Publicado en El Observador 27/09/2022

La eliminación de las PASO, ¿otra trampa peronista? 

 

El gobierno argentino sorprende ahora con otro cambio en el reglamento de juego en medio del partido: derogar la ley de elecciones internas, abiertas y obligatorias

 

En 2009 el gobierno de Cristina Kirchner sorprendió con la sanción de la Ley de lo que se llamó PASO, que forzaba a los partidos primero a realizar elecciones internas, y luego obligaba a toda la población a votar en ellas, tal como ocurre en el proceso electoral nacional. Esa legislación se fue imbricando luego normativa y prácticamente con todo el paquete de leyes electorales, de partidos políticos, de su financiamiento, aun de los códigos y leyes electorales. 

 

La medida fue largamente criticada porque en ese momento parecía favorecer al gobierno, pero también porque obligaba a una suerte de “previa” de las elecciones generales, con todas sus consecuencias. Mauricio Macri, más bien todo el país, fue víctima de esa situación cuando las PASO de 2019 señalaron el triunfo imparable del peronismo, y los mercados reaccionaron con pánico ante la amenaza. Acertadamente. 

 

Las críticas también se basaron en el límite del 1.5% que debían superar los candidatos nacionales en la pre-elección para poder participar, que luego en la práctica, unida a los límites de la ley de partidos políticos de Alfonsín en 1985 restrictivamente aplicados, consolidaron el oligopolio político que conforma el sistema argentino, que tiene mucho que ver con la corrupción multipartidaria. En rigor, todo ese sistema es una suma de parches, ventajas, oportunismos, negocios, coimas, financiamientos fantasma, complicidades, vallas y trucos que alejan el poder de las manos de la ciudadanía. De modo que no existe casi discusión sobre la necesidad de cambiarlo, PASO incluidas preferentemente. Y eso es un proceso largo, profundo, complejo, que requiere consensos, análisis, diálogo y discusiones que no se desarrollan en pocas semanas. 

 

Lo que se discute es la oportunidad. En general - y esto los orientales, mucho más pulidos en estos aspectos lo comprenderán – ningún país cambia sus reglas electorales dentro de los 12 meses previos a los comicios. Además, anular las PASO requiere llenar ese vacío legal, al estar interrelacionada la legislación de las internas y su aplicación en todo el sistema. A lo que debe agregarse que se trata ahora de una propuesta nacida de golpe y de la nada, sin ningún grado de motivación popular evidente, ni aún la partidaria, lejos de las preocupaciones centrales de los argentinos, que son otras, obvias, graves y dramáticas. 

 

Y aquí viene la parte de los intereses políticos. Que empieza por la duda de que el peronismo tenga la capacidad técnica y ética para derogar esta ley y hacer los retoques imprescindibles en el resto de las leyes correlacionadas. Y la imparcialidad para hacerlo. Por ejemplo, si se eliminan las PASO, cada partido tendrá que determinar el modo en que elegirá sus candidatos para cada cargo. Eso deberá hacerse a las apuradas, en un plazo exiguo, sin tiempo para hacer las compulsas internas. Tremenda desventaja frente al peronismo, que habrá que recordar que nunca eligió sus candidatos en base a las PASO porque siempre utilizó su sistema de lista única digitada por la conducción, en el mejor estilo del movimiento y las primarias sólo sirvieron para dar el amén a lo decidido por sus mandamases. 

 

También una derogación abrupta condenaría a los partidos opositores a definir casos tales como si la interna será cerrada a los afiliados o abierta a cualquiera que quiera votar, que tienen distintas y a veces complicadas implicaciones. Todo eso en dos o tres meses. Con lo que las campañas partidarias también sufrirían una demora importante. Y la elección de candidatos también. La llana derogación de la ley atenta en varios puntos contra la legitimidad de los candidatos, si las reglas de juego no son parejas.

 

Para resumir, el temor, basado en la historia de traiciones políticas del oficialismo, es que, así como en 2009 se impusieron las PASO porque resultaban convenientes al peronismo, ahora se deroguen por la misma causa. Todo cambio en las reglas políticas o electorales siempre favorece o perjudica a algunos partidos en la circunstancia de ese momento, por lo que siempre se evita hacerlo en las cercanías de las elecciones, para que el análisis sea menos interesado y apasionado y para evitar suspicacias, con o sin razón. Lo que no está ocurriendo ahora. 

 

Ya se ha dicho en este espacio que el gobierno atraviesa un estado de desesperación, que se advierte en sus medidas y planteos, desde el accionar pro-impunidad de su jefa a la necesidad de revertir de algún modo las mediciones de todas las encuestas, aún las más favorables, que arrojan un resultado desastroso para todos sus candidatos, inclusive la señora Fernández, que alguna vez se refirió a las elecciones como “obstáculo electoral”, si se repasa.

 

En el proceso de lanzamiento del globo de ensayo derogatorio, también se ha hablado de la suspensión, no de la derogación, de las PASO, lo que sería un concepto aún peor, al mostrar la provisionalidad de la medida, y al crear más incertidumbre en un punto nuclear que debería ser lo más prístino y confiable posible. 

 

También se ha usado como base argumental para la reforma el costo que implican estas elecciones previas, concepto que, comparado con tantos otros costos económicos del sistema político nacional, lleno de negocios y obstáculos de todo tipo, no merece comentarios que convaliden ese criterio, o que le den visos de seriedad. 

 

Sin comprenderlo, el gobierno agrega un robusto eslabón más a la cadena de inseguridad jurídica que viene engarzando desde 2015, cuando la presidente saliente se negó a entregar los simbólicos atributos al presidente electo legítima y legalmente, reforzada luego con todas las promesas, propuestas y decisiones fracasadas que llevaron a una situación insostenible que terminaron con el peronismo al borde de una catástrofe electoral y hasta existencial y con el país al borde de la quiebra, o al menos a la quiebra de la gran mayoría de sus ciudadanos. 

 

Todas las leyes electorales argentinas deben ser cambiadas, porque transforman a los partidos en sindicatos a los que los ciudadanos votantes son obligados a afiliarse. Las preguntas son dos: ¿por qué ese cambio debe ser impuesto, inducido o decidido por el peronismo? ¿Por qué ahora?