Publicado en El Observador 12/04/2022

Hay un solo Uruguay, pero ¿cuál? 

 

La bella frase presidencial es una gran muestra de unidad; habrá que esperar que no sea también una gran muestra de inocencia política

 

 

Más allá de la necesidad de suavizar los extremos, cobra cuerpo el concepto de que la opinión electoral, al menos, está dividida en dos mitades, que votan casi por acción refleja, ideológica o como se quiera calificar. Eso surge con bastante claridad analizando tanto el debate, si se puede llamar así, como los resultados del referéndum antiLUC. 

 

No resulta sorprendente, aunque resultara molesto aceptarlo. En realidad, se están enfrentando permanentemente dos modelos de país, que en muchos puntos se han tornado casi excluyentes, cualquiera fuera el tema en cuestión. No demasiado distinto de lo que ocurre en otros países. Para ponerlo más claro, si hiciera falta, las dos mitades no son simétricas, no son iguales, no son lo mismo. 

 

Una quiere vivir de su trabajo, de su conocimiento, de su profesión, de su industria, de su riesgo, de su inversión, de su pyme, de su explotación agrícola o ganadera, de su emprendimiento, de su talento, de su éxito. Le teme al estado que percibe como su depredador, su plaga, su mayor enemigo y su opresor.

 

La otra mitad, casi del mismo tamaño, pero no simétrica ni igual, odia al capital, al individuo, al que sólo concibe como un colectivo discapacitado, al éxito, al riesgo, a todo lo privado, a todo lo que percibe como diferencias o desigualdades, ama al estado y al partido y lo que supuestamente ellos le darán. 

 

Una mitad quiere vivir de lo que produce o tiene la otra. La segunda se niega a ser despojada de lo que ha ganado o gana con su esfuerzo y su riesgo como si fuera culpable del orden de la naturaleza.  

 

Una mitad proclama y reclama la libertad, el derecho de propiedad, el derecho a tener una justicia que la defienda aún del ataque del estado o de los excesos del poder político. La otra, cada vez con más desembozo, limita la libertad y la propiedad o las niega, desprecia la justicia, un condicionamiento despreciable e incómodo que delega en el partido. 

 

Una mitad, cree y ejerce la democracia. La otra mitad, la esgrime como derecho a ser obedecida si tiene el poder, o como derecho a reclamar consensos si pierde el poder. Pero no actúa con reciprocidad en las situaciones inversas, al contrario. 

 

Dos mitades casi del mismo tamaño. Pero no iguales, no parecidas, no similares. No equivalentes, No simétricas. No promediables. 

 

Seguramente de buena fe, en una expresión de esperanza o patriotismo, de reivindicaciones de amistosas reminiscencias, a veces se presenta ese hecho como el símbolo de una personalidad nacional, que manifiesta sus discrepancias y contradicciones. Es respetable. Pero no opera así. Ni está operando así.

 

Hecha esta salvedad, que tiene un nombre: Pit-Cnt-FA, la nueva oposición bajo el mandato neomarxista-trotskista, cada uno puede pensar y decidir como le parezca, pero la triste misión de esta columna es recordarle que corre el riesgo posterior de no poder luego pensar ni hacer como le parezca. 

 

 

En la última entrega se planteaba la demora y parálisis que habían creado primero la pandemia y luego la guerra - dos crímenes de lesa humanidad y de lesa economía -  que habían neutralizado no sólo el efecto “romance” de todo comienzo, sino que hacían imposible en términos político-electorales aprovechar los 5 años de mandato del gobierno para tomar medidas antipáticas, pero necesarias, al comienzo pero con efectos positivos percibibles en la segunda parte de la gestión, cerca de las elecciones de 2024.

 

Cualquier medida que se tomase hoy, ya no tiene tiempo para mostrar efectos positivos antes de la próxima campaña electoral. Más aún, corre el riesgo de transformarse en una campaña electoral opositora desde mañana mismo. Cosa que ocurrirá.

 

Imposible no recordar el terrible momento en que el gobierno debió enfrenarse a la muerte de miles de orientales y tuvo que decidir entre el encierro subsidiado con la Renta Universal decretado por la intencionalidad multitasking del marxismo de las orgas internacionales y la apelación a la libertad y la responsabilidad de la ciudadanía. ¿Cuál fue la propuesta opositora? Cerrar todo. Extender el subsidio, la mano protectora y generosa del estado (con dinero ajeno) hasta extremos sociales y económicos ruinosos, con la apelación al miedo. También es imposible no recordar la respuesta que dio en ese momento un gobierno democrático, como es imposible olvidar la respuesta que mereciera la oposición de parte de la ministra de Economía: “pareciera que a ustedes les interesara sólo el gasto”, toda una definición digna de Hayek. O mejor, les interesa sólo el impuesto, más que el gasto. 

 

Sin embargo, semejante error conceptual ha sido convenientemente olvidado al instante no sólo por sus propios autores, sino por los opinadores, relatores y por los votantes, saldando con el formato de “las dos mitades iguales” los síntomas graves de una actitud opositora muy lejana a los intereses del país. 

 

Por eso el gobierno debe postergar para 2025 al menos dos temas centrales, uno que preocupa a las calificadoras y al FMI, y otro que no preocupa a demasiada gente porque no se mira demasiado más allá de las narices y es más fácil para un economista repetir lo que dijeron los grandes pensadores que tratar de pensar hacia el futuro: el sistema jubilatorio y el mortal sistema de indexación por inflación automático de la economía oriental. Dos bombas de tiempo de igual nivel de gravedad y daño.

 

La reforma al sistema jubilatorio no tiene ninguna posibilidad de consenso. Partiendo de que ni siquiera se aceptará el dato objetivo más simple como punto de partida: la mayor parte del déficit en este rubro se debe a que se contabiliza como gasto del sistema todos los pagos graciables de todo tipo que el estado realiza. Con lo que cualquier análisis debe partir de eliminar de la comunicación, la contabilidad y la publicación esos gastos para recién analizar el sistema de reparto, que innegablemente requiere cambios. Tampoco habrá consenso sobre la jubilación vía las AFAP, odiadas por el estatismo, y que permitirá crear una propuesta opositora tan atractiva como la confiscación de esos fondos. De modo que, aunque la reforma se hiciera en un plazo de 20 años contará con la oposición, el pedido de referéndum o la amenaza de un cambio a la ley si la mitad Pit-Cnt-Fa obtuviera la mayoría en las próximas legislativas. ¿Para qué hacer ahora ese cambio? No ya pensando en conveniencias políticas, sino en el beneficio cero para la sociedad o en lo negativo para ella que puede resultar la disputa. Si el tema es dejar conforme a Fitch, (ya suficientemente desarrollado por Ricardo Peirano en su nota de la semana) hay que olvidarse de sus demandas. Lo mismo que las del FMI de pacotilla. Si se aplicase a EEUU el cartabón que se exige a Uruguay el credit rating americano sería C. La reforma al sistema jubilatorio requiere un nuevo gobierno que capitanee un consenso inexorable. Si no, sólo será un caos más. Peor que el de hoy. 

 

El otro punto que requiere reformas serias (pero que tampoco deben intentar hacerse ahora) es la indexación salarial para compensar por la inflación pasada a todo el sector público, en la práctica a toda la economía. Mueve al llanto la desesperación del gobierno ante la pérdida de poder adquisitivo del salario, que piensa compensar con… más inflación. La inflación en pesos se combate de una sola manera, la inflación en dólares, otra bomba de tiempo, se combate también de una sola manera: eliminando aranceles, trabas no arancelarias, acomodos, trampas de los prebendarios lobbystas del Mercosur y aún el IMESI, un gigantesco proteccionismo que dejará sin empleo a los orientales. 

 

Justamente este último punto, el de la apertura comercial en serio, sí debería ser uno de los objetivos del gobierno en el tiempo que resta, mucho más difícil de objetar o borrar de un plumazo y con la posibilidad de obtener rápidos resultados y beneficios para la población. (No para los amigos, claro) Eso y el refuerzo de las leyes y normas sobre responsabilidad fiscal, impositiva y monetaria, incluyendo garantías y seguridades sobre futuros impuestos, para evitar los sueños de rapiña, y también para no correr el riesgo de desbande de inversores, como ocurrió con las PASO de 2019 de Macri. 

 

La reforma jubilatoria y la reforma al régimen de la espiralización de la inflación vía el ajuste salarial, son dos temas-trampa en que el gobierno no debe caer, porque abrirán mañana mismo la campaña electoral del 2024, y porque volverá a unir al neomarxismo tras un argumento barato de justicia social, ventajas de los más ricos, igualdad instantánea y demás mandamientos de su catecismo laico. 

 

Hay que tener presente que una de las banderas que enabolará el Pit-Cnt-FA a partir de ahora y hasta las elecciones será la presión de todo tipo para atacar los patrimonios en el exterior de los uruguayos, bajo el concepto de que tales tenencias no producen ganancia y merecen castigo impositivo, olvidando deliberadamente que esos patrimonios y ahorros han pagado ya impuestos, olvidando el derecho de propiedad, olvidando que con bajas tasas de interés un impuesto relevante es una confiscación alevosa, olvidando que, en muchos casos, ese ahorro no se produjo con actividades en Uruguay, o ni siquiera con residencia en Uruguay, y olvidando que cualquier individuo mueve sus ahorros por el mundo según la conveniencia de cada inversión. Como definiera para siempre Hayek, la fatal arrogancia de la burocracia estatal decide que es capaz de manejar su patrimonio mejor que los propios interesados.

 

Los mentores de este razonamiento olvidan que el neomarxista jefe de La Cámora, Máximo Kirchner, y el marxista billonario Carlos Heller, aplicaron el mismo impuesto confiscatorio en Argentina, con el mismo argumento, lo que colaboró firmemente a transformar al vecino en un paria de la inversión internacional, que huyó espantada de semejante delirio. Claro que a los orientales les encanta creer que eso se debe a la psicopatía de Cristina, no a la estupidez de las medidas de su partido. 

 

Nada más fácil para el sistema gramsciano local que proponer aplicar impuestos de este tipo para financiar el mecanismo jubilatorio, por obsoleto que éste fuera, o para financiar el ajuste por inflación de todos los salarios hasta la explosión de la burbuja. Siempre se puede sumar un par de puntos al “impuesto a la riqueza improductiva”, crear nuevos, o vaya a saber que otro invento recaudatorio, retenciones, etc. 

 

La dialéctica marxista, inherente, no para de resolver problemas que nunca resuelve. En ese contexto, el oficialismo debe medir bien sus pasos, para evitar que cada medida se transforme en una LUC, y corra además el riesgo de no resolver nada. 

 

Hagan lo que deben hacer. No lo que quieren hacer, sería el mejor resumen. O, remedando a una popular columna radial, no toquen nada.