Publicado en El Observador 04/05/2021

¿A quién le importa el trabajo? 

 

El bienestar de una sociedad está dado por su capacidad de generar empleo. Reemplazar el trabajo por un sueldo estatal o un subsidio es cortoplacista y provisorio

 

No parece posible estudiar la problemática oriental sin abordar la particular concepción sobre el empleo que tiene en general su sociedad, concepción que juega y jugará un papel excluyente en el futuro pospandemia, empezando ya. 

 

Para comenzar, se equipara el empleo estatal con el empleo privado, lo que convierte al estado en un empleador de última instancia, con múltiples consecuencias y efectos negativos. Así como el estado es incapaz de producir riqueza, aunque sí de pulverizarla, (sobran ejemplos locales y globales) el empleo público usado como herramienta político-económica y como fuente de trabajo, no solamente escamotea los resultados de las ideas y acciones equivocadas de los gobiernos, del sindicalismo y el proteccionismo, sino que engorda el estatismo hasta matar por inanición toda fuente de trabajo privada. 

 

En ese proceso, se van acumulando protecciones constitucionales y legales que hacen que los salarios estatales sean mayores que los privados, que el despido esté prohibido y casi lo esté la mismísima eficiencia, y que el ajuste por la inflación que el propio estado produce con exclusividad con su gasto y su emisión sea una garantía no sólo de conservación del poder adquisitivo, sino de futura mayor inflación. Lo que por supuesto, impacta contra el trabajador del sector privado. 

 

A este listado, al que se llama conquistas, se suma el sindicalismo unánime y monopólico, que se ha ocupado de ejercer una permanente oposición a la actividad privada, hasta lograr que sea considerada casi un enemigo por el trabajador, con la anuencia de la sociedad que muchas veces pondera como avance mundial ese proteccionismo laboral. 

 

En tal marco se insertan las mal llamadas empresas del estado, (empresa implica riesgo, que en este caso sólo es asumido por el contribuyente o el consumidor) o sea el monopolio de servicios esenciales. Para dar un solo ejemplo de su comportamiento, alcanza el reciente chantaje de los ejecutivos de UTE, que amenazan con el riesgo de cortes masivos al gobierno, que apenas intenta aplicarles un modestísimo ahorro en la reposición de vacantes o atrición. (¿O habrá algún resultado incómodo en la Auditoría?) Los jerarcas de estas empresas son burócratas de altos ingresos, y defenderán a muerte su privilegio, su inmunidad y a veces su impunidad. 

 

Se agrega, como ya se ha analizado aquí, el dilema de la jubilación, que, sin una generación fluida de empleo privado y en un entorno de tasa cero, se convertirá en un problema recurrente con parches y disconformidad permanentes y mayor gasto para la sociedad. Como siempre, el problema está agravado por toda la solidaridad que se le ha ido cargando injustamente al mecanismo de retiro, que supone un gasto adicional del 30 por ciento, sambenito que no es serio, ni corresponde, colgarles a los jubilados con aportes plenos, ni al sistema de reparto intergeneracional. 

 

Que todos estos procesos descritos hayan ocurrido gradualmente, a lo largo de muchos años y hasta hayan funcionado un rato, no los hace válidos, ni les quita gravedad. Tampoco les da carácter de patrimonio nacional, ni de compromiso patriótico, ni de ideología. Adicionalmente, esta cosmovisión lleva a la figura fatal del subsidio permanente, del salario sin trabajar, la Renta Universal o como se le llame, que es finalmente empleo estatal sin la molestia de tener que trabajar, o hacer una contraprestación. 

 

No solo el empleo privado no es considerado primordial, sino que los criterios antes esbozados obran como enemigos del aumento de demanda laboral, tanto desde los aspectos éticos y conceptuales, como porque condenan a una permanente inseguridad impositiva, al requerir más exacciones con cualquier excusa, con lo que la inversión es harto difícil.  

 

Así, mientras el Pit-Cnt se ocupa de inventar y proponer nuevos tributos, una tarea de voluntariado que difícilmente le corresponda, otros sectores más técnicos, no más acertados, bregan ahora por eliminar las eximiciones a ciertas radicaciones, exenciones que serán mejor o peor diseñadas, pero a las que obliga a recurrir la ofensiva tributaria rampante, para conseguir alguien que quiera radicarse. Ambas posturas se contraponen. Ambas posturas ahuyentan inversión y empleo con su solo enunciado. Lo malo de las eximiciones es que no se conceden a todos, eso sí. Se llamaría rebaja de impuestos. 

 

El aumento del precio de la soja y los cereales ha vuelto a ilusionar a los defensores de las teorías del “somos distintos” y “vamos tirando”, que finalmente significa cobrarle más impuestos a cualquiera que saque la cabeza del pantano, o sea volver a lastimar el empleo privado y a fomentar más estatismo. El círculo vicioso perfecto. O más bien una espiral involutiva que conduce al mínimo absoluto. Y a la pérdida de libertad. 

 

La pandemia potencia el drama del desempleo privado. Que curiosamente muchos proponen hacer más dramático encerrando a la población. Y clamando por más gasto paliativo y más impuestos supuestamente temporarios, un ensayo general de socialismo forzado. Si a esa situación se agregan el inexorable efecto de la tecnología, (que entre otras cosas posibilitó desarrollar vacunas salvadoras en menos de un año) y la demanda de bienes que no dependen de mano de obra intensiva sino de trabajo especializado, la concepción oriental sobre el empleo y la economía en general podría tener que cambiar. A menos que se vuelva a recurrir a la única, cómoda, precaria y vieja solución de ordeñar al campo o a cualquier otra peligrosa y reaccionaria manifestación de riqueza, mientras dure. 

 

“Vamos tirando”. Una leyenda que debería estar en algún símbolo patrio. Aunque no merezca estarlo, es un intento de idiosincrasia respetable.

 

Publicado en El Observador  27/04/2021

El dilema oriental

 

El nuevo orden mundial obliga a negociar. Pero sin sacrificar principios ni convalidar conductas de nadie a cambio de dólares, o yuanes

 Es perder tiempo tratar de cambiar el burócrata Mercosur, como anticipó la columna. Los otros socios no ansían bajar el arancel común y abrir sus mercados, no sólo Argentina, sino la industria brasileña, que no compartirá su clase media cautiva regional, diezmada por la pandemia y la pérdida de rumbo económico. 

 

Tampoco Uruguay produce bienes de algún valor agregado con chance global, fuera de su actividad agropecuaria, no normada en general por acuerdos y contrapartidas sino por mercados que se rigen por otros factores, como ocurre ahora con la soja. (La pulpa es PIB de segunda, por las exenciones que limitan su efecto)

 

El modesto sueño de exportar galletitas o harina, o sea, de agregar valor a las materias primas, ni siquiera se ha logrado a pleno en lo interno.  En lo externo, pesan las rigideces y costos laborales e impositivos, más el efecto IMESI, que obra como un recargo de importación sobre la mayoría de bienes ofrendables como moneda de cambio en un tratado comercial. Lo mismo que el monopolio estatal en servicios y actividades clave. 

 

Sin grandes patentes ni innovaciones, descubrimientos medicinales, tecnológicos o similares, la exportación se basa en competir por precio, un aspecto en que Uruguay no tiene chances por su doble característica – o tic – de tener salarios muy caros para productos poco interesantes y al mismo tiempo de manipular a la baja el tipo de cambio; demagogia disimulada que, junto con la inflación, (que si no se compara con Argentina es alta y paralizante – en especial cuando todos los salarios y servicios están indexados por esa variable) sepultan cualquier plan exportador empresario. 

 

Y se debe ponderar que los que hoy se llaman tratados comerciales, se han ido transformando en pactos proteccionistas, que versan más sobre poner trabas y restricciones no aduaneras que sobre eliminar obstáculos. Un ejemplo es la reforma del NAFTA, como lo fue el TPP asiático cuando estuvo liderado por EEUU

 

La sociedad oriental, como otras, está acostumbrada y malcriada a sobrevivir con esos niveles de costos laborales (e inflación) refugiada en la conveniente creencia de que le es posible exportar sin permitir ni necesitar que se le importe, como se refugia en la seguridad de que el desempleo será resuelto o subsidiado por el empleador-benefactor de última instancia, el estado, con gasto e impuestos canilla libre.  No es casual que con mayor o menor elegancia varios colegas economistas estén abogando por nuevos y creativos impuestos, una renuncia a toda inserción mundial, a la inversión y al empleo. Y mientras no muera el contribuyente. Porque el virus no ha mutado las desagradables y empecinadas leyes de la acción humana, o sea de la economía. 

 

Felizmente, no se necesita firmar ningún tratado. Por lo menos aún ninguna orga burocrática internacional ha prohibido que los privados decidan comprarse y venderse bienes y servicios por simples contratos individuales, el mecanismo más antiguo conocido de intercambio comercial. Es cierto que para ello deben adecuarse los costos internos de las empresas y los que dependen del estado o los que apaña el estado, como los laborales. Menuda tarea. Pero imprescindible, que lo mismo debería encararse si se firmara un tratado con quien fuere. Pero es más fácil hacerlo por sectores y vía los privados y su creatividad, como todo el comercio internacional, desde siempre. Recuérdese que en sus comienzos, China y Japón aceptaron precios misérrimos para poder exportar, que ni siquiera es el caso. Por eso el camino más efectivo (y menos popular) es reclutar y fomentar innovadores y emprendedores para dar un salto de expectativas y de oferta. 

 

Y aquí empieza el dilema oriental, como reza el título, que se refiere doblemente a Uruguay y a alguna de las opciones que tiene por delante.  Europa se ha ido transformando en un enemigo, como se puede comprobar siempre, más allá de toda ideología. Su proteccionismo ancestral y su estatismo comunitario hacen inviable cualquier acuerdo, y aún los tratos entre privados. En manos de la peor burocracia estatista, no ofrece oportunidades realistas. 

 

Quedan dos opciones: Estados Unidos o Asia. Más bien Estados Unidos o China. Esta nota abre el debate sobre los pros y contras de acercarse a cualquiera de las dos opciones. Suponiendo que optar fuera permitido. 

 

Difícilmente sea cierto que ambas potencias pugnan por imponer sus convicciones ideológicas al mundo. Más bien las usan dialécticamente para justificar su proteccionismo o su expansionismo. La lucha es para ser la primera potencia mundial, no para imponer convicciones que ya no tienen. Pero sí para imponer condiciones que tienen.  

 

Eso abre un panorama sumamente incierto donde los gobiernos deben posicionarse, negociar y apostar poniendo siempre por delante las conveniencias e intereses de sus sociedades, con habilidad y sabiduría política más que económica. 

 

No es cuestión de elegir imperialismo, ni de hipotecar soberanía como se acusa de haber hecho a Cristina con la pesca, la minería, las represas o las bases militares. Es cuestión de elegir con quién generar negocios y reciprocidades, dónde conseguir inversiones y radicaciones, de evitar represalias o exclusiones, como le ocurrió a Australia, y de impedir la intromisión estatal en los negocios y transferir el accionar a los privados, que no necesitan tratados y a quienes no se les puede oponer ni reclamar privilegios políticos o estratégicos. 

 

En esa tarea de enorme dificultad deberán concentrarse los esfuerzos y la tarea de gobernar. Y aún la búsqueda de coincidencias en las políticas de estado. Y tener presente que negociar no implica reproducir el giro socialista, el manoteo impositivo y la emisión facilista de los americanos, ni el comunismo despótico, inhumano y dictatorial de los chinos. 

Publicado en El Observador  20/04/2021

El puzle de la jubilación es insoluble 

 

Como todo nudo gordiano, el intríngulis se resuelve de un tajo siempre injusto, que nadie se atreverá a infligir

 

Esta repetitiva nota empieza con un disclaimer. El autor también vio desaparecer su haber jubilatorio, tras 45 años de aportes, transformado en modesto estipendio por una bula prepotente e inconstitucional de Alberto Fernández. 25 años antes ya había sido herida de muerte por la reforma legal y totalmente constitucional de Domingo Cavallo, el famoso ministro noliberal de Menem. El disclaimer pretende alejar toda sospecha de elitismo, insensibilidad, frialdad o acusaciones similares con las que suele descalificarse la sensatez económica. 

 

El tema del retiro es de doble enfoque. Desde lo individual es casi siempre indisputable, justificable e imprescindible. Desde lo presupuestario, es explosivo y pernicioso, porque sigue un curso de colisión más inexorable que la trayectoria de un meteorito siniestro. No es fácil ni rápido en ninguna parte. Como se ha dicho aquí, Suecia, tomó 20 años en salir de su sistema socialista y pasar a un complejo triple sistema mixto. Demasiado capitalista para el gusto oriental.

 

Uruguay incorporó en su Constitución, sus leyes rígidas y su concepción generalizada del estado, un profundo criterio socialista, guste o no. Ese concepto ha llegado hasta a institucionalizar la inflación y hacerla formar parte de la ley, al ajustar todos los sueldos públicos y privados por ese índice, un suicidio. De modo que ni siquiera se puede pensar en usar el flagelo inflacionario para resolver el problema, como en el modelo sanguinario del vecino. 

 

La pandemia agravó el problema, o lo aceleró, por el lado de la justificación del gasto y el déficit, y por el lado de la emisión irresponsable. No ha cambiado ninguna regla, pero hace creer que burlarlas no importa, lo que no anula las consecuencias. Así lo entiende el FMI, que, vacila entre su socialismo religioso y sus conocimientos técnicos, pero pide como paso previo a cualquier acuerdo que se arregle el tema jubilatorio y que se les confisque sus ahorros a los ciudadanos que supone ricos. Dos robos. 

 

Suponiendo que la sensibilidad socialista oriental acepte que se excluyan de los pagos del BPS (y se paguen con rentas generales, si alcanza) todos los rubros que no tienen que ver con el contrato jubilatorio de reparto (seguros, pensiones, jubilaciones sin aportes, asignaciones familiares y otros solidarismos que constituyen la casi totalidad del déficit) los números tampoco cierran en la proyección a futuro de la ecuación. Como se sabe, hay varios factores que componen tal ecuación. La tasa de reemplazo, o sea el monto que cada afiliado recibirá, la edad de retiro, la tasa de supervivencia y el nivel de empleo, más la rentabilidad de la supuesta inversión de los supuestos saldos en el caso de las AFAP, asumiendo que el odio a los privados y la tasa de interés mundial las dejen en pie.

 

En cuanto al concepto de reparto, la creencia local parece ser que ese aditamento “de reparto” implica que se juega a la repartija con los aportes, cuando en realidad el reparto es intergeneracional, no una solidaridad de los jubilados legítimos con los miles de necesidades de sus conciudadanos que no pertenecen o no aportaron lo suficiente al sistema. 

 

Por último, el tema de fondo es el empleo. Y el empleo legal, agréguese. Si se trata de resolver la ecuación estirando efímeramente la edad de retiro, la frazada corta la sufrirán los jóvenes que busquen trabajar.  Lo mismo ocurre con la idea cartesiana e infantil de traer cientos de miles de inmigrantes a trabajar (en la construcción o el servicio doméstico, como máximo). Uruguay no tiene un entramado que permita y motive la oferta y demanda laboral. Al contrario. Su mecanismo sindical y legal hace cada vez menos viable la competencia laboral, de la que el trabajador está exceptuado por un derecho otorgado por Dios y garantizado legalmente de mil maneras. Más el Pit-Cnt, representante rentado del Creador sobre la tierra. (Si fuera creyente)

 

Si se agrega el doble efecto del reemplazo tecnológico acelerado por la pandemia, la discusión sobre la jubilación pasa a ser bizantina. Ni siquiera la degradación de ciertos sectores, como el militar, prosperará. Seguramente los planes del gobierno para la reactivación prosperarán y serán importantes para Uruguay, pero difícilmente, en términos cuantitativos, alcancen para conseguir los trabajadores adicionales requeridos para que el actual esquema funcione. Tampoco la absurda idea de aumentar las cargas patronales, o personales, da lo mismo, porque finalmente es otro modo de reducir el empleo, mucho más el blanco. 

 

En tales condiciones, como en todas las situaciones cuya resolución se confía a una comisión o a un comité, el tema es insoluble. Nadie se atreverá a tomar una decisión efectiva sobre el tema, cualquiera fuera su ideología o criterio. 

 

Lo que por supuesto lleva a la solución socialista del tema: algún formato de aumento impositivo, sea la emisión – inflación garantizada- el déficit y deuda, un impuesto futuro, o más gabelas. Lo que inmediatamente garantiza menos empleo y menos contribuyentes. Salvo que el empleador fuera el estado, lo que a su vez garantiza un incremento de la trilogía manoteadora descrita, y menos empleo auténtico.  

 

Como además de la conveniencia de cada sector la población sigue creyendo en el socialismo al que llama batllismo y también que tiene leyes laborales de avanzada mundial – ensoñación notable – y está convencida de que la bolsa del contribuyente jamás se vacía ni se cierra, la jubilación es un problema insoluble, o sea, un problema que soluciona la realidad con alguna clase de catástrofe, que golpeará, entre otras resultantes,  con la tan temida pérdida del grado de inversión, una preocupación que suelen tener los países condenados a endeudarse. 

 

Publicado en El Observador  13/04/2021

¿Nuevo orden mundial o autocracia impositiva global? 

 

Estados Unidos soluciona sus problemas obligando a sus aliados a comprárselos y para ello copia a la burocracia supranacional

 

Para muchos resultó casi lógico que la semana pasada el gobierno norteamericano saliera a proponer-imponer a los países bajo su influencia una suba de la tasa mínima permitida (por la OCDE, su santo nombre) del impuesto a las ganancias de las empresas. Es conocido que las corporaciones internacionales, básicamente tecnológicas, dibujan su radicación en las naciones como Irlanda o Luxemburgo, con tributación más baja - la tolerada hoy es el 12.5% - para eludir de ese modo los tributos estadounidenses. Contradictoriamente, la potencia americana venía defendiendo la inmunidad impositiva de sus empresas cuando se intentaba aplicarles impuestos locales, como el IVA. 

 

Siempre las transnacionales usaron lo que se conoce como tax-planning, un procedimiento inicialmente legal que, como otros casos, pasó a ser demonizado por la vocación recaudatoria de los entes supranacionales económicos, casi su objetivo excluyente. La explosión del negocio del entretenimiento y los servicios tecnológicos produjo excesos indefendibles, y Norteamérica perdió una fuente importante de recursos de un sector que en teoría debía aportar lo que ya no aportarían las viejas industrias desplazadas o cedidas. (Las empresas yanquis aprovechan también la alternativa legal que les brindan sus propias leyes, de diferir los impuestos en la medida en que los fondos no sean repatriados)

 

Por eso Obama encaró el problema proponiendo una especie de blanqueo, por el que todos los fondos que se repatriaran pagarían sólo el 10% por única vez por todo el pasado. Y de ahí en más, bajaba la tasa del impuesto a las ganancias a esas empresas específicas al 20% anual, como modo de enfrentar la competencia impositiva. Con ese producido formaría un Fondo de Infraestructura, para encarar una tarea que, como ha explicado esta columna, es imprescindible e impostergable. No fue aprobado por el Congreso. 

 

Trump eligió el camino de bajar el impuesto a las empresas en general al 20%, esperando así reducir el atractivo para la elusión, al minimizar el ahorro de inventar radicaciones en los países de menor tributación y permitir la repatriación sin costo. Se encontró conque las empresas repatriaban los fondos del exterior acumulados, pero no los usaban para invertir ni para generar nuevos empleos. Los aplicaban a la recompra de acciones, una práctica que, en opinión de la columna, viene destruyendo al capitalismo americano hace 4 décadas. O para más bonuses a sus ejecutivos. Eso le golpeó la recaudación e impactó sobre el endeudamiento. 

 

Ambas soluciones, con sus pros y contras, respondían a principios básicos del capitalismo liberal tanto en su política interna como externa. Y a principios económicos probados largamente por la evidencia empírica, con perdón por el ofensivo término. Biden toma otro camino. Como dando la razón a quienes lo ven como el ariete del New World Order o del Reseteo Universal, (socialismo de facto vía pandemia agravada por el miedo y el cierre) sube para todas las empresas los impuestos que había bajado Trump, que podrían haberse perfeccionado. Sólo porque necesita esos supuestos fondos para su plan rooseveltiano de Infraestructura.  Como eso aumenta el incentivo para la elusión vía radicación en terceros países, 

y en el mejor estilo de Roosevelt, (Teddy ahora, no Franklin) quiere imponerle al resto del mundo una tasa de impuesto que le convenga a su proyecto. Nadie puede cobrar menos que el 21%, porque sí. 

 

No importa para el líder americano el efecto que eso ocasione en cada país, ni su estructura impositiva, ni su política fiscal. Ni le importan la soberanía o la democracia de las naciones. Le importa sólo lo que a él le conviene o le parece. Se asemeja, por casualidad o afinidad ideológica o por simple uso de poder, a los entes u organismos burocráticos supranacionales, que han ido borrando - e intentan que sea para siempre – el derecho y la potestad de los ciudadanos de cada estado a darse sus propias leyes y a modelar su propia sociedad. Más claramente, intentan anular las democracias locales. 

 

Y en ese esfuerzo, desprecian la eficiencia de los gobiernos, fomentan el estatismo descaradamente, cancelan el mérito y el esfuerzo de las comunidades, igualan a nivel del subsuelo. Cualquier nación ya no puede cobrar impuestos bajos, o menores a los de Estados Unidos, o a lo que la OCDE determine, o ser tan exitosa que simplemente no cobre impuestos. Faltaría que ahora forzaran a todo el mundo a tener un DMO, un déficit mínimo obligatorio. 

 

Al mismo tiempo, dentro del galimatías de sus cambiantes recetas, el Fondo Monetario Internacional, que como se sabe tiene dos funciones, la de prestamista de última instancia y la de rector moral de la humanidad según las tendencias de esta semana, recomendó a sus miembros gravar a sus ricos, y explicó sus bases empíricas y técnicas para semejante idea: “para dar una muestra de solidaridad a los afectados por la pandemia”. Es bueno que los burócratas expatriados con altísimos sueldos, que suponen ser expertos en economía, se hayan reconvertido en profetas del solidarismo mundial. Total, sobra plata, como todos los lectores de esta columna saben y experimentan.

 

Los efectos de tal muestra de afecto y sensibilidad no fueron incorporados a la ecuación económica, ni se estudiaron los resultados de experiencias similares en el pasado, ni el Fondo las prevé. Simplemente se limita a predicar la caridad con el ahorro ajeno. Estos comunicados del Fondo bien podrían denominarse Encíclicas Monetarias Modernas y ser respaldadas por un paquete de ecuaciones de premios Nobel, para que parezcan técnicas. Y las debería imponer Biden. 

 

¿Cuánto falta para el burocrático impuesto universal a empresas y personas con el que soñaba Keynes? 

 

Publicada en El Observador 08/04/2021

Renta universal: el fin del trabajo

 

La idea obstinada de que el estado reparta un salario mínimo a la sociedad pulverizará el empleo, el bienestar y el crecimiento

 

Muchos antes que la pandemia, o que la lucha contra ella, una extraña comparsa de billonarios y teóricos contratados proponía paliar el desempleo que generarían la robótica, la IA y la tecnología en los próximos años, con una renta universal que el estado pagaría a toda la sociedad, financiada con un impuesto a los seudoricos, (que no tuviesen la estructura elusiva de los que propugnaban la idea) preferentemente global. (Y administrado por una burocracia con sede en el infinito, la pesadilla de Hayek)

 

A esa idea se sumó (o la inventó) el social-comunismo globalista, porque se parecía a su prédica de hoy, aunque chocara con las teorías sobre el trabajo del mismísimo Karl Marx, si se analiza. Aclárese que no es ese el pensamiento de China, que paradojalmente no alberga semejante criterio. Habría entonces que sostener que se trata de una propuesta del social-comunismo-occidental, si se permite tal oxímoron.

 

Las cuarentenas y cierres consolidaron el desempleo que venía agravándose en los 5 años previos y con ello golpearon el consumo, con lo que ahora los abogados de la repartija encuentran una nueva excusa para volver sobre la idea reforzada de subsidiar con un salario universal a media sociedad -ya no a toda - suponiendo que así se reactivará la economía. Dado los límites odiosos que impone la realidad, ese emolumento surgiría de la emisión, el endeudamiento o más impuestos, en definitiva, la misma cosa, un gravamen que, inexorablemente terminará aplicándose sobre la riqueza percibida, hasta que se acabe. 

 

El sindicalismo oriental, empezando por el Pit-Cnt y su controlado, el Frente Amplio, se apresuran a reclamar tal auxilio directo y simplista: si el problema es que la población no tiene ingresos, la solución evidente es ponerle de inmediato plata en el bolsillo, por un tiempito, que tenderá a ser eterno. - Después se arreglará – dicen. La lógica parece irrefutable. Hasta que se comienza a pensar. Ahí se ve que no hay después.

 

Mientras el sindicalismo bregue hasta el empecinamiento por mantener las rigideces laborales y aún el nivel salarial actual, derecho que en muchos puntos tiene pero que puede ser suicida reclamar, es imposible aumentar el empleo privado, único empleo auténtico sostenible. Ni Uruguay vende nada adicional a su producción pastoril ni podrá hacerlo con el actual nivel de costos, dentro de los que se incluye el salario y los impuestos, que justamente con este tipo de ideas sensibles y utópicas se tornan insostenibles. 

 

Insistiendo. A estos niveles de costos salariales y laborales e impositivos, la economía oriental se empantanará. Si se intenta cubrir las diferencias con impuestos de cualquier tipo, el pantano se transformará en desierto. 

 

Ante esta simple descripción del funcionamiento de la realidad, no ya de la economía, cuanto más se subsidie el desempleo menos incentivo habrá para flexibilizar pretensiones y conseguir trabajo. Con lo que la espiral de desempleo será fatal, y crecerá hasta que el único pagador de sueldos sea el estado, o sea usted, lectora. 

 

Antes de que surjan los ayes lastimeros de los enamorados de acusar de insensibles a los que no quieren que les arrebaten su dinero para ayudar a los sufrientes, corresponden dos aclaraciones: no tiene sentido defender un remedio que le alivia el dolor al paciente una semana, pero lo mata en 6 meses. Y tampoco se trata de abandonar a su suerte a los que han perdido su trabajo como consecuencia de la catástrofe mundial. 

 

Por eso es mejor apuntar a una ayuda temporaria, medida y posible a quienes sufren el desempleo, y dedicar la mayoría de los recursos a fomentar y apoyar a las empresas y emprendedores privados que creen empleo. Lo que implica un esfuerzo político e intelectual muy importante, porque se trata de rediseñar o reinventar el crecimiento en un entorno global que será mezquino, proteccionista y ultracompetidor, aunque no ultracompetitivo. 

 

Si adicionalmente se subsidia más o menos permanentemente el desempleo, se elimina todo incentivo a rebajar pretensiones y aún a trabajar, con lo que el desempleo no tendrá límite, y el estado será el único patrón, con las consecuencias previsibles. De ahí no se vuelve. 

 

Hay un criterio laboral oriental por el que el empleador y en especial el inversor es una especie de turista al que hay que extraerle todo el provecho posible. No es intención de esta columna modificar ese temperamento sagrado y simbólico. Simplemente se trata de comprender como funciona la generación de empleo y aún de riqueza en todo el planeta. Cuando se habla de venderle al mundo, todos los factores deben competir, inclusive el estado y el trabajo. 

 

Claro que no ayuda el ejemplo de algunas expotencias en ciernes, como EEUU o la UE, cada vez más en manos de burócratas y parlanchines, que, como los antiguos reyes al borde de la guillotina, se apresuran a compartir y repartir a raudales el botín del gasto público para conseguir votos, tolerancia, indulgencia, perduración o privilegios. Con menos inmediatez, sufrirán el efecto de semejantes políticas. Después, claro. En cambio, los países pequeños sufrirán instantáneamente el efecto de imitarlos. 

 

Por supuesto que para el social-comunismo tal extremo también es deseable, ya que convierte a la sociedad en una masa mendicante y al estado en un feudal protector que provee sustento, seguridad y protección aparente, que es su objetivo desde Lenin. Por eso propone más cierre. Pero ese disputable logro debería surgir de una decisión consciente de la sociedad, no de un engaño ideológico que le hace creer que se puede reemplazar el fruto del esfuerzo del trabajo con una dádiva del estado.

 

Que Yellen defienda este festival estatista mundial, como hizo ayer, simplemente es una confirmación. 

 

 

 

 

Publicado en El Observador  30/03/2021

El impuestazo argentino 

de Astori

 

La inoportuna idea de proponer un impuesto a la riqueza en momentos donde lo que se necesita es que vengan los llamados ricos a radicarse

 

La pandemia ha hecho que el socialismo mundial en todos sus ropajes y sus apodos acelerara con todo oportunismo su campaña del sueño de la renta universal por gracia estatal y saliera a proponer simultáneamente subsidios “al bolsillo” costeados con aumento de impuestos, porque sabe que es una buena manera de eternizar su pulsión marxista, sin importarle si tal concepto se torna un problema insoluble, ni la suerte de las sociedades que lo apliquen.  Como es la única herramienta que conoce procede como el proverbial operario que sólo tiene un martillo y todo quiere arreglarlo a martillazos. 

 

La columna se ocupará del empleo uruguayo en breve. Pero ahora interesa analizar la propuesta de un nuevo impuesto, ilusoriamente por única vez, que está presentando al Frente Amplio el senador Danilo Astori. Se trata de un ansiado impuesto sobre los depósitos de residentes uruguayos en el exterior, cuya letra es casi copia fiel del escandaloso gravamen recientemente aplicado en Argentina. Y su tasa es de 1.6%, confiscatoria en un panorama de renta cero por años.

 

El senador Astori es un político de experiencia, que además domina la economía y conoce de sobra la acción humana que la mueve y los efectos de los actos del gobierno sobre las expectativas y las decisiones de la sociedad. Justamente esta columna lo ha elogiado en varias oportunidades por su sensatez en esa tarea cuando le tocó ejercer la función de gobierno en lugares prominentes. 

 

No puede ignorar que su proyecto no tiene demasiadas chances de transformarse en ley, como no puede ignorar que el solo enunciado de semejante ataque confiscatorio tendrá el efecto de un torpedo bajo la línea de flotación de uno de los pilares del plan de recuperación de la economía oriental del actual gobierno, que es la radicación de personas, empresas y emprendedores de la región, que fue un fuerte componente del crecimiento durante los 10 primeros años de gobierno del Frente, la que además, bajo su acertada influencia, se cuidó de no ahuyentar y hasta de proteger. 

 

Si bien el proyecto es un recurso de política interna y opositora que puede ser justificado por quienes tienen la vocación y la obligación de comprender el accionar de los partidos, es también un acto de sabotaje a la política del gobierno, una de las pocas que puede adoptar la Coalición o cualquier otra tendencia gobernante que intente mejorar el rumbo oriental. 

 

Cuando en Uruguay se analiza el desastre argentino, es común echarle la culpa al peronismo y a su caricatura exagerada que es el kirchnerismo, representada por la figura maléfica de Cristina Kirchner. Pero ¿de qué huyeron los empresarios, los innovadores, los inversores, los creadores, los productores, los privados? No huyeron ni huyen por razones ideológicas, ni siquiátricas, ni discursivas, ni por actitudes destempladas, delirantes o histriónicas de la viceprimera dama y su corte. Huyen de la desaforada vocación de gasto estatal y de confiscación impositiva del peronismo, y de quienes quieren derrotarlo con los mismos principios. Entonces, si se copian los procedimientos y leyes peronistas, se van a obtener los resultados peronistas. 

 

Lo que logrará el senador con este proyecto es no sólo crear dudas en las futuras radicaciones de capitales e individuos, sino que cualquier decisión en tal sentido se torne oportunista, circunstancial y transitoria, ya que queda evidenciado claramente el ataque sobre los patrimonios y la empresa y el empleo privados que sobrevendrá si el Frente Amplio tuviera un resultado favorable en 2024. Lo que automáticamente generaría la estampida de desconfianza que generó la vuelta del kirchnerismo a Argentina. ¿Quién se radicará en Uruguay o en cualquier otra parte si en cuánto lo haga será obligado a perder parte de su patrimonio en solidaridad retroactiva para subsidiar un desempleo eterno, o si se quiere poner en términos técnicos, estructural? ¿Quién pagará semejante peaje cuando tantos países están buscando justamente ofrecer lo opuesto? El argumento de que “como está fuera del país el impuesto es un buen mecanismo para obligar a invertirlo localmente”, o que no tendrá consecuencias económicas, no difiere de la actitud de ama de casa resentida de la mandamás argentina. ¿En serio se puede pensar que alguien se radicará en Uruguay para empezar a pagar al día siguiente un impuesto sobre su patrimonio total obtenido previamente, que no fue generado localmente, en nombre de una supuesta solidaridad que se le endilga y que tampoco hay derecho a exigir de ningún ciudadano que ya ha pagado todos sus impuestos?   

 

Por supuesto que si además el socialismo frenteamplista sigue sosteniendo su idea basada en el concepto de la renta universal que propugna la izquierda internacional cuyo germen está sembrando, el país está condenado al mismo destino argentino, con el estado como único proveedor de empleo, prolegómeno del totalitarismo, además. Y de la pobreza, como también ocurre en Argentina. Y también está condenado a que se agoten los patrimonios antes de que se agoten las necesidades, algo peor aún. 

 

Contrariamente a lo que ensoñadoramente sostiene el pensamiento estatista redistribucionista universal, los países pequeños necesitarán más que nunca del capital, de los emprendedores y de la creación de confianza y seguridad para salir a flote. Atacarlos siempre ha dado malos resultados. Esta vez no será distinto, más bien será fatal. 

 

De modo que, en homenaje a la cordura y seriedad evidenciada en sus gestiones, el senador Astori debería retirar ese proyecto y no intentar presentarlo, por lo menos hasta que su fuerza política vuelva a ser gobierno. Y en ese momento, tampoco presentarlo. 

 

Publicado en El Observador 23/03/2021

Bailando por un Puerto

 

El negocio y la actividad portuaria se llenarán de luces, pero no serán fuegos de artificio, sino estallidos de conflictos postergados y negados

 

El tema portuario estallará en el Mercosur, en la región y en Uruguay, y en varios focos. Lo que era una discusión sorda y latente, primero por la pobre actividad del comercio regional e internacional y luego por la pandemia, cobrará vigencia por decisiones políticas y el empecinamiento gremial en querer conservar condiciones laborales que, más allá de los merecimientos y conquistas sociales, son insostenibles en el mundo real. 

 

La extensión de la concesión a la terminal TCP nubla el hecho de que la operación en esa área languidecía entre la intrascendencia y los pobres resultados, esencialmente provocados por la falta de competitividad ante otros jugadores, y por el también lánguido modelo impo-exportador de la región y especialmente propios. 

 

El formato de la extraña y luenga renovación es per se discutible en varios frentes, y seguramente seguirá siéndolo, como se anticipó en la nota del martes pasado. El nuevo agregado argumental de que una de las razones para proceder como se procedió es el conflicto con Argentina no sólo será refutado, sino que echará biocombustible al fuego. El cambio de funcionarios del país vecino y su nuevo embate kirchnerista, fue posterior a la negociación con Katoen Natie, si bien hace años que está latente el conflicto por la profundidad de dragado, las normas y los subsidios, donde Uruguay y Argentina se espetan mutuos incumplimientos y abusos. 

 

Como del otro lado está Cristina Kirchner, enemiga oriental por vocación y por genes peronistas, no es difícil prever que en vez de renegociar los tratados y acordar un mecanismo común, se terminará en un caos litigioso donde la razón y el derecho no jugarán papel alguno. Lo último que se necesita en la futura etapa donde el comercio será la única oportunidad. 

 

Todo indica que ese conflicto pondrá presión y puede llegar a arrasar con los acuerdos y concesiones locales, incluida la reciente y discutida prórroga. Y más porque una atadura por 50 años en una actividad volátil e impredecible es un riesgo adicional y una disputa permanente en potencia.    No se debe omitir que la actividad portuaria oriental viene perdiendo peligrosamente terreno en el comercio regional, aún frente a Argentina, con la que rivaliza en altos costos operativos para ver quién es peor. 

 

A esto hay que sumar un componente explosivo. La concesión de la Hidrovía, que Argentina hace rato viene pateando para adelante con improvisaciones y parches, que no tiene ninguna chance de tener un final feliz, salvo otra negociación rarísima como las que se acostumbran en la región, que no garantizará ninguna solución duradera ni seria. Sólo que semejante obstáculo venidero e inevitable es un seguro de caos, que repercutirá política y económicamente en las relaciones bilaterales, del peor modo. 

 

Un gobierno nacional que intenta ser racional en el gasto y los subsidios es para los proteccionistas otro problema, ya que no será fácil recurrir a la benevolencia del estado para compensar los costos excesivos. O al menos eso es lo esperable. La fuerte presión de los sindicatos que han decidido que tienen derecho a conservar sus condiciones de contratación y de trabajo más allá de lo que ocurra en el resto del mundo, es muy fácil de complacer cuando el estado, la sociedad, los impuestos o las confiscaciones se hacen cargo de la diferencia, pero mucho más complicado de lograr cuando esa opción no está disponible -felizmente, agréguese. Por otra parte, la disputa contra cualquier subsidio será terrible entre los países involucrados. 

 

Para resumirlo, el sistema portuario uruguayo no tendrá más remedio que competir con la región, suponiendo que se pueda pasar el obstáculo del enemigo kirchnerista, que casualmente comparte su primera letra con el concepto del kamikaze. Y aquí se plantea una falsa dualidad. Las empresas privadas, si quieren sobrevivir, deberán bajar sus costos y aumentar su volumen, casi una sinonimia. Y Uruguay deberá hacer lo mismo tanto si quiere tener costos competitivos para su comercio internacional como si quiere explotar su condición geográfica privilegiada como simple negocio logístico. 

 

Para la empresa privada, el camino es sólo uno. Reemplazar al extremo la mano de obra con tecnología y equipamiento, hasta encontrar un volumen operativo que le permita subsistir. Y el país no tiene una opción muy distinta, salvo la de bajar impuestos que alguien tendrá que pagar, con toda injusticia. Por eso los gremios ya han anticipado su lucha frontal contra el acuerdo con la empresa belga, porque más allá de todas las críticas a la negociación contractual, los amenaza con perder puestos de trabajo al mejorar en los papeles la tecnificación. La relación costo laboral vs. empleo es inexorable. Por eso los gremios necesitan al estado para que se haga cargo de la diferencia y la oculte en la maraña de gastos que paga la sociedad y así pase desapercibido el daño que se ocasiona a todos: “empleo estatal”.

 

Es otro foco conflictivo que inexorablemente estallará y que complica notablemente el vital comercio exterior. Un análisis postergado, un ocultar la cabeza en un agujero que campea sobre la economía oriental desde hace dos décadas al menos. El alto costo laboral y las rigideces contractuales conspiran contra el volumen. O sea, contra la exportación y el crecimiento. Las conquistas sociales se negocian y defienden después de eso, no antes. Eso es más notorio en el caso de los puertos. Por eso pocas actividades laborales son más libres que las portuarias, al menos en el mundo del progreso y el bienestar. 

 

Se gesta una tormenta perfecta. Buen momento para templar convicciones y calibrar el rumbo. No por remanido es menos cierto que quien no sabe adónde va, nunca encuentra buen puerto.