Publicado en El Observador de Montevideo, 19/09/2015

El TISA y el régimen constitucional de gobierno

Con motivo del veto del Frente Amplio a la prosecución de las negociaciones del TISA se han conocido varias apreciaciones que tienen que ver con el esquema de interrelación de poderes en Uruguay.  También esta columna las ha vertido.

La más sorprendente en términos institucionales es que se ha sostenido como válida la figura tan peculiar de que un partido obligue con sus decisiones al Parlamento y al Presidente de la Nación. Simplemente esa posibilidad no figura ni está implícita en la Constitución Nacional.  Afortunadamente. 

Está claro en la Carta Magna que es el Parlamento quien deben aprobar los tratados internacionales, al igual que casi todos los temas trascendentes del país. En eso simplemente sigue la línea de otras constituciones, en las que abrevó, que garantizan la independencia de poderes y los principios republicanos en tantos países señeros en derecho político y democracia.  No es una cuestión de presidencialismo, entonces.

El concepto de democracia de partidos no es un principio republicano, más bien todo lo contrario. Es la oposición y control entre los tres poderes lo que permite el juego político que configura la esencia de la república. El criterio de que ningún funcionario ni cuerpo tenga suficiente poder como para ser omnímodo. 

Que un partido sea el dueño de los legisladores y del Presidente, y que pueda imponerles a los funcionarios electos su voluntad como si fueran sus delegados políticos, rompe el equilibrio de poderes, rompe el principio republicano y rompe el principio democrático de elección popular. Y definitivamente, rompe las garantías constitucionales.

Los partidos, en todo el mundo democrático occidental, son tribuna de doctrina e ideología a veces, formadores de políticos y funcionarios, centro de debate y generación de ideas, máquinas electorales formidables, usinas de corrupción en otros casos y en tristes oportunidades, incubadoras de fanatismo. Pero no reemplazan ni supervisan ni auditan ni son capataces de los funcionarios elegidos por el pueblo. Más aún, los grandes funcionarios suelen ignorar en las horas cruciales las presiones ideológicas de sus partidos.

Es posible que haya sociedades más propensas en su legislación, y sobre todo en su cultura, al presidencialismo. Pero en términos de sistemas de gobierno, no hay en el mundo moderno sociedades regidas por el partidismo democrático, o la democracia de partidos, si tales términos existiesen. Salvo China, o alguna reminiscencia trasnochada de totalitarismo soviético disfrazado.

Tampoco en Uruguay existe el concepto. Basta abrir la Constitución Nacional. Es posible que ocurra que el Presidente, los legisladores, los jueces, puedan llegar a tener un conflicto de lealtades entre lo que quieren hacer y lo que quiere su partido que hagan. Pero eso no convierte al partido en un poder del Gobierno, ni le da derecho a nada. Y en términos más prácticos, transformar al Presidente en un eunuco político cuando lo que se necesita imperiosamente es su liderazgo, parece hasta poco inteligente.

No hace falta cambiar ni una coma de la Constitución para que quede claro que los partidos no son los dueños de nada. Por el contrario. si se insiste en el concepto de que el partido es quien tiene el poder último por encima de los legisladores elegidos por el pueblo, habría que cambiar un par de palabras. Eso de republicana y eso de democrática.

Ya que nuestros países han sido víctimas de tantas ideologías, de tantos experimentos, de tantos errores y de tantos contubernios partidistas, se debería  por lo menos dejar incólume el derecho de la ciudadanía a elegir mediante el voto a quienes los gobiernen, para bien o para mal.

Y los partidos deben aceptar que quienes ejercen el mandato popular son los legisladores y el Presidente de la Nación y no pretender pasar por encima de tal mandato ni condicionarlo. En última instancia, la lealtad al partido es personal. Pero la lealtad a la Constitución es la República. Y la lealtad al votante es la Democracia.

En su defecto gobernaría un Politburó.

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Publicado en El Observador de Montevideo 15/09/2015

La democracia latinoamericana,

¿ un óximoron?

Empiezo esta nota con una pregunta: ¿qué más tendría que hacer Venezuela para ganarse el repudio unánime de la región, del continente, del mundo democrático, del Papa y de todos los defensores universales de derechos humanos y ciudadanos?

Esta apelación a la mayéutica resulta obvia, lo acepto, pero requiere alguna respuesta, aunque fuere en nuestra intimidad. Porque si no se condena y se combate el accionar del gobierno ofensiva e irreverentemente autodenominado bolivariano, se va a perder el significado mismo de las palabras más aberrantes que se han pronunciado en la historia para describir el accionar de un régimen político.

¿Qué es tiranía si no lo que hace Maduro? ¿Cómo se definirían opresión, absolutismo, avasallamiento de derechos - humanos y ciudadanos -  destrucción masiva de bienes y patrimonios, aniquilación de los recursos productivos, privación de justicia, de salud, de libertad de expresión, de pensamiento y física?

Y en el plano de los derechos políticos, ¿qué valor tiene la Constitución Venezolana? ¿Cuál es la definición de Democracia que se aplica en su caso?

No sorprende el cómplice silencio de Argentina, por cuanto su gobierno, si bien no aún con tanto desenfado, (aunque descontado terreno) es émulo de su dictatorial  homólogo, ni el de Brasil, ya convertido en una mafia tratando de salvarse con cualquier alianza. Sí hace rememorar con nostalgia una tradición de libertades y grandezas de nuestras naciones, como cuando Saavedra Lamas resolvió el conflicto del chaco paraguayo y mereció el premio Nobel de la Paz, por ejemplo. O cuando Uruguay fue refugio de los perseguidos peronistas de los 50 y sus radios fueron mensajeras de libertad.

Un pedido de la avasallada Colombia para lograr una mediación de la OEA y una reunión de Cancilleres fue rechazado con la abstención cobarde de Argentina y Brasil. Los mismos que se conmueven ante el drama de los migrantes sirios no parpadean ante un drama similar de sus declamados hermanos colombianos tratados como leprosos. Ni pensar en recurrir a la Unasur, una payasesca corporación de políticos sospechados.

Es cierto que Estados Unidos, Chile y Uruguay votaron a favor de una simple reunión de Cancilleres para buscar una solución pacífica a la prepotencia venezolana.  Pero ninguno de los tres ha hecho escuchar su voz para protestar con dureza frente a los hechos que no pueden ser omitidos por quienes defienden en sus países y en el mundo, a veces con las armas y las muertes, la doctrina de los derechos humanos y las libertades individuales.

El silencio papal sorprende a todo el mundo, literalmente, no sólo por su prédica universal contra lo mismo que hace Maduro, sino por su condición de hijo de la región, que no puede ignorar la magnitud de la tragedia humana que transcurre en el país caribeño.

Como si se estuviera viviendo regionalmente un nuevo Broken Glass, la ceguera deliberada y conveniente que impide ver la tragedia que sufre una gran parte de la población de Venezuela, oímos el silencio ensordecedor de las democracias y de la Iglesia.

Se adivinan razones. Venezuela ha sido la ruta de mucho dinero kirchnerista, empezando por el ruinoso y escandaloso lanzamiento de los Boden 2015, “comprados” por Chávez con una prima de 15 puntos. Argentina, además, es una versión atrasada de los atropellos venezolanos, y hasta a su presidente le faltan minutos para empezar a hablar con el pajarito, con perdón.

Uruguay y Chile comparten desde sus gobiernos el sueño macoñano de la Patria Grande socialista y parecen creer que con el silencio se solidarizan con un proyecto común. ¿ Será Venezuela el proyecto común bolivariano – artiguista?

Estados Unidos se encuentra en un extraño viaje geopolítico, otra ensoñación obámica, que ata Venezuela con Irán y Cuba. Una contradicción ideológica monumental, que difícilmente obedezca a una concepción geopolítica. El efecto parece ser también el silencio ante los atropellos similares a aquellos que combatió por décadas, sembrando de muertos propios y ajenos las arenas de las playas y los desiertos del mundo.

El silencio papal es aún más complejo de comprender. Suponiendo que pudiera comprenderse. La necesidad de no enojarse con gobiernos de países católicos, de mantener algunas prebendas económicas, o alguna estrategia superior que se nos escapa. Pero cuesta aceptar que quien se ha enfrentado a la temible Curia Vaticana tenga miedo de condenar a Nicolás Maduro y sus prácticas nocivas.

Pero hay otra óptica. Que también expreso mayéuticamente. ¿Dónde está quedando la democracia? Y no me refiero a la denominación pueril que se nos quiere vender. La asociación casi ilícita de la región entre varios gobiernos, de los que la UNASUR podría ser un sindicato, ¿No constituye un intento de apoderarse de la democracia primero por vía de un partido y luego por vía de la dialéctica y la complicidad regional?

La exclusión de Paraguay y el ingreso de Venezuela al Mercosur, usando justamente la llamada “cláusula democrática”  ¿no fue justamente un acto de prestidigitación política? Curiosamente, esa sensibilidad seudo democrática no se aplica hoy, cuando el pueblo venezolano sufre el oprobio.

Hay varios gobiernos regionales abrazados a la “Patria Grande”, al Mercosur, a la UNASUR, a la OEA, a la ONU, al G20, que también guardan silencio ante el saqueo sistemático de la economía y las instituciones. Eso sí, todo en nombre del respeto por la autodeterminación de los pueblos.

Detrás de una regionalización que los pueblos no sentimos demasiado, fuera de algunas conveniencias comerciales mal explotadas, se puede estar escondiendo una bastardización de la democracia, una reducción al concepto de Tocqueville: “El pueblo sale de su sopor una vez cada dos años, elige quién será el soberano y vuelve a sumirse en su marasmo”.

Si se analiza la tendencia al crecimiento mundial del gasto del estado, ya por encima del 50 por ciento del PBI, el avasallamiento de la carga impositiva, el escamoteo de la voluntad popular en nombre de los organismos supranacionales y regionales, que cubren con su silencio y su respaldo por omisión cualquier despropósito, la auténtica representatividad  parece esfumarse en un trabalenguas de esas siglas y acrónimos que comentamos y que intentan reemplazar o distorsionar la voluntad popular.

El peligro es que la Patria Grande sea el eufemismo para la venezolización de la democracia.

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Publicada en El Observador UY, 08/09/2015

Se acabó lo que se daba

Escucho todo el tiempo que Uruguay no está en crisis, y que quienes eso dicen son agoreros, que desearían que lo estuviera, o que están concitando la crisis. A riesgo de ser acusado de brujería sostengo que se está en una situación de crisis que convenientemente se prefiere ignorar o mejor, se finge ignorar.

La crisis es económica y también de política económica, lo que empeora la situación.

Es de esperar que todos se hayan dado cuenta ya de que el mundo no es el mismo que en los últimos siete años. Los precios de las commodities agrícolas no sólo no son los que eran sino que tienden a bajar más y a permanecer bajos por un tiempo largo.

Ese solo hecho es ya un motivo importante que presagia crisis.

Se agrava cuando los países se niegan a permitir la natural reacción de los mercados ante una baja de los ingresos de exportación: una depreciación de su moneda coherente con esa disminución. Si bien se ha permitido una devaluación del peso, la necesidad de usar el tipo de cambio como ancla inflacionaria limitará la adecuación correcta. Eso tiene precio en crecimiento y en generación de empleos.

Tampoco parece aceptarse que los ingresos de los productores de riqueza a ser repartida han disminuido. Vale para el agro, por lo dicho, pero también para el sector financiero, donde se han perdido para siempre áreas de actividad completas que generaban altos ingresos, otra riqueza a la que no se podrá echar mano para repartir.

El mercado inmobiliario, en especial en sus segmentos altos, tanto la compraventa de propiedades como la construcción, sufre duramente. El Este es un ejemplo dramático ante la pérdida definitiva del inversor argentino, que ya no tiene razones turísticas, fiscales ni financieras para traer su dinero. No contar con ese sector para sacarle una tajada.

En la coyuntura, la crisis brasileña y la crisis eterna argentina no traen buenos presagios para el turismo ni para el comercio regional.  Tampoco mucho para repartir por ese lado.

Ninguno de estos puntos es insoluble ni dramático per se, y hasta podrían no ser considerados una crisis. Salvo que no se pudiese aplicar la política económica adecuada.

Una de las soluciones sería contener y rebajar el gasto, para permitir devaluar sin crear más inflación.  Como está visto, el derecho a seguir teniendo niveles salariales de épocas de apogeo no se va a resignar.  Menos el del suicida aumento automático por inflación. Eso garantiza atraso cambiario y seguramente endeudamiento externo para pagar gastos corrientes, un despropósito. Las exportaciones no agrícolas sufrirán todavía más con ese esquema.  Con lo que a su vez sufrirá el empleo.

Además de esos efectos, la suba del gasto, al crear déficit, preanuncia una segura suba de impuestos. Eso implica menos consumo, menos empleo, menos inversión y otra vez el reinicio del círculo vicioso.

Esa mezcla explosiva es la que hace fácil predecir la crisis. O ideas tales como  que la inflación se combate con acuerdos o controles de precios o de que el bienestar se decreta o se aprueba en un plenario.

La pérdida de las metas inflacionarias prometidas, por más que se la disfrace, es un grave indicador a considerar.

El caso del TISA es emblemático. Para un observador desapasionado, la figura de un plenario partidario que frena o empuja las decisiones políticas de un gobierno de su propio signo, recuerda al politburó soviético, y hace preguntar si no se está rozando peligrosamente los principios parlamentarios y democráticos. Si se leen los argumentos, la preocupación aumenta.

Pero además, presagia lo que ya habíamos anticipado en esta columna: no habrá tratados comerciales en serio. Serán torpedeados en nombre de la defensa de los empleos públicos. Claro que Uruguay sin apertura comercial no tiene futuro.

El caso de la educación muestra a los sindicatos condicionando hasta la parálisis  y el error las decisiones de un gobierno y constituyen otro indicador de que las restricciones económicas se transformarán en crisis.

Hace pocos días el Presidente Sanguinetti escribía en un diario argentino en el que también colaboro, que la influencia política decisiva gremial hablaba de una peronización del sistema sindical en Uruguay.  ¿Peronismo o comunismo? Me inclino por lo segundo.

El estado, sus empresas y sus trabajadores no generan riqueza. Como máximo producen gasto y tarifas que son cuasi gravámenes.  Un sistema económico controlado por el comunismo, además de no tener lugar en el mundo actual, no soluciona las crisis económicas de la economía de mercado.

El sueño de tener ganancias al estilo del sistema capitalista y repartirlas al estilo del sistema comunista ha terminado, aunque incorporarlo tome tiempo. Ahora habrá que elegir uno de los dos sistemas.  Suponiendo que el comunismo exista y no sea una ensoñación melancólica que se le imponga a la sociedad.

La crisis ya está. Y es política, además de económica.

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