Por Dardo Gasparré - Especial para El Observador
Hacia una sociedad con poco empleo y poca democracia
Hablo con muchos amigos profesionales uruguayos y me manifiestan su orgullo por lo que consideran una de las legislaciones laborales de avanzada en el mundo. He leído y escuchado ese concepto con gran reiteración.
Es posible que lo que se esté queriendo decir es que se trata de una legislación que encarece sistemáticamente los costos laborales, disminuye las oportunidades de trabajo y aumenta el gasto del estado a niveles insoportables. Combinado con el reciclado automático de la inflación, el mecanismo resulta inaceptable e ineficiente.
Por supuesto que mientras el estado acuda para cobijar en sus roles salariales a quienes no tienen cabida en la esfera privada, o para otorgarle planes o subsidios, la legislación lucirá como de gran equidad y no tendrá negatividades aparentes.
El otro aspecto apreciado por una vasta mayoría, es el generoso socialismo redistributivo estatista-partidista generalizado, que expulsa cualquier posibilidad de desarrollo real y de inversión auténtica. También en este caso, ello es posible por la existencia de un manso sector minoritario que realiza toda la tarea productiva y de creación de riqueza, que es sistemáticamente expoliado por el sistema.
Estos dos conceptos centrales sobre los que se cimenta la economía y la sociedad uruguaya serán los que motorizarán las luchas y cambios de fondo en lo que sigue del Siglo XXI, no tan solo localmente, sino en la sociedad global.
Aunque los diarios hablen del crecimiento del empleo y oportunidades mundiales, cuando se llega a la realidad se nota claramente que el empleo ha pasado a ser un bien escaso. Nada hay que indique que tal situación vaya a mejorar en el futuro. Aún en Estados Unidos, donde se ha recurrido a toda clase de alicientes sensatos e insensatos, el empleo alcanzado no ha sido de alta calidad, como tampoco lo han sido los sueldos y condiciones laborales.
En el resto del planeta, la situación es todavía peor, hasta preocupante. Cuando se proyecta el factor trabajo a la necesidad de exportar para crecer, el costo laboral exacerbado es un destructor de exportaciones, de crecimiento y finalmente de empleo.
La dialéctica de las conquistas laborales no puede obviar que lo que un país exporta es finalmente su trabajo. Si ese trabajo es caro, se exporta poco o no se exporta. Se puede por un tiempo disfrazar los números con devaluaciones, reembolsos u otros recursos, pero la realidad termina estallando. Basta ver los resultados uruguayos recientes de comercio exterior.
En un mundo sin imperialismos, cada vez más globalizado, la crisis de empleo - salario es inevitable. Los países con costos laborales e impositivos altos se reducirán hasta la pobreza generalizada. La crisis de los inmigrantes desesperados árabes es un síntoma y un comienzo.
Se dirá que se debe aumentar la productividad para así poder elevar el valor agregado y no tener que bajar salarios. Y aquí entramos en el segundo estallido que deparará el resto del siglo XXI: la negativa de la gente a que se le tome su capacidad, industriosidad o talento para repartirlo al resto de la sociedad. La rebelión de los generadores de riqueza frente a su esclavización democrática.
Aumentar la productividad implica que alguien invente bienes, servicios o procesos que mejoren el output. Como ya sabemos que el estado no es capaz de producir nada, ni de agregar valor a nada, salvo valor negativo, los que harán eso serán los privados. Difícilmente quieran hacerlo si luego se les quita su ganancia para rifarla entre quienes no fueron capaces de generarla.
Esos industriosos y capaces no aceptarán mansamente que se les saque el fruto de sus logros para entregarlo al estado que se encargará de hacer justicia redistributiva. El segundo paradigma local, el del estado socialista-partidista con salario y empleo garantizado de por vida, crujirá al igual que universalmente en los próximos decenios.
La dialéctica acusa de neoliberales, liberales, no solidarios o imperialistas a quienes se niegan a que se les quite el fruto de su trabajo, su riesgo, su esfuerzo, su sacrificio y su talento. No se trata de ideologías. Se trata de que una parte de la sociedad resistirá la estafa democrática de que el estado y el partido le quite su patrimonio para repartirlo. Como en la URSS.
La puja salarial universal suele tener como respuesta el cierre de la economía. Que no es nada más que escaparse de la competencia internacional mediante el expediente de robarle a los que crean riqueza y reírse de sus derechos bajo el paraguas de las decisiones democráticas. Dura un tiempito.
El campo ha sido hasta ahora el sitting duck”, la víctima esperando ser expoliada o sacrificada, por las características intrínsecas de su propio tipo de actividad. Pero está claro que el campo no puede pagar todo el empleo que se necesita. Hace falta crear más riqueza.
Pero los creadores de riqueza se negarán a crearla si luego se les quita su ganancia. Y no será solamente una discusión económica. Se estará discutiendo si la democracia tiene derecho a quitarle a los ciudadanos el fruto de su trabajo, de su inventiva y de su talento para repartirlo entre el resto de la sociedad.
Ya no estaremos discutiendo en términos de factores de producción, sino en términos de los derechos de cada uno.
Las democracias contemporáneas, con gastos del estado que cada vez se llevan una parte mayor del producto bruto, con leyes de protección laboral y de proteccionismo empresario que coinciden con los intereses electorales de los políticos, han decidido apoderarse ilimitadamente del patrimonio y los bienes de los que producen riqueza y repartirla entre los que no la producen.
La lucha será con votos, con decisiones económicas que costarán muy caro a las sociedades, y con reacciones que hoy no se pueden medir.
Lo que ha pasado recientemente en Argentina y Brasil, y lo que pasa en Uruguay pero que nadie quiere nombrar, es solo el comienzo. La comodidad laboral eterna y la democracia solidaria estatista-socialista no son compatibles con la tecnología, la comunicación y la globalización actuales.
Si no lo creen, da lo mismo. Sucederá.
Es posible que lo que se esté queriendo decir es que se trata de una legislación que encarece sistemáticamente los costos laborales, disminuye las oportunidades de trabajo y aumenta el gasto del estado a niveles insoportables. Combinado con el reciclado automático de la inflación, el mecanismo resulta inaceptable e ineficiente.
Por supuesto que mientras el estado acuda para cobijar en sus roles salariales a quienes no tienen cabida en la esfera privada, o para otorgarle planes o subsidios, la legislación lucirá como de gran equidad y no tendrá negatividades aparentes.
El otro aspecto apreciado por una vasta mayoría, es el generoso socialismo redistributivo estatista-partidista generalizado, que expulsa cualquier posibilidad de desarrollo real y de inversión auténtica. También en este caso, ello es posible por la existencia de un manso sector minoritario que realiza toda la tarea productiva y de creación de riqueza, que es sistemáticamente expoliado por el sistema.
Estos dos conceptos centrales sobre los que se cimenta la economía y la sociedad uruguaya serán los que motorizarán las luchas y cambios de fondo en lo que sigue del Siglo XXI, no tan solo localmente, sino en la sociedad global.
Aunque los diarios hablen del crecimiento del empleo y oportunidades mundiales, cuando se llega a la realidad se nota claramente que el empleo ha pasado a ser un bien escaso. Nada hay que indique que tal situación vaya a mejorar en el futuro. Aún en Estados Unidos, donde se ha recurrido a toda clase de alicientes sensatos e insensatos, el empleo alcanzado no ha sido de alta calidad, como tampoco lo han sido los sueldos y condiciones laborales.
En el resto del planeta, la situación es todavía peor, hasta preocupante. Cuando se proyecta el factor trabajo a la necesidad de exportar para crecer, el costo laboral exacerbado es un destructor de exportaciones, de crecimiento y finalmente de empleo.
La dialéctica de las conquistas laborales no puede obviar que lo que un país exporta es finalmente su trabajo. Si ese trabajo es caro, se exporta poco o no se exporta. Se puede por un tiempo disfrazar los números con devaluaciones, reembolsos u otros recursos, pero la realidad termina estallando. Basta ver los resultados uruguayos recientes de comercio exterior.
En un mundo sin imperialismos, cada vez más globalizado, la crisis de empleo - salario es inevitable. Los países con costos laborales e impositivos altos se reducirán hasta la pobreza generalizada. La crisis de los inmigrantes desesperados árabes es un síntoma y un comienzo.
Se dirá que se debe aumentar la productividad para así poder elevar el valor agregado y no tener que bajar salarios. Y aquí entramos en el segundo estallido que deparará el resto del siglo XXI: la negativa de la gente a que se le tome su capacidad, industriosidad o talento para repartirlo al resto de la sociedad. La rebelión de los generadores de riqueza frente a su esclavización democrática.
Aumentar la productividad implica que alguien invente bienes, servicios o procesos que mejoren el output. Como ya sabemos que el estado no es capaz de producir nada, ni de agregar valor a nada, salvo valor negativo, los que harán eso serán los privados. Difícilmente quieran hacerlo si luego se les quita su ganancia para rifarla entre quienes no fueron capaces de generarla.
Esos industriosos y capaces no aceptarán mansamente que se les saque el fruto de sus logros para entregarlo al estado que se encargará de hacer justicia redistributiva. El segundo paradigma local, el del estado socialista-partidista con salario y empleo garantizado de por vida, crujirá al igual que universalmente en los próximos decenios.
La dialéctica acusa de neoliberales, liberales, no solidarios o imperialistas a quienes se niegan a que se les quite el fruto de su trabajo, su riesgo, su esfuerzo, su sacrificio y su talento. No se trata de ideologías. Se trata de que una parte de la sociedad resistirá la estafa democrática de que el estado y el partido le quite su patrimonio para repartirlo. Como en la URSS.
La puja salarial universal suele tener como respuesta el cierre de la economía. Que no es nada más que escaparse de la competencia internacional mediante el expediente de robarle a los que crean riqueza y reírse de sus derechos bajo el paraguas de las decisiones democráticas. Dura un tiempito.
El campo ha sido hasta ahora el sitting duck”, la víctima esperando ser expoliada o sacrificada, por las características intrínsecas de su propio tipo de actividad. Pero está claro que el campo no puede pagar todo el empleo que se necesita. Hace falta crear más riqueza.
Pero los creadores de riqueza se negarán a crearla si luego se les quita su ganancia. Y no será solamente una discusión económica. Se estará discutiendo si la democracia tiene derecho a quitarle a los ciudadanos el fruto de su trabajo, de su inventiva y de su talento para repartirlo entre el resto de la sociedad.
Ya no estaremos discutiendo en términos de factores de producción, sino en términos de los derechos de cada uno.
Las democracias contemporáneas, con gastos del estado que cada vez se llevan una parte mayor del producto bruto, con leyes de protección laboral y de proteccionismo empresario que coinciden con los intereses electorales de los políticos, han decidido apoderarse ilimitadamente del patrimonio y los bienes de los que producen riqueza y repartirla entre los que no la producen.
La lucha será con votos, con decisiones económicas que costarán muy caro a las sociedades, y con reacciones que hoy no se pueden medir.
Lo que ha pasado recientemente en Argentina y Brasil, y lo que pasa en Uruguay pero que nadie quiere nombrar, es solo el comienzo. La comodidad laboral eterna y la democracia solidaria estatista-socialista no son compatibles con la tecnología, la comunicación y la globalización actuales.
Si no lo creen, da lo mismo. Sucederá.
