Publicado en El Observador 17/05/2022

La reforma previsional, ¿otra LUC? 

 

La urgencia forzada y la presión para un cambio pueden hacer que el remedio jubilatorio termine siendo peor que la enfermedad

 

Es una constante que cuando se trata de controlar el gasto del estado la mirada se fije en los grandes rubros. Así, se llegan a conclusiones como el FMI, ciertas calificadoras de crédito y no pocos analistas, que plantean drásticos recortes sobre dos o tres grandes ítems, en vez de encarar la tediosa y laboriosa tarea de escudriñar en detalle las partidas, contrataciones, tercerizaciones y otros vericuetos y prácticas que pululan en todas las administraciones públicas del universo. 

 

El llamado Gasto Social es uno de los rubros más importantes de cualquier presupuesto y como tal, suele ser el más cuestionado, muchas veces con toda razón. Pero no se debe caer en la tentación de simplificar el análisis o de tomarlo globalmente sin desbrozar, a riesgo de complicar el problema en vez de resolverlo. La reforma previsional que intenta encarar el presidente permite al menos tres enfoques de base: el de formato, el económico y el efecto político. 

 

El sistema de reparto, de solidaridad intergeneracional o como se quiera denominar que se intenta reformar, tiene cada vez menos viabilidad y vigencia globalmente, tanto por el nivel de supervivencia como por la imposibilidad de obtener rentas suficientes de los fondos generados por los aportes. Está condenado a desaparecer o a ser una pequeña parte del ahorro para retiro y a ser sostenido por impuestos crecientes a la población en general. Continuará mutando negativamente hacia un modelo de subsidios estatales, casi de limosna. Los cambios aumentando la edad de retiro, o bajando la tasa de reemplazo, o sea el monto del haber jubilatorio, son obligados y cada vez más frecuentes. El caso de Uruguay se agrava por lo exageradamente temprano de la edad de retiro.  Países como Suecia, que la conveniente ignorancia del neomarxismo ha usado como emblema, luego de su quiebra en 1993 realizó por eso un cambio integral del sistema, ahora reemplazado por un sistema triple, con una muy baja participación, manoseo y discrecionalidad estatal. El proceso tomó 20 años. 

 

En lo económico, aquellos países, generalmente con inclinación estatista, que mantienen este tipo de régimen suelen caer en el error de cargar al sistema gastos que nada tienen que ver con el contrato previsional – se trata de un contrato, en realidad – y que son administrados por el mismo ente que se ocupa de la administración del sistema. Es el caso uruguayo con el BPS, o el argentino con la ANSES. Y ahí empiezan los problemas tanto de fondeo como de déficit y de análisis. Localmente, el enunciado de los rubros que se pagan contra la recaudación previsional es largo, a veces ridículo y siempre costoso. Por ejemplo, el subsidio por enfermedad, o por desempleo, pensiones, asignaciones familiares, compensación por gemelos, maternidad y paternidad, gastos funerarios, pensión para víctimas de delitos violentos, pensión para presos políticos y exiliados, subsidio para lentes y prótesis, y 15 otros rubros que nada tienen que ver con la debida prestación que se debe a quienes hicieron su aporte durante toda su vida laboral, tanto empleados como empleadores. Más que un sistema intergeneracional, se podría calificar como sistema intrageneracional. 

 

Como esas prestaciones contribuyen a desfinanciar seriamente el sistema, se fueron destinando parte de algunos impuestos, como el IVA, (o en otros casos se aplicaron gravámenes directos al haber jubilatorio), a la financiación del BPS, (no del sistema previsional, que es otra cosa) y lo que falta es también compensado desde rentas generales. Eso aumenta fuertemente el dramatismo del impacto sobre el PBI del rubro. Si todas esas prestaciones – cuya oportunidad o razonabilidad no se discuten en esta nota – se consideraran por aparte en un rubro “subsidios varios” como un gasto cualquiera del estado, no sólo se estaría más de acuerdo a la realidad de la erogación, sino que no se estaría dañando al jubilado como ocurre ahora. Esto es porque cuando se analiza el costo del sistema de retiros, se le imputa la totalidad de la compensación estatal, con lo que se llega al déficit del 10 u 11% del PIB. Si se compara en cambio el monto de la recaudación de aportes contra los pagos de jubilaciones relacionadas, el déficit cae drásticamente, lo que no quiere decir que no deba corregirse el esquema jubilatorio, pero no en la magnitud y con la urgencia que se está pidiendo. Además, una reforma sin tomar en cuenta semejante abuso de imputación, hace pagar a los jubilados parte del costo de los subsidios de toda laya, y al mismo tiempo encarece el costo impositivo futuro de la sociedad en general. La violenta y súbita influencia de los subsidios pandémicos, distorsiona aún más la evaluación superficial que se hace del tema, y lleva el gasto escondido detrás del rubro jubilación a cifras espectaculares, pero que nada tienen que ver con el costo del sistema de retiros. El FMI y las calificadoras deberían fijar su mirada en otras economías, en lo posible con mejor análisis. Una tarea previa ineludible, aunque parezca superficial a primera vista, es cambiar la imputación presupuestaria que mezcla el sistema jubilatorio con gastos discrecionales del estado, para evitar erróneas percepciones y permitir comparaciones y juicios válidos. No tiene nada que ver la reparación para exilados, el salario familiar o la prima por edad con el derecho a la jubilación de un aportante. 

 

Los aspectos políticos del empecinado compromiso presidencial son de amplio espectro. Cualquier cambio en el régimen jubilatorio requeriría un consenso pleno, incluida la oposición, o en su defecto algún mecanismo que plebiscite las reformas y las mantenga por varios años. También una propuesta que ampliase los límites del comprensible purismo de los expertos. Una ley modificatoria con la descontada, previsible, falaz y deliberada oposición del Pit-Cnt-FA es no sólo regalar un estandarte de lucha y acaso las chances de triunfo en 2024 para la Coalición, sino abrir la puerta a un nuevo referéndum, a una inmediata modificación o derogación si triunfase el frenteamplismo en las próximas elecciones y a un nuevo acto de populismo vía nuevos impuestos y en contra de las AFAP, lo que agravará el desempleo y confirmará la tendencia del trotskismo sindical de defender nominalmente a los trabajadores, pero en el fondo proponer siempre gastos y mecanismos ahuyentadores del empleo. 

 

Es probable que el presidente crea que está emprendiendo un acto heroico y de estadista, en favor de toda la sociedad.  Ello será así si usa su liderazgo para que todo el arco político vote una reforma planificada y que se vaya ejecutando durante varios años. Pero si eso no se logra, si se impone una ley con simple mayoría simple, derogable o modificable fácilmente, cualquier cambio será provisorio, de corta duración, controvertido, poco efectivo, no creíble ni confiable y se convertirá en una herramienta barata en manos del Frente que tendrá otra bandera popular y ganadora para agitar. Y en vez de ser un acto heroico puede ser un acto de suicidio político para el presidente, para su partido y para la Coalición.