OPINIÓN | Edición del día Martes 06 de Septiembre de 2016

Por Dardo Gasparré - Especial para El Observador

Sinomacrismo

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El presidente Macri asiste a la Cumbre del G20, de la que Buenos Aires será sede en 2018, un acontecimiento no menor. Luego participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En ambos foros eleva su reclamo por la libertad de comercio en general y por la injusta, arbitraria y por qué no imperialista decisión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de excluir unilateralmente, desde los orígenes de la globalización, a la producción agrícola de base e industrializada. Esa exclusión es casi una burla a los países con ventajas comparativas en ese rubro y una seria contradicción a los principios económicos de la libre competencia y de la propia OMC.

También está profundizando la calidad e importancia de las relaciones con China, a la que se acerca económicamente y apoya en su aspiración de ser aceptada globalmente como economía de mercado, pero ha renegociado los tratados firmados con el kirchnerismo que daban al país comunista una peligrosa libertad y secreto en el manejo de algunas instalaciones y emprendimientos en la Patagonia.

La negativa de inspiración norteamericana a reconocer a la segunda potencia mundial como economía de mercado también representa una enorme contradicción. Las objeciones van desde quienes la atacan desde los principios de la ortodoxia capitalista, hasta quienes la rechazan desde el proteccionismo gremial.

Se trata de una constante a lo largo de los siglos: países que tratan de vender, y países cuyos productores y fabricantes quieren ser defendidos de la competencia por el Estado y sus recargos o trabas aduaneras. Eso es lo que se suponía desaparecería con la globalización.

Japón usó la misma metodología que China hoy: aprovechar su mano de obra barata y la inexistencia de cargas sociales para competir por precio y penetrar mercados, con productos de bajo precio y calidad y tecnología copiada. Luego, a medida que las exportaciones y la demanda aumentaba, fue mejorando hasta la excelencia su calidad e innovación, y también hasta la exageración sus condiciones laborales.

La calidad, el volumen de demanda y una enorme capacidad de innovación permitieron que sus costos bajaran y que simultáneamente el bienestar aumentara, al igual que los salarios y otras condiciones laborales. Lo mismo fueron haciendo en sucesivas etapas países como Corea del Sur, Taiwán, India o Vietnam. Usaron su miseria como insumo, lo que les permitió exportar, crecer, y terminar ofreciendo una calidad de empleo impensable a sus ciudadanos.

Si a todos esos pueblos se les hubiera negado la calificación de economía de mercado, hubieran sido vedados del comercio internacional y sus trabajadores –a quienes supuestamente el mundo quiere defender de lo que llama trabajo esclavo– se estarían muriendo de hambre. Corea es hoy uno de los países más reconocidos por su educación, progreso social y condiciones de bienestar.

Las mismas consideraciones que se aplican a los aspectos laborales, se pueden aplicar a otras prácticas de China, que se ha ido acercando al sistema mundial de modo notorio, al punto de que nadie imagina una política comercial que no incluya a ese país de modo predominante.

Como antes Japón, el avance chino molesta al proteccionismo empresario y gremial en todo el mundo. El TPP, un tratado que aún no está en vigencia, es en su meollo un sistema de defensa contra la sinocompetencia, o sea proteccionismo americano al mejor estilo Trump, algo menos zafio.

Macri comprende que tanto el reclamo de igualdad para las agroexportaciones a Europa, un cambio fenomenal para la economía argentina, como la aceptación de China como economía de mercado y la apertura al comercio mundial, son parte indivisible de un mismo paquete, ya que no podrá defender dos criterios opuestos simultáneamente.

De paso, romper el proteccionismo argentino –para lo cual tendría que enfrentarse con los amigos de toda la vida de su poderoso padre– representaría para el consumidor un ahorro 15 veces mayor que todo el empleo directo e indirecto que ofrecen las industrias protegidas, y para el contribuyente dejar de subsidiar actividades estrambóticas y corruptas como las de Tierra del Fuego.

Es cierto que en esa línea se opone al criterio y los intereses de un sector económico y de opinión muy amplio. Las mayorías han demostrado que la voluntad popular no es equivalente a sabiduría popular, ni a ninguna otra clase de sabiduría. Pero si se pretende el bienestar de base amplia, no existen muchos caminos: la famosa inversión salvadora no suele radicarse en ámbitos cerrados y temerosos.

En esa concepción, el Mercosur ha pasado a ser solo una frase de compromiso en los discursos del ingeniero. Guarida de corruptos y populistas (una redundancia), es un cadáver en el baúl de cualquier gobernante con pretensiones de estadista. Se quebró definitivamente con la división de posiciones frente a la destitución de Dilma Rousseff.

Lamentablemente, Uruguay prefirió considerar en la coyuntura que el presidente de una república tiene derechos superiores a los del Congreso o la Justicia. Y hasta minimizar el peso de la corrupción del Petrol?o sobre la indignación de la opinión pública. Se entiende en quienes consideran que el “faltante” de ANCAP es solo fruto de un sistema de administración poliárquico.

Si Uruguay se concentrara en los intereses de sus ciudadanos más que en una ideología marchita, su línea estratégica debería ser similar a la de Argentina. No lo será, más allá de la declamación inconsecuente de quererse abrir a los mercados asiáticos. Las puertas se abren en los dos sentidos.

Para evitar problemas y discrepancias, el presidente Vázquez hablará en las Naciones Unidas sobre el tabaquismo

• OPINIÓN | Edición del día Martes 30 de Agosto de 2016

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Por Dardo Gasparré - Especial para El Observador

Enfriar el juego también es negociar

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Es auspicioso que el presidente Vázquez haya anunciado su road show destinado a conseguir las inversiones necesarias para la mejora de la infraestructura. La decisión tiene una doble implicancia: que no se recurrirá a la toma de deuda para la ejecución de esas obras, y que las mismas tenderán a ser operadas por el sector privado.

Uruguay goza de un gran respeto internacional como cumplidor de sus obligaciones. Ese respeto se gana tanto con el esfuerzo en pagar lo adeudado, como sucedió en la crisis de 2001, como con la prudencia al disponer la emisión de nuevo endeudamiento. De modo que la idea de buscar inversiones privadas debe ser celebrada doblemente.

Hay una ventaja adicional en la inversión privada: que existirá un criterio de sustentación y racionalidad económica en las decisiones. Con motivo de la nueva radicación de UPM se han escuchado muchos conceptos inquietantes, que van en línea con los errores que se cometieron cada vez que el Estado intentó incursionar en tareas que no le son propias. Tanto la exploración y prospección petrolera como la aeronavegación y aun el propio ANCAP, su-santo-nombre, han sido fracasos ruidosos y rotundos. Y caros.

El primer error es la reiterada mención oficial a los 8.000 puestos de trabajo que generará la nueva pastera. Si bien es cierto que en el período de construcción se utilizará mucha mano de obra –buena parte de baja calificación– se trata de un período corto, de entre dos o tres años. En el corto plazo se podrán mostrar algunos indicadores auspiciosos, que desaparecerán bruscamente, para retener algunos cientos de trabajadores.

Si fuera nada más que un recurso dialéctico político sería tolerable. Lo grave sería que se tomase esa cifra como base para analizar cualquier inversión. La cifra de US$ 1.000 millones que se baraja para la infraestructura requerida supuestamente por la pastera, equivale al costo durante 200 años de todo el personal permanente, más los empleos periféricos. Cualquier empresa privada o un ente supranacional de crédito, notaría la contradicción y la puntualizaría, una bienvenida cuota de prudencia.

Otro punto que produce ruido es la exigencia de un servicio ferroviario para transportar la producción hasta el puerto. ¿Existe tal requisito? Además del costo del tendido y de las unidades, el riesgo es que, como tantos otros ferrocarriles en el mundo, deba tener una tarifa subsidiada, con lo que se estaría invirtiendo una elevada suma para comprarse la necesidad de erogar un subsidio permanentemente. Parte de la tarea de evaluación será comparar el costo de un tren y su operación, casi seguro a pérdida, contra subsidiar el flete por camiones, si tan poco rentable fuera la pastera que necesitase estas muletas.

Las obras que se realicen para infraestructura requeridas por la nueva inversión serán útiles para la comunidad en general, obviamente, pero no es seguro que sean las adecuadas, tanto en su localización como en su elección y formato económico.

Como ya se ha dicho en esta columna, queda claro que UPM está abusando de su posición de poder en este caso, por la necesidad que tiene Uruguay de su nueva radicación. Eso hace muy difícil la negociación y ciertamente muy fácil las críticas, pero no excluye la habilidad para negociar, hasta el extremo de un no final, si fuera necesario.

No está tampoco claro cómo se llega al cálculo del aumento del PIB de alrededor de 1,5% que se ha publicitado. Difícilmente se llegue a esa cifra con el régimen de zona franca que deja poco derrame sobre las compras importantes, los impuestos y el valor agregado en general. Salvo que, de nuevo, se esté pensando en el período de construcción, lo que no sería un método válido de evaluación. Un aumento del PIB siempre produce bienestar, pero ello se reduce notoriamente en este caso, agregado a la poca utilización de mano de obra permanente al constreñirse a la primera etapa del proceso de elaboración.

Nada más que las obvias preguntas que se recibirán de cualquier potencial inversor en las obras de infraestructura en general y en las relacionadas con la pastera en particular, ayudarán al presidente a encarar y evaluar esta etapa de la negociación, donde está ahora demasiado comprometido por sus propias declaraciones, que dan como hecho consumado algo que debería no darse por sentado.

El fracaso de la prospección petrolera, que estaba casi descontado por los especialistas y por los economistas, es un peligroso consejero en esta instancia, porque puede llevar a tratar de concretar una inversión importante a cualquier precio. Por eso ha llegado el momento de una profunda reflexión y acaso de un profundo silencio, para evitar ser esclavo de las palabras, un clásico en estos casos.

Un ejemplo: las técnicas modernas de negociación dicen que el negociador nunca debe ser la máxima autoridad, para permitir todas las correcciones y cambios de rumbo que hagan falta, en todos los sentidos. También dicen que negociar es conseguir que las dos partes obtengan lo que esperan. Y a veces hay que convencer a la contraparte de que tiene que esperar algo distinto a lo que quería inicialmente. Por ello la necesidad de exhibir algún triunfo conspira contra la paciencia y la estrategia.

En ese estado de cosas, y en términos futboleros que todos entendemos, me permitiré la atribución desubicada de darle un consejo técnico a la máxima jerarquía: pare la pelota, presidente Tabaré.

Por Dardo Gasparré - Especial para El Observador

2017: inversión negativa, apenas crecimiento técnico, más impuestos

Finalmente los especialistas y comentaristas parecen haber aceptado que Uruguay no firmará un tratado comercial con nadie, ni siquiera con la FIFA. Esta columna ha venido explicando hasta el aburrimiento propio y ajeno por qué esa idea agitada sistemáticamente por el gobierno y sus cogobiernos se autoanula en el socialismo marxista a la violeta.

Como es conocido, el relato, el materialismo dialéctico o la venta de humo, como se prefiera, es esencial al estatismo distribucionista y planificador central, sobre todo cuando debe explicar o explicarse sus fracasos y al mismo tiempo tratar de seguir sacándole recursos a la sociedad productiva (Friedrich Hayek).

Es, por caso, patético escuchar a los líderes sindicales, que han determinado no obedecer las decisiones de su sacrosanta OIT, que ha limitado con criterio práctico las huelgas que terminaban chocándose con la apertura comercial que propugna la OMC. Y más triste es su argumento de que hay que hacer un acuerdo para evitar la vergüenza de estar en una lista negra. Como si no se tratase de un flagrante incumplimiento del PIT-CNT de las decisiones de su venerada organización. Incumplen y luego llaman a un acuerdo para evitar la vergüenza de la sanción. Relato casi ofensivo a la inteligencia. Faltaría agregarle la declamación de la soberanía.

Al mismo tiempo, la gremial marxista reclama tangencialmente que se considere parte del derecho de huelga la ocupación de fábricas. Se trata de otra sorprendente realidad virtual que pretende además tornar invisible o inexistente la Constitución y el Derecho de Propiedad. Cómo de ese ataque a la producción de riqueza puede generarse algo para repartir y lograr bienestar debe ser, seguramente, tema de otro relato.

En este telón de fondo se inscribe la triste imagen de Diego Lugano y Diego Godín, dos exitosos que intentan incurrir en el delito de invertir su bien ganado capital en su país, y que deben comparecer ante el Senado que los investiga –macarthismo izquierdoso– por el terrible hecho de importar cemento a precio más barato que la producción estatal protegida local. Como si fuera tan difícil mejorar el precio de la ineficiencia. Ni República, ni libertad, ni comercio.

Como si no hubiera bastante venta de humo, en la misma semana se pudo conocer que el ScotiaBank “aceptó quedar fuera del acuerdo por la quiebra de Pluna y seguir cobrando directamente del Estado uruguayo la deuda por los aviones”.

Traducido al español corriente, lo que ocurre es que, gracias a un estúpido aval firmado por el gobierno del Frente Amplio a favor de unos improvisados, (mis compatriotas) cuyos firmantes aún están siendo juzgados, el ScotiaBank no tendrá que entrar en la quiebra y perder una fortuna por haber prestado a unos irresponsables, sino que recibirá su acreencia completa gracias a la inmensa generosidad de la sociedad oriental.

También quiere decir que el Estado no podrá resarcirse ni siquiera de una mínima parte de ese gasto, porque los activos serán absorbidos en su totalidad por los sindicatos. País generoso. Me recuerda a otro, aquí cerca. Pero lo que permanecerá en la memoria popular, es que el ScotiaBank aceptó quedar fuera de la quiebra. Macabro.

Desde el materialismo dialéctico marxista en adelante, pasando por el nazismo, el supuesto socialismo moderno, el peronismo, el chavismo, el kirchnerismo, el populismo y otros “ismos”, la característica distintiva es que terminan creyéndose las farsas que elaboran para las masas. Así, creen, por ejemplo, que efectivamente la educación es adecuada, y que lo que Uruguay necesita no es lo que miden las pruebas PISA, sino vaya a saber qué esoterismo superador.

Creer en la futura inversión cuando se está en debate permanente para descubrir nuevos impuestos con cualquier formato, o cuando se aumentan las tarifas de servicios que ya son elevadas, es otra forma de relato que con el autoconvencimiento se transforma en peligroso. Y cuando pese a ese nivel tarifario se está cerca de la escasez de abastecimiento por falta de obras y se mendiga por más recursos fiscales, el mensaje al inversor es contundente.

En tal contexto, cualquier crecimiento de Argentina, en vez de ser una posibilidad favorable, como evalúa el gobierno, puede jugar en contra. Si el agro de la orilla occidental crece como se espera, igual que la ganadería, habrá una fuga de inversión y tecnología de Uruguay y un retorno al país vecino, sobre todo luego del impresionante blanqueo. Los manotazos impositivos y las amenazas de nuevos ataques al capital y al patrimonio, no son los mejores atractivos para ofrecer.

La reforma constitucional promarxista, ahora apoyada por algún diputado colorado en estado de irreflexión, ahuyenta inversión, riesgo, tecnología y futuro todo en uno, aún cuando se trate solamente de otro relato dialéctico.

La economía uruguaya, con un PIB cuyo crecimiento parece basarse solo en futuras desgravaciones –lo que muestra que la presión tributaria es inviable– debería hacer todo lo opuesto a lo que hace: por ejemplo, salir a atraer a la pyme argentina, una enorme generadora de empleo y de exportaciones, maltratada en mi país. Seguramente no se seguirá ese camino, ante la urgencia de seguir repartiendo felicidad monetaria entre la población, una estafa técnica, intelectual y moral. Por supuesto que se aplica además aquí una pregunta que parece obvia por su simpleza: si las desgravaciones son tan buenas para radicar pasteras, ¿no serán buenas para todo y para todos?

Los dos países del Plata son el prototipo de las sociedades divididas que empiezan a caracterizar al siglo XXI: una masa importante de la población que decide omitir el proceso de sacrificio, trabajo y riesgo como medio para obtener su bienestar y decide saltar todas las etapas y quitarle a la otra parte de la ciudadanía sus ahorros y sus bienes para lograrlo, amparada en la excusa de la inequidad, de la pobreza, de los derechos humanos o de cualquier otro argumento dialéctico. Para ello, apela a su mayoría circunstancial para crear un andamiaje permanente de exacción y expolio, que termina paralizando toda iniciativa y empobreciendo a todo el pueblo.

Entre el gremialismo que prefiere no entender que no hay inversión sin flexibilizar sueldos y cargas sociales y el Estado frenteamplista que no puede existir sin inventar nuevos impuestos a diario, el crecimiento es el mayor relato. Seguramente la tarea política principal en 2017 será buscar a quién culpar.

Que tengan un buen año. La seguimos en febrero. Si gustan

Perdiendo trenes

Argentina y Uruguay se asemejan en muchos aspectos. Entre otros, en una cierta discapacidad para analizar con objetividad la realidad que los rodea y actuar en consecuencia.

En esa línea han perdido varios trenes en la última década. Lo obvio es lo que se pudo hacer con la combinación de la bonanza de las materias primas y la tasa regalada de interés de los años recientes. Tiene sentido detallar algunas de esas omisiones:

- Crear una nueva infraestructura proyectada hacia el futuro, en cada país y bilateralmente.

- Bajar el gasto del Estado sin pagar un costo social y hacer eficiente la burocracia.

- Reformar el sistema jubilatorio ilusorio y explosivo.

- Sacar del Estado actividades que hace mal, sin el correlativo costo social.

- Crear un fondo anticíclico que permitiera suavizar la contrapartida del cambio irremediable de tendencia.

El listado puede extenderse varias hojas y varias notas. Simplemente no se hizo. La soberbia, la ignorancia, la ideología mal entendida usada como excusa, la burocracia, la inutilidad, la fácil demagogia de repartir y luego ganar elecciones, hicieron que ni siquiera se alcanzara a ver el vagón de cola del convoy.

Otra oportunidad perdida fue la de no abrirse al mercado internacional cuando crecían las exportaciones. Eso habría permitido mantener en caja la inflación, crear trabajo y aumentar el bienestar, como es sabido, y absorber cualquier pérdida de empleo con la demanda laboral de ese crecimiento llovido del cielo. Tampoco se hizo. Se prefirió seguir protegiendo a empresarios y gremios privilegiados que se beneficiaron por vía múltiple en detrimento de la sociedad y tolerar una inflación contenida con manoseo monetario. También aquí llegamos a la estación cuando la formación se había ido.

La combinación de esas medidas habría permitido negociar en serio tratados comerciales y más importante que eso, tener precios competitivos a nivel mundial. Esa posibilidad se ha perdido y no volverá. El mundo va hoy en otro sentido, y no por culpa de Trump, que es un mero símbolo de una tendencia.

Se probó acabadamente el fracaso de las economías planificadas de izquierda o de derecha y de la omnipresencia del Estado. Von Mises y Hayek habrían podido evitarse cientos de páginas de teoría en sus libros y reemplazarlas con una simple enumeración de los resultados de esos divagues y en el Río de la Plata y la pérdida de oportunidades invalorables y únicas.

En el caso específico de Uruguay, perdió la ocasión de transformarse en factor de decisión en el Mercosur, preso su gobierno de un sistema que cree que una doctrina muerta hace mucho es más importante que los intereses del país. También desperdició la trascendente oportunidad de convertirse en el centro financiero y fiduciario de la subregión. Al contrario: perdió el negocio de banca internacional y redujo a cero su presencia regional. Y de paso hirió gravemente la inversión inmobiliaria.

Es cierto que en la autodestrucción del negocio bancario influyó la presión insostenible de las naciones desarrolladas, que buscan la internacionalización de sus instituciones financieras, pero había muchos caminos y variantes por explorar, y no la subordinación resentida y complaciente conque se hizo el cambio a toda velocidad. Del mismo modo que ahora se pliega tardía y extemporáneamente al criterio de sancionar a las jurisdicciones con escasa o nula tributación, criterio fatal para los países emergentes.

En ese paquete están las leyes de lavado y antiterrorismo, que se impulsan ciegamente sin adecuarse a la Constitución y que se tratan de explicar con la necesidad de mantener la nota crediticia, que no sólo no tiene demasiado que ver con la sanción de estas normas sino que probablemente será rebajada de todos modos. Aún si se hubiera tratado de una imposición, se debió comunicar así a la sociedad. Por una u otra razón, todos estos son trenes perdidos, empleos que se fueron o que no fueron, que desgraciadamente no volverán.

La pregunta ahora es hacia dónde ir y cómo ir. Está claro que en la concepción del Frente Amplio, no se debe hacer nada, salvo aumentar los impuestos a diario para no perder ninguna de las conquistas llovidas del cielo y mantener el poder adquisitivo del salario que considera un derecho humano. En esa búsqueda desesperada raspa el fondo de la olla y busca eliminar exoneraciones a las radicaciones, una práctica universal. Como en tantos otros temas, se comporta aquí con desconocimiento y tozuda negación de la realidad.

Por eso es preocupante el conformismo que manifiesta el gobierno con la situación económica, dando por superada la recesión y confiando en una leve recuperación técnica de Argentina y Brasil, igualmente paralizados por su proteccionismo, su populismo, su gasto y su deuda. La esperanza de la regasificadora debería atenuarse para no seguir apostando a pérdida. Sobre la otra esperanza, la de la pastera, esta columna prefiere dejar pendiente su opinión para otra nota, trencito incluido.

No es sencillo imaginar un tratado comercial salvador (digno) con China sin otorgar fuertes reciprocidades, por lo que es predecible que cualquier acuerdo será vetado por el PIT-CNT, que paradojalmente se comporta igual que Donald Trump. Además, el marxismo no está preocupado por crecer, sino por repartir lo que queda. En cambio sí lo está el gobierno, que advierte que la manta se seguirá acortando.

Por eso busca exprimir a las pseudoempresas de servicio para que, vía las tarifas-impuestos que extraen del consumidor cautivo, lo ayuden a paliar el déficit (se le exige eficiencia recaudatoria a las mal llamadas empresas, pero no al resto de la burocracia). Busca también inversiones que serán escasas con la combinación de dólar bajo, costos y salarios altos en dólares, impuestos nuevos cada día, rigidez laboral y con un Mercosur exangüe.

Sin embargo, hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, un tratado con la lógica económico-social y con la realidad. Porque por muchos acuerdos que se firmen, no se vende a precios fuera de mercado. En cambio, con precios competitivos se exporta sin tratado alguno. Usar impuestos para financiar gasto o bienestar es la mejor manera de no crecer, no exportar, no tener inversiones. Más bien es el mejor modo de fundirse.

Uruguay debe dejar de creer que su burocracia puede generarle bienestar, crecimiento o empleo y huir del círculo vicioso de compensar los efectos de una desastrosa ideología vetusta con más gasto, más impuestos y más proteccionismo. Se impone encontrar un nuevo rumbo, una nueva meta, una nueva propuesta. Que, claramente, no estará exenta de sacrificios, que serán la multa por el facilismo y el desperdicio del pasado. El conformismo de hoy demora la aceptación de un fracaso y la búsqueda imperiosa de un nuevo destino común.

Porque cuando un país no sabe adónde va, pierde todos los trenes. 

OPINIÓN | Edición del día Martes 06 de Diciembre de 2016

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Por Dardo Gasparré - Especial para El Observador

Lavado y República

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Con la celeridad y diligencia de los culposos, el gobierno kirchnerista hizo aprobar varias leyes y reglas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esas normas siguieron la línea habitual del GAFI de dar vueltas de tuerca sucesivas tanto en la tipificación y cantidad de los delitos que se penan como en la de los sujetos obligados.

Curiosamente el propio kirchnerismo se encargó de burlarlas posteriormente mediante el simple expediente de no reportar los casos sospechosos en su jurisdicción, o directamente al no prestar atención a las denuncias recibidas en la Unidad de Inteligencia Financiera. También fueron burladas alevosamente en todos los casos de corrupción que ahora se ventilan en la justicia y en los medios, sin resultados a la vista.

Cambiemos hizo recientemente malabarismos verbales y jurídicos para explicar que el nuevo blanqueo impositivo no perdona los delitos de lavado, pero que al mismo tiempo los bancos no tienen la obligación de pedir demasiadas explicaciones sobre el origen de fondos.

Al no haberse avanzado en las denuncias penales de modo relevante, no se han planteado aún los recursos de inconstitucionalidad que para muchos especialistas plantea el paquete de leyes comentado. Normas que juzgan sobre hechos retroactivos, referidas a supuestos delitos precedentes prescriptos, que obligan a exhibir comprobantes que no se requería conservar por la legislación vigente en cada momento, ofrecen sin duda flancos que chocan con el marco constitucional.

A ello se agrega el criterio implícito de tener que probar que no se han cometido delitos de los que el ciudadano no ha sido acusado, sin saber cuáles son ni cuando habrían sido cometidos, lo que tensa la lógica jurídica y sacude los derechos del individuo con exigencias kafkianas que lo ponen en manos de la decisión de un funcionario.

Por eso los países centrales han aplicado reglas que persiguen el objetivo conjunto, acertado e imprescindible de combatir el lavado de activos, pero respetando cada uno su marco constitucional. Intimidados por el riesgo de ser considerados parias por el sistema mundial y otras consecuencias, los países periféricos aplican el formato que se les requiere y esperan que el Poder Judicial se allane a la voluntad del mercado global.

Uruguay discute ahora dos nuevas piezas legales similares a las que aplicó Argentina en 2011, también a pedido. La ley contra la financiación del terrorismo, y una nueva ley que se supone replanteará, recopilará y perfeccionará las normas vigentes contra el lavado de activos, en otra vuelta de tuerca.

Por la importancia de esa legislación en los aspectos financieros y patrimoniales, las obligaciones que impone a numerosos sectores y las implicancias constitucionales que plantea, estos proyectos deberían ser conocidos ampliamente y debatidos por toda la comunidad. La impaciencia por aprobar la normativa y la exigencia por crear una norma preestandarizada pueden terminar desvirtuando el objetivo inicial y reduciendo la seguridad y seriedad financiera y jurídica que se intentan defender.

La modesta e insinuada observación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia –que no ha abierto juicio alguno sobre la validez ni la constitucionalidad de estas leyes, como cabe a un profesional de experiencia– no debería ser descalificada sin sopesarla profundamente. El principio de dejar de lado las garantías de la Constitución en nombre de un fin superior, no existe en estos lares, ni es digerido por la ciudadanía. Nuestros sufridos países tienen todavía la esperanza, acaso última, de que su Estado y sus gobiernos respeten los derechos esenciales del ciudadano.

A ese sueño lo llamamos, con cierta inocencia, República.

Ese sueño ayuda a seguir caminando pese a todos los desaguisados de todos los políticos, a la demagogia, al populismo, a la burocracia y a la inutilidad. Pese a la falta de oportunidades, a la decadencia, a la mediocridad y a la frustración. La esencia de la República es la independencia de la Justicia. Esto es especialmente válido cuando el Poder Legislativo está inclinado a aprobar cualquier norma que en su criterio sancione al capital, lo que ciega cualquier decisión y la expone a la exageración.

La lucha contra el lavado de activos proveniente de delitos sociales es un objetivo global que todos los países y todas las personas deben apoyar. Pero cada país debe poder adoptar y adaptar los caminos para hacerlo, lo que no sólo tiene que ver con elementales cuestiones de soberanía, sino con una mejor aplicación de la legislación y el debido respeto a la ciudadanía. Las crecientes reacciones antisistema de las democracias mundiales tienen mucho que ver con este olvido.

No es cuestión de amparar a los verdaderos malhechores. Tampoco de desamparar a ciudadanos. Por ese camino del medio es posible construir objetivos comunes.

Por Dardo Gasparre Especial para El Observador

El daño de un sanguinario dictador

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Con escasísimas excepciones, la prensa regional –incluyendo Argentina y Uruguay– ha eludido referirse a Fidel Castro con la definición que mejor le cabe: la del título. Se lo menciona como líder, luchador, forjador de sueños, idealista, como máximo se le agrega controvertido. Tal vez se deba al respeto que tenemos los latinos ante la muerte, que abuena a todos los finados, acaso al sueño infantil frustrado y oculto de ser un bucanero, quizá sea otra muestra más de la corrección política periodística deliberada que ha paralizado el pensamiento crítico o lisa y llanamente se deba a que se considera al salvajismo armado como una opción viable de acceder al poder. Siempre que esa violencia sea ejercida por el marxismo, obvio.

El único sueño de Fidel fue emular la revolución soviética en formato e ideología y así lo declaró en cuanto llegó al poder. Como Stalin, eliminó por sistema generaciones enteras de su sociedad para imponer el comunismo, con balas, purgas o con exilio de lujo o en balsa, hacia Miami o hacia la muerte. Las elaboraciones intelectuales que ahora lo muestran como un iluminado casi religioso, o un profeta, tergiversan ¿inadvertidamente? los crudos hechos.

Su sociedad con Ernesto Che Guevara, un psicópata asesino que viajó a Sierra Maestra en un tour de muerte, como quien va a un safari humano, exonera de la necesidad de un largo análisis. Castro y Guevara eligieron la aventura romántica de matar, casi con prescindencia de la obtención del poder. Es cierto que el dictador no era un teórico del comunismo, pero lo abrazó por necesidad psicológica, metodológica y por conveniencia. Necesitaba el subsidio de algún mentor y eligió la URSS. Tras la autoextinción soviética, postró a su país a los pies de China, mendigó a Venezuela y finalmente, en una vergonzosa pirueta, golpeó a la puerta de servicio de Estados Unidos para pedir algún mendrugo.

Excluyó a su país del mundo y lo condenó a la miseria. Sus supuestos logros en salud pública y educación son un relato que le ofrendó a los pobres cubanos, como la Unión Soviética convencía a su población cautiva de que su industria y su ciencia eran los mejores del mundo, o Hitler de que el Bismarck era indestructible. Transformó a sus ciudadanos en exiliados, escarneció a quienes se resistían y encarceló a cualquiera que levantara la voz para denunciar su barbarie. Aplastó la democracia y cualquier intento de pensar. Como Stalin, solo permitió sobrevivir a quienes se sometieron al vasallaje y a la opinión única. No fue un líder. Fue apenas un flautista de Hamelín que despeñó a su pueblo. Empezó exportando su modelo a América Latina, terminó exportando balseros. Su herencia es un colosal daño.

Pero también deja una gran lección.

Tras 60 años del experimento marxista, Cuba ha llegado a ser nada. Como sociedad, como economía, como país. Navega hoy en una balsa colectiva hecha con neumáticos, sin rumbo, sin objetivos, sin destino. La dictadura castrista fue la condición y consecuencia necesaria que describe Fredrik Hayek para imponer un sistema estatista de organización política y socioeconómica. La sociedad se rebela sin necesidad de armas a la tiranía económica del marxismo o del estatismo en todas sus formas. La reacción del planificador central es siempre la misma: cuando no se puede meter a la sociedad en el brete de la ideología, se cambia la sociedad por la fuerza, la violencia y la imposición.

La dictadura de Castro fue, además de una expresión natural de su sociopatía, la reacción de impotencia ante el fracaso de su concepción económica y social. El último estertor del marxismo perimido, con ese nombre o con cualquiera de sus apodos modernos: socialismo, estatismo, populismo, progresismo, economía de empresas del estado, gobierno del gremialismo o como se le quiera llamar. El modelo que exportó a Venezuela ha demostrado, en un trágica prueba de laboratorio a escala real, que no sirve para nada, que se agota en si mismo y termina en la miseria.

¿Por qué hay todavía sectores importantes que creen en ese modelo? Porque no se sienten capaces de participar del mundo y buscan la protección de algún ideal patriótico y revolucionario que les permita esconderse y sobrevivir. Como un insecto. Como los proverbiales gusanos que poblaron el lenguaje de Fidel. Por supuesto, esos sectores sociales creen que en su caso particular el experimento será distinto, exitoso, liberador y una defensa a sus tradiciones e independencia.

Nazca desde la violencia o desde la democracia, el sistema neomarxista termina siempre en la imposición, en el pensamiento único, en el exilio, en la expulsión, en la mediocridad, en alguna forma de dictadura. Cualquier sistema de planificación choca siempre contra el libre albedrío de los seres humanos. Cuando el sistema fracasa, la sociedad escapa de él. En ese momento la reacción es la limitación de la libertad, por la fuerza de las armas o por la fuerza de la ley, legítima o no.

Uruguay tiene algo para aprender en esta historia. El generoso sistema de reparto llega a la parte más estrecha del embudo. La creación de nuevos impuestos (o la ampliación de los viejos) no es viable sin ahogar del todo la producción. La inversión es una utopía con gremialismo comunista gobernante. La recaudación vía tarifas también estallará en aumentos de costos y baja de consumo. La exportación sin importación es impensable al no haber innovación y al empujar el dólar a la baja.

Entonces, al borde de perder la mayoría que le concede el particular armado que se denomina pomposamente poliarquía, el Frente Amplio sueña con modificar la Constitución, ahora en 2017. El otro modo de obligar a la sociedad a adherir a un modelo inservible. La dictadura económica por ley. En tal encrucijada, Cuba debe ser el faro que nos guíe. Para ir en sentido contrario.

Gracias, Comandante, por la enorme enseñanza que nos deja, si la sabemos aprovechar. Hasta la victoria, siempre.

OPINIÓN | Edición del día Martes 01 de Noviembre de 2016

Por Dardo Gasparré - Especial para El Observador

La rebelión de los jóvenes

El Banco Central ha comenzado a plantear la necesidad de bajar el gasto del Estado. Una recomendación casi inevitable si se analiza con capacidad técnica y sin apasionamientos el proceso económico y el futuro.

El famoso y fatal viento de cola incrementó el PIB y consecuentemente permitió aumentar el Gasto sin que ello confluyera en porcentuales peligrosos (ver gráfico I). Al mismo tiempo, ese aumento inyectó una alta cuota de ineficiencia en el sistema e hizo perder la oportunidad de aplicar una política anticíclica. (El Frente Amplio quiere volverse anticíclico ahora, pero esa técnica se comienza a aplicar cuando los ingresos sobran, no cuando faltan.)

Hoy que el viento ha amainado, nadie quiere ceder lo que cree sus conquistas, en la línea suicida de pensamiento que sostiene que el gasto sólo puede subir. Eso produce una anemia terminal en el sistema productivo y en la inversión privada, de por sí escasa. Llamo a esto el proteccionismo estatal. Mientras en Argentina un auto construido localmente vale el doble que en Chile, para proteger a los privados prebendarios, en Uruguay un auto importado vale más caro aún para generar mayores ingresos al Estado y permitir más gasto. En esa línea, las tarifas de todas las empresas estatales son otro modo de proteccionismo y un nuevo impuesto a los sectores productivos y sobre todo al consumidor.

Estos mecanismos, como también ha alertado el Banco Central, carcomen la actividad privada y requieren aumentar continuamente la carga impositiva, círculo vicioso que puede llegar a extremos ridículos y graves. Eso justifica la desesperada búsqueda del presidente Vázquez de alguna clase de apertura, de algún tratado milagroso, de cualquier posibilidad que sea digerible para su Frente Amplio y que le permita aumentar el PIB y los puestos de trabajo privados. Esa búsqueda es bastante utópica, aunque elogiable, pero en realidad la apertura no requiere tratados y, como ya ha expresado esta columna, tiene que ver con la innovación o con la alternativa de producir a bajos costos, algo imposible en el sistema descripto.

Como también se ha demostrado hasta el hartazgo, la apertura comercial no afecta el empleo y en cambio aumenta vigorosamente el PIB. Esto se ve en la gráfica (II) que mostramos, donde Uruguay comparte orgullosamente un lugar mediocre junto con Argentina, fruto de su supuesta defensa de los puestos de trabajo y el crecimiento.

El gasto del Estado es también el alimento de la burocracia, un problema adicional a su efecto económico, porque la burocracia es veneno para cualquier actividad pública o privada, como tan bien lo ha explicitado en un reciente reportaje ese pintoresco filósofo viajero que es José Mujica.

El gasto y el proteccionismo, estatal o privado, son los hermanos gemelos que amenazan y empobrecen al consumidor y al contribuyente, las dos personalidades económicas del ciudadano. Por eso la prédica neomarxista de redistribución de la riqueza, además de totalitaria, injusta, paralizante y corrupta es ineficiente: la mejor manera de redistribuir la riqueza es mediante el consumo y lo prueban todas las mediciones de la historia. El problema es cuando ese consumo se intenta fomentar con aumento de emisión o gasto, porque ambos se convierten fatalmente en algún tipo de impuesto que castra todo crecimiento y todo progreso.

El inviable sistema económico oriental está teniendo consecuencias graves. Por un lado, ajusta por desempleo, que no es tan notorio porque el sistema estadístico de medición es inadecuado, porque está diseñado por los entes mundiales burocráticos (y consecuentemente incapaces). Y en el extremo, ajusta por expulsión. No sólo la juventud tiene poca propensión a buscar trabajo siquiera, sino que se marcha. Ese éxodo está reflejado en recientes análisis demográficos que prevén 10% de reducción en la población oriental en pocos años, con efectos muy serios en la pirámide poblacional.

Porque en esencia, en Uruguay, como en muchos aspectos Argentina, los jóvenes no tienen porvenir. El proteccionismo, tanto estatal como privado, es la concepción y al mismo tiempo la génesis de una sociedad de gerontes mentales. De empresarios, burócratas, sindicalistas,viejos y ricos, que buscan que nadie les compita ni les saque su ventaja, casi siempre con la excusa de las fuentes de trabajo, la industria nacional o la soberanía, todas declamadas víctimas de algún contubernio contra el país, con conclusiones que jamás se han probado, que no resisten la confrontación con los datos crudos, y que al contrario, han empobrecido a los pueblos.

Frente a tales enemigos, los jóvenes rioplatenses deberían abogar por un sistema liberal tanto social como económico. Una Constitución liberal. Es el único que les dará un lugar para desafiar a la vieja riqueza y el viejo establishment, el que les ahorrará la penuria de tener que irse de su patria o de tener que transformarse en un subsidiado mendigo a los 25 años, según cómo venga la mano en cada momento dado. El que les permitirá abrir su cabeza y sentirse capaces de innovar, de arriesgar, de medir sus fuerzas, de hacer un mundo nuevo.

Se suele admirar la audacia de los entrepreneurs de internet, de los jóvenes que rompen los cánones, los que crean UBER, Facebook, Amazon o Google, los que desafían la fuerza de la gravedad, los que cambian los mercados e imponen sus nuevos enfoques, los que no temen competir, los que se sienten seguros de sí mismo y jamás, jamás le piden nada al Estado, salvo que no los moleste. Los que cambian de rumbo cada vez que la tecnología cambia o cuando alguien mejor que ellos les quita mercado. Esos jóvenes, sabiéndolo o no, son liberales.

Internet es liberal. De ahí el empecinamiento en regularla. Por el miedo que produce la competencia y cualquier nueva idea, y por el miedo que produce la destrucción creativa de que hablaba Schumpeter cuando ataca en carne propia.

El estatismo y el proteccionismo son en definitiva las defensas de un mundo obsoleto contra el empuje de la juventud. Se ataca con ideología la innovación y se ataca el conocimiento torpedeando la calidad educativa.

A los jóvenes les queda el liberalismo o el éxodo.