pese a que esa instancia no figure en la Constitución. Y de eso se trata cada palabra, cada acción, cada movimiento que realiza el Pit-Cnt-FA. Una permanente disputa de cada una de las libertades y derechos que defiende la coalición. Una nueva forma de buscar la asamblea permanente de Venezuela, la obstrucción sindical permanente como en Argentina, o la revuelta callejera tipo Chile. “Hagan lío”, diría Francisco I, en línea con Sao Paulo, Puebla y Aparecida.
Es importante comprender que se ha producido un cambio fundamental en la política uruguaya, como se ha producido en tantos otros países. Sería un error irremontable creer que hay un promedio posible, cordial, amistoso, conversable y fraternal. La izquierda neomarxista en el mundo, va aceleradamente a mecanismos de gobierno de masas con poco de racionalidad y de ideas. En especial en Latinoamérica. Para más claridad: al relato sobre todos los temas se está agregando un nuevo relato: el de la democracia que ya no es.
Un relato que se acaba de evidenciar con motivo de las auditorías en las empresas públicas y otros entes. Tan pronto se conoció que en 30% de los casos auditados se habían cursado las conclusiones a la justicia, surgió la defensa tan utilizada por Cristina Kirchner: la acusación de judicialización de la política, el Lawfare que instaurara como argumento Su Santidad y repitiera todo el latimarxismo al unísono. Como si la desaparición de mil millones de dólares del patrimonio de Ancap fuera un mero error de tipeo de alguna secretaría. O Río Santiago o Pluna un error de algún Contador desatento. Ni tiene sentido usar de contraejemplo las evidencias argentinas, sería demasiado abrumador. Pero sí tiene sentido apuntar la contradicción el argumento-relato: según los exégetas del socialismo, hay derecho a pedir un referéndum porque si está en la Constitución se puede ejercer cuándo y cómo plazca. Pero que la sociedad, por el camino que fuere, denuncie ante la Justicia el accionar de sus mandatarios cuando las groserías de gestión son sospechosas, como mínimo, es tildado de antidemocrático. El concepto de República no tiene que ver con el nombre que elija para autodesignarse una nación, ni con adoptar el modelo presidencial. Tiene que ver con el control entre poderes y con el control ciudadano, finalmente. En democracia, claro. Uruguay se precia de ser distinto. Chile también creía ser distinto.
El referéndum es sólo un paso, si ese recurso del socialismo reseteador no prosperara, luego habrá otro, y otro, y otro. No importa si legal, político, fáctico, pedrea, revuelta o sabotaje sindical, huelga, toma o piquete. El objetivo es sólo uno: imponer el nuevo modelo chileno. Y el nuevo modelo chileno lleva sin escalas a la confiscación, a la desaparición de la inversión y del empleo privado, a la eliminación de la peligrosa y odiada clase media, a la igualdad triste, miedosa y sin redención, al coeficiente marxista Gini cero, a la pobreza franciscana (sic).
Eso es lo que se vota el domingo.