Publicado en El Observador 12/04/2022

Hay un solo Uruguay, pero ¿cuál? 

 

La bella frase presidencial es una gran muestra de unidad; habrá que esperar que no sea también una gran muestra de inocencia política

 

 

Más allá de la necesidad de suavizar los extremos, cobra cuerpo el concepto de que la opinión electoral, al menos, está dividida en dos mitades, que votan casi por acción refleja, ideológica o como se quiera calificar. Eso surge con bastante claridad analizando tanto el debate, si se puede llamar así, como los resultados del referéndum antiLUC. 

 

No resulta sorprendente, aunque resultara molesto aceptarlo. En realidad, se están enfrentando permanentemente dos modelos de país, que en muchos puntos se han tornado casi excluyentes, cualquiera fuera el tema en cuestión. No demasiado distinto de lo que ocurre en otros países. Para ponerlo más claro, si hiciera falta, las dos mitades no son simétricas, no son iguales, no son lo mismo. 

 

Una quiere vivir de su trabajo, de su conocimiento, de su profesión, de su industria, de su riesgo, de su inversión, de su pyme, de su explotación agrícola o ganadera, de su emprendimiento, de su talento, de su éxito. Le teme al estado que percibe como su depredador, su plaga, su mayor enemigo y su opresor.

 

La otra mitad, casi del mismo tamaño, pero no simétrica ni igual, odia al capital, al individuo, al que sólo concibe como un colectivo discapacitado, al éxito, al riesgo, a todo lo privado, a todo lo que percibe como diferencias o desigualdades, ama al estado y al partido y lo que supuestamente ellos le darán. 

 

Una mitad quiere vivir de lo que produce o tiene la otra. La segunda se niega a ser despojada de lo que ha ganado o gana con su esfuerzo y su riesgo como si fuera culpable del orden de la naturaleza.  

 

Una mitad proclama y reclama la libertad, el derecho de propiedad, el derecho a tener una justicia que la defienda aún del ataque del estado o de los excesos del poder político. La otra, cada vez con más desembozo, limita la libertad y la propiedad o las niega, desprecia la justicia, un condicionamiento despreciable e incómodo que delega en el partido. 

 

Una mitad, cree y ejerce la democracia. La otra mitad, la esgrime como derecho a ser obedecida si tiene el poder, o como derecho a reclamar consensos si pierde el poder. Pero no actúa con reciprocidad en las situaciones inversas, al contrario. 

 

Dos mitades casi del mismo tamaño. Pero no iguales, no parecidas, no similares. No equivalentes, No simétricas. No promediables. 

 

Seguramente de buena fe, en una expresión de esperanza o patriotismo, de reivindicaciones de amistosas reminiscencias, a veces se presenta ese hecho como el símbolo de una personalidad nacional, que manifiesta sus discrepancias y contradicciones. Es respetable. Pero no opera así. Ni está operando así.

 

Hecha esta salvedad, que tiene un nombre: Pit-Cnt-FA, la nueva oposición bajo el mandato neomarxista-trotskista, cada uno puede pensar y decidir como le parezca, pero la triste misión de esta columna es recordarle que corre el riesgo posterior de no poder luego pensar ni hacer como le parezca. 

 

 

En la última entrega se planteaba la demora y parálisis que habían creado primero la pandemia y luego la guerra - dos crímenes de lesa humanidad y de lesa economía -  que habían neutralizado no sólo el efecto “romance” de todo comienzo, sino que hacían imposible en términos político-electorales aprovechar los 5 años de mandato del gobierno para tomar medidas antipáticas, pero necesarias, al comienzo pero con efectos positivos percibibles en la segunda parte de la gestión, cerca de las elecciones de 2024.

 

Cualquier medida que se tomase hoy, ya no tiene tiempo para mostrar efectos positivos antes de la próxima campaña electoral. Más aún, corre el riesgo de transformarse en una campaña electoral opositora desde mañana mismo. Cosa que ocurrirá.

 

Imposible no recordar el terrible momento en que el gobierno debió enfrenarse a la muerte de miles de orientales y tuvo que decidir entre el encierro subsidiado con la Renta Universal decretado por la intencionalidad multitasking del marxismo de las orgas internacionales y la apelación a la libertad y la responsabilidad de la ciudadanía. ¿Cuál fue la propuesta opositora? Cerrar todo. Extender el subsidio, la mano protectora y generosa del estado (con dinero ajeno) hasta extremos sociales y económicos ruinosos, con la apelación al miedo. También es imposible no recordar la respuesta que dio en ese momento un gobierno democrático, como es imposible olvidar la respuesta que mereciera la oposición de parte de la ministra de Economía: “pareciera que a ustedes les interesara sólo el gasto”, toda una definición digna de Hayek. O mejor, les interesa sólo el impuesto, más que el gasto. 

 

Sin embargo, semejante error conceptual ha sido convenientemente olvidado al instante no sólo por sus propios autores, sino por los opinadores, relatores y por los votantes, saldando con el formato de “las dos mitades iguales” los síntomas graves de una actitud opositora muy lejana a los intereses del país. 

 

Por eso el gobierno debe postergar para 2025 al menos dos temas centrales, uno que preocupa a las calificadoras y al FMI, y otro que no preocupa a demasiada gente porque no se mira demasiado más allá de las narices y es más fácil para un economista repetir lo que dijeron los grandes pensadores que tratar de pensar hacia el futuro: el sistema jubilatorio y el mortal sistema de indexación por inflación automático de la economía oriental. Dos bombas de tiempo de igual nivel de gravedad y daño.

 

La reforma al sistema jubilatorio no tiene ninguna posibilidad de consenso. Partiendo de que ni siquiera se aceptará el dato objetivo más simple como punto de partida: la mayor parte del déficit en este rubro se debe a que se contabiliza como gasto del sistema todos los pagos graciables de todo tipo que el estado realiza. Con lo que cualquier análisis debe partir de eliminar de la comunicación, la contabilidad y la publicación esos gastos para recién analizar el sistema de reparto, que innegablemente requiere cambios. Tampoco habrá consenso sobre la jubilación vía las AFAP, odiadas por el estatismo, y que permitirá crear una propuesta opositora tan atractiva como la confiscación de esos fondos. De modo que, aunque la reforma se hiciera en un plazo de 20 años contará con la oposición, el pedido de referéndum o la amenaza de un cambio a la ley si la mitad Pit-Cnt-Fa obtuviera la mayoría en las próximas legislativas. ¿Para qué hacer ahora ese cambio? No ya pensando en conveniencias políticas, sino en el beneficio cero para la sociedad o en lo negativo para ella que puede resultar la disputa. Si el tema es dejar conforme a Fitch, (ya suficientemente desarrollado por Ricardo Peirano en su nota de la semana) hay que olvidarse de sus demandas. Lo mismo que las del FMI de pacotilla. Si se aplicase a EEUU el cartabón que se exige a Uruguay el credit rating americano sería C. La reforma al sistema jubilatorio requiere un nuevo gobierno que capitanee un consenso inexorable. Si no, sólo será un caos más. Peor que el de hoy. 

 

El otro punto que requiere reformas serias (pero que tampoco deben intentar hacerse ahora) es la indexación salarial para compensar por la inflación pasada a todo el sector público, en la práctica a toda la economía. Mueve al llanto la desesperación del gobierno ante la pérdida de poder adquisitivo del salario, que piensa compensar con… más inflación. La inflación en pesos se combate de una sola manera, la inflación en dólares, otra bomba de tiempo, se combate también de una sola manera: eliminando aranceles, trabas no arancelarias, acomodos, trampas de los prebendarios lobbystas del Mercosur y aún el IMESI, un gigantesco proteccionismo que dejará sin empleo a los orientales. 

 

Justamente este último punto, el de la apertura comercial en serio, sí debería ser uno de los objetivos del gobierno en el tiempo que resta, mucho más difícil de objetar o borrar de un plumazo y con la posibilidad de obtener rápidos resultados y beneficios para la población. (No para los amigos, claro) Eso y el refuerzo de las leyes y normas sobre responsabilidad fiscal, impositiva y monetaria, incluyendo garantías y seguridades sobre futuros impuestos, para evitar los sueños de rapiña, y también para no correr el riesgo de desbande de inversores, como ocurrió con las PASO de 2019 de Macri. 

 

La reforma jubilatoria y la reforma al régimen de la espiralización de la inflación vía el ajuste salarial, son dos temas-trampa en que el gobierno no debe caer, porque abrirán mañana mismo la campaña electoral del 2024, y porque volverá a unir al neomarxismo tras un argumento barato de justicia social, ventajas de los más ricos, igualdad instantánea y demás mandamientos de su catecismo laico. 

 

Hay que tener presente que una de las banderas que enabolará el Pit-Cnt-FA a partir de ahora y hasta las elecciones será la presión de todo tipo para atacar los patrimonios en el exterior de los uruguayos, bajo el concepto de que tales tenencias no producen ganancia y merecen castigo impositivo, olvidando deliberadamente que esos patrimonios y ahorros han pagado ya impuestos, olvidando el derecho de propiedad, olvidando que con bajas tasas de interés un impuesto relevante es una confiscación alevosa, olvidando que, en muchos casos, ese ahorro no se produjo con actividades en Uruguay, o ni siquiera con residencia en Uruguay, y olvidando que cualquier individuo mueve sus ahorros por el mundo según la conveniencia de cada inversión. Como definiera para siempre Hayek, la fatal arrogancia de la burocracia estatal decide que es capaz de manejar su patrimonio mejor que los propios interesados.

 

Los mentores de este razonamiento olvidan que el neomarxista jefe de La Cámora, Máximo Kirchner, y el marxista billonario Carlos Heller, aplicaron el mismo impuesto confiscatorio en Argentina, con el mismo argumento, lo que colaboró firmemente a transformar al vecino en un paria de la inversión internacional, que huyó espantada de semejante delirio. Claro que a los orientales les encanta creer que eso se debe a la psicopatía de Cristina, no a la estupidez de las medidas de su partido. 

 

Nada más fácil para el sistema gramsciano local que proponer aplicar impuestos de este tipo para financiar el mecanismo jubilatorio, por obsoleto que éste fuera, o para financiar el ajuste por inflación de todos los salarios hasta la explosión de la burbuja. Siempre se puede sumar un par de puntos al “impuesto a la riqueza improductiva”, crear nuevos, o vaya a saber que otro invento recaudatorio, retenciones, etc. 

 

La dialéctica marxista, inherente, no para de resolver problemas que nunca resuelve. En ese contexto, el oficialismo debe medir bien sus pasos, para evitar que cada medida se transforme en una LUC, y corra además el riesgo de no resolver nada. 

 

Hagan lo que deben hacer. No lo que quieren hacer, sería el mejor resumen. O, remedando a una popular columna radial, no toquen nada. 

Publicado en El Observador  05/04/2022

¿No vuelven más? 

 

Llegó el momento de decisión del gobierno, que debe interpretar el verdadero mensaje que le dieron las urnas

 

En el apogeo del gobierno macrista, las críticas a Cambiemos por su “kirchnerismo de buenos modales”, como definiera algún ahora político argentino, eran respondidas con la frase “no vuelven más”. Sin embargo, como el propio Macri acepta ahora, las observaciones sobre la continuidad del populismo peronista ruinoso y otras prácticas no sólo eran pertinentes, sino que implicaban un reproche por no querer, o no poder, cambiar la línea que desembocaría en la agonía actual. Esa respuesta a las críticas quería decir que, pese a todo, el peronismo franquicia Cristina estaba definitivamente derrotado y en desbandada. 

 

El latiguillo implicaba al menos dos errores. Uno, el no comprender que las ideologías – sobre todo las basadas en el resentimiento y el odio - tienen una fuerte influencia en los resultados electorales, más allá de toda lógica, de todo análisis técnico y aún fáctico, aun más allá de la razón y la verdad. El segundo error fue olvidar que, si se intentaba retener y aumentar la adhesión de un sector menor pero indeciso y definitorio de cualquier elección, deberían hacerse cambios de fondo que mostraran en 4 años una clara diferencia y mejora del modelo kirchnerista. 

 

En nombre del gradualismo y la consigna de que cualquier cambio importante en el diseño y manejo del presupuesto conduciría al incendio de la república, se sostuvo el modelo de regalo y reparto con deuda externa e inflación, hasta que se acabó el crédito y se recurrió al FMI, cuando ya era tarde. Los que no volverían nunca más, volvieron. Los que habían jurado volver mejores, volvieron peores. 

 

El resultado del referéndum antiLuc tiene muchas semejanzas con esa historia, a pesar de lo que esta afirmación pueda enojar a quienes sostienen que Uruguay es distinto. Hasta hace pocos meses era común leer y escuchar a los partidarios del gobierno sostener que la oposición estaba desmembrada y desconcertada, y que usaba cualquier recurso desesperado para volver a cobrar protagonismo. La votación del 27 de marzo los debe haber llamado a la realidad, es de esperar. 

 

El nuevo partido opositor, el Pit-Cnt-FA, por casualidad, por obligación, por instinto de supervivencia, por habilidad o por ideología contumaz del votante, ha resucitado a la izquierda y la ha puesto en carrera. “Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud”, la frase nunca dicha por Don Juan Tenorio, podría ser el resumen. Más allá de la persistencia ideológica opositora, el gobierno tampoco ha sido demasiado proactivo en el cambio. Luego de la LUC inicial, que debió ser un comienzo y no un corolario ni un colofón, la Coalición tuvo sólo un manejo prolijo del socialismo heredado, en vez de modificarlo o intentar modificarlo con una nueva propuesta, una nueva prédica, plantando un modelo superador destinado a perdurar por años, al que Uruguay tiene derecho a aspirar. Seguramente influyó el absurdo cierre mundial pandémico, que fortaleció la teoría neomarxista del reseteo, como también la dicotomía forzada del referéndum, que obligaron a despediciar el momentum, suponiendo que quisiera modificarse algo de fondo. O que se pudiera hacerlo, luego de los preceptos legales, sindicales y de derecho consuetudinarios implantados por la izquierda en quince años de gobierno sin diálogo ni promedio alguno. 

 

Para el simple observador imparcial, si tan raro animal existiese, no es fácil alejar la idea de que si la izquierda volviese a ser gobierno simplemente retomaría su plan de esos tres mandatos, esta vez desde un punto de partida mejor, gracias al ahorro y la confianza despertada por la actual gestión. Es también evidente y visible a simple vista que el Pit-Cnt-FA continuará usando todo tipo de recursos de democracia directa para convertir cada decisión gubernamental en un plebiscito real o virtual, para proponer nuevos impuestos, medidas facilistas, redistributivas y opuestas al derecho de propiedad, y si eso no fuera suficiente, recursos de acción directa de la apodada democracia popular, (la siguiente etapa de democracia con aditamentos) como paros, huelgas, demandas imposibles, marchas o lo que fuere. De resultados siempre negativos en lo económico, sobre todo para las clases más bajas, pero siempre efectivos en materia de votos. 

 

Frente a ese planteo, el gobierno está en falta, tanto desde el punto de vista de la supervivencia como fuerza política de la coalición, como desde su supuesta y esperada vocación de cambio de paradigma. Un ejemplo de fondo es su posición sobre la inflación, ese impuesto sin legislación ni autorización de nadie. Si bien sus metas y criterios son sensatos, en la práctica no se ha avanzado demasiado. Se sigue dando como válido el criterio de indexar prácticamente todos los costos de la economía por la inflación pasada, garantía de aumentar el problema, no de resolverlo. Ninguna meta es cumplible con semejante rémora, con lo que cualquier rango objetivo es una frase, un saludo a la bandera, una simple declaración. O declamación, como sostiene esta columna. 

 

Que la pandemia o la guerra hayan aportado nuevas excusas para el keynesianismo mundial no cambia el resultado, o peor, lo agrava. El concepto de que la inflación es siempre un fenómeno monetario molesta a los gobiernos. Es comprensible. Basta con enumerar las acciones que producen inflación: el déficit, la emisión para pagar gastos del estado, la emisión que origina cualquier deuda en dólares que se tomase, tanto al contraerse como al pagar intereses, cualquier fomento al crédito interno. Elementos que sería antipático de eliminar o reducir para cualquier burocracia. Algo similar ocurre una vez que, gracias a la bondad impresora, los precios se desmadran. Allí aparece el proverbial “combate contra la inflación”, una frase tan hipócrita y contradictoria como un pirómano bombero. 

 

Eso lleva a subir las tasas, que en definitiva terminan generando más necesidad de emisión, o sea más inflación. Y que de todos modos, si fuera un recurso exitoso, generaría una recesión aunque fuera temporal, kryptonita para el poder político. Tampoco aquí el gobierno está generando un cambio. La idea de eliminar el IVA a los alimentos para contrarrestar el efecto del aumento de las commodities, suponiendo que pudiese aplicarse eficientemente, es inflacionaria, en su efecto último, y produce un desacomodamiento en los precios relativos que tiene efectos desagradables y de largo plazo en la economía. La idea de aplicarla por 30 días es un sueño o una frase con suavizante: una vez que se emprende este camino no se vuelve. Parece una medida que ayuda a los sectores de menores recursos y suena a popular. Es sólo una paradojal falacia. 

 

No muy diferente es la esbozada idea presidencial de aliviar o eliminar la carga impositiva para las escalas más bajas. Una medida redistributiva que muy pocas veces tiene los efectos esperados, que en definitiva empujará más la inflación, a menos que un crecimiento sostenido del PBI lo compensare. Otro supuesto que no suele darse. Al contrario: todo reparto, exención o dádiva basados en el aumento temporario del precio de las commodities, permanecerá aún si los precios internacionales retrocediesen, cosa que no sería imposible. Una vez más, los ingresos pueden bajar, pero el gasto indexado queda como herencia. Ya ocurrió. 

 

Para no aburrir con ejemplos, (la revaluación temporaria del peso daría para varias notas) no hay esbozos de un cambio de fondo sobre la economía uruguaya, fuera de circunstancias temporarias exógenas. Aún la supuesta radicación real de individuos está fuertemente amenazada por un costo de vida en dólares absurdamente alto. Y el desempleo latente industrial y aún exportador que significa esa apreciación del peso no es una posibilidad sino una regla económica que siempre se cumple, que aumentará el gasto público y la dependencia del estado. 

 

Hay dos modos de interpretar el voto en el referéndum. El gobierno debe decidir si quiere simplemente cumplir su mandato en paz y dejar todo el terreno preparado y mejorado para que se retome el camino socialista que sólo puede llevar al empobrecimiento colectivo, o si realizará, querrá realizar o podrá realizar los cambios necesarios para consolidar un modelo real de apertura, competencia, libertad, crecimiento y bienestar. El riesgo de que “vuelvan peores”, ya no es una hipótesis lejana. El cambio se puede promediar, lo que arroja como resultado cero. O se puede hacer. 

Publicado en El Observador 29/03/2022

Entre el contagioso virus Cristina y el riesgo de promediar las ideologías

 

Mientras el Frente Amplio Sindical jura que perdió pero ganó y quiere promediar para neutralizar, el gobierno debe refirmar su rumbo en los dos años útiles que le restan 

 

 

La pandemia había quitado potencia y oportunidad al plan del gobierno, al torpedear el equilibrio económico y distraer recursos, energías y dedicación y cambiar el foco del interés social. Allí la Coalición sufrió una feroz embestida del Pit-Cnt-FA, (hay que llamarlo de ese modo en homenaje a la verdad) que proponía aumentar el aislamiento dictatorial y el cierre y generar más parálisis y más subsidios parecidos a la Renta Universal. Se salió de esa emergencia bastante airosamente, pero se licuaron buena parte de los dos primeros años de gestión, y también el efecto “arrastre” del comienzo de todo mandato popular. 

 

El tratado climático exprés, que transformó de un plumazo en parias globales a los países que no se comprometieran a reemplazar instantáneamente su generación de energía por algún sistema no polucionante almacenable de algún modo aún no descubierto, colaboró con un aumento descomunal en los precios de gas y petróleo y con la deliberada inflación mundial previamente provocada por el pro-reseteo empobrecedor universal, cuyos efectos se sumaron a la inflación autóctona, lo que también desacomodó los planes gubernamentales, o los diluyó. 

 

La guerra, si bien mejoró los precios de los bienes exportables uruguayos, provocó una inflación y escasez mundial que pega tanto en el nivel de precios como en la inversión productiva local, cuyos efectos ya se notan o se notarán. La mejora de la posición externa es temporal. 

 

El referéndum por la LUC, planificadamente o no, fue otra demora que consumió energías y paralizó todo cambio que implicase cualquier tipo de sacrificio para la sociedad, como todos los cambios que tienden a la seriedad económica. 

 

O sea que los dos primeros años de mandato se consumieron con muy escasos logros. Ni la misma LUC lo es. Tenían razón el domingo a la noche los críticos de TV, pese a su parcialidad manifiesta en favor de la oposición: no hay nada para celebrar en el triunfo del NO, dado el poco peso de los cambios contenidos en la ley. Si la parcialidad no los hubiera cegado, habrían también reconocido que esa misma intrascendencia hacía injustificable haber convocado al referéndum. 

 

Ahora quedan menos de tres años, bastante menos, para parafrasear y enarbolar el lema que Ortega y Gasset propinara a los argentinos: “¡Orientales, a las cosas!” Y encarar algunas reformas de fondo, como señaló el presidente en su conferencia de prensa la medianoche del domingo. Sin embargo, el punteo del presidente es imposible de lograr, por importantes que luzcan esos objetivos. 

 

La llamada reforma de la Seguridad Social, en la reiterada opinión de esta columna, es sencillamente inviable. En primer lugar, porque se produce en ese punto una conveniente confusión entre el sistema jubilatorio legítimo y la gran cantidad de gastos que se le cargan en la práctica, que no le corresponden. Para más claridad, se usan los fondos jubilatorios y otros impuestos para pagar todo tipo de subsidios que nada tienen que ver con el régimen de aportes y su correspondiente contrapartida. Si se excluyesen todos esos gastos que configuran un robo a los aportantes, el déficit, un minuto antes de la pandemia, requeriría sólo algunos ajustes y cambios que se podrían aplicar en etapas y a plazos, como ocurrió en Suecia, no una revolución urgente. En cambio, ahora todo indica que cualquier propuesta con algún grado de consenso terminará siendo más costosa que antes, es decir más inviable. Esto se agrava con la posición tomada por la oposición desde que perdiera el poder, que mostró con toda crudeza el discurso del presidente del Pit-Cnt-FA del domingo, en el que simultáneamente decidió establecer, aparentemente, nuevos preceptos constitucionales que fijan un mínimo de diferencia de votos para determinar la validez de las mayorías, considerar “pueblo” solamente a los que adhieren a sus ponencias e invisibilizar a la mitad más uno que no las apoyan, reemplazar al Parlamento por una mesa de diálogo, sostener que diálogo es igual a cogobierno o promedio decisional,  una suerte de empate moral. Conceptos que por cierto regirán sólo cuando la izquierda pierda. 

 

La realidad es que el sistema llamado de reparto y manejado por el estado no sirve más, salvo una limosna mínima de supervivencia sostenida por un impuesto que se llama aporte. No hay manera de resolver tal problema, menos con una oposición que se ha juramentado oponerse permanentemente y por todos los medios a cualquier medida que cambie sus decisiones de 15 años. Una confirmación de lo que ya se sabía, pero no se aceptaba. Un plan de combate que se notó demasiado en las opiniones de los comentaristas, que reclamaban un diálogo que supuestamente era obligatorio con el resultado del referéndum, que sin embargo copiaba la decisión democrática de 2019. Es decir, que la democracia indirecta o por representantes, tan descalificada por el gramscismo, terminó coincidiendo con la posición de la democracia directa, el recurso para el nuevo intento de revolución neomarxista.

 

Algo parecido ocurre con las imprescindibles modificaciones en la enseñanza, tornada en embrutecimiento colectivo y en indoctrinamiento por el trotskismo sindical, no por casualidad, sino en cumplimiento de un plan global de largo plazo de revolución permanente, que conduce al vasallaje resignado y a la pobreza intelectual, material y moral, la igualdad en la miseria y la marginalidad. El intento imprescindible de cambiar semejante estado de cosas es un misil fatal en la línea de flotación del comunismo, de modo que la lucha sobre ese punto será terminal y con cualquier clase de recursos, como lo ha anticipado Fernando Pereira. No hay promedio posible en este punto, tampoco. 

 

Hay otro tema que no mencionó el presidente, tal vez menos estructural y clave que la educación, pero que está solapado y agazapado mientras acumula potencia explosiva: la inflación con todas sus consecuencias. La inflación en pesos va en camino de llegar este año a una cifra mucho más cercana al 11% que al 7.7% que prevé las expectativas y a la cifra tope del gobierno. El gravísimo sistema de indexar los valores de toda la economía por el índice de precios pasado tiene efectos de espiral viciosa explosiva, que además acentúa las diferencias entre el empleo público privilegiado y el privado, aumenta el gasto hasta lo imposible y termina en una pérdida de empleos y déficit insoportables. Ignorar ese rumbo puede ser una concesión a la paz política, pero no anula los efectos. 

 

Peor es el tema si se mide la inflación en dólares, que, a este paso, tiende a ser entre 16 y 17% en el año por la apreciación del peso.  Un país ya suficientemente caro en dólares, empeñado en romper su propio record que siempre culmina en desempleo y en falta de inversión, y pérdida de rentabilidad en los sectores productores por el lado de los costos, más la destrucción de toda industria que intente agregar valor a la exportación. En tal sentido, es urgente y fundamental abrir mucho más la importación, lo que incluye, además de bajar los aranceles y el IMESI, romper varios monopolios públicos y privados, lo que por un lado estabilizará el tipo de cambio, y por el otro colaborará a controlar los precios del único modo serio posible, no con medidas tipo peronistas. Si se desea, por caso, se puede culpar de la pérdida del aporte exportador del turismo a la crisis argentina. También se puede analizar esa pérdida como una simple cuestión de oferta y demanda a la que no se quiere adaptar de puro voluntarismo. Pero el resultado de esa inflación en dólares es siempre negativo para la exportación y el empleo, a la larga. 

 

Eso implica competir y flexibilizar el sistema de trabajo y aún el salarial, lo que creará otra lucha, imposible de soslayar e imposible de resolver con un promedio con el partido opositor sindical, que no tiene ninguna intención de mantener o aumentar el empleo privado, más bien al contrario: lograr el falso empleo público, el subsidio y la dependencia del individuo del estado. 

 

Se puede argüir que se trata de situaciones puntuales, que luego tenderán a regularizarse. Falso. La inflación no retrocede, no hace promedio con una deflación futura, y para peor, si bajaran los precios de las materias primas, como ya ocurrió varias veces, el sistema rígido implantado por los gobiernos de la ahora oposición impide cualquier tipo de ajuste en salarios, gastos o subsidios, o peor, obligará a compensarlo con más subsidios. Lo que quiere decir que, si en algún momento bajase la inflación, quedará el peso aumentado del sector público y el gasto, sin ninguna posibilidad de retroceso, y en detrimento del trabajador en el sector privado. 

 

No hay nada que se haya hecho, ni se hará, que tienda a resolver ese problema, con lo que, en ese aspecto, el gobierno ya ha promediado sus decisiones con el trotskismo, le guste o no el concepto. O, peor, ha caído en la trampa de la oposición o sea que ha cedido a su amenaza sin siquiera notarlo. 

 

El Frente Amplio Sindical, por su lado, sigue en pie de guerra, en el camino de Cristina Kirchner niega su derrota y la esconde en palabras de relato, niega la mayoría de la democracia indirecta y directa que ha refrendado la ley y decide cuál es la cifra mínima que considera válida para aceptar que sus oponentes han ganado. Recuerda la vieja broma futbolera: “Resultado: dos golinhos uruguayos, un golazo brasileiro”. 

 

Por ahora, el camino uruguayo sigue siendo hacia el socialismo, en el peor sentido del término. Quedan menos de tres años para cambiar ese rumbo. Si alguien quisiera cambiarlo. El promedio entre uno y cero, en política, suele ser cero. 
   

Publlcado en El Observador, 22/03/2022

Lo que se vota es el nuevo modelo chileno

 

El referéndum es apenas una etapa del camino neomarxista para transformar la democracia en otro simple relato discursivo y vacío

 

La LUC es un intento relativamente modesto de retomar el camino del sentido común en la legislación y de rescatar algunos derechos básicos como el de propiedad y el de la misma libertad. No intenta mucho más que reforzar conceptos que muchas veces fueron desvirtuados sin siquiera el expediente de una norma legal. Tal es el caso de la ocupación de fábricas y el atropello sindical de impedir que quienes quieran trabajar durante un movimiento de fuerza lo hagan. Ninguno de esos dos avasallamientos está respaldado por ley alguna, al contrario, está específicamente prohibido por la OIT, que, en este caso, con selectiva inadvertencia, no se esgrime como órgano supranacional cuyas reglas son de sagrado cumplimiento. 

 

Tampoco hay una ley o norma que obligue al habitante de una vivienda a preguntar al ladrón o copador que intente entrar a su domicilio a interrogarlo sobre sus intenciones, o si está armado, o si el arma está cargada, o a verificar la dirección en que está mirando antes de defender su propiedad y su familia del peligro. La LUC sólo ratifica el derecho a defenderse ante el crimen, desvirtuado por el tiempo de negacionismo, abolicionismo, permisividad, perversidad y cuasi complicidad de 15 años de deliberada anulación institucionalizada del delito contra la propiedad y del delito en general. 

 

Si la ley ómnibus hubiera intentado hacer cambios de fondo, habría tomado otros caminos, por ejemplo, encontrar modos de cortar la peligrosa espiral de indexación automática de toda la economía por la inflación pasada, un sistema que garantiza la pérdida de valor sistemática y eterna del peso, y que en situaciones como la actual provocará un efecto de encarecimiento general del costo de vida tanto en pesos como en dólares que va camino de explotar en pocos meses.  

 

Su amplio articulado hace al mismo tiempo fácil y difícil forzar un referéndum para anular algunas de sus disposiciones, por un lado, porque abre muchos flancos de disconformidad, pero al mismo tiempo sin suficiente gravedad en sus disposiciones como para justificar semejante accionar. Por supuesto que la ciudadanía tiene derecho a solicitar lo que constitucionalmente le está garantizado, lo que no está en discusión y nunca lo estuvo. 

 

Este introito responde la supuesta imparcialidad de juicio que se lee en algunas opiniones periodísticas, en el sentido de que gobierno y oposición están falseando la verdad en su lucha argumental sobre el referéndum. El gobierno seguramente exagera al dar por sentado que la LUC ya ha dado resultados positivos en la mayoría de sus disposiciones, lo que no es cierto. Pero el Frente Amplio está mintiendo sobre el contenido de los artículos que intenta derogar, lo que directamente es un relato, una falacia, un invento. La diferencia debe ser puntualizada si se intenta mostrar imparcialidad y es la consecuencia obvia de impugnar al voleo tantos artículos. 

 

Para ponerlo aún más claro, la realidad que es de público conocimiento y de público olvido, es que el sindicato que mantiene en rehenes al más importante monopolio estatal sintió que peligraba su potestad de chantaje y arrastró casi a la fuerza al resto del neomarxismo del Pit-Cnt y a su subordinado Frente Amplio a la aventura del referéndum, para lo cual se disimuló la queja eligiendo 134 artículos más casi al azar. Por eso la defensa del planteo se basa en mentiras, porque ni siquiera se estudiaron acabadamente los efectos de los puntos que se intentan dejar sin efecto, como el ridículo caso de la portabilidad numérica, donde el supuestamente perjudicado por la ley, Antel, se termina beneficiando con las decisiones de los usuarios, todo ello sobre un tema que no admite divergencia alguna: el número de celular debe ser propiedad del usuario. 

 

Como se sostuvo reiteradamente en este espacio, lo que ha ocurrido en la izquierda siempre ultra excede el referéndum por la LUC, sin perjuicio de que éste se haya vuelto una herramienta de cohesión en un frente opositor que estaba debilitado y confundido. El cambio de fondo es el múltiple sinceramiento que se ha producido paralelamente: el Pit-Cnt se ha mimetizado con el Frente Amplio, a propuesta del Partido Comunista, que coloca al trotskismo sindical en la conducción de la oposición. El Frente Amplio se ha sacado la máscara de la moderación, que le permitió sembrar durante tres mandatos las semillas neomarxistas en las reglas, la justicia y la consuetudinariedad orientales, que no tolera que sea alterada ni en lo más mínimo, como se ve.  E importa notar cuán fácilmente ha olvidado que, en su momento, propuso un cierre dramático de la economía ante la pandemia, que habría borrado del mapa a Uruguay con sus efectos económicos, sin lograr, como no lo logró el resto del mundo, ninguna mejora de la situación sanitaria con tal cercenamiento dictatorial de las libertades. 

 

Tienen razón los que sostienen que el referéndum obra ahora como un plebiscito de aprobación de la gestión del gobierno, pese a que esa instancia no figure en la Constitución. Y de eso se trata cada palabra, cada acción, cada movimiento que realiza el Pit-Cnt-FA. Una permanente disputa de cada una de las libertades y derechos que defiende la coalición. Una nueva forma de buscar la asamblea permanente de Venezuela, la obstrucción sindical permanente como en Argentina, o la revuelta callejera tipo Chile. “Hagan lío”, diría Francisco I, en línea con Sao Paulo, Puebla y Aparecida. 

 

Es importante comprender que se ha producido un cambio fundamental en la política uruguaya, como se ha producido en tantos otros países. Sería un error irremontable creer que hay un promedio posible, cordial, amistoso, conversable y fraternal. La izquierda neomarxista en el mundo, va aceleradamente a mecanismos de gobierno de masas con poco de racionalidad y de ideas.  En especial en Latinoamérica. Para más claridad: al relato sobre todos los temas se está agregando un nuevo relato: el de la democracia que ya no es. 

 

Un relato que se acaba de evidenciar con motivo de las auditorías en las empresas públicas y otros entes. Tan pronto se conoció que en 30% de los casos auditados se habían cursado las conclusiones a la justicia, surgió la defensa tan utilizada por Cristina Kirchner: la acusación de judicialización de la política, el Lawfare que instaurara como argumento Su Santidad y repitiera todo el latimarxismo al unísono. Como si la desaparición de mil millones de dólares del patrimonio de Ancap fuera un mero error de tipeo de alguna secretaría. O Río Santiago o Pluna un error de algún Contador desatento. Ni tiene sentido usar de contraejemplo las evidencias argentinas, sería demasiado abrumador.  Pero sí tiene sentido apuntar la contradicción el argumento-relato: según los exégetas del socialismo, hay derecho a pedir un referéndum porque si está en la Constitución se puede ejercer cuándo y cómo plazca. Pero que la sociedad, por el camino que fuere, denuncie ante la Justicia el accionar de sus mandatarios cuando las groserías de gestión son sospechosas, como mínimo, es tildado de antidemocrático. El concepto de República no tiene que ver con el nombre que elija para autodesignarse una nación, ni con adoptar el modelo presidencial. Tiene que ver con el control entre poderes y con el control ciudadano, finalmente. En democracia, claro. Uruguay se precia de ser distinto. Chile también creía ser distinto.

 

El referéndum es sólo un paso, si ese recurso del socialismo reseteador no prosperara, luego habrá otro, y otro, y otro. No importa si legal, político, fáctico, pedrea, revuelta o sabotaje sindical, huelga, toma o piquete. El objetivo es sólo uno: imponer el nuevo modelo chileno. Y el nuevo modelo chileno lleva sin escalas a la confiscación, a la desaparición de la inversión y del empleo privado, a la eliminación de la peligrosa y odiada clase media, a la igualdad triste, miedosa y sin redención, al coeficiente marxista Gini cero, a la pobreza franciscana (sic).

 

Eso es lo que se vota el domingo. 

 

 

 

Publicado en El Observador  15/03/2022

La inflación, la herramienta del populismo, y del neomarxismo

 

Gobernantes cada vez más incapaces y cada vez menos honestos, manosean este fenómeno monetario como único recurso

 

Es sabido que los reyes y déspotas de todos los tiempos financiaban sus guerras, sus cortes disolutas y sus caprichos, con impuestos e inflación. Con el paso del tiempo los políticos, finalmente herederos del estado monárquico, comprendieron que la inflación era una herramienta mucho más efectiva y fácil que los impuestos, evitaba tomarse la molestia de recaudarlos, rendir cuentas, hacer complicados cálculos presupuestarios y - a medida que se fue imponiendo la odiosa figura de los parlamentos que limitaban el poder real - de conseguir la aprobación de leyes que crearan nuevos impuestos o aumentos de los existentes. La inflación es un impuesto que no requiere ninguna aprobación de las cámaras. 

 

También es sabido que toda inflación es siempre fruto de la falsificación. Desde el tiempo en que los reyes alteraban la ley de sus monedas, o sea el valor intrínseco, reemplazando sus metales por otros de menor valor, haciéndola más pequeñas, agujereándolas u otros recursos creativos. 

 

Pese a que se han intentado e inventado varias explicaciones sobre el origen de los procesos inflacionarios, como si fueran eventos meteorológicos, multicausales o exógenos, no existe un solo ejemplo en toda la historia en que se haya registrado una inflación, o sea un aumento generalizado de precios, o sea una desvalorización de la moneda, que no haya sido precedida por un aumento en la cantidad de moneda circulante en un país o en la velocidad de circulación de esa moneda, en ambos casos, creadas por el estado, vía emisión o regulación de la tasa de interés en algún sentido. Cuando por ejemplo se acusa a los supermercados o a los productores de crear inflación, además de no entender técnicamente el proceso, se omite preguntarse por qué semejante fenómeno no ocurre sino en los países en que previamente se han creado esas condiciones, es decir emisión o regulación gubernamental de la tasa de interés. 

 

La inflación es también funcional a los burócratas gobernantes modernos:  coincide con el relato con el que han convencido a tantos de que son capaces de crear bienestar, felicidad, igualdad y sobre todo, lograrlo sin estudiar, trabajar, tener éxito en algo ni esforzarse. Emitir crea una sensación de solución instantánea, sin requisitos previos, de inmediatez de redistribución y equidad, de bienestar exprés sin ninguna espera ni esfuerzo ni ahorro ni trabajo ni éxito ni tiempo. La inflación es siempre y en todo lugar, además de un fenómeno monetario, un fenómeno populista. Y aquí vuelve a ser importante recordar la embestida de Frederik Hayek en su prédica contra la fatal arrogancia de toda burocracia gobernante, con cualquier ideología, que creían que con una planificación central organizada se podía reemplazar las decisiones de la sociedad, o sea de la acción humana. Su libro “Camino de servidumbre” inaugura brillantemente esa crítica. 

 

Casi todos los gobiernos, con cualquier signo, padecen de algún grado de populismo, siguiendo la definición de Fukuyama: “cuando el gobierno coimea a la ciudadanía”. La esencia de ese populismo es la instantaneidad, el aparente logro inmediato y urgente, ningún mérito ni éxito previo, ningún esfuerzo, la inmediatez de satisfacer aparentemente todas las necesidades y demandas. Como la avalancha de impuestos que eso significaría, y su efecto paralizante y mortal sobre cualquier economía, termina implosionando hasta la miseria, el camino que suele elegirse es el mismo que el de los reyes: falsificar la propia moneda, o sea gastar y complacer gentiles pedidos y financiarlos con emisión, o sea con inflación. Que sigue el mimo camino, pero que es más difícil de notar. 

 

Fue el marxismo y sus entenados quienes hicieron creer esa premisa del bienestar automático, aunque nunca probó su promesa cuando gobernó y terminó conduciendo a sus pueblos a la miseria y a la dictadura. Pero su prédica posterior, la del neomarxismo, resultó exitosa, y convenció a los pueblos de que la utopía es posible. Eso condicionó el accionar de los burócratas de todas las ideologías cuando fueron gobierno. Los pocos que no lo hicieron, en su momento, fueron llamados estadistas, pero hoy serían despreciados por los votantes. La inflación es el otro nombre de esa utopía. 

 

Cuando la economía es pequeña, el efecto se suele notar muy pronto, con lo cual la sociedad reclama compensación por la inflación que le quita poder adquisitivo (nunca reclama bajar el gasto que generó la emisión sin respaldo) y los burócratas complacen ese reclamo aumentando los sueldos, subsidios y otros ingresos, y con ese segundo acto de populismo no sólo convalidan el proceso inflacionario, sino que inician una espiral imparable. 

 

En el caso de las grandes economías, como ocurre con la norteamericana, ocurre lo mismo, pero el resultado se retarda porque su moneda es usada como reserva de valor y ese efecto de emisión se reparte, con lo que tarda hasta que alguien o algo pone en evidencia que el rey está desnudo, en cuyo caso se producen las famosas burbujas, que se suelen corregir creando nuevas burbujas, hasta que todo el mundo se da cuenta de que estuvo jugando con cartas marcadas, o ahorrando dinero falso. 

 

A esto se suma el enriquecimiento de las clases gobernantes, la Nueva clase universal a la que tantos aspiran acceder. Y acceden. La debilidad que implican las ambiciones personales de todo tipo, también los obliga a complacer a los votantes, a cualquier precio. El resultado que satisface todos los requerimientos es la inflación. Por un rato. Hasta que estalla. Eso obliga a encontrar excusas y explicaciones para justificarla. Que, por supuesto, siempre se adjudica a terceros malos y especuladores, y se amenaza con perseguirlos o exterminarlos, a sabiendas de que nada de eso será efectivo, pero sirve para sacarse la responsabilidad. Un cómodo desconocimiento del funcionamiento de la economía, pero bastante efectivo políticamente. Por supuesto es intolerable la idea de combatir la inflación con una recesión moderada, el único método posible conocido hasta ahora. 

 

 

Otro mecanismo para explicar la inflación siempre autogenerada por gobierno y pueblo, (pueblo de todos los niveles y en todos sus formatos, claro) es la apelación a las calamidades: pandemias, catástrofes climáticas pasadas y futuras, guerras, invasiones, indignaciones, dictadores, Big Brothers, miedos, luchas en pro de la democracia, en defensa de la soberanía y otras causas sagradas. Casi no importa si esos motivos son reales o no, o si efectivamente se logran o no. Importa la verbalización, el relato, crear la sensación de exogamia, como si la inflación fuera una granizada, o una inundación, siempre atribuible a un cambio climático que también sirve de excusa multiuso. 

 

Al ser un mecanismo facilista y que no requiere ninguna habilidad, sacrificio ni honestidad de nadie, en especial de los gobernantes, la inflación es entonces el disfraz preferido de la mayoría de los políticos modernos, que la usan como herramienta. Basta leer las declaraciones prepandémicas de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, cuando anticipó que usaría la inflación para crear más empleo, marcando la línea que luego siguió y sigue el presidente de la FED, el obediente Powell. La admonición de Friedman ha sido cuidadosamente transformada en una teoría. En una de dos bibliotecas, aunque nadie sabe cuál es la otra. 

 

Para el neomarxismo, además de servirle porque da la sensación a primera vista de que se puede cumplir el paradigma paradisíaco (perdón por la contradicción) de la ensoñación de su creador, y con ello jugar una baza que condiciona cualquier planteo serio, cumple dos funciones centrales. La primera es obedecer el mandato póstumo de Marx, de aniquilar al capitalismo con su misma herramienta y sus reglas, justamente licuando su moneda hasta la nada. La segunda, generar, vía la destrucción de la moneda, es decir de la riqueza y el ahorro, el estado de pobreza generalizada sin esperanzas, el ansiado coeficiente Gini cero, la ausencia de toda expectativa, que lleva a la mansedumbre de las masas, el verdadero comunismo. La dependencia absoluta del estado. 

 

Si se analizan todas las declaraciones de todos los gobernantes del mundo, con cada vez menos excepciones, no puede caber ninguna duda de que ello está ocurriendo y culminará en breve.