El fin del liberalismo

Liberales, abstenerse

"Armen un partido y preséntense a elecciones", solía ser el argumento de la viuda de Kirchner cuando se le reclamaba respeto por las minorías y la república. Además de tratarse de una barbaridad conceptual, porque la democracia es antes que nada el respeto por los derechos minoritarios, la frase mostraba la seguridad de la exfaraona en la eficacia de las vallas que ponía el sistema a la formación de nuevos partidos. 

La ambición reelectoral de Menem le obligó a pagarle (sic) de varias maneras a Raúl Alfonsín, el padre del progresismo democrático moderno, la redacción de una nueva Constitución. La primera cuota del pago fue la inclusión explícita de los partidos como gestores obligatorios de cualquier postulación política. La carta magna de 1853 los había omitido inteligentemente. Ese cambio fue la convalidación de la tendencia para escabullirle al ciudadano el ejercicio de su voluntad, y someterlo al colectivismo de un movimiento o facción, de un comando superior, un congreso partidario, una boleta digitada, una despersonalización de las candidaturas. 

Esa tendencia sigue evolucionando para transformar todos los cargos electorales en propiedad de los partidos, con lo que no solamente se concentra el poder en algún misterioso aparato central de control, sino que se escurren las responsabilidades y los méritos. Los políticos de todas las tendencias aman ese sistema, porque los transforma en monopólicos, en sátrapas, en punteros, en vitalicios. Trate de explicarle a uno de ellos las ventajas de la elección distrital de diputados y prepárese no sólo para una refutación más o menos técnica, sino para el insulto descalificador. Y el insulto peor a su inteligencia, lector, de sostener que ese método favorece a los partidos mayoritarios. 

Otro cambio alfonsinista fue la invención del tercer senador, que infringe la lógica democrática y la lógica sin aditamento, y que aumenta el poder de los partidos en detrimento de los individuos al acuñar el concepto de minoría ganadora. La inclusión del Consejo de la Magistratura, si bien fue un avance republicano, puso en manos de los partidos la mayoría decisoria, con lo que rompió lo que teóricamente quería lograr, y una vez más transfirió el poder de los ciudadanos a las estructuras partidarias. 

De igual gravedad fue la cesión de soberanía que implica la inclusión de cualquier tratado que cree jurisdicciones supranacionales para juzgar casos locales de delitos y reclamos diversos, lo que licua las decisiones de los ciudadanos argentinos, que pasan a subordinarse a entes burocráticos siempre  politizados, siempre de izquierda extrema, siempre disgregantes y disociantes, nunca en favor del orden social interno, con lo que se delega una herramienta imprescindible de las naciones modernas. Basta notar que los países más avanzados no se adhieren a ellos para validar este argumento.

De paso, esa valoración prioritaria del estado como garante del Orden Social, al que considera presupuesto excluyente del bienestar de la sociedad, diferencia al liberalismo de todas las demás corrientes, incluyendo a lo que se llama libertarismo, que se le asemeja sólo en el nombre. La renuncia a la soberanía en manos de entes anónimos trasnacionales es para la concepción liberal una claudicación y una traición a los intereses de la sociedad, de la nación y hasta de la Patria. 

Todos los puntos descriptos son antiliberales. ¿Por qué? Porque el peronismo, el radicalismo, el socialismo, el progresismo, son tendencias e ideologías basadas en el partido, en el colectivismo, en la decisión verticalista y unánime, como otrora lo fueron el fascismo y el comunismo, como lo es el gremialismo o el cooperativismo. Organizaciones en las que el individuo es un accesorio, las decisiones se toman en montón, o en cónclaves donde las responsabilidades y méritos se esfuman. El mismo Cambiemos se apoyó y apoya en una estructura radical - democristiana y en un concepto de verticalismo que privilegia la lealtad y la obediencia como valores máximos. 

Las leyes de las PASO ahondaron el sesgo antiliberal por las mismas razones, al mantener y profundizar la obligatoriedad del voto, un resabio de la ley Sáenz Peña, que necesitaba del civismo forzoso para movilizar a las masas brutas hacia las urnas. El solo concepto de elecciones internas obligatorias para el ciudadano repugna a cualquier idea de libertad, no ya de democracia. Pero las PASO son funcionales a la intención de no permitir la creación de partidos que otorguen importancia a los ciudadanos individualmente. Su sistema de mínimos, obligatoriedades y exclusiones garantizan el monopolio de los partidos hegemónicos y colectivistas, y por supuesto, convalida las listas sábana en la elección de legisladores. Y además, son modificadas cada vez que convenga a quien tiene el poder. 

Lo mismo ocurre con las leyes electorales y de partidos políticos, que establecen condiciones para la creación de nuevos partidos que parecen a simple vista alcanzables hasta que alguien decide postularse para diputado, por ejemplo. Un liberal, condenado a afiliarse a movimientos que no lo representan, se enfrenta a todas las artimañas imaginables. La primera es que tiene que optar entre armar desde cero un partido distrital o postularse por medio de un partido "de papel", que tenga una aprobación provisoria, un partido remanente o residual de nombre más o menos neutro. 

Si opta por esta última alternativa, se encontrará conque el "dueño" del sello de goma, le exige ir primero en la boleta, y dependiendo del cupo femenino él deberá ir tercero en la sacrosanta boleta, con lo que no tendrá chance alguna. U optar por pagar o alquilar el partido, procedimiento despreciable per se. Pero aún en este caso, chocará con un sistema burocrático deliberado, controlado por las facciones tradicionales, que expurgarán histéricamente sus afiliados, para demostrar que no llega al mínimo legal, verificarán mes a mes las firmas, la permanencia, que no se hayan afiliado hace 10 años a otro partido o que hayan renunciado al mismo, y otras vallas. Tarde o temprano se encontrará conque su partido alquilado no sirve. Salvo que sea Cristina, que arma partidos cuando se le da la gana, en pocas semanas y sin que nadie lo objete, o se da el lujo de ser del bloque peronista para elegir el miembro de la primera minoría del Consejo de la Magistratura y de no ser peronista para las PASO. 

Por el mismo precio, el partido de un solo diputado así constituido deberá obligatoriamente dirimir su PASO si quiere participar en las generales, pero debe obtener un porcentaje mínimo de votos del total del padrón electoral, caso contrario no puede participar en las elecciones generales. Un conveniente trabalenguas para excluirlo. 

Pero hay obstáculos peores. Y ni siquiera pensando en elecciones presidenciales. En provincias de gran población, como Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Capital, Tucumán, Santa Fé, el candidato liberal tendrá que contar con un número inalcanzable de fiscales probos, ya que de lo contrario el fraude en el conteo arrasará con sus votos, que morirán en la urna sin posibilidad de recuento, condenados, por quienes sostienen que la urna electrónica es mala solución, a ser abortados por la verdadera elección, que es la trampa sistemática luego de las 6 de la tarde en cada comicio. Una pena que la cacareada tecnología no sirva para poder votar por su vecino al que conoce desde chico, o que sólo sirva para comprar una divisa abstracta que usted nunca verá. 

Se dirá que esto no le pasa solamente a los liberales, sino a cualquiera que pretenda ir por fuera de los aparatos partidarios a una elección. El punto es que el liberalismo es la única concepción no compatible con el pensamiento de ninguna de las agrupaciones del establishment monopólico partidista. Ni en los métodos ni el las ideas. Justamente, parte del objetivo liberal es huir de los mecanismos colectivistas y verticalistas de los patrones del sistema, lo que no pasa en ningún otro caso. El sistema, las leyes y la práctica están hechos para evitar la posibilidad de cualquier candidatura individual liberal y la formación de cualquier fuerza liberal. Quien haya intentado postularse o esté intentando hacerlo sabe que esto es así y es una grave dificultad casi imposible de sortear. 

Al no permitir la postulación distrital, también se condena a quien se pretenda candidatear a requerir sumas millonarias que solamente los mecanismos casi siempre corruptos o tramposos de los grandes partidos permiten disponer. Nada más en contra de los principios liberales. Ningún obstáculo más formidable. El formato corporativo se advierte con prístina claridad en el sistema. Desde la obligatoriedad de financiar un infinito número de boletas que serán robadas, hasta el hecho de que el estado sólo contempla el financiamiento y la publicidad a los partidos ya existentes, escasamente a los nuevos. 

El lector encontrará muchos otros ejemplos del proteccionismo del corporativismo político, que hará todos los esfuerzos para evitar el ingreso de cualquiera que no adhiera a la tiranía con alternancia del sistema actual, apuntando muy especialmente a quienes desprecian la demagogia, el estatismo, la ineficacia, la corrupción y el populismo: los liberales. La osadía es castigada con el escarmiento de la frustración y el escarnio en las redes y los medios. Y aún en el supuesto optimista de que pudiesen superarse todas las vallas políticas, si alguien con ideas serias fuese electo se encontraría con el Capitulo Segundo de la Primera parte de la Constitución de 1994, con su amplio surtido de nuevos derechos y garantías para todos los gustos, que lo único que aseguran y garantizan es la ruina económica y moral en caso de aplicarse y el reclamo disolvente y paralizante en caso de no hacerlo. Un sistema jurídico a prueba de liberales.