Por qué es vital que la Corte no sea una Korte

Cualquiera que fuere el triunfador en las elecciones de octubre necesitará de una Corte imparcial y con un gran ¨timing¨ político, sin descartar una cuota de patriotismo.

El peronismo dejó siempre como herencia situaciones institucionales y jurídicas caóticas que debieron ser resueltas ¨manu militari¨.  El menemismo parece una excepción, porque además de no haber sido una gestión típicamente justicialista,  contó con la transición mártir de Fernando de la Rúa que absorbió y se compró el estallido.

Los militares  desactivaban como podían el entuerto jurídico - económico - institucional del peronismo y para ello contaban con la comprensión y el apoyo de las respectivas Cortes.

Ahora la situación es acaso peor. Con algunos agregados.

Si suponemos que Mauricio Macri o Sergio Massa están interesados en sanear el presupuesto, por ejemplo, se encontrarían con serios obstáculos jurídicos para hacerlo. Los mismos que se burlaron de todos los derechos, opondrían ahora los suyos para defender sus ventajas espurias.

Contratistas, tercerizadores, empleados designados a dedo y con sueldos de jerarcas, intermediarios con negocios con otros países, concesionarios nacionales y extranjeros de áreas petrolíferas, de pesca o minería, opondrán sus derechos adquiridos e iniciarán juicios de todo tipo, con un alto costo potencial.

Lo mismo ocurrirá con los convenios y acuerdos firmados con Rusia o China, cuyo contenido ni siquiera es totalmente conocido y que tal vez comprometan valores más importantes que los económicos. Nada más que los recursos de amparo que se presentarán por estos temas bastarían para paralizar cualquier gestión.

Piénsese en las reformas legales imperiosas que se requieren, la negociación con los holdouts, los códigos y la seguridad, por ejemplo, para imaginar las dificultades y trabas.  

A este panorama hay que agregarle el de las huelgas, paros y acciones sindicales que surgirán como consecuencia de cualquier intento de organización racional del estado, o con cualquier decisión que quite poder al kirchnerismo residual.

Este kirchnerismo residual, todavía con mayoría en el Senado y con una importante presencia propia y de aliados políticos o ideológicos en Diputados, será una especie de Tea Party doméstico que se opondrá tenazmente a cualquier medida que intente recuperar la cordura política o económica o cualquier concepto republicano. No olvidemos que temas como la deuda o el presupuesto dependen del Congreso.

Me luce algo pueril la idea de que, perdida la caja, el poder de Cristina Kirchner no se hará notar en el peronismo. Y si no fuera pueril sería por lo menos una peligrosa esperanza.  

Con ese panorama, será necesario contar con algún tipo de acuerdo político con la Corte, un órgano político al fin, que reconozca la situación de verdadera emergencia y gravedad institucional y división social a que se enfrenta el país y lo plasme en algunos conceptos de fondo que enmarquen el accionar jurídico.

Sin un acuerdo de esas características, casi no tiene sentido asumir la Presidencia de la Nación.

Es cierto que entre Macri y Massa hay diferencias y que la problemática de ambos no sería idéntica, pero la realidad los haría enfrentarse inevitablemente a el mismo problema.

Y tampoco debe omitirse que una parte importante de la sociedad querrá ver una sanción penal contra la corrupción rampante del kirchnerismo, es decir, querrá ver a alguien preso. No será fácil para cualquier nuevo gobierno omitir ese paso, ni dejarlo diluir en algún juzgado complaciente. Más bien es posible que deba procurar encarcelar a algún juez.

La diferencia entre comenzar el mandato con una Corte profesional y republicana o una Corte con perfil kirchnerista no es entonces un tema de mera búsqueda de impunidad de la presidente.

          El caso de Daniel Scioli es distinto, porque difícilmente tenga el margen de libertad, o de coraje, para hacer lo que hemos descripto. Además, si su vicepresidente es del riñón (o del útero) kirchnerista, como es probable que ocurra, las presiones que tendrá sobre él serán inaguantables.

Esas presiones bien pueden incluir la de renunciar para dejar el poder en manos de su vicepresidente, con quién sabe que resultado.

Scioli necesitaría entonces con más razón una Corte seria y republicana para enfrentarse a esas presiones.

Lo que luce evidente es que en una sociedad en que se ha perdido el concepto republicano y que requiere una refundación en muchos planos, políticos, éticos y económicos, no se puede gobernar con el Congreso en contra y simultáneamente sin una Corte Suprema que entienda la emergencia y proceda en consecuencia.

Y no hablemos de lo que se necesitará en ese Cuerpo si un nuevo Ejecutivo fuera directamente continuador de las nopolíticas de Cristina Kirchner.

Por eso el manoseo del gobierno a la Corte no es algo que deba contemplarse como un partido de fútbol, un culebrón o un conventillerío más de los que solemos presenciar.  Clama por una acción ciudadana contundente y por una reacción efectiva de la oposición. Tiene que ver con la esperanza y el cambio en el que tanto necesitamos creer.

La lucha se libra ahora. No en octubre, ni en 2016. Ahí será tarde. 

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La bendición del trabajo esclavo

Sostengo la tesis de que la mayoría de las críticas contra el trabajo esclavo son inspiradas por el proteccionismo.

Aquí debería dejar libre un espacio virtual para que el lector sensible consignase su repudio y sus insultos ante mi idea, que pasaré a defender, si no me matan antes.

Analizando los casos de Japón, Corea del Sur, China, India, Taiwán, Hong Kong y otros milagros orientales, es fácil encontrar un mismo “pattern” : un crecimiento monstruoso de industrias y/o servicios basado estrictamente en la exportación.

Pero como exportar implica vencer el proteccionismo innato de los futuros clientes, el método para lograrlo pasa por una única herramienta: el bajo precio. Cobrar precios tan ridículamente bajos que venzan todos los obstáculos, incluida la baja calidad.

Así fue el comienzo de la recuperación de Japón y el de todos los ejemplos que he dado. Y para lograr ese único objetivo de precios ridículos, los orientales no inventaron el trabajo esclavo: simplemente usaron las condiciones laborales existentes: Enorme desempleo o directamente no empleo, ausencia de cualquier clase de protección laboral o jubilatoria, mínima o ninguna legislación de trabajo. Gran población. Todo en el marco de monedas locales subvaluadas a tasas de mendicidad.

Con regímenes políticos totalitarios a veces, o con regímenes sociales o religiosos igualmente totalitarios, esos países se convirtieron en paradigmas de progreso y crecimiento. Grandes empresas trasnacionales terminaron radicando sus industrias en ellos. Y hasta eludiendo el pago de impuestos en sus países de origen.

Por supuesto  que con matices. Hong Kong  llegó a ser el paraíso de los “copycats”, ciertamente una competencia indefendible.

De a poco, la calidad  fue mejorando hasta tornarse proverbial, y también los salarios y las coberturas laborales y sociales fueron creciendo, pero recién luego de que esos países lograran una presencia por derecho propio en el mercado mundial.

Los países perdedores en esa competencia, y sus sindicatos, prefirieron defender sus conquistas sociales – no siempre merecidas- y sus prebendas industriales. El resultado es conocido. Hoy nos sorprenden el ingreso per cápita de Japón o la educación coreana, que son el fruto del proceso que describo.

Está claro que para un país cuyos sectores gozan de salarios y protección laboral e industrial elevados, no es fácil social ni políticamente retroceder a los niveles de precariedad laboral de los nuevos participantes, que luchan por existir, o subsistir.

Defienden entonces por todos los medios el status quo, y por supuesto, califican de trabajo esclavo el esquema descripto. Como sabemos en esta zona del mundo, esa defensa se aplica solamente a los sectores que ya tienen empleo en una sociedad. No así a quienes con menos capacidades o menos suerte, se han quedado fuera del sistema, que no son pocos.

Esos sectores sólo  pueden recurrir a tres mecanismos para sobrevivir: el delito, el subsidio en alguna de sus formas, incluyendo la mendicidad, o lo que llamamos el trabajo esclavo.

Las sociedades locales, sin posibilidades de competir por el esquema de precios descripto, tienen que elegir entre alguno de esos tres caminos. En esa situación, la lucha contra el trabajo esclavo no es aplaudida por los supuestos trabajadores esclavos,  a quienes el sistema no ofrece alternativas de subsistencia.

Para una “víctima” del trabajo esclavo, ¿será un beneficio que se cierre su fábrica clandestina? Cuando se boicotean los productos locales fruto del trabajo esclavo, ¿no es un acto de proteccionismo igual al de boicotear la importación de bienes de cualquiera de los países citados?

¿No será mejor bajar impuestos, requisitos, costos laborales, cargas administrativas, recargos, gasto del estado, feriados, reglas, trabas de toda clase a la producción y creatividad, y hasta algo de las conquistas salariales para achicar la brecha entre “el trabajo digno” y “el trabajo esclavo”? Por supuesto  que sí. Por eso hablo de proteccionismo.

A diferencia de lo que ocurre internacionalmente, donde cada país tiene sus reglas, en el orden nacional este tipo de formato infringe leyes impositivas y laborales, y a veces cambiarias, marcarias y de lavado. No propugnaré ni defenderé esos delitos. Simplemente me limito a sostener que varias de esas leyes que se infringen son también proteccionistas. A lo que agrego los tipos de cambio estúpidos y encepados.

Esas leyes son las que nos alejan de la competencia y el mercado. No hay que incumplirlas, pero si que cambiarlas. Nos hemos olvidado de que el precio es el mejor sistema de distribución de bienes escasos que se conoce. Y el empleo será un bien cada vez más escaso.

Como han demostrado Japón o China, los esclavos de hoy serán tus imperialistas de mañana. 

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