Publicado el 02/08/2022 en El Observador
Reforma previsional, tratados y democracia
Un consenso imprescindible que no se logrará, pero intentarlo costará caro al gobierno
Sin intentar un análisis de la reforma, que no es el objetivo de esta nota, no hay chances de que el Frente acepte semejante propuesta, ni
siquiera parcialmente, como se empezó a ver ayer en las declaraciones de su controladora, la central obrera sin personería. El principio rector de esa fuerza política consiste en mantener y aumentar el gasto del estado y financiarlo vía impuestos a la comunidad productiva, con lo que todo lo que reduzca el déficit fiscal se opone a lo que se podría denominar su ideología, que no excluye el fomento del resentimiento hacia cualquier manifestación de ahorro o riqueza, a la que se culpa de cualquier pobreza o inequidad sin ninguna prueba, pero que sirve de justificativo para el expolio subsiguiente vía gravámenes diversos. (Hasta su remedio a la inflación se basa en exacciones)
Aunque la razón principal es que el FA no se privará de un fantástico instrumento de campaña, una bandera ganadora como es el oponerse a la reforma en nombre de los derechos adquiridos, del no aumento de la edad de retiro, de la necesidad de proteger a los trabajadores del estado o alguna otra causa supuestamente sagrada, como su odio por las AFAP. El aumento de gastos es un instrumento vital para la hoy oposición. Casi su objetivo central, que le permite proponer un nuevo impuesto para solucionar cada problema que plantea. Con las ventajas de atribuirse el derecho y el conocimiento para administrar la redistribución. Basta recorrer sus posiciones y reclamos desde el comienzo de este mandato.
De modo que, ya sea abiertamente o con una catarata de contrapropuestas neutralizantes o ruinosamente deficitarias supuestamente técnicas, (a ser resueltas con nuevas cargas impositivas) la propuesta tiene grandes probabilidades de ser rechazada. Cumplirá igual función – o mejor - que el referéndum por la derogación de la LUC, que con argumentos sumamente débiles fue muy exitoso en resucitar y revitalizar a una alicaída concepción socialista y ponerla en carrera nuevamente. Incluyendo más movilizaciones populares, paros y huelgas, esta vez. Las motivaciones del gobierno y su oposición no son las mismas, más allá de las declamaciones. El PIT-CNT-FA sólo quiere retomar el poder. Como se ha sostenido en esta tribuna, el gobierno está regalando una bandera de lucha fenomenal, que de todas maneras no será consensuada.
Algo muy parecido ocurrirá con el tratado comercial con China, o con cualquier contraparte importante. Un TLC implica cambios en los sistemas laborales, fiscales, impositivos, aduaneros, que son sencillamente insoportables para el trotskismo y anexos con sus mil apodos que conforman el socialismo. No solamente la libertad comercial (y otras) se chocan con su esgrimida ideología, sino que amenazan el monopolio ilegal y arbitrario que el PIT-CNT ejerce sobre el sistema laboral, los trabajadores y la propia ley de oferta y demanda de trabajo, y a su socio no declarado, el proteccionismo tanto de empleo como de comercio que termina siempre por enriquecer a pocos y por sabotear al mismísimo empleo, como se ha probado hasta el aburrimiento.
Otra bandera de oposición, otra valla en el sistema que se precia de democrático a ultranza, de dialoguista y patriótico, a veces contra toda evidencia, a veces una simple expresión de anhelo.
En todos los casos, las consecuencias de su intransigencia y su insistencia en acumular déficits y desequilibrios fiscales son resueltas por el Frente con propuestas de aumentar los impuestos, en especial su target preferido: los ahorros de uruguayos en el exterior, que cree – o dice creer – que no afectará la inversión ni las decisiones de radicación futuras. Un buen modo, de paso, de conseguir el apoyo o la tolerancia de otros sectores que no se sienten amenazados por el impuestazo, o que satisfacen su resentimiento. Y aquí una sutileza no menor. En un momento de bajos rendimientos mundiales para cualquier ahorro, el FA no piensa en gravar las ganancias, como dice el fatídico FMI, sino directamente en gravar las tenencias, es decir en confiscar lisa y llanamente patrimonios. Por supuesto que las alícuotas varían según lo que se precise, y por supuesto que a medida que se necesite más seguirán aumentando, quién sabe hasta qué límites. Si los hubiera.
Esta idea (retórica, de simple relato) de que ese tipo de impuestos manoteadores no afectan las decisiones de inversión futuras, es la que muchas veces hace comprender mal o no querer comprender lo que ocurre en Argentina. Justamente las cargas impositivas sobre patrimonios dentro y fuera del país son uno de los faros que alertaron sobre el peligro de un sistema de odio y ataque al capital que implicaban y llevaron a la pérdida de crédito e inversiones. Cuando se atribuye la grieta argentina al temperamento, a la necesidad de impunidad, a la maldad o a la psicopatía de la señora de Kirchner, se elude la verdad odiosa de que la grieta del país vecino es económica. O más precisamente impositiva-inflacionaria, o de exceso de gasto. El mismísimo campo, víctima del vampirismo peronista y enemigo recíproco del movimiento, votó a favor de Cristina cada vez que ésta bajó su impulso confiscatorio sobre su producción. Basta leer las cifras.
La grieta argentina es nada más que la negación de una parte de la población a tener que pagar con su esfuerzo, su trabajo, su riesgo, su ahorro, su vocación de trabajar y producir el subsidio permanente y creciente a otro sector de la población, cada vez más grande, que se cree en el derecho de vivir de la otra parte, a quién apoda “el Estado”. La grieta no es voluntaria. No es inducida. No es ideológica. Es la oposición al relato tramposo de que la democracia es un sistema de reparto forzado de ingresos entre los que producen riqueza y los que no hacen nada.
Menudo problema para el gobierno. Sabe que tanto la reforma previsional, como los TLC, como la imprescindible reforma educativa, requieren de un mínimo consenso político para poder implementarse con la potencia y la continuidad necesarias. Al mismo tiempo, sabe que lograr ese consenso es imposible sin desvirtuar los objetivos principales de esos cambios.
La democracia es la mayor arma en contra de la democracia. Cada uno puede ponerle a esa afirmación el rótulo que desee.