Carta a Papá Covid

La pospandemia abre el listado de pedidos, expectativas y sueños ideológicos, como una carta a Papá Noel o a los Reyes Magos

La decisión kafkiana, camusiana o cortazariana de encerrar a la humanidad para salvarla del coronavirus y tornar a las sociedades en mendigos del estado en cuestiones existenciales, de libertades y derechos, de salud y especialmente de la economía, ha reactivado las ensoñaciones más pueriles de varios sectores.   

El alarmismo y los reproches anticipados de la Organización Mundial de la Salud convirtieron a los gobernantes en culpables de todas las muertes por COVID-19 y así se creó una nueva corrección política inapelable. Detener los movimientos de traslación y rotación de la tierra tiene consecuencias serias, por lo que unánimemente los gobiernos debieron correr a compensar sus medidas con la única arma que les resta tras derogar la actividad económica: subsidios vía emisión. 

Esto hace creer a los progresocialistas, como a los europeos del quebrado estado de bienestar - que cuenta con algún aliado billonario americano - que han triunfado sus ideas redistributivas: un impuesto mundial a los patrimonios, un salario básico universal y el fin de la pobreza, administrados por un estado de burócratas infalibles. Como si se hubiese llegado a semejante aberración debido a la evidencia empírica probada, no por la desesperación improvisada como realmente ocurre.

Por eso se escucha hablar con tanta frecuencia del “mundo que no será el mismo”, y hasta de “un mundo mejor que se viene”, en la creencia simplista de que de las cenizas que queden resurgirá un individuo generoso, altruista y sin egoísmos y un sistema de reparto de felicidad y bienestar instantáneos. Huxley mejorado. 

Los economistas cultores de la llamada Teoría Monetaria Moderna, con ecuaciones mágicas y algunos premios Nobel embanderados, (y rentados a veces) también están en la gloria mientras los demás están en el infierno. La TMM es una línea que se enfrenta a la economía clásica, con ideas nunca demostradas ni exitosas, pero populares en algunos países, como Estados Unidos, porque convalida el exceso de gasto, el déficit y la emisión. La coyuntura moverá a aplicar sus remedios, tan ineficaces y peligrosos como la lavandina de Trump.  

Hablando de Trump, sus ideas representan una de las alternativas que se abrazarán cuando el virus se haya devaluado y no son sólo suyas, sino de sus votantes y del sector industrial menos competitivo y más obsoleto, y las de muchos burócratas americanos locales e internacionales enquistados, que adhieren a iguales conceptos. No son nuevas, ya están en vías de aplicación: el proteccionismo a dos puntas y por razones disímiles, tanto de las industrias obsoletas como de las nuevas tecnologías estratégicas. (El odio que se intenta incubar contra China es parte de ese juego) El efecto será el mismo que en la depresión de la década de 1930: desempleo, quiebras, estatismo, corridas bancarias, caídas espectaculares de la bolsa, desinversión. Tal vez no se produzca una deflación mundial porque la emisión es fenomenal. Pero eso no altera el resultado nocivo del experimento. El campo arrasado resultante luego de la “batalla” contra el virus, predispondrá a la población a comprar esta contradicción facilista. 

Simultáneamente se encarecerán los bienes que produzcan los países que integraron cadenas de valor, como el propio EE.UU. Eso también les cae bien a los defensores de la TMM, al estatismo y a los continuadores de la estafa de 2008 y la autorecompra alevosa de acciones: una deflación tornaría instantáneamente impagables todas las deudas estatales y privadas. Una inflación supuestamente controlada sería la solución ideal. En esa línea es que Trump ha abogado simultáneamente por la tasa cero, por el aumento del gasto y de salarios y por una devaluación, despropósitos que ahora tendrán más adhesión que nunca, aunque no más razón. 

Los cultores de la supuesta teoría de la curva de Phillips, primos de los de la TMM, también están de parabienes. Phillips – basado en series no autovalidadas – sostenía que un desempleo alto entregaba una baja inflación, y un desempleo bajo producía mayor inflación. Algunos economistas invirtieron la relación causa/efecto: una “saludable” inflación produciría más empleo, algo nunca probado seriamente. Y más dudosamente: en situación de escasez de demanda laboral y recesión, la emisión no generaba inflación. Un delirio teórico, pero que ahora reverdecerá con el aplauso popular. 

Del lado del progresocialismo también hay una wishlist: salario básico universal, proteccionismo laboral, defensa de las conquistas obtenidas durante y por el auge capitalista, impuesto a cualquier stock de capital que aparezca, castigo a las grandes empresas, lucha contra la industria extranjera o privada y la importación, vivir con lo nuestro, trabas a la exportación, controles de cambio.

Ambas cartas a Papá Covid contienen pedidos de “regalos” que fracasaron siempre y empobrecieron a sociedades enteras, cuando no produjeron hambrunas y muerte. Se basa en el inmediatismo, el voluntarismo y en un desconocimiento no sólo de las reglas de la economía sino de la acción humana. Sin embargo, por la apetencia de votos, por ideología, por la presión, la destrucción o las pedreas de las masas, muchas se aplicarán. Y todas fracasarán. Como siempre. 

Los países que tendrán mejor destino son los que no escriban ninguna carta con deseos y confíen en la capacidad, el esfuerzo, el trabajo, el talento y la creatividad de su gente. Y, sobre todo, en la libertad en todos los órdenes, incluyendo la libertad de comercio. Los que renuncien al confinamiento mental a que empujó la pandemia. Los que crean en las propias fuerzas. Los que tengan la suerte de ser gobernados por estadistas. O por gente normal. 

Astori último modelo

Ningún nuevo impuesto es bueno para el crecimiento y la reactivación, en especial si apunta a gravar patrimonios

En lo que luce como un doble intento de recuperar protagonismo interno y de correr al gobierno por izquierda, el senador Astori anuncia que prepara un proyecto para gravar los depósitos de residentes uruguayos en el exterior. No es una novedad la idea, que también alienta Cristina Kirchner en Argentina, pista de pruebas de toda medida ruinosa. Pero por respeto a la figura del exvicepresidente -cuya gestión ponderó más de una vez esta columna, cabe analizar la propuesta en términos económicos. 

La filosofía del tributo propuesto encaja dentro del tan esgrimido criterio de que todo gasto estatal es correcto y justo y los privados deben sustentarlo ad infinitum y de que cualquier baja de ingresos del sector público debe ser cubierta con fondos extraídos del sector privado, no con una adecuación estatal a los ingresos que recibe. Cuando se habla del “aporte de los privados a la lucha contra el coronavirus” simplemente se está redundando. Los privados siempre aportan hasta cubrir el 100% del gasto del estado. Cuando se dice que el estado ya ha hecho su esfuerzo y que ahora corresponde un esfuerzo equivalente de los privados, no sólo se redunda, sino que se engaña. 

Los 12 años de gobierno frentista terminaron por dejar una endeble situación fiscal, que hace más difícil en la emergencia sostener la pretensión de que el gasto estatal es intocable. Y entonces se produce el manoteo desesperado con argumentos de igualdad, equidad y solidaridad, el robo a las naranjas del árbol del vecino en nombre del hambre. 

La afirmación de que el estado se apodera sólo de un modesto 2 o 3% del capital ajeno es algo jocosa. Se trata de la antigua teoría fiscalista de cortar una feta del salame diaria. Así, la política recaudatoria consiste en extraer todos los días un pequeño trozo del patrimonio, de modo que el afectado nunca esté tan disconforme como para rebelarse o incumplir. Peor es si se agrega la idea del preproyecto de que puede ser por un período de 2 ó 3 años, lo que significa que la exacción total puede llegar al 4 ó 6% o al 8 ó 9%, según el deseo del legislador. O puede ser para siempre y confiscar todo el patrimonio, en un mundo de tasa cero. Vamos viendo, sería el resumen. O “cortamos todas las naranjas del árbol del vecino que nos hagan falta para hacer el dulce”.

El exjerarca afirma que se tratan de capitales improductivos, que sólo persiguen una renta financiera. Como tan bien lo explica Hayek en Camino de servidumbre, el socialismo piensa que es capaz de determinar mucho mejor que sus dueños cuándo un capital es productivo o no. Se siente capacitado para tomar una parte de su patrimonio, o todo, e invertirlo mejor que quien fue capaz de generarlo. El capital de los particulares no es propiedad de la sociedad. Este modo de pensar parece creer que sí. También ignora lo que cada uno planea hacer con su dinero. Decide que es improductivo para el estado. No le importa lo que piense el dueño. 

Luego la justificación avanza por caminos más dirigistas aún, propio de toda planificación central. Así, sostiene que hay que hacer que esos capitales vengan a invertirse a Uruguay, ante la amenaza del gravamen en caso de que no lo hicieran. Algo ligeramente inconstitucional, en principio. Falta que se explique en qué proyecto, en qué rubro, en qué actividad se invertirían esos fondos, que además de ser rentables no sufran el castigo de más impuestos, inflexibilidades laborales y sindicales y proteccionismos que impidan competir. Por supuesto que la frase, a primera vista, parece atractiva políticamente. Aunque ignora la realidad. Las únicas radicaciones que se logran hoy son del estilo UPM, o sea, eliminando impuestos. 

Este tipo de gravámenes, que apelan al resentimiento en su más profunda raíz, nunca recaudan lo que se espera. No sólo por la evasión o elusión, sino porque se basan en cifras sin analizar, como cuando Astori afirma que hay 6200 millones de dólares depositados en el exterior basado en vagos reportes, que no tienen en cuenta la naturaleza jurídica y económica de esos adivinados depósitos. Sobre estos supuestos ligeros se construyen los déficits. 

El exministro sostiene que, al tratarse de un impuesto sobre capitales improductivos, (para el estado) no desestimula la inversión ni el empleo, ni la reactivación productiva. Esta es otra visión lineal del socialismo, que se empeña en no comprender la acción humana. Nada desestimula más que un impuesto de este tipo. La inversión será instantáneamente cero cuando se perciba esta medida como un ataque a la propiedad y una discrecionalidad del estado. Nadie, ni uruguayo ni extranjero, invertiría en un país donde – como dice el mismo Astori – se grava al capital “porque estamos necesitando hacerlo”. La simple insinuación de la aplicación de este tributo, causa suficiente daño al alejar cualquier intento de radicación o inversión instantánea y fulminantemente. La intención de convertir al país en una cooperativa o una mutual no es apreciada por nadie que quiera tomar riesgos y poner su esfuerzo y su talento en una empresa a riesgo. 

El imprescindible ajuste del gasto del estado, antes y después del coronavirus, no se reemplaza con poner un impuesto sobre cualquier manifestación de capacidad contributiva que asome la cabeza. La evidencia empírica es vasta, de larga data e irrefutable. Aunque matemáticamente las cifras parezcan iguales, la realidad y los efectos no lo son. Los individuos no actúan como quieren los legisladores o los jerarcas, sino según su criterio, su confianza y su interés. Creer que aplicar este gravamen no tiene efectos porque no afecta la producción es desconocer la esencia del ser humano. 

El senador Astori, cuya tarea en bien del país ha sido encomiable, debería descartar este proyecto. 

Lo que no hay que hacer

Los caminos que no sirvieron antes tampoco servirán ahora para recuperar el bienestar

Disclaimer: si el lector está entre las muchas personas que cree que Uruguay es diferente al resto del mundo y como tal no se le aplican las reglas de la economía ni de la lógica, tal vez debería ganar tiempo y pasar ya mismo a las tantas notas interesantes y atractivas que tiene este diario. Porque la columna sostiene inclaudicablemente el principio de von Mises, que resumía toda la economía como las consecuencias y resultados de la acción humana, que son los mismos globalmente, a veces con diferencias en los tiempos, nunca en el efecto final. 

Sin excepción, todos los países han entendido que al haberse paralizado con un frenazo brusco la actividad económica global es imperativo que el estado se ocupe de subsidiar a toda la sociedad, sin discusión posible. La única manera de lograr ese objetivo en un estado de coma inducido es con emisión monetaria brutal. Es decir, que el estado espera que haya confianza en la moneda que imprime, o sea, que se crea que en el futuro se ocupará de que esa emisión no redunde en hiperinflación. Lo que varía es el modo en que el dinero se reparte: usando el seguro de desempleo, subsidios específicos a quienes pierden el empleo por las cuarentenas, a los cuentapropistas, aún a los marginales, que no trabajan ahora ni trabajaban antes. Por supuesto que ese mecanismo siempre es injusto en algún sentido. 

Estados Unidos y Europa están otorgando los subsidios primordialmente a empresas, con el objeto de que por un lado sigan pagando sueldos, y por otro no quiebren y puedan retomar rápidamente la producción tan pronto ceda la pandemia, y para mantener vivo el sistema de pagos. Eso incluye sacarlas del problema de su endeudamiento. Método también siempre injusto en algún sentido. El mecanismo hace que en muchos casos los efectos del parate mundial no se perciban tan duramente y hasta es relativamente cómodo para quienes de ese modo no sufren los efectos de sus acciones previas, tanto empresas como particulares, y se sienten amparados por la acción estatal. 

Ese accionar inevitable y necesariamente temporario del estado en todos los países, hace que haya quienes sostengan que se está ante un cambio de paradigma, una suerte de keynesianismo de izquierda que regirá tras la pandemia, un nuevo orden económico mundial a tono con la idea del salario universal que preconizan los europeos y un par de potentados americanos seudobuenos. Una especie de cómodo populismo universal. El portaestandarte de ese sueño es el neomarxismo, que busca siempre otra oportunidad para intentar reintentar su alocado experimento que ha fracasó todas las veces que se aplicó y sigue fracasando, siempre con el tendal de muertes y ataque a la libertad que le son inherentes. 

Como la emisión no produce riqueza y el estado sólo sabe apoderarse de la riqueza ajena, tal solución es temporaria aún para las grandes economías, y sólo puede ejercerse por muy breve tiempo en las economías emergentes o fronterizas. Con lo que mejor que soñar imposibles es empezar a pensar en los caminos viables para recomenzar el día después. Pero primero habría que concentrarse en lo que no se debe hacer, para evitar la pérdida de tiempo y de oportunidades. 

En el universo residual de desempleo, depresión y hasta deflación, (veneno para los endeudados) la primera tentación es recurrir al proteccionismo. Idea populista y simplista que cuenta con innumerables adeptos, empezando por Donald Trump, el gran precario. O Argentina que acaba de lesionar al Mercosur una vez más al negarse a negociar en conjunto los futuros tratados comerciales. Idea estúpida, coherente con su decisión de bajarse del mundo siguiendo a Cristina. En Uruguay tiene entre otros, el apoyo del FA y del PIT-CNT, pioneros del ensueño del nuevo orden económico socialista. 

La depresión de 1930 tardó una década en superarse, gracias al proteccionismo de Roosevelt, imitado por el resto del mundo. Esa es una conclusión generalizada en todas las escuelas económicas.  Obviamente que los políticos tenderán a abrazarlo, pero será a sabiendas del daño que hace ese tipo de populismo. De modo que la primera práctica desaconsejada es el proteccionismo, que profundizaría aún más la baja del PIB, y obligaría a más déficit infinanciable.

La siguiente política desaconsejable es la rigidez laboral en todos los aspectos. En un marco de baja de precio de las materias primas agrícolas, como ocurrirá, empujará a un mayor desempleo, y creará un círculo vicioso al desestimular la producción y exportación y consecuentemente la importación. Hasta la corporativa y antiempleo CGT argentina lo ha entendido. 

Las dos políticas erróneas anteriores, de aplicarse, llevarían a otros tres errores fatales: mantener o aumentar el nivel del gasto público, de la emisión-inflación y/o aumentar los impuestos de cualquier tipo. Además de que todos esos conceptos tienen un efímero resultado, llevan a una destrucción del crecimiento y la confianza, lo opuesto a lo que se debe perseguir si se intenta recuperar o mejorar el estándar de vida que se perdió en los últimos años, lo que se venía maquillando con alfileres, y el que se perderá con el aislamiento universal. Por eso el ataque fiscal a los patrimonios, más ideológico que efectivo, es un sabotaje a cualquier recuperación. 

No cabe duda de que muchos países harán exactamente lo que aquí se puntualiza como nocivo. Y obtendrán también los penosos resultados que aquí se pronostican. La instantaneidad, igualmente valorada por el socialismo y por los demagogos, sólo reemplaza por un instante el resultado del esfuerzo, la innovación y el arduo libre comercio. Luego se vuelve miseria. Quienes eviten el facilismo y no cometan estos errores, tendrán una oportunidad. Los demás, seguirán el camino de Venezuela, o Argentina, tarde o temprano. 

En el nombre del virus, de la poliarquía, de la democracia, amén

La consigna opositora parece ser la de impedir que se aplique lo que votó la ciudadanía

El virus tiene efectos multipropósito. Uno de ellos es permitir que se deslegitime o demore la LUC, por la supuesta imposibilidad de librar un amplio debate sobre sus contenidos. Desde lo institucional, evidentemente quienes sostienen tal tesitura no consideran suficiente el debate parlamentario, ni el resultado de las recientes elecciones, a las que parecen darle el carácter de una simple encuesta. Y a la Constitución el de un tutorial. Omiten que la ley es una parte del programa electoral ampliamente difundido por la coalición, que además se espera que cumpla. Con lo que sería difícil considerar un abuso de poder o un exceso la elevación del proyecto.

Ampliar el debate o la difusión a todos los sectores de la ciudadanía es importante, como lo es en cualquier tema. Lo que no parece razonable es seguir creyendo nostálgicamente en las viejas formas de discusión como si fueran las únicas disponibles y las más efectivas. Las asambleas sindicales o partidistas, las reuniones en las plazas, fueron los limitados mecanismos posibles de una era con escasa comunicación, que, si bien fueron útiles, llevaron a muchas arbitrariedades y al manejo de masas. Hitler, Mussolini o Perón fueron ejemplos extremos de ese manejo. A otro nivel, cualquier gremialista o intendente es hoy experto en manipular esas reuniones.

En un mundo de medios online, de redes que influyen más que los gobiernos y los expertos, de cadenas de whatsapp, de influencers, de voces de todos los estamentos y todos los intereses, donde cada celular es una urna donde el ciudadano vota a cada segundo, donde cualquiera recibe y emite miles de opiniones a diario, no parece demasiado necesario el agolpamiento sudoroso y gritón de las seudomultitudes, a menos que se intente la manipulación de voluntades mediante esas reuniones cuerpo a cuerpo. Y esto vale tanto para las posiciones de los legos como de los expertos. Lo saben muy bien los políticos, que cada vez recurren más a la comunicación on line positiva y negativa. 

En cuanto a los contenidos de la Ley, han sido debatidos permanentemente por la sociedad en los últimos años, aunque no tuvieron eco en los gobiernos del Frente Amplio. La nociva intervención del sindicalismo trotskista en la educación fue denunciada sin efecto alguno durante los últimos 15 años, como la negación a las pruebas PISA o la dilución de contenidos. La necesidad y el reclamo de que el gremio se dedique a defender los intereses de sus afiliados y no a pergeñar la política o los currículos educativos no han sido atendidas. La excelencia educativa ha desaparecido en una sociedad que necesita desesperada y urgentemente recrear oportunidades a los sectores más pobres, en especial. ¿Realmente hace falta mucho más debate? ¿Entre quiénes? 

Los cambios en la seguridad y la justicia penal, sobre la que también se legisla en la LUC, aunque no con la profundidad que debiera, han tenido un apoyo de media sociedad en el reciente referéndum, sin que haya surgido una refutación popular trascendente, salvo el relato. Tampoco los cambios que se propugnan son dramáticos ni eternos. Por supuesto que se deben tomar en consideración las opiniones de los penalistas y expertos en seguridad. Pero no se puede negar la urgencia que siente la ciudadanía ante la amenaza diaria, que deberían haber meritado profundos debates en los últimos años, sobre todo con algún resultado. ¿Se quiere recuperar ahora el tiempo y las vidas perdidas? 

La LUC también toca aspectos laborales, que simplemente replican las recomendaciones de la OIT, con la que el país está en vergonzosa infracción. Evidentemente, eso no justificó ningún debate en 15 años, y si lo hubo, no fue tomado en cuenta. Por el contrario, poco a poco se fueron introduciendo solapadamente cambios en la legislación laboral que hacen perpetuos y rígidos tanto el costo laboral como el gasto del estado y la ideología. Sin debate como el que se exige ahora en nombre de la convivencia.  

Este clamor por largos debates dentro de cada corporación o élite de intereses es una sobreactuación de la teórica poliarquía corporativa, superadas o subsumidas por las constituciones contemporáneas, sobreactuación que fue funcional al Frente cuando reemplazó el debate parlamentario por el debate multipartidario ideológico interno y que quiere aplicar a todo el sistema cuando no tiene mayoría parlamentaria, como un mago que saca conejos de la galera eternamente. 

En esa línea, el FA aprovecha, por ahora mediante sus intelectuales afines, la melancólica concepción de la discusión política entre amigos que obliga a hacer como que se escucha al otro, para reclamar un debate eterno, cuando en realidad está tratando de que no se cambie la ideología que plantó a veces subrepticiamente en la legislación y que convirtió en derechos adquiridos y en gasto peligroso, sin el debate que ahora reclama y que debió priorizar en sus 15 años de gestión. 

Subyacentemente, lo que la oposición pretende es que el gobierno continúe con las mismas políticas, planes e ideología que el Frente Amplio aplicó en sus mandatos. Y como aspiración de mínima, demorar todo cambio. Cualquier desvío de esos lineamientos será considerado una afrenta al sistema, a la democracia, a la tradición y convivencia políticas, a la solidaridad, a la sensibilidad a la igualdad, a las conquistas sociales o a algún tratado supranacional que defienda alguna causa más o menos sacrosanta. 

Con total respeto por la ley, las prácticas legislativas, el diálogo y la Constitución, el gobierno debe avanzar con su programa y su plan. Cuando el virus se haya ido, el tiempo que se pierda ahora, además de las consecuencias en los intereses de cada fuerza política, tendrá duros efectos sobre la sociedad.