Hay un Plan

Se nota el obsesivo y desesperado esfuerzo de Alberto Fernández y todo el sistema de obsecuentes periodísticos para convencernos de que el Presidente es autónomo de Cristina Kirchner. Creen que hemos olvidado que AF es un invento de Cristina y que si no fuera por el toque del índice regordete de la vice hoy estaría dando clases en serio para vivir. Suponiendo. 

Sin embargo, a cada paso se advierte que cada una de las medidas que se toman van en la misma dirección: el populismo K, la patria grande, el socialismo ladrón regional. 

Se nos vende la idea de que el monstruo bicéfalo que nos gobierna se ha dividido el poder: Cristina quiere para ella la justicia, el espionaje, la AFIP y su impunidad. Y que AF se ocupa de la economía con un plan serio para reactivar la actividad y “poner plata en el bolsillo de la gente”, mientras renegocia la deuda.

Supuestamente, allí CFK deja las manos libres a AF para que se manejase de modo más ortodoxo y propusiera un plan integral a los bonistas y a la sociedad. La realidad muestra que ese cuadro que nos intentan colgar es falso. No sólo se vuelven a implantar los mismos criterios que en materia social y política sostuvo la ahora vice, sólo se vuelve a las desaforadas fracasadas pagas tipo Lufrano, sino que se reinstalan todas las seudoreivindicaciones que tienden a la desmembración de la Nación que desarman y humillan a las fuerzas de seguridad, y a las fuerzas armadas y vuelven al garantismo, al abolicionismo y al desorden organizado. 

También se regresa apresuradamente al negocio de los DDHH, a la payasada de balbucear críticas al régimen de Maduro para no enojar a Trump/FMI y, por supuesto, se continúa con la idea central de eliminar la Justicia y transformarla en un órgano de partido, en vez de una institución republicana. 

Pero si se observa la economía, también las ideas (¿) que se aplican son las de Cristina y su troupe histórica: jugar al truco con los acreedores, control de precios, cepo cambiario empeorando, trabas a las importaciones (exportaciones), fuerte ataque a la clase media media, cero inversión, subsidios de tarifas, rechazo al tratado con la UE, impuestos al que trabaja, turbios manejos en Vaca Muerta que se muere por sí sola en un mercado bajista o designaciones de inútiles en áreas sensibles y, en otras áreas, oficialización del diezmo de los dirigentes piqueteros en los planes sociales. 

No hay un solo punto en todo el accionar económico en que AF esté haciendo algo distinto a CFK, en sus medidas o en sus consecuencias. Hasta en el resentimiento se parecen. La eliminación de la movilidad jubilatoria a que obligó la Corte, que empobrece a los jubilados con aportes plenos, en beneficio de los 3.500.000 jubilados sin aportes que inventó Cristina es una revancha, además de un error económico que retraerá el consumo. 

No hay dos planes, ni dos criterios, ni dos líneas. El país ha retomado la misma senda que quedó pendiente el 10/12/2015. Con un agregado. Ahora hay un nuevo objetivo: Máximo 2023. Ese es el proyecto, que se inserta otra vez en el populismo seudoprogresista latinoamericano. 

Ya la prensa de sumisión rentada ha comenzado a hablar de su nueva figura de conductor, como antes habló de Néstor ahorrativo y buen administrador, de Cristina gran oradora y estratega política, de Zaffaroni jurista, de Gils Carbó proba, imparcial y de carrera, etc. 

En esas condiciones, el fracaso económico, que caerá sobre las espaldas de AF, Guzmán y premios nobeles rentados, empujará al típico giro hacia el totalitarismo que se vió en Venezuela y Cuba, que tiende a culpar al capitalismo, los bonistas, los bancos o al sionismo del fracaso y profundizar en los mismos errores hasta que no quede nada de la sociedad. 

Cristina Kirchner no abdicó en favor de Fernández, sólo lo contrató como presidente pro tempore. Abdicó a 4 años vista en favor de su hijo Máximo. Por eso, la negociación de la deuda deja de lado el resentimiento por un momento, para postergar la crisis y permitir el nuevo reparto. Por eso no hay un plan, para que no se note que HAY UN PLAN. Ella no cometerá el error de Macri: no dejará que nadie la aparte de ese plan, ni los suyos.

El kirchnerismo volvió para quedarse. No habría que caer de nuevo en el error en el que se cayó con el “no vuelven más”.

La propuesta de Fitch de un ajuste al estilo Argentina

La evaluadora tiene un enfoque superficial, parcial y contraproducente para cualquier economía

El informe de la calificadora ofrece una buena oportunidad para repasar algunos fundamentos básicos de economía y reafirmar conceptos fundamentales. El trabajo no difiere demasiado de lo que sostienen muchos economistas y periodistas especializados: como bajar el gasto es difícil y hay que cortar mucho para que la deuda sea sustentable, entonces hay que aumentar los impuestos o inventar nuevos para poder reducir el déficit.

Una concepción matemática de la acción humana, diría von Mises. No muy distinta a las recomendaciones del Fondo Monetario: bajar el déficit no importa cómo. La misma idea que se le impuso a Macri cuando, luego de mantener el mismo nivel de gasto cristinista y de endeudarse para pagarlo, se le acabó el crédito y tuvo que a aferrarse al salvavidas de un acuerdo que lo obligó a un ajuste que no bajó el gasto estatal, sino que aumentó tarifas e impuestos a privados, con el resultado conocido.

Habrá entonces que empezar por recordar que no es lo mismo reducir el déficit aumentando impuestos que bajando el gasto. Porque el problema principal no es el déficit, es justamente el gasto. Cualquier economista sabe que es preferible tener un gasto pequeño con déficit que equilibrio fiscal con gasto elevado. Desde la corta e interesada mirada de un fondo de inversión, o de una calificadora, se percibe un espejismo: al bajar el déficit habrá más dólares disponibles, y la deuda se volverá sustentable en los cálculos.

Pero eso es sólo en los papeles. En la vida real, un aumento de impuestos tiene siempre mucho más efectos negativos y por más tiempo sobre el PIB y la actividad que la baja del gasto. Entonces, el déficit termina siendo porcentualmente igual o mayor que el que se intenta resolver, al achicarse el Producto, y el supuesto sustento de la deuda se cae a pedazos al reducirse el saldo del balance de pagos. Con lo cual el acreedor tampoco logra cobrar. Ajuste a la Argentina.

Si el déficit se intenta paliar con más impuestos, las recesiones duran mucho más que si se resuelven con baja del gasto, y ello causa más daño a los trabajadores, a los contribuyentes y al consumo. Por mayor abundamiento, la columna vuelve a recomendar el trabajo publicado este año bajo el título Austerity (Alesino, Favero y Giavazzi, @ Princeton University Press), donde se analizan con avanzada técnica 50 casos de ajustes de déficit en países y casos compables, con los resultados comentados.

En términos casi filosóficos, el otro problema de aumentar los impuestos cada vez que se gasta de más, es que se acostumbra al estado –y a la sociedad– a que sus dispendios son siempre inmortales y siempre financiables. Eso termina muchas veces en default. Otra vez ajuste a la Argentina. Dudosamente eso puede servirle a los acreedores, ni tampoco a Fitch.

Ciertamente, las dificultades instantánteas políticas, legales, sociales y las presiones de muchos intereses, hacen que parezca más fácil aplicar soluciones alternativas que ofrecen menor resistencia, pero se trata de un inmediatismo que tiende a obnubilar el razonamiento, a hacer olvidar lo aprendido en los claustros y a debilitar la voluntad de quienes deben aplicar los remedios. Tampoco es menor la amenaza latente de hordas salvajes rompiendo y quemando bienes públicos. Pero todas las hordas no alcanzan a cambiar las leyes económicas. Habrá que usar el capital político y la capacidad de persuadir y de paso testear el apotegma de que Uruguay es distinto.

También es cierto que a lo largo de quince años, como explica El Observador en esta nota, se fue armando una barricada legal que tiene componentes lógicos y otros exagerados, cuando no directamente nocivos. Nuevamente se deberá recurrir a la negociación, la persuasión, la creatividad y a usar los mecanismos legales existentes para corregir esas poison pills paralizantes, que tienen en muchos casos características que rozan lo inconstitucional o debieron ser objetos de una reforma de la Constitución. De lo contrario, esas leyes harían innecesario votar, porque cualquier gobierno estaría atado a un modelo ideológico, lo compartiese o no.

Un tema de fondo que deja de lado el informe de Fitch es el valor de un plan, tanto para la ciudadanía como para los acreedores, los bancos y las calificadoras de riesgo, que no deberían comportarse solamente como una oficina burocrática tipos FMI u OCDE. Por plan no debe interpretarse un conjunto de buenos deseos o pronósticos, sino un proyecto de tres o cuatro años elaborado en detalle, un copromiso del gobierno y sus funcionarios, un cronograma de acciones y metas, debidamente cuantificado. Un compromiso que requeriría de los jerarcas un seguimiento trimestral y una continua rendición de cuentas al público, para evaluar los resultados, los desvíos y las demoras.

Para los rioplantenses que las saben todas, esta idea es utópica, sobre todo por la costumbre de que la política sea frecuentada por algunos charlatanes. Pero un gobierno serio que tiene que enfrentarse a un cambio de habitos, prácticas y excesos, debe utilizarlo como eje de su política económico-social. De paso, es una excelente herramienta para convencer a los inversores y mercados de deuda.

Como referencia para los escépticos, ese concepto de plan fue utilizado con gran éxito por Suecia, cuando tuvo que salir de la quiebra (sic) a la que la llevó el socialismo y pasar a ser un país económicamente serio. El resultado fue notablemente bueno, pese a que todavía muchos sigan sosteniendo que Suecia es socialista.

Fitch equivoca el consejo, y propone algo que puede ir en su propia contra. De paso, seguramente sin intentarlo, pone una presión innecesaria sobre los jerercas del nuevo gobierno, que necesitarán toda su energía, su convicción, su tenacidad, su capacidad y su coraje para bajar el gasto y subir las chances de bienestar para todos.

Fitch propone un ajuste a la Argentina. Lo que hace falta es un ajuste a la uruguaya, diría Jorge Batlle. Y tendría razón.

Otra nueva estafa a los jubilados legítimos

Por los políticos ruines, el periodismo complaciente y los economistas superficiales, los llamados condescendientemente “abuelos” volverán a perder, y así hasta la muerte 

Cada vez que se habla de bajar el gasto, la respuesta de los expertos del análisis presupuestario exprés es: “el Gasto Social es más del 80% de Gasto Público, por lo que no se puede tocar ni desindexar”. Eso puede estar por cambiar, por la fuerza de la realidad y de la manipulación del gobierno de TodosPonen, pero como siempre, del modo más injusto posible, a lo argentino. 

Dentro del multipropósito paquete del Gasto Social, se incluye como si fuera un rubro más de erogaciones el pago de jubilaciones regulares de aquellos que contribuyeron entre 30 y 45 años con sus aportes al sistema y que seguramente correrá la misma suerte que el resto del gasto social, o sea, será licuado, devaluado, desindexado, postergado o algún destrato similar.

Se omitirá así una cuestión de gradación, de orden de prelación de derechos, hasta de Derecho Administrativo, esa rama jurídica asesinada por el tándem Cavallo-Liendo en los 90. 

Se ve muy claro si se desagrega el gasto de la ANSeS. Allí se explica que el gasto global del ente representa el 10.3 % del PBI, el 72% del Gasto Social total y el 46% del Gasto Público Nacional. Impactantes cifras. Hasta que se adentra en el análisis. 

Porque cuando se resta del gasto una serie de prestaciones (cuya oportunidad, necesidad, monto, equidad o justicia no son tema de discusión en esta nota), se observa que el monto dedicado al pago de jubilaciones se reduce al 7.8% del PBI, o sea al 34.6% del Gasto Público Nacional, y al 54.2% del Gasto Social Total. 

Es decir que se están contabilizando como gastos de la ANSeS la AUH, las pensiones de todo tipo, las asignaciones familiares y una gran cantidad de gastos y compensaciones que nada tienen que ver con el Sistema de Jubilaciones, ni justifica mezclar con el presupuesto de la administración de dicho sistema, cuya recaudación de aportes tiene fines legales específicos e inamovibles. 

Por supuesto que el estado, la sociedad, la sensibilidad popular o lo que fuera pueden establecer dádivas con cualquier propósito, y eso no se discute aquí. Pero sí se discute el hecho de que se mezclen conceptos y se equiparen derechos contractuales, con dádivas que dio el estado por la razón que fuere, que no solamente se roban los fondos específicos, sino que terminan metiendo en una misma bolsa conceptos jurídicos muy diferentes de forma ilegal, inmoral e injusta.

La jubilación es un derecho adquirido no por una ley, un decreto o una gracia. Sino por el aporte que hacen los individuos a lo largo de su vida, que por otra parte es obligatorio. Para ambas partes, se supone, o debería ser así al menos, porque quien ha hecho esos aportes tiene un derecho contractual y moral de orden superior a cualquiera otro que reciba una gracia del estado. Lo que por otra parte ha sido consagrado también por la Corte. Por lo menos hasta el momento de escribir esta nota. 

Que algunos que dicen entender sostengan que es un sistema de reparto, como si fuera un sistema de limosnas, no cambia ni la obligación de respetar el destino de los fondos ni la diferencia jurídica que existe entre una jubilación y una AUH, por ejemplo. 

Por lo menos esto debería ser entendido por los liberales de apuro que defienden los derechos adquiridos de Eskenazi, Bulgheroni, Techint o Socma, que hacen y ganan juicios contra el estado con gran facilidad, mientras que un jubilado, con un contrato mucho más simple, claro y transparente con el estado, en el que fue forzado a una adhesión involuntaria, no tiene ningún derecho, ni el de cobrar los juicios ganados con sentencia definitiva ni los superfluos jucios adicionales por cobro y embargo. 

Antes de que los expertos salten diciendo que el sistema está fundido y que hay que cambiarlo por estar desfinanciado y ser insostenible, habrá que seguir mirando los datos. Y excluir los pagos que se hacen en concepto de las denominadas moratorias, que Cristina Kircher adjudicó a voluntad y que Macri no paró del todo. Entonces, cuando el cuadro se limita solamente a las auténticas jubilaciones con aportes legales, la situación cambia drásticamente.

¡Ahora resulta que lo que gasta ANSeS en pagar las jubilaciones legítimas, de acuerdo a las reglas vigentes, malas o buenas, es el 4.4% del PBI, no el 10.3 original!

No sólo no es culpa de los jubilados que el sistema sea insustentable, sino que no es cierto. Es posible que haya que cambiarlo previendo el futuro a mediano plazo. Pero hasta hoy no es infinanciable. 11.5 millones de personas aproximadamente aportan 7% del PBI, en promedio, lo que excede el total de jubilaciones a abonar, incluyendo el efecto de los pagos a los ex afiliados a las AFJP.

Por supuesto, si a la cifra de 3.075.000 jubilados con aportes plenos y completos se le agrega la carga adicional y súbita de 3.730.000 jubilados frutos de moratorias que no tienen nada que ver con el sistema, no habrá mecanismo que aguante. De nuevo, podrá haber justificaciones de todo tipo, razones atendibles y consideraciones sumamente válidas. Pero si el estado considera que deben otorgarse subsidios, dádivas o pensiones por esa causa o por cualquier otra, no deben imputarse contra los fondos legítimos recaudados con los aportes directos o indirectos de los trabajadores. 

AUH, moratorias por falta de aporte, pensiones de invalidez, vejez, asignaciones familiares, subsidios por desempleo o maternidad, deben ser abonados de los fondos generales del estado o de partidas creadas y financiadas al efecto, no robándolo de los fondos de los futuros jubilados. O de los fondos confiscados a las AFJP, que supuestamente eran para asegurar la sustentabilidad del sistema. 

Ahora que se supone que es casi inexorable un ajuste presupuestario a menos que se desee una hiperinflación o una parálisis del estado por falta de pago, el argumento de esta nota es que los jubilados deben ser preservados y diferenciados al mismo nivel que cualquier acreedor privilegiado de la Nación Argentina, por derecho humano, por derecho administrativo y por derecho a la seguridad jurídica que su contrato con el estado merece. 

Salvo que haga falta que los jubilados formen un gremio combativo, tomen las calles y consigan jefes piqueteros que los apoyen con alguna intifada y saqueen los supermercados. Todo el resto del gasto, que hoy se mete bajo el mismo paraguas, con el argumento falso de que el sistema es infinanciable, tiene que seguir el destino de cualquier otro gasto estatal. Las jubilaciones no. Ya se les ha robado demasiado a “nuestros abuelos”, como aman decir los autores del despojo. No se los debe defaultear.  

Hay que recuperar el crédito. Pero primero hay que recuperar la moral. 

Fuente de los datos: Oficina de Presupuesto del Congreso - 2019

Enojando a Trump

Desde el mismo momento en que comenzaron las negociaciones para pedir la ayuda al FMI, que presagiaba el desenlace que se vive hoy, expresé mi desacuerdo con cualquier propuesta de solución que se basase en confiscación o default de cualquiera de las deudas que mantiene el país, incluyendo plazos fijos, Leliqs y similares. 

Esa posición, contraria a la de algunos conocidos economistas, obedecía a diversas razones. La más elemental era que un default, una licuación o una confiscación no deberían ser considerados herramientas para una solución, porque en ese caso se estaría ante un acto de piratería y apoderamiento inaceptable, sino que se tratan de desastres a los que llevan las malas políticas fiscales. Como tal, planificarlas constituía una canallada. Y no evitarlos también.

Hay otros elementos prácticos y técnicos que justificaban mis argumentos. El más evidente es que no hay nada peor que acostumbrar al Estado a que sus dispendios tendrán un financiamiento infinito, o no tendrán ninguna consecuencia. Porque entonces su gasto tenderá también a infinito. Lo mismo rige para lo sociedad, acostumbrada, más allá de sus declamaciones, a pedir del estado más y más, para luego protestar contra los costos de sus reclamos: inflación, impuestos, endeudamiento, desempleo, falta de crecimiento. Borrar mágicamente los efectos de un atracón de gasto y sensiblería fiscal es como malcriar a un niño del peor modo. 

En el aspecto técnico, un default o confiscación alejan la inversión, tanto en el tiempo como en la confianza. Un costo demasiado alto cuando, justamente, hace falta una vívida creación de empleo privado que sólo saquella produce. Máxime si se llega a esa situación de insolvencia planificadamente, como si se aplicase un cronograma fraudulento. 

En lo que hace al mercado interno, confiscar depósitos o canjearlos por instrumentos de deuda aleja el consumo todavía más, o pone su impulso en manos del estado, la peor de todas la soluciones. 

Y luego queda el aspecto ético. El usar un default, una licuación o una confiscación como solución planeada es sencillamente repugnante. Debería serlo todavía más para quienes han hecho tantas barbaridades en nombre de la gente, la solidaridad, el pueblo, la justicia social y una serie de palabras igualmente vacías, por las consecuencias futuras.  Y algo más: aún los más fríos banqueros, los que se han beneficiado tantas veces de nuestra irresponsabilidad, miran con desprecio y desconfianza a quienes siguen esas prácticas.

“El default, la licuación y la confiscación ya están. Sólo la estamos visualizando”.  

– Dicen los predicadores de la quiebra. Sólo habrá que recordar la inteligencia, el coraje y la grandeza de Jorge Batlle cuando resolvió la crisis uruguaya con decencia, mientras nosotros elegimos la trampa, para mirar a los exégetas del incumplimiento con desprecio. 

En varias circunstancias parecidas en el pasado, y en pos de similares soluciones “pícaras”, nuestros políticos y economistas recurrieron a algún personaje mascarón de proa que consciente o no, aplicara previamente una política o un plan que estallaría finalmente, y produjese una licuación, un default generalizado, una hiperinflación, una hiperdevaluación que permitiera empezar de nuevo, borrar la memoria de los precios relativos y del poder adquisitivo históricos. Eso permitía partir de una base de comparación depreciada que asegurase el éxito estadístico y justificase el silenciamiento y la pasividad sindical. También permitió que apareciesen luego economistas prodigiosos y mágicos que por unos años hicieron milagros, hasta que la calesita volvía a acelerar su ritmo y se producía una nueva crisis, con las mismas situaciones, las mismas palabras, las mismas consecuencias y las mismas víctimas. 

Muchas veces fueron esos economistas iluminados los que designaron antecesores de plástico para que provocaran deliberadamente o no el borrón y cuenta nueva que les allanara el terreno para el reseteo y resurrección. 

Enfrentado a la herencia de su herencia,  empeorada con los retoques del gobierno de Macri, el peronismo no es capaz de producir un plan creíble. Ni ningún otro. Ni tiene una solución ni una salida, ni el talento técnico para discurrirla. Tampoco el coraje político ni la estatura moral para hacerlo. En esa situación, no es imposible que busque a algún gurú que lo saque de la disyuntiva. Pero ese gurú necesita una licuación previa. Necesita partir desde la tan agitada tierra arrasada y desde el reclamo cero, que se produce después del incendio.

En ese proceso, la ayuda americana, apenas insinuada por el casquivano presidente carotenado, puede resultarle más una carga que una solución. Porque lo obliga a hacer una buena letra que no puede, no quiere y no sabe hacer. Y a un ajuste imprescindible pero que jamás hará Cristina. Más bien le conviene pelearse con él. Como con Braden. Como la épica con el Fondo, cuando se le pagó a su pedido el 100% de su préstamo y se lo disfrazó de liberación y soberanía. 

Sobre esa épica y la acusación  a la herencia al cuadrado recibida, se puede montar el escenario de licuación y default que prepare el panorama para algún mesías económico que produzca la recuperación estadística. Otro 2003. Sin soja, claro. Pero si la debacle es suficientemente grande lo mismo darán los números para mostrar una recuperación y se podrá gobernar en la emergencia por varios años, y justificar lo que siempre fue injustificable, hasta el default judicial.

¿Trump o Fernández?