Publicado en El
Observador de Montevideo 25/08/2015
Lavado
de activos: con la misma vara
El GAFI ha emplazado a Uruguay para que mejore sus controles en las
operaciones no financieras que puedan implicar lavado de activos, so pena de
aplicarle multas en sus transacciones financieras que pasen por el mercado
americano.
Este sistema drástico y casi inamistoso es el que tiene esta rara
entidad supraestado para forzar a los países a resignar su jurisdicción
financiera, usando el hecho de que Nueva York es la plaza obligatoria para
todas las transacciones internacionales y que detrás del GAFI está la mano
oculta de la objetable y objetada Patriot Act estadounidense. (No, no soy
simpatizante del FA, sólo me urtican las prepotencias)
Uruguay ha pagado y seguirá pagando altos costos por cumplir
rigurosamente las reglas antilavado, y
eso es correcto, ya que no puede basarse una industria o actividad en la
protección de delitos, en cualquiera de sus formas.
Esa rigurosidad internacional, sin embargo debería tener ciertos
límites y ciertos equilibrios. Por ejemplo, no es posible que cada año se
agreguen nuevas normas, se tipifiquen nuevos delitos, se fuerce a aprobar leyes
penales retroactivas claramente ilegales y a invertir la carga de la prueba,
para demostrar que no se ha cometido un delito que no se sabe cuál es. Eso,
además de kafkiano, es ruinoso para las instituciones, para la economía y para
los principios de cualquier país serio.
Y no es posible disimular el hecho de que una entidad con
jurisdicción espacial legisle todo el tiempo sobre cuestiones internas de los
países, porque tal es exactamente el caso. Como tampoco es posible bajarse del
mundo en señal de soberanía.
Peor aún, es si no hay reciprocidad o si no hay igualdad de
exigencias para todos. Lo que en Uruguay sería un motivo para sancionar a un banco,
o a un escribano, no siempre lo es en Estados
Unidos, por ejemplo. Eso excede
el espíritu de la cruzada antilavado y pone en desventaja a otros países.
No es distinto el caso del FATCA, donde los países tienen obligación
de reportar a EEUU las cuentas de todos los ciudadanos americanos y sus
ingresos anuales, pero la recíproca no se da.
Obviamente, el tratado se firma con la cimitarra de los recargos financieros y las sanciones pendiendo sobre la cabeza de
los países signatarios.
Es cierto que ha habido graves excesos en el pasado reciente. Pero
los más espectaculares han ocurrido en bancos internacionales, a veces
totalmente americanos. Para no hablar de otras estafas cometidas por esas entidades
en perjuicio del sistema mundial.
Por antipático que resulte, (y a mí me lo resulta más) no se puede
dejar pasar lo que ocurre en Argentina. Desde julio de 2013, se recordará, cualquier
contribuyente puede presentarse con dinero efectivo en cualquier especie en un
banco y solicitar comprar un bono (Cedin) con lo que queda blanqueada su
responsabilidad fiscal sin costo alguno.
Los efectos de la
ley han sido prorrogados ocho veces, con lo cual parecería tratarse de una
alternativa más de inversión. (La AFIP jura que el 30 de septiembre, a dos años
de su sanción, dejará de regir)
La ley no supone eliminar los delitos tipificados en la ley
antilavado de activos, sin embargo, ninguna denuncia ha sido presentada hasta
ahora contra ninguno de los blanqueadores. Como se sospecha de que muchas de
esas operaciones han sido realizadas por personas políticamente expuestas, el
hecho llama, al menos, la atención.
Tampoco ha habido denuncia alguna en los casos de jerarcas que han
presentado su declaración jurada mostrando gruesos incrementos de patrimonio sin
ninguna inspección de la AFIP que los obligue a probar el origen legítimo de
esos activos altamente sospechosos, ni desde lo fiscal ni desde la óptica del
lavado.
Todo ello ocurre sin que el GAFI haya considerado oportuno sancionar
o al menos observar esas prácticas, que han sido objeto de toda clase de críticas
internas, sobre todo por la impunidad y descaro que implican en un país del G20
y además defaulteador serial y maverick de las reglas y la buena diplomacia.
Debe haber una cierta equidad y equilibrio en estos mecanismos de
control, que son llevados a cabo por una organización supranacional ad hoc, que
también tiene un sistema de sanciones supranacionales. Obligar a los bancos a
ser auditores de sus clientes y hasta rechazar sus depósitos y transacciones
los convierte en jueces, y eso lesiona los derechos tanto de los bancos como
del público, que tiene derecho a ser juzgado por el sistema de Justicia, no por
el sistema financiero.
Los países han sido obligados a no respetar sus propias
constituciones al tener que legislar para el pasado y destruir el principio de
la presunción de inocencia y de la acusación específica de cada delito. Los
custodios, ante tamaño poder, deben mostrar una imparcialidad, una equidad, una
razonabilidad y una consistencia impecables.
De los contrario, nadie custodiaría a los custodios, como pedía
Juvenal.
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