Por los políticos ruines, el periodismo complaciente y los economistas superficiales, los llamados condescendientemente “abuelos” volverán a perder, y así hasta la muerte
Cada vez que se habla de bajar el gasto, la respuesta de los expertos del análisis presupuestario exprés es: “el Gasto Social es más del 80% de Gasto Público, por lo que no se puede tocar ni desindexar”. Eso puede estar por cambiar, por la fuerza de la realidad y de la manipulación del gobierno de TodosPonen, pero como siempre, del modo más injusto posible, a lo argentino.
Dentro del multipropósito paquete del Gasto Social, se incluye como si fuera un rubro más de erogaciones el pago de jubilaciones regulares de aquellos que contribuyeron entre 30 y 45 años con sus aportes al sistema y que seguramente correrá la misma suerte que el resto del gasto social, o sea, será licuado, devaluado, desindexado, postergado o algún destrato similar.
Se omitirá así una cuestión de gradación, de orden de prelación de derechos, hasta de Derecho Administrativo, esa rama jurídica asesinada por el tándem Cavallo-Liendo en los 90.
Se ve muy claro si se desagrega el gasto de la ANSeS. Allí se explica que el gasto global del ente representa el 10.3 % del PBI, el 72% del Gasto Social total y el 46% del Gasto Público Nacional. Impactantes cifras. Hasta que se adentra en el análisis.
Porque cuando se resta del gasto una serie de prestaciones (cuya oportunidad, necesidad, monto, equidad o justicia no son tema de discusión en esta nota), se observa que el monto dedicado al pago de jubilaciones se reduce al 7.8% del PBI, o sea al 34.6% del Gasto Público Nacional, y al 54.2% del Gasto Social Total.
Es decir que se están contabilizando como gastos de la ANSeS la AUH, las pensiones de todo tipo, las asignaciones familiares y una gran cantidad de gastos y compensaciones que nada tienen que ver con el Sistema de Jubilaciones, ni justifica mezclar con el presupuesto de la administración de dicho sistema, cuya recaudación de aportes tiene fines legales específicos e inamovibles.
Por supuesto que el estado, la sociedad, la sensibilidad popular o lo que fuera pueden establecer dádivas con cualquier propósito, y eso no se discute aquí. Pero sí se discute el hecho de que se mezclen conceptos y se equiparen derechos contractuales, con dádivas que dio el estado por la razón que fuere, que no solamente se roban los fondos específicos, sino que terminan metiendo en una misma bolsa conceptos jurídicos muy diferentes de forma ilegal, inmoral e injusta.
La jubilación es un derecho adquirido no por una ley, un decreto o una gracia. Sino por el aporte que hacen los individuos a lo largo de su vida, que por otra parte es obligatorio. Para ambas partes, se supone, o debería ser así al menos, porque quien ha hecho esos aportes tiene un derecho contractual y moral de orden superior a cualquiera otro que reciba una gracia del estado. Lo que por otra parte ha sido consagrado también por la Corte. Por lo menos hasta el momento de escribir esta nota.
Que algunos que dicen entender sostengan que es un sistema de reparto, como si fuera un sistema de limosnas, no cambia ni la obligación de respetar el destino de los fondos ni la diferencia jurídica que existe entre una jubilación y una AUH, por ejemplo.
Por lo menos esto debería ser entendido por los liberales de apuro que defienden los derechos adquiridos de Eskenazi, Bulgheroni, Techint o Socma, que hacen y ganan juicios contra el estado con gran facilidad, mientras que un jubilado, con un contrato mucho más simple, claro y transparente con el estado, en el que fue forzado a una adhesión involuntaria, no tiene ningún derecho, ni el de cobrar los juicios ganados con sentencia definitiva ni los superfluos jucios adicionales por cobro y embargo.
Antes de que los expertos salten diciendo que el sistema está fundido y que hay que cambiarlo por estar desfinanciado y ser insostenible, habrá que seguir mirando los datos. Y excluir los pagos que se hacen en concepto de las denominadas moratorias, que Cristina Kircher adjudicó a voluntad y que Macri no paró del todo. Entonces, cuando el cuadro se limita solamente a las auténticas jubilaciones con aportes legales, la situación cambia drásticamente.
¡Ahora resulta que lo que gasta ANSeS en pagar las jubilaciones legítimas, de acuerdo a las reglas vigentes, malas o buenas, es el 4.4% del PBI, no el 10.3 original!
No sólo no es culpa de los jubilados que el sistema sea insustentable, sino que no es cierto. Es posible que haya que cambiarlo previendo el futuro a mediano plazo. Pero hasta hoy no es infinanciable. 11.5 millones de personas aproximadamente aportan 7% del PBI, en promedio, lo que excede el total de jubilaciones a abonar, incluyendo el efecto de los pagos a los ex afiliados a las AFJP.
Por supuesto, si a la cifra de 3.075.000 jubilados con aportes plenos y completos se le agrega la carga adicional y súbita de 3.730.000 jubilados frutos de moratorias que no tienen nada que ver con el sistema, no habrá mecanismo que aguante. De nuevo, podrá haber justificaciones de todo tipo, razones atendibles y consideraciones sumamente válidas. Pero si el estado considera que deben otorgarse subsidios, dádivas o pensiones por esa causa o por cualquier otra, no deben imputarse contra los fondos legítimos recaudados con los aportes directos o indirectos de los trabajadores.
AUH, moratorias por falta de aporte, pensiones de invalidez, vejez, asignaciones familiares, subsidios por desempleo o maternidad, deben ser abonados de los fondos generales del estado o de partidas creadas y financiadas al efecto, no robándolo de los fondos de los futuros jubilados. O de los fondos confiscados a las AFJP, que supuestamente eran para asegurar la sustentabilidad del sistema.
Ahora que se supone que es casi inexorable un ajuste presupuestario a menos que se desee una hiperinflación o una parálisis del estado por falta de pago, el argumento de esta nota es que los jubilados deben ser preservados y diferenciados al mismo nivel que cualquier acreedor privilegiado de la Nación Argentina, por derecho humano, por derecho administrativo y por derecho a la seguridad jurídica que su contrato con el estado merece.
Salvo que haga falta que los jubilados formen un gremio combativo, tomen las calles y consigan jefes piqueteros que los apoyen con alguna intifada y saqueen los supermercados. Todo el resto del gasto, que hoy se mete bajo el mismo paraguas, con el argumento falso de que el sistema es infinanciable, tiene que seguir el destino de cualquier otro gasto estatal. Las jubilaciones no. Ya se les ha robado demasiado a “nuestros abuelos”, como aman decir los autores del despojo. No se los debe defaultear.
Hay que recuperar el crédito. Pero primero hay que recuperar la moral.
Fuente de los datos: Oficina de Presupuesto del Congreso - 2019