Publicado en El Observador, 14/12/2021

La inflación global, el reseteo hacia la pobreza igualadora

 

El método de redistribuir la riqueza por medio de la pérdida del valor de la moneda es un fracaso y una mentira 

 

“I appointed him, he disappointed me” – El intraducible juego de palabras conque George Bush padre culpara a Alan Greenspan, entonces presidente de la Reserva Federal, de su fracaso electoral para reelegirse, es un compendio del conocimiento económico de miles de años, y hace sentido recordar la frase en momentos en que nuevamente los curanderos internacionales desempolvan sus soluciones mágicas que fracasaron siempre. 

 

Al comienzo de la década del 90, todavía regía, al menos en los países centrales, el criterio de la imprescindible independencia de los Bancos Centrales - condición irrenunciable luego de la salida de EEUU en 1973 de los acuerdos de Breton Woods - para evitar que el Ejecutivo de cualquier país imprimiera dinero alegremente y destruyera el valor interno y externo de su moneda en aras de un bienestar precario electoral. Esto era coherente con el conocimiento teórico y con la evidencia empírica de varios siglos, muy en especial de los últimos 100 años, donde los indicadores permitían un mejor análisis del resultado de las medidas económicas. 

 

En la mitad de la primera presidencia de Bush padre, la inflación comenzó a elevarse a niveles peligrosos. La FED de Greenspan no vaciló y elevó las tasas de interés para detener los efectos de la emisión de dinero previa. Como se sabe, o se sabía, toda inflación se combate con una recesión. Después habrá que ver si esa recesión recae con más fuerza sobre el sector público o privado, según hasta dónde decida el estado meter la mano en la realidad. Tomada en su nacimiento, la suba de tasas es un modo rápido de transformar gasto y consumo en ahorro y entonces frenar el calentamiento económico y domar la inflación. 

 

Eso fue lo que ocurrió, poco antes del final de la presidencia de Bush padre, la inflación cedía y la economía se estaba recuperando de la recesión inducida. No lo suficiente para que llegase a ser advertida por el público, lo que le costó la reelección a Bush, pero inició una era de estabilidad que fue la base de la gran presidencia de Bill Clinton, en la que el boom económico “amenazó” con eliminar la deuda externa americana, algo que preocupó al propio Greenspan: “no sabemos cómo controlar la tasa si no tenemos deuda”. Y eso explicó la tremenda frase del presidente derrotado. La decisión de Greenspan, que tanto lo había molestado, significó, en el mediano plazo, un gran progreso para la sociedad norteamericana y hasta mundial. De eso se trataba la independencia del Banco Central, en este caso la FED. 

 

Está claro que esa independencia de los bancos centrales no existe más. El propio Greenspan, tal vez disciplinado por la acusación de Bush padre, ayudó 8 años después al hijo, George W. Bush, a fomentar la burbuja de la exuberancia irracional, (como la definió el propio gurú de las finanzas estadounidenses) que estalló varias veces y seguirá estallando hasta la destrucción total. En su larga e indigerible biografía, Greenspan explica sin explicar, con vergüenza y en un solo párrafo balbuceante, la razón por la que no subió las tasas frente a semejante barbaridad)

 

Dando un salto hasta el presente, el presidente Trump bajó las tasas drásticamente sin razón económica alguna, en procura de tres objetivos: fomentar la demanda interna, bajar el costo de financiamiento del estado y aliviar el peso de la deuda de las empresas y los particulares. De paso, abogó por un dólar “más barato”, otro gesto de voluntarismo también condenado por la ortodoxia, con razón. Fue seguido en esa línea por la UE y el desesperado Japón, por supuesto que por decisión de sus gobiernos, no de sus Bancos Centrales, ahora meros burócratas dependientes. 

 

La tasa cero en EEUU no fue ni es consecuencia de una decisión de ningún mercado, sino fruto de una arbitraria disposición del Ejecutivo, antes y peor ahora, con el gobierno amazónico de Biden. Además de ser aberrante y contraria a todos los principios del capitalismo y la inversión que siempre proviene del ahorro. En el camino quedan varios salvamentos de Bancos y empresas fallidas, que pagó el público estadounidense y mundial, sin CEO’s merecidamente presos. 

 

La baja inflación impide esconder las ineficiencias y los gastos del estado en sus mil maneras y disfraces, y como tal es un testigo de todas las ineficiencias, al igual que el tipo de cambio definido por el mercado. Molestos testigos. 

 

Todos estos conceptos no han sido jamás refutados seriamente, ni estaban en duda, salvo por algunos propulsores de la Moderna teoría monetaria, una suerte de keynesianismo renovado sin demasiada seriedad ni en sus planteos ni en las ecuaciones en que se basaron. 

 

El cierre mundial decretado manu militari (sic) por el miedo a un virus, hizo que instituciones que parecían grandes centros del pensamiento económico recto abrazaran ese keynesianismo. Al grito de “no es momento para preocuparse por el déficit o la emisión”, se anularon de un plumazo las reglas indisputables hasta ese momento. La FED, el FMI, el BCU, y cuanta otra sigla burocrática existiese, se unieron en esa prédica, por supuesto que sin ningún fundamento técnico y meramente pateando para adelante sus efectos. Faltó que esos entes dijeran “en el largo plazo todos estaremos muertos” para que la resurrección de Keynes fuera casi religiosa, dogmática. 

 

El parate mundial, con efectos en la cadena de suministros que un principiante conoce, se agravó por el deliberado intento saboteador y soberbio de querer evitar el cambio climático, lo que, aun suponiendo un atributo del ser humano, se agravó por intentar hacerlo casi de golpe, ante la urgencia del alarido thurnbergiano, simplista e irracional.

 

De ahí a la inflación global hay un paso. Y se dio, empezando por EEUU. A las ya insostenibles declaraciones prepandemia del Departamento del Tesoro y de la FED sobre las bondades de tener una sana inflación y hasta de pautarla – insensatez sostenida antes miles de veces – se unen los efectos de inundar el mercado de subsidios, una forma todavía peor que la renta universal, y consecuentemente de desaforada emisión. Que además aumenta los salarios por encima de toda lógica y viabilidad al competir contra subsidios por no trabajar. 

 

La FED sostuvo al comienzo, grosera y ofensivamente, que la inflación era temporaria. No se trata sólo de un deliberado mal pronóstico. Este 7 y 8% conque finalizará 2021 es un impuesto sobre los ahorros y los patrimonios de todos, que no se revertirá. Porque por ninguna razón se permitirá la deflación, una forma de kryptonita para los mercados de deuda de los grandes fondos. Y sigue. Ahora Paul Krugman, premio Nobel de economía en 2008 y autor de un inmortal Peddling Prosperity que como otros académicos ha olvidado convenientemente, dice que la inflación es buena porque les saca plata a los acreedores y baja el peso de su deuda a los deudores, un argumento digno de viejas tías, suponiendo que no hubieran leído nada de economía. Krugman también ha decidido profundizar en el voluntarismo como teoría central económica. Otro Piketty.

 

El mercado, una mezcla de intereses de todo género donde convergen todos los perfiles y donde algunas voluntades tienen más peso que otras, optan por el momento por la política de “no hagan olas”, y convalidan por ahora estas decisiones que terminan mal, siempre.  Si se observan las tasas implícitas las conclusiones son alarmantes, mientras los grandes fondos y especuladores apuestan para salvarse o para demorar la exhibición de sus pérdidas. Nadie puede predecir el futuro. Pero el camino parece prefijado para empujar a una destrucción de valor muy importante, empezando por la moneda. Eso se llama pobreza. Coeficiente Gini tendiendo a cero, de la peor manera. Igualando hacia abajo. 

 

Lo que lleva a preguntarse cuál es el camino para las economías pequeñas o altamente dependientes. Fácil: no copiar a los gigantes. Aunque como en el caso oriental el sistema de indexación inflacionaria legal-fáctica no augura un buen final, la lucha contra la inflación debe seguir siendo prioritaria. Al menos si se intenta aumentar el bienestar general promedio. Porque como en toda inflación, los que menos tienen sufrirán más. Aunque Krugman crea que eso no ocurre. Probablemente las primeras tres semanas. 

 

Publicado en El Observador 07/12/2021

El extraño caso de Ms. Georgieva y Ms. Gopinath

 

El FMI y su remake de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la clásica novela de Stevenson

 

En su nota del domingo Ricardo Peirano cuestiona con una cierta ironía la doble personalidad del Fondo Monetario, que mientras por un lado alienta a las grandes potencias a olvidar los principios que la entidad ha defendido -e impuesto- durante su trayectoria, por el otro continúa aplicando su cartabón inexorable a las economías pequeñas y predicando ajustes presupuestarios y políticas antiinflacionarias a países como Uruguay, tal vez una de las pocas naciones que ha conservado la cordura económica durante el reinado del terror pandémico. 

La acertada observación permite algunas elaboraciones sobre la función del organismo en cuestión y su participación en las medidas para compensar el cierre mundial conque se pretendió combatir el avance del SRAS-CoV-2, sus mutaciones y demás deudos. 

 

Desde el momento de su fundación en 1945-46, el Fondo fue una entidad burocrática, concebida por mentes dirigistas de amplio espectro como un prestamista de última instancia, un banco fondeado por todas las naciones para equilibrar los flujos de capitales de los países, un modo de evitar -supuestamente- las odiosas diferencias que habían contribuido a las dos tremendas guerras mundiales. Esa función se profundizó como auxiliadora y salvadora luego de la claudicación estadounidense de los años 70, que decidió incumplir su compromiso mundial de mantener el dólar atado al respaldo oro, lo que dejó al mundo sin ancla cambiaria, imprescindible para los sistemas neokeynesianos que aún hoy imperan.

 

Por eso su carta fundacional y sus estatutos prevén que su misión es ayudar con préstamos con bajas tasas a los países que sufren desequilibrios temporarios en sus flujos hasta que la devaluación de sus monedas los ponga de nuevo en el camino de la competitividad. Mecanismo que, curiosamente, es fulminado en todos los tratados de no-libre comercio que firman hoy EEUU y UE. Otro contrasentido. En esa tarea, el FMI se comporta como cualquier banco: analiza el proyecto de cada país y decide si tiene sentido prestarle, prorrogarle los plazos o darle crédito, según la calidad de sus presupuestos y sus planes. La diferencia es que se trata de un banco con capital aportado por todas las naciones y en proporciones diferentes. Eso hace que sus decisiones financieras tengan dos caras: la que representa el análisis técnico de los economistas y la de la política internacional, ya que los grandes aportantes tienen más peso en las decisiones. Es sabido que cuando un país necesita recurrir al Fondo inicia una recorrida política buscando apoyo, accionar que es mayor cuanto menor es la viabilidad económica de los planes que se proponen. 

 

De ahí que el organismo tiene dos caras. La técnica, representada por economistas ortodoxos, profesionales y con expectativas similares de seriedad sobre cualquier presupuesto o proyecto: baja inflación, gastos que no paralicen la economía, seguridad jurídica, equilibrio fiscal, impuestos que no ahuyenten la inversión ni la confianza. Y la política, que responde, como toda política, a otros conceptos, a otras pautas, otros códigos y otros intereses. Kristalina Georgieva, como antes Cristine Lagarde, simbolizan esa rama política, o sea, son parte de la raza de políticos que pueden dirigir el FMI, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la OMC, la OMS o cualquier otra organización que los contratase. 

 

Esa dicotomía no es nueva, aunque ahora es más evidente. El ente solía resolver la disyuntiva haciendo declaraciones formales que satisfacían a sus aportantes, para luego proceder en los casos puntuales con la ortodoxia habitual. (Es conocido que cuando un país dice que no piensa recibir órdenes del Fondo lo que quiere decir es que seguirá con su cómodo voluntarismo, su irresponsabilidad y su dispendio) También debe considerarse que las grandes potencias no suelen recurrir al Fondo, con lo que éste no necesita expedirse sobre las incoherencias de los lineamientos y decisiones económicas o financieras de sus grandes benefactores. Por eso se limitaba a recordar los principios inmutables de la economía, aunque EEUU o Europa y sus bancos centrales la FED y el BCE agitasen raras teorías, como la de la inflación generadora de empleos, la Teoría Monetaria Moderna, la lucha contra la deflación, el endeudamiento impagable, las autocompras de acciones de las empresas, la exuberancia irracional fomentada. El FMI permaneció en silencio ante todo eso. Tampoco era su papel ni su misión ser el auditor económico del sistema mundial, con lo que su posición era cómoda, o hipócrita.

 

El aislamiento pandémico, junto al miedo absolutamente fomentado, sirvió para cancelar todos los argumentos en favor de la seriedad fiscal y económica, y para abrir la canilla de la emisión irresponsable sin límites y sin culpa ni necesidad de explicación. Los gobiernos occidentales salieron a promover el festival de emisión y déficit bajo el lema: “no es momento para preocuparse por el déficit o la inflación”. O sea, lo que muchos sectores norteamericanos y mundiales venían proponiendo de una u otra manera, con o sin fundamentos matemáticos, fórmulas o teorías nunca probadas. El FMI, o mejor su conducción política, no vaciló en repetir exactamente esos mismos argumentos, en especial su conducción, finalmente la nueva clase política moderna y verticalizada. 

 

Esa conducción no comprendió (ni le importó) que estaba yendo en contra no sólo del pensamiento económico clásico irrefutable, de la evidencia empírica, de la matemática y de la opinión de sus propios sectores técnicos. Mucho peor: pocas veces un organismo de cualquier naturaleza se ha apartado tanto de sus estatutos, de su carta fundacional, de su mission y su vision, en términos ingleses. 

 

Los efectos de este supuesto cambio de paradigma, o del pánico inducido, se empezaron a notar rápidamente, como bien sabe el señor Biden, que comenzó a instruir a su subordinado independiente Powell para que la FED empiece a retroceder en su insensatez ante los negativos efectos electorales de la inflación deliberadamente producida, una demostración por la evidencia empírica casi instantánea en la denominada mayor potencia del mundo de los efectos de una decisión económica que empecinadamente siguió la línea precaria y populista del sociomarxismo (Y de las empresas endeudadas)

 

La reciente designación como número dos de la india Gita Gopinath, que fuera su economista en jefe, puede significar una rectificación de rumbo del FMI, una vuelta a los principios, una pérdida de influencia de los políticos de la Nueva Clase, una demora en el Nuevo Orden Mundial o del reseteo hacia la pobreza universal. Europa, que dice que vuelve a cerrarse por el virus, disimula de ese modo su suicidio con otro voluntarismo, el de sabotear su producción de energía. En cambio, el Banco de Inglaterra sostiene que ninguno de los efectos de la pandemia se puede paliar en serio con mayor emisión o mayor déficit, con lo que anticipa el fin de la tasa cero, otro mesianismo que el Fondo convalidó con su silencio.

 

Habrá que confiar en que el ascenso de Gita marque el fin de la influencia nefasta de Kristalina, cuestionada hoy por otras decisiones en otro ente, donde también suponía salvar al mundo. Aunque el final de la novela de Stevenson lleva implícita una ominosa profecía.

 

 

Publicado en El Observador  30/11/2021

El Uruguay Arena

 

La discusión sobre el coliseo alzado por Antel Construcciones expone todos los males del estatismo y la fatal arrogancia burocrática

 

Habrá que empezar por explicar el título: en rigor el circo de espectáculos debería llamarse Uruguay Arena, ya que fue pagado con los recursos del estado oriental, o sea por la sociedad, de modo directo o indirecto y sin opción.

 

Para enfocar integralmente el punto no se debe caer en la trampa dialéctica de los defensores de la obra, o más bien defensores del proceso decisorio y de los excesos de costos, que acusan a los críticos, auditores y denunciantes de atacar al concepto mismo de las empresas del estado, como si es concepto fuese sagrado, perfecto, indiscutible y dogmático. Al contrario: no estaría nada mal revisar y hasta atacar ese invento. No existe tal cosa como una empresa del estado. Empresa implica una inversión y un riesgo. El estado no invierte, simplemente se apodera de los ahorros y recursos privados y los usa, arrogándose la capacidad técnica para operar cualquier cosa con prescindencia total del conocimiento en la materia de sus burócratas designados. Tampoco toma riesgos. Porque el riesgo también será asumido (y sin consulta previa) por el contribuyente y la sociedad toda, como se ha visto varias veces en la historia reciente, en montos y modos suficientemente escandalosos como para haber meritado la intervención de la justicia en serio, si eso no fuera considerado opcional. Sería mucho más preciso llamarlas monopolios del estado. O de la burocracia. (Habría que dedicar otra nota para explicar por qué Antel también es monopólico, aunque ciertos tramos o etapas de su actividad tengan coparticipantes discapacitados. Suponiendo que nadie se haya dado cuenta.)

 

El concepto de empresa estatal es, en todo lugar, un engendro, un invento, una construcción falaz y no sólo en la definición, como explica el párrafo previo. El ente, en cualquiera de las tres acepciones de la RAE, está concebido para eludir todas las reglas que rigen una sociedad comercial privada, inclusive las dos auditorías obligatorias, la justicia en caso de fraude, la sanción profesional en caso de mala praxis o simplemente el fracaso comercial o de gestión, la supervisión de los dueños, accionistas o acreedores financieros,  la necesidad de conseguir inversores voluntarios, la obligatoriedad de eficiencia y transparencia, la necesidad de apegarse a sus fines. Cuando le conviene, funciona con el anonimato del directorio (costoso y político) de una cooperativa vecinal, o exhibe su condición de empresa para eludir los controles de la administración, o alega su condición de estatal cuando se le exige lo mismo que a una empresa privada. No debería hacer falta que a una telefónica decida meterse a constructora para estar en contra de ese engendro de impunidad, secreto y silencio, que tiende a creerse por encima de la voluntad del votante y de la propia Constitución. 

 

Para citar un caso, la figura casi infantil por la cual un directorio nombrado por el estado escamotea y oculta por 10 años el proceso decisorio sobre un tema, como ocurre en esta instancia, no guarda para nada semejanza con los procedimientos de una empresa privada ni con la transparencia a que obliga el estado, ni resistiría un segundo la investigación de un pasante del sistema de justicia, suponiendo que en el país se decidiese aplicarla a la política y los jerarcas, o a los superjerarcas de las seudoempresas del estado. Algo más grave cuando se contrata con un grupo de negocios internacional privado, como lo prueba la triste experiencia local. 

 

Otro ejemplo de la impunidad de ese tipo de ente estatal lo presenta la respuesta insostenible de que la construcción de un coliseo está dentro de las funciones de Antel, algo que es casi ofensivo para la inteligencia ciudadana. Así lo entendió en su momento el Tribunal de Cuentas de la República, en un dictamen no menor, que fue rebatido infantilmente con una supuesta opinión del respetado Instituto de Derecho Constitucional, que no resultó tal, sino una expresión personal de uno de sus miembros, y que, de todos modos, aún cuando hubiera sido institucional no tendría más valor que el de una opinión calificada, no el de un fallo vinculante. De paso, no parecen olvidables los efectos y consecuencias que se sufrieron cada vez que estos monopolios estatales decidieron emprender actividades dudosas según sus estatutos. 

 

Tampoco puede considerarse un tema político ni de cuerda del directorio, por unánime que fuesen sus decisiones, el haber aprobado un presupuesto que luego se triplicó sin demasiadas consideraciones ni explicaciones, ni los pasos administrativos necesarios para justificar y aprobar el sobregasto, lo que alguna responsabilidad conlleva, tanto políticas, como institucionales y eventualmente penales, en el supuesto de que se pretendiese cumplir las elementales normas republicanas que regulan a los estados modernos. Semejante procedimiento en una empresa privada implicaría graves sanciones de todo tipo. Aquí el ente usa el paraguas del estado y su privilegio paulino de eludir todo tipo de cumplimientos de las normas constitucionales, estatutarias, de contralor interno, de control del estado, de ceder a la acción de la justicia y de transparentar su gestión ante la opinión pública. Nada se dice de la comparación de costos entre este showcentery otros similares construidos por el mismo grupo de negocios Arena en otros países, pero con intereses privados supervisando los costos y con otras razones para participar de su edificación.  

 

Tratando de defender (dialécticamente, por supuesto) este accionar que no es exclusivo ni innovador en las cuasiempresas del estado, hay quienes equiparan el interés político de la Coalición en desnudar las falencias e irregularidades de la gestión anterior con los intereses poco comprensibles de quienes cometieron esos atropellos jurídicos, legales, económicos y de procedimiento. Otro acto de desprecio a la percepción y opinión ciudadana, que es capaz de diferenciar el accionar político de la comisión de graves irregularidades. Aún cuando la columna estuviera equivocada en ese criterio, nada excluiría la necesidad de una exhaustiva investigación administrativa y judicial sobre el tema. A menos que, dentro de los múltiples beneficios, los entes estatales estén exentos hasta de la ley de gravedad. Por el contrario, es la obligación de quienes administran los bienes públicos someterse a todo tipo de escrutinios, sin el derecho a descalificar a quienes lo requieren. 

 

Como una guinda en el postre de la argumentación, la expresidente de Antel sostiene - y la oposición lo consiente- que más allá de las formas (esenciales a la democracia y a la transparencia) “allí queda la hermosura de la obra y la mejora para un barrio”.  Aceptando que pueda tratarse de un argumento de buena fe, eso no implica que cualquiera se arrogue la función de usar fondos destinados a otra cosa para lograr ese objetivo. Ni que lo haga de cualquier modo. También podrían haberse logrado iguales objetivos de belleza y funcionalidad construyendo un hospital público, un centro educativo, un parque, un complejo de investigación, de tecnología, habitacional, de servicio a la comunidad o cualquier otro centro más necesario, pero por vía los sectores del estado respectivos.  Se trata de un cuádruple concepto. El manejo de los dineros públicos. El cumplimiento de las reglas estatutarias funcionales. El cumplimiento de las normas presupuestarias y contralor de gestión. La necesaria demostración de la honestidad en los procedimientos. También aquí se ponen demasiadas esperanzas en la inocencia, tolerancia y benevolencia del ciudadano. 

 

Las auditorías dispuestas por el gobierno, y cualquier cuestionamiento formal a cualquier gestión de quien fuere, no deberían ser respondidas con argumentos baratos políticos, acusaciones de conspiración y odio, operaciones periodísticas y otros recursos más propios del vecino kirchnerismo que de una república seria. 

 

Publicado en El Observador 16/11/2021

Argentina: Freddy Krueger no muere nunca

 

La pesadilla del vecino no terminó, al contrario, resurgió con más obsesión, más perfidia y más perversión política

 

 

Sin intentarlo, el PDF de la tapa de El Observador de ayer, resumía en el título de sus dos notas de fondo (una sobre las elecciones y otra sobre Peñarol) el análisis del resultado electoral del otro lado del río. “Argentina: el oficialismo pierde el control del Senado” “Tropezón sin caída”

 

Aquí hay que abrir una pausa para recordar la estrepitosa derrota del kirchnerismo en 2009. Luego del golpazo de las urnas, Cristina Kirchner, en uno de sus discursos sincericidas conque suele insultar la inteligencia de la sociedad, analizó los resultados y afirmó: “No perdimos. Seguimos teniendo mayoría”. Y a continuación enumeró las alianzas conocidas y sorpresivas, non sanctas y sanctas, con candidatos de otros partidos, que le permitirían tener quórum y mayorías en el Congreso. Y tuvo razón. 

 

Obviamente que el peronismo perdió ayer en el país, y duramente, lo que incluye a la Provincia de Buenos Aires. Pero no se cayó. No desapareció, ni desapareció su capacidad de daño, ni aún su peso político. Acaso la comparación de los guarismos de ayer con los de las PASO y con las expectativas de la oposición, termina viéndose, al menos en el mundo peronista, como un triunfo, en vez de una derrota. El peronismo es experto en esos “triunfos” de bunkers silenciosos y despoblados, con bailes y bombos en los que nadie cree, con victorias declamadas que suenan a Galtierismo, con discursos que ni los más fanáticos compran. 

 

Si bien aún no se conocen las cifras definitivas, y se manejan porcientos que no sirven para ciertos cálculos, es posible notar que el aumento en los votos de Milei y Espert restó fundamentalmente votantes a JUNTOS, lo que explica bastante mejor el acercamiento justicialista. Además de la presencia del para muchos invotable Facundo Manes. Mucho más que supuestos resultados de la coima a los votantes, que no parece haber dado frutos trascendentes en casi todo el resto del país, donde la derrota fue aplastante. Salvo en Tierra del Fuego, que más que un distrito es un negocio o negociado en mancomún, un santuario del contubernio multipartidario. 

 

Para los observadores más críticos, la estrategia del oficialismo de ayudar financieramente y en otros aspectos a algunos candidatos opositores resultó bastante exitosa, en especial para el monje negro (o no blanco) Massa, que logró empatar por ahora la primera minoría en la cámara de Diputados, lo que le podría asegurar una presidencia clave, o al menos pelearla a su estilo.  También se anotan como triunfadores los caudillos, punteros e intendentes de la Provincia de Buenos Aires, que reclaman para sí haber dado vuelta la voluntad de sus sometidos votantes, o haber perdido por poco. Nada nuevo en la proterva hermandad del peronismo siciliano. 

 

Si bien finalmente la oposición logró su objetivo de eliminar el histórico quórum propio en el Senado del oficialismo, (o de la señora Kirchner) según el resultado provisorio existe mucho margen para la maniobrabilidad política (leal y de la otra) del gobierno, con lo que, por un lado se disipa el peligro de que Cristina intente cambios de gravedad institucional que no tendrán éxito, pero por otro no puede ignorarse que la expresidente (o espresidente) es experta en lograr votos milagrosos, con lo que el triunfo opositor en este plano no implica un control de esa Cámara.  

 

La sociedad ahora espera los próximos pasos del oficialismo. O de los oficialismos. El domingo a la noche el presidente Alberto Fernández pronunció dos discursos, que, sin nada de sorpresa, fueron contradictorios, tanto entre sí como dentro de cada pieza oratoria, para denominarlas de algún modo. En la entrega grabada, recitada y sedada, Fernández propuso un acuerdo para salvar al país con los mismos a los que acusa de haberle legado un país en ruinas. Un contrasentido táctico al menos que presagia la perfidia del llamamiento. Tampoco felicitó a los claros ganadores, un tic que parece haberse incorporado como un nuevo apotegma a la doctrina de Perón desde el capricho-rebelión cristinista en 2015. Tampoco pareció aceptar culpa alguna en su desastrosa gestión. Y anticipó que ayer mismo se presentaría un plan integral multianual, surgido casi instantáneamente de la inspiración del ministro Guzmán, sobre el que se edificaría el gran acuerdo al que convocó a la oposición y a todo el corporativismo justicialista. En el discurso en el bunker, habló de la victoria del FRENTE y del comienzo del gran cambio, y transformó la marcha ya convocada para defenderlo de la vicepresidente en una celebración del triunfo que sólo él vio. Como si no comprendiese que las comunicaciones no son lo mismo que hace 50 años y ahora hay una instantaneidad einsteiniana. 

 

Importa elaborar sobre el plan y el gran acuerdo que arrojó el presidente sobre el escenario nacional, que viene siendo vendido por varios analistas que suelen anticipar la agenda que el gobierno intentará imponer. El acuerdo político, o sea la aprobación legislativa de un arreglo con el FMI y un simultáneo plan de ajuste requeridos por el ente financiero, es utópico. Una frase. Un truco, otra trampa. Una forma de responsabilizar a la oposición por la gobernabilidad que ha perdido por mérito propio. Salvo un suicida político, o un audaz, nadie acompañará semejante acuerdo, que ni siquiera se conoce, ni lo hará sin hacerle cambios que exceden la urgencia fernandista. Un plan en serio implica una concepción de país con la que la oposición nunca estará de acuerdo con el peronismo. Y la mayoría que ayer se expidió tampoco. De ahí que esta jugada se ve como una nueva treta del justicialismo, en las que el radicalismo primero, Cambiemos luego y Juntos por el Cambio después, han caído víctimas varias veces. El FMI, o Kristalina Georgieva, sufrirán las consecuencias de haber sido condescendientes primero con Cambiemos, y luego con el actual gobierno. Por mucho gran acuerdo nacional que se quiera inventar para hacer un ajuste tardío que ahora el peronismo tendría que hacer en soledad, sin buscar coculpables que se inmolen con él. Suponiendo que sepa qué hacer. 

 

Otra pregunta que surge es cuál es el papel de Cristina Kirchner en ese acuerdo. ¿Será ofrendada como chivo expiatorio, se negociará su impunidad a cambio de su ostracismo, cambiará su discurso y ahora estará en contra de la dictadura cubana, de la venezolana o la nicaragüense? Pensar en Cristina como parte activa de un acuerdo es equivalente a creer en un tratado entre la proverbial rana y el empecinado escorpión. 

 

Lo que lleva a otro riesgo, que es que el oficialismo intente usar, bajo la excusa de un acuerdo con quien fuera, la mayoría que aún tiene en el Senado hasta el 10 de diciembre para aprobar lo que le interesa aprobar, o algún plan quinquenal, en el mejor estilo de los años 50. Eso sería una estafa a la democracia que no es extraña ni novedosa. 

 

Un párrafo especial merece el lamentable discurso de Rodríguez Larreta frente a los candidatos ganadores, donde, dándole la razón a quienes lo consideran uno de los “acuerdistas” cuando no un peronista oculto, abogó, ante el silencio atronador de los partidarios de Juntos, por el fin de la grieta, ignorando que la grieta central en Argentina es entre quienes quieren vivir a costa de los demás, y los que simplemente no quieren que se les confisque el fruto de su trabajo, su emprendimiento, su ahorro y su esfuerzo. Una hora después, seguramente al advertir que se estaba arrojando a la imposible pira ritual del seudopacto de la Moncloa de cabotaje, cambió completamente su posición y volvió a vestir su ropaje de opositor en declaraciones a la TV, junto con los ganadores de su agrupación. Nunca quedó más claro que el actual Jefe de Gobierno de CABA no es el líder que necesita JUNTOS para luchar por la presidencia en 2023. 

 

De Patricia Bullrich, la luchadora presidente del PRO que prometiera conseguir los cinco senadores para barrer la dictadura democrática cristinista en el Senado, nadie habla. 

 

Las dos fuerzas políticas principales están, más que nunca, en una encrucijada. El FRENTE, buscando compartir la culpa de lo no hecho a tiempo y de lo que se ve obligado a hacer a destiempo para poder salir de un monumental atolladero en que se ha metido. JUNTOS, sufriendo el embate interno de los que quieren aceptar algún acuerdo con el gobierno con la esperanza de negociar con el FMI y luego hacer un pacto para realizar los supuestos grandes cambios, como si el peronismo pudiera garantizar la gobernabilidad y quisiera hacer algún cambio en serio. 

 

La sociedad no parece querer un acuerdo. Como si intuyera que quienes la llevaron a esta situación no pueden arrogarse la capacidad de resolverla. Y el país sufre la pesadilla que eterniza el efecto de las políticas que perpetuaron el socialismo populista latinoamericano (que ahora parece expandirse al mundo) del que una vez que se entra no se puede salir nunca más. De eso tiene que tomar nota Uruguay. 

Publicado en El Observador el 09/11/2021

El ataque contra la LUC ya ganó

 

El resultado del referéndum no cuenta, lo importante para el socialismo era impedir el ejercicio de la alternancia

 

Es indiscutible que la democracia oriental está entre las más respetadas del mundo. Así lo consagran todos los rankings, y la opinión generalizada de los observadores especializados locales e internacionales. Esto se aplica tanto a los sistemas electorales como al estilo de los políticos en su mayoría.  Enorme activo. 

 

Lo que es bastante más dudoso es que esa calificación se extienda al concepto de la alternancia, que es el resumen y la esencia de la democracia y donde se prueba en la realidad la vocación de todos los protagonistas por practicarla. La alternancia no consiste en que la ciudadanía elija a un gobierno por mayoría, sino en que ese gobierno tenga la posibilidad de hacer los cambios para los que ha sido votado. De lo contrario, la alternancia es una teoría y la democracia una formalidad.

 

Un gobierno democrático que intente cambiar el sistema proteccionista-estatista-sindical de populismo amistoso, de monopolio de empresas del estado y de ataque a la producción y al capital, se encontrará con una trama de disposiciones constitucionales, legales, de convenios laborales, hasta de derecho consuetudinario, que han ido consolidándose en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. 

 

La inamovilidad del empleado del estado y las reglas de ajuste inflacionario, por caso, que constituyen un derecho inalienable para muchos, no obligan simétricamente a los gobiernos a la prudencia al crear nuevos puestos públicos ni aprobar gastos o contrataciones de dudosa justificación. Eso hace que lo que haga un gobierno no pueda ser modificado por otro, con lo que la alternancia no existe en la práctica. Tampoco los supuestos errores en la conducción de los monopolios del estado tienen sanción ni retroceso, y en consecuencia, una enorme zona de altos costos estatales también es a prueba de alternancia, lo que se agrava por el hecho de que la justicia parece no tener jurisdicción alguna sobre las acciones de los jerarcas, con lo que las auditorías o controles pasan a ser intrascendentes, salvo en el mundo aparte y benévolo de la política. Esa continuidad en la impunidad también hace que la alternancia sea teórica. 

 

Eso puede explicar lo poco ambicioso que fue, aún en su propuesta original, el nivel de cambio propuesto por la Coalición, y lo modesto de las disposiciones de la LUC, que pese a su largo articulado sólo intenta corregir algunos excesos. La pandemia agravó esa modestia de objetivos, a lo que se agrega el referéndum para anular la LUC. Y aquí aparece otra cancelación de la alternancia. Si el sindicalismo del Pit-Cnt reacciona rabiosamente ante el mínimo cambio que intente el gobierno electo democráticamente, está torpedeando la alternancia, con un accionar que la impide aún en lo mínimo, lo que hace que la democracia sea una teoría para exponer en los claustros o los papers. 

 

Al doble cerrojo legal y sindical-partidario, se sumó la pandemia, que ayudó a postergar las modestas medidas, como la utilización de la atrición para reducir el peso del estado, que se redujo por razones atendibles, o la necesidad de ayudar a quienes sufrieron en lo económico con mayor rigor los efectos del virus y las medidas de contención de su dispersión. También necesarias y justificadas. 

 

La discusión por la LUC, (no por el articulado de la LUC) fue la excusa perfecta para transformar el pedido de referéndum en una campaña continua de tipo electoral, donde la verdad está ausente. Así, se acusa al gobierno por el desempleo, como si fuera culpa de la LUC, sin adjudicarlo a la pandemia, ocultando deliberadamente que ya se recuperaron los indicadores prepandémicos, y de paso dejando de lado cualquier comparación con el resto del mundo. Por supuesto, también olvidando que, de haberse seguido la presión frentista y del Pit-Cnt (un mismo cuerpo político con dos caras) los efectos en el empleo y la economía habrían sido mucho peores, sin ninguna seguridad de que así se habría evitado el número de muertos, doloroso saldo que debe siempre compararse con los demás países, donde los fallecimientos ocurrieron con cualquier tipo de niveles de aislamiento. 

 

Algo similar ocurre con la pobreza, por una razón matemática, además de real, que se aprovecha para atribuir a la LUC y al gobierno, nunca a la pandemia, que tuvo peores efectos en la mayoría de las economías, o en todas las demás. Si el gobierno no puede hacer cambios de fondo en las políticas que hicieron languidecer al país entre 2014 y 2019, difícilmente se logre una mejora en el futuro. Si no se permite la alternancia real, mal puede haber un cambio en cualquier sentido. 

 

La lucha contra la LUC no tiene argumentos serios. Pero ha servido de pretexto para abrir una serie de reclamos en su gran mayoría exógenos, que el gobierno no puede resolver irresponsablemente y de un día para el otro sin caer en algún formato de populismo y confiscación, de inmediatez precaria que siempre estalla de algún modo. Con una limitadísima posibilidad de hacer modificaciones al chemin de fer que recibe como una imposición inamovible, para así tratar de paliar con crecimiento el reparto generoso e injustificado al que lo obliga el sistema de gasto creciente y garantizado del estado que le impone el juego de la falsa alternancia. El socialismo necesita que el país se endeude, emita, cobre más y nuevos impuestos crecientes, ahuyente la inversión y el empleo privado, y que los votantes dependan del estado. Eso ha estampado con fuego en las leyes y las normas. 

 

Más allá de cual sea el resultado del referéndum, que tendrá lugar cuando el gobierno haya perdido el efecto popularidad por su evidente buena actuación en la pandemia, el Frente-Pit-Cnt ya ganó, porque logró frenar con esta discusión transformada en plebiscito la poca libertad de acción que tenía la Coalición en esta alternancia condicionada que le da como limosna el sistema, que, con fácil demagogia, en nombre de los derechos de ciertos empleados (y jerarcas y socios) estatales, cercena los derechos de los ciudadanos a que su voluntad electoral se refleje en la práctica. 

 

El desagradable, desaforado, patético y desinformado sindicalista argentino que comprometió el apoyo de sus gremios para “echar a Lacalle Pou” estuvo gravemente equivocado en las formas y en el respeto. Pero no tan errado en adivinar el fondo de la estrategia política de la izquierda, cuyo objetivo no es echar al presidente, ni mucho menos. Le basta con paralizarlo. Le basta con que no haya alternancia real. Eso es exactamente lo que ha logrado. 

 

 

Publicado en El Observador. 02/11/2021

El neofrentismo

 

La izquierda empieza a mostrar su verdadera cara tras la derrota, con su método de resistencia activa y el sinceramiento de su conducción

 

Cualquiera fuere su suerte, la LUC ya cumplió un papel importante que ni siquiera estuvo planeado: mostró cómo será el Frente Amplio del futuro. O quizás, simplemente mostró como fue siempre su esencia. Basta escuchar los argumentos que se esgrimen al proponer la derogación de la megaley para comprender que simplemente se está haciendo énfasis en algunos puntos que puedan resultar sensibles a la ciudadanía, pero que casi nunca, o muy pocas veces, tienen algo que ver con el texto de la ley, ni siquiera forman parte de ella, o a veces se trata de artículos aprobados por los mismos que bregan por su derogación. Es una excusa, no un debate, como se pretende.  Para tranquilidad de los puristas cancelatorios del Frente, habrá que aclarar por centésima vez que la oposición tiene el derecho constitucional de oponerse a la ley y a lo que se le dé la gana, y usar cuanto vericueto legal encuentre para ello, sin importar si tiene razón o no, si miente o no, si sus argumentos son válidos o no. Eso incluye el pedido de un referéndum, por supuesto. 

 

Pero la opinión pública, el gobierno, el periodismo y quienquiera fuese, tienen a su vez el derecho de calificar esas posiciones, acompañarlas, criticarlas, rebatirlas, despreciarlas, y hasta de descalificarlas, derecho que está por encima de la Constitución misma, por ser un derecho humano preexistente, como enseñan los pensadores universales de la izquierda, (que se arrogan la invención y la defensa de los mismos) salvo que se invente alguna argumentación nueva, o se desempolve alguna vieja teoría que diga lo contrario, por un rato.  

 

Esa obsesión en el ataque a la LUC, al voleo y sin respaldo en la seriedad conceptual y en la seriedad sin aditamentos, da derecho a pensar, además de las propias declaraciones de los númenes y fogoneros del FA, que lo que se está haciendo es transformar el referéndum en un plebiscito más que en una elección de medio término, en un virtual voto de confianza o de no confianza, en un referéndum ratificatorio de las elecciones de 2019. Ese accionar empecinado opositor, unido a las huelgas y paros dañinos que se decretan con cualquier razón, más las proclamas sindicales jurando que “se continuará la lucha”, aún cuando el resultado del referéndum no alcanzara para derogar la ley, no está garantizado por la Constitución. Ni permitido. Obviamente, el neomarxismo, experto en materialismo dialéctico y en encontrar argumentos hurgando en los libros de sus propios autores, siempre impondrá su interpretación invocando la minuciosidad de la letra de las leyes que le convengan, no el espíritu, y vistiendo de legal lo que en la práctica haga, aún cuando ello no sea constitucional. Por eso sostiene con inocente desenfado que si el recurso está en la CN puede y debe usarse (cuando convenga). Por eso es importante que se desenmascaren las intenciones evidenciadas y las actitudes y procederes, salvo que también se encuentre el mecanismo intelectual para prohibir cualquier opinión. 

 

Esta observación no es gratuita, cuando ahora se pretende que el presidente no se exprese en modo alguno en defensa de la LUC, que es una ley de la República, porque según los diccionarios que se esgrimen como valor legal eso sería inmiscuirse en una elección. Cualquiera comprenderá que se trata de silenciar la voz más importante y poderosa del gobierno, como si en un juicio se prohibiera declarar al principal testigo de la defensa. Materialismo dialéctico, desde hace más de un siglo. El Frente Amplio decide con quién confronta. Siempre dentro de la democracia y la Ley Suprema, juran. 

 

Además de esgrimir ahora argumentos legales y jurídicos que no lo preocuparon demasiado en su larga gestión, la oposición sigue poniendo énfasis en declamar los valores de la democracia, que en el país y en el mundo la izquierda blande cuando gana para transformar su mayoría en poder absoluto, pero que devalúa, relativiza, sabotea o torpedea cuando pierde, siempre en nombre de algún derecho superior, o de la necesidad de consenso, o de debatir, o de las garantías legales,  como si hubiera dado el ejemplo de todo ello en el ejercicio de sus mandatos, de paso, y aún en la misma LUC, que discutió largamente e inclusive aprobó en varios de sus puntos, puntos que ahora quiere derogar por conveniencia. 

 

La LUC desnudó, como si hiciera falta, el viejo mecanismo del marxismo. Le hizo mostrar sus cartas con toda su crudeza. Cuando el Partido Comunista ordenó que el presidente del Frente fuera el hasta ayer presidente del Pit-Cnt, la agrupación informal gremial trotskista que promueve la exclusividad del empleo estatal y pulverizará a los trabajadores privados, también tomó un camino que pasa por el referéndum, pero avanzará hacia su triunfo conceptual, su sueño de pobreza igualadora universal. Es sabido que se le han agotado al frenteamplismo los líderes que mantenían un cierto equilibrio que permitía atraer o conservar a los sectores menos radicalizados y que - hay que aceptarlo – supieron imponerse a su propias masas para mantener una seriedad económica y jurídica, lo que salvó al partido y al país de una catástrofe. Es evidente que el camino elegido ahora es otro, cuando se designa como presidente a quién ha impulsado un movimiento con un accionar bastante lejano a la democracia, al progreso y al diálogo, como se ha reiterado no sólo en lo referente a la LUC, sino a la posición combativa sistemática y negacionista en contra de cualquier legislación o medida del gobierno, laboral o no. 

 

Este es, para que quede claro, el nuevo Frente Amplio. Y esto es lo que puede esperarse de cualquier gestión futura. No diferente a la historia del socialismo mundial, bajo el paraguas del neomarxismo que se imbrica en la democracia para destruirla, como el cáncer en la célula. Al menos, ahora nadie puede sostener que no sabía lo que votaba y que creía que la política uruguaya era un cordial debate entre amigos y que la resultane era un feliz promedio y todo bien. Basta escuchar el discurso de Fernando Pereira acusando al gobierno de empobrecer a Uruguay y haciendo abstracción de los efectos de la pandemia, que habrían sido mucho peores si se seguían sus consejos. 

 

Pero queda una pregunta final para determinar la estrategia de la Coalición ante el referéndum: ¿debe defender el articulado y las ventajas de la LUC, lo que al frenteamplista no le importa nada, y se limita a repetir que es mala, o debe llamar a defender y refrendar el resultado electoral? No sería malo que Uruguay definiera su propio destino, aunque esté condenado a hacerlo una y otra vez, como el FA parece creer y como está decidido a que ocurra hasta imponerse.