Publicado en El Observador. 8.12.20

La convivencia democrática como ventaja geopolítica

 

El pretexto de defender la democracia con acción directa la desvirtúa fatalmente

 

Cuando en 2008 Barack Obama ganó la presidencia norteamericana el Partido Republicano empezó, antes de la asunción, una oposición salvaje al nuevo gobierno. Influido por una delirante Sarah Palin, candidata a vice derrotada, y otros desorbitados, creó el Tea Party, especie de rama interna de KuKluxKlan político, para oponerse por sistema a cualquier decisión o proyecto de la conducción demócrata. 

 

Si bien la mayoría demócrata en el Congreso impidió una real obstrucción al proceso legislativo, la acción del GOP anuló la formulación de políticas bipartidarias, que tanto necesitaba ese país, en especial en el manejo de la Crisis de los subprime la bomba de tiempo creada por George Bush (h) con la ayuda de un Alan Greenspan que a esa altura había dejado de ser serio. Los mandatos de Obama transcurrieron sin pena ni gloria, salvo en la duplicación de la deuda norteamericana, que sin llegar a la marca de Reagan se disparó, en buena parte como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y el salvamento al sistema bancario y de varios banqueros ladrones, de paso. 

 

El Tea Party, una reacción rabiosa difícil de no conectar con la condición racial de Barak, se oponía a las políticas anticapitalistas y antibélicas que supuestamente aplicaría el ganador. Fue un precursor de lo que ocurre hoy en el mundo, empezando por el propio EEUU. 

 

Donald Trump, del que Palin fue mentora, está hoy yendo más lejos: fogonea una desobediencia civil para impedir gobernar al presidente recientemente elegido. Sus argumentos de un fraude masivo, (esgrimidos con sorprendente premonición precomicial) no han sido convalidados hasta hoy por ningún juez estatal ni federal en ninguna instancia, ni apoyados por el propio Procurador general de Trump. 

 

La importante masa de votantes del GOP sostiene que el Partido Demócrata está copado por el comunismo y que urge un movimiento de resistencia ciudadana ante lo que consideran el fin del capitalismo y de la propia democracia. Eso implica la parálisis del país, la invasión masiva de las calles, la rebelión fiscal y sus subproductos, con final impredecible. 

 

Para defender la democracia y el capitalismo, emprenden acciones que van frontalmente contra la democracia y el capitalismo. Cabe preguntarse cual de las dos líneas de pensamiento dinamitará más rápido al sistema, si la de quienes lo atacan o la de quienes lo pretenden defender. Este futuro inmediato, en pleno intento de recuperación de la pandemia, preanuncia un golpe durísimo a la confianza, la inversión y el empleo. 

 

Estados Unidos no es único en esta línea. Europa ya padece y padecerá diversas rebeliones en las calles, como las de París o peores, por razones totalmente opuestas: la lucha por la igualdad, contra la concentración de riqueza,  los supuestos derechos sociales, la ignominia del neoliberalismo - sea lo que significara ese apodo - el egoísmo del capitalismo y el clamor por un salario universal sin trabajar y por más bienestar provisto por el estado.  Orquestadas, como se vio y verá en Chile. Tanto la izquierda como la derecha, en una división simplificadora, creen en la democracia sólo cuando ganan, y desacatan sus resultados cuando pierden. Rara forma de democracia directa, una democracia optativa, según el resultado. 

 

El tema empeora cuando los partidos y los políticos – cuya calidad y grandeza disminuyen notoria y velozmente y que han hecho de la política un negocio, exacerban estos movimientos con la ayuda de empresarios interesados vía todos los mecanismos comunicacionales, desde las redes a los grandes entes burocráticos internacionales, formales o solapados. 

 

Como todo conduce a la desaparición de la democracia real y a un reemplazo de las decisiones populares por las del estado anónimo, a este paso la libertad es la próxima víctima. Y el atraso y subyugación de los pueblos su consecuencia última. Porque este golpear antidemocrático en nombre de la libertad y la protección del ciudadano, desemboca irremisiblemente en la esclavitud, el atraso y la sumisión. 

 

Ahora agréguese la pandemia. La columna ha sostenido que el superprotagonismo del estado, azuzado por el miedo inducido, lo transformó en policía bueno y repartidor de salarios y subsidios. Eso hace creer que tal proceder ha triunfado filosóficamente y es el nuevo paradigma. Al igual que el caos artificial callejero da pábulo a sostener que su origen es la injusticia, cuando su origen real es la manipulación. Tampoco parece resolverse con ese criterio el problema de la generación de riqueza. El mismo problema que el comunismo no pudo resolver hace 100 años.  

Mirando el panorama con la modesta lupa doméstica, para no ser arrastrado por la marea habrá que recordar que la democracia es el gobierno de muchas minorías que se unen para votar. Y que respetan a las otras minorías. Principio cuyo cumplimiento todos reclaman, y todos olvidan cuando ganan. 

 

La diferencia en la actitud y el recato de la familia del presidente Vázquez y la familia de Maradona, y el proceder del presidente Lacalle Pou contrastando con el del presidente Fernández, no son meramente una cuestión de estilo, ni de idiosincrasia. Reflejan una diferencia monumental de criterio sobre los hombres públicos. En los grandes países, los políticos son servidores, esclavos de la sociedad. (Borgen) En otros, la sociedad es esclava de los políticos con el riesgo de serlo más. 

 

Hace 200 años, desde el exilio, San Martín escribia a O’Higgins: “el país está dividido en dos partidos, y cada uno cree que por el bien de la Nación el otro debe desaparecer de la faz de la tierra. 

 

En el proceloso futuro, que el pueblo y los políticos respeten y defiendan la democracia, ganen o pierdan, será una ventaja geopolítica fundamental, que hay que preservar a toda costa. 

 

Publicado en El Observador 1/12/2020

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La Constitución, el arma mortal de Cristina para la venezolanización, la impunidad y la monarquía kirchnerista

 

La Carta magna es el vehículo, no el límite, de la reina del Senado y regente argentina en su camino a la dictadura electoral

Se dice que el gobierno de la viuda de Kirchner infringe por sistema la Constitución con un triple objetivo: lograr su impunidad, alinear al país en la línea Venezuela-Cuba-patriagrandista y fabricar un voto mayoritario que le garantice su sucesión familiar en el poder, en línea con su formación cursada en una satrapía provincial, como cabe a una baronesa peronista. 

 

Como Chávez antes y Maduro ahora, la abogada putativa populista viene usando crecientemente cada uno de los recursos o vacíos legales que le brinda la Ley Fundamental para formatear a la sociedad en un conjunto de borregos fanatizados que simplemente sigan las consignas que se les dicte y voten a quien se les ordene y lo que se les ordene. Sin embargo, será muy difícil demostrar la inconstitucionalidad de su proceder. Tanto desde la letra como desde la acción de la Corte Suprema.

 

Si bien los constitucionalistas fulminan sus atropellos, la jefa peronista ha estado siempre muy bien asesorada sobre los recovecos legales, o sea que viene haciendo muy bien el mal. Debería estudiarse su accionar como la medicina estudia a los virus, no los desprecia ni los niega. 

 

En la fase actual de su plan usa hábilmente la veloz y sospechada reforma de 1994, de la que fue constituyente. Tras la apabullante derrota de medio término de 1993, la Unión Cívica Radical, presidida por Alfonsín, se compró el argumento de Carlos Menem que sostenía en la negociación truquera que tenía mayoría para plebiscitar una reforma que le permitiría reelegirse por 6 años, y que luego sería fácil erigir como presidente a Eduardo Duhalde por otros 6 años, con lo que el radicalismo no volvería al poder por 12 años. 

 

En cambio – argumentaba el astuto riojano – si la UCR consensuaba una reforma, él se postularía sólo por 4 años y garantizaría que su sucesor fuera radical. La cuestionada Junta Coordinadora radical defendió a ultranza el pacto, que se llamó de Olivos, y que mereció duras críticas del ministro del interior de Menem, Gustavo Béliz, quién se alejó del gobierno y de la política agitando la acusación de “valijas con dinero” cambiando de manos. Los bolsos, se sabe, son un apotegma peronista, a veces multipartidario. 

 

Alfonsín cedió, pero impuso varios artículos como condición, que fueron rápidamente aceptados por Menem, cuyo interés único era la reelección. Cumpliría minuciosamente su palabra, al extremo de enojar a su excompañero Duhalde, a quien saboteó en 1999 para permitir el triunfo del radical de la Rúa.

 

Así se crearon varias instituciones a las apuradas. Una de ellas el Ministerio Público, un cuarto poder autónomo que instauraba el cargo de Procurador General. Ese cambio, de vital importancia, tiene en el texto de 1994 apenas un artículo de 4 líneas. Deja librado al Congreso las mayorías requeridas y todo el funcionamiento. Es decir, crea un cuarto poder, pero lo condena a ser manejado por el Senado. Ese agujero jurídico elemental es usado por Cristina hoy. Y logra manejarlo porque en el fondo así lo establece la Constitución. Los dos tercios de mayoría agravada para designar a este funcionario clave, que la maxiimputada va a demoler, debieron estar en el texto constitucional. Los constituyentes gallináceos delegaron esa decisión en el Senado, hoy a cargo del zorro. 

 

 

La institución del Decreto de Necesidad y Urgencia es otro precipicio legal que permite al presidente pasar una ley en minoría en ambas cámaras (sic). ¡La Constitución creando una norma anticonstitucional! Y, de yapa, delegando su diseño completo en manos del Congreso, que se suicida dictando una ley que le quita su función excluyente. Esa ley del DNU fue utilizada para robar a los jubilados y otros atropellos.  

 

La Constitución que define al país como federal, también obligó en 1994 a dictar una ley de Coparticipación entre las provincias y la nación no después de 1996, un aborto unitario. La esencia misma del sistema económico merece sólo un artículo de 4 líneas en la Carta Magna. De todos modos, nunca se hizo. La falla es la herramienta principal de la dueña del Senado para destrozar la oposición que percibe abroquelada en la Capital Federal.

 

Mucho del manoseo a la justicia para exculpar a la expresidente-presidente ocurre por la creación en 1994 del Consejo de la Magistratura, que al mismo tiempo establece un sistema paralelo de jury de enjuiciamiento a jueces inferiores, una suerte de duplicidad deliberada. El Consejo es un gran avance, pero se instituyó con un articulado precario, que pone en manos de la política a la que se pretende controlar la composición y manejo de la institución. Hoy es otro herramental kirchnerista que usa a discreción, luego de varias reformas y toqueteos. ¿Inconstitucional? No. Pero muy efectivo para manipular jueces, otro bisturí de la cirugía cristinista de impunidad.

 

La limitación de la reforma sobre la edad de retiro de los ministros de la Corte también es un arma que el kirchnerismo ha usado hábilmente como amenaza y moneda de cambio, junto a los carpetazos por negocios incompatibles, que no son especialidad de los constitucionalistas. 

 

La destrucción de la educación y el indoctrinamiento escolar, ingredientes de masificación imprescindibles, son usados abiertamente por el kirchnerismo, pero ello no es inconstitucional, aunque sea aborrecible y vil. Como no lo son el accionar disolvente del abolicionismo de la ministra de seguridad y la tolerancia de los gobernadores socios a la resignación de soberanía a manos de los violentos mapuches con ascendientes ingleses, galeses, españoles e italianos, o sea originarios. 

 

La misma técnica de los países que eliminaron las libertades y la propiedad. Dentro de la ley todo, decía Perón. Las leyes las escribía él, claro. 

 

 

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Publicado en El Observador 24/11/2020

La jubilación: ¿reforma o tapadádivas?

 

Lo primero a reformar es la discrecionalidad del estado en el uso de aportes ajenos

 

Una comisión de expertos revisa el sistema jubilatorio. ¡Tiemblen mis cuadernas! – Diría un antiguo hidalgo español. Luego del ejemplo (injusto) de la performance de muchas comisiones mundiales de expertos durante la pandemia, siempre las decisiones de un comité, por democrático que eso suene, meten miedo. El tema en sí ya es explosivo. Se mezclan en él la discusión sobre la función del estado y de la acción privada, el concepto de solidaridad, el drama de la ancianidad la necesidad de no encarecer más aún los costos laborales, los derechos adquiridos de quienes, guste o no, tienen un contrato firmado con el estado, que, aunque de adhesión obligatoria, sigue siendo un contrato. 

 

La columna ha advertido que se busca una solución con la que nadie estará conforme. Y habrá que prepararse para un proceso largo, con correcciones y agregados. La situación laboral mundial meterá al retiro en un pantano de inseguridad imposible de evitar por ley ni con populismos, sin caer en el desastre a corto plazo. 

 

Es prudente enfocarse en los errores a evitar más que en hallar las soluciones mágicas. Y el primer error es politizar, partidizar o ideologizar la cuestión. El caso es demasiado serio como para meterlo en semejante corsé. Habrá que repasar algunos conceptos básicos que se han olvidado o distorsionado, incluyendo la simple matemática. Algunos ya han sido expresados aquí, la reiteración se impone frente a la repetición de eslóganes vetustos. 

 

El primero es el correlato de hierro solidaridad-estado conque se enfoca siempre la problemática. Partiendo de la obligatoriedad del aporte, que implica la negación de la capacidad de pensar del individuo, base de la esclavitud feudal y monárquica, se crea el contrato de adhesión forzosa que caracteriza al sistema y que se conoce como “de reparto”. Esa denominación también es engañosa, porque hace suponer que se trata de una limosna, una gracia que el soberano concede y no un derecho contractual. También supone automáticamente la solidaridad entre todos los aportantes. Eso es cierto en lo que hace a la relación intergeneracional: los aportes de hoy satisfacen el pago de los retiros de ayer. Pero no debe significar que los aportes de cada uno puedan perder su identidad y repartirse entre todos. Cuando un gobierno otorga subsidios, seguros de desempleo o pensiones de cualquier tipo con los aportes de los trabajadores, o convalida retiros sin aportes previos, está incumpliendo ese contrato que cree que no ha firmado, porque el método es “de reparto” cuando le conviene. La solidaridad es intergeneracional, pero los aportes no son una limosna obligatoria anónima que el estado redirige a voluntad,  justa o injustamente. Por eso, la cuenta nominal individual debe ser la primera reforma. 

 

Si se restan de las erogaciones todos esos rubros y los retiros concedidos graciosamente, se observará que el sistema está en equilibrio, por lo menos hasta un minuto antes de la pandemia. De modo que cuando se habla del inminente colapso, se está hablando de que la discrecionalidad de la política introdujo gastos que infringen e incumplen el contrato de adhesión firmado de prepo por cualquier trabajador, que estresaron el sistema. Esa es la realidad del planteo. Que luego se le asigne parte de algún impuesto general para compensar esas dádivas confunde a la opinión pública cuando se analiza el sistema de retiros. Lo que no alcanza es la plata para subsidiar. No la plata para jubilar. 

 

 

 

Ese falso criterio lleva a afirmar que el sistema jubilatorio toca fondo, cuando lo que toca fondo es la discrecionalidad estatal para manotear esos aportes sagrados y repartirlos como se le de la gana. Sostener que el estado debe entrometerse aún más, y propugnar un aumento de las cargas laborales de la patronal es autoengaño.  Además de chocarse con el sueño del valor agregado, imprescindible pero sólo declamado, insistir en el mismo fracaso es seguir saboteando el empleo y apañando el gasto del estado no relacionado con los retiros. 

 

El paso siguiente es proponer incumplir otro contrato, el de las AFAP, como hizo Argentina con resultados que no hace falta explicar. Monstruosidad que elimina una alternativa suplementaria que puede ser parte de la solución, y crea una inseguridad jurídica innecesaria, con un apoderamiento ilegal de fondos y pone en manos de cualquier gobierno una masa de dinero fuera del sistema que se repartiría seguramente mal. 

 

Otro error fatal es compararse con los beneficios jubilatorios de países altamente desarrollados, bajo el paraguas de la Unión Europea. No hay cómo parangonar esquemas de alto valor agregado con una economía casi pastoril que pugna por condiciones dignas para nuevos formatos laborales. Torpedear esa posibilidad es condenar a cualquier reforma a fracasar en pocos meses. Y también es dudoso que los países que se usan de ejemplo de dispendio puedan sostener sus graciosas concesiones en el nuevo panorama proteccionista global, a menos que recurran al espejismo de la inflación. 

 

Es equivocado creer que un retroceso en la libertad de comercio globalizada hace innecesaria la competitividad. A menos que se quiera quedar encerrado entre la carne y la pulpa, lo que no colaborará a una solución. 

 

El empleo en el mundo será escaso y difícil por largo tiempo, por el freno que pisaron Trump y otros proteccionistas, por la pandemia y por la cobardía política. No hay cómo evitar que los jubilados sigan igual suerte que los trabajadores. Si se trata de hacerlo se corre el riesgo seguro de empeorar su situación, como ocurre en Argentina. Por eso toda reforma será larga, de años.

 

Y si el estado quiere dar subsidios debe darlos y pagarlos por otra vía. No escondiéndolos tras el disfraz del BPS, en una deliberada y conveniente confusión.

 

 

 

Publicado en El Observador 17/11/2020

La importancia de alinearse

 

Hay que negociar con quienes elijan continuar y profundizar la globalización

 La pandemia es la excusa que faltaba para acabar con la globalización, el formidable intercambio universal de comercio, personas, servicios, inversiones, logística y libertad de los últimos 40 años. Ese círculo virtuoso coincidió con el auge de Internet y su mundo nuevo de negocios, creó riqueza y bienestar y sacó de la pobreza a más gente que ninguna otra etapa o mecanismo en la historia. 

 

La reacción de los fabricantes de diligencias y velas tenía que llegar. La empezó Trump, pero Biden no cambiará demasiado ese panorama. Por la ensalada de ideas de su propio partido, la composición del Congreso, la confusión que hereda y porque al viejo aparato económico le conviene que América sea “para los americanos”, en un significado distinto al que le dieran Monroe y Quincy Adams. Tampoco lo hará Europa, sin Merkel y con gobiernos de burócratas acosados por la turbamulta.

 

Que se haya castrado el libre comercio no quiere decir que el criterio sea válido, y menos que sea reemplazable con gasto y emisión. Eso tendrá consecuencias. Quienes sigan tales rumbos, por decisión o necesidad, se enfrentarán a largos años de deterioro, desempleo y pobreza. Primero las economías más pequeñas y luego las otras. EEUU ya pasó por dramas parecidos, aunque siempre se los cobra al mundo. 

 

Tampoco habría que contar con la región para ninguna asociación inteligente. Chile acaba de abrir una discusión constitucional que -aún con varios anticuerpos y vacunas en su mecanismo – garantiza protestas, parálisis y violencia por dos o tres años clave. Brasil desperdició su momento político y su oportunidad en parte por la pandemia y la desconfianza que acarrea el delirio de su presidente, en parte porque su proteccionismo industrial a ultranza sin el apoyo de Trump lo condena a una cerrazón con resultados previsibles. Difícil ver ahí a un socio para negociar tratados con el mundo ni aún para comprar producción uruguaya. Y cuando empiecen las protestas en serio habrá complicaciones de envergadura. 

 

Argentina desaparece cada día, gobernada no por una coalición, como algún periodismo complaciente hace creer, sino por un conventillo político. Negocia ahora un acuerdo con el FMI en el que ya ha resignado su absurda esperanza de dinero fresco y, pese a lo que asegurara, está comprometiendo un ajuste que necesariamente será explosivo: desde un nuevo saqueo a los jubilados con 40 años de aportes, a la eliminación del IFE, el subsidio por la no-cuarentena, que venía paliando la pobreza colosal, con un coeficiente que angustia. Ambas medidas, además de los efectos individuales y de las consecuencias populares, unidas al ucase de parar la emisión desenfrenada, vaticinan una caída dura del consumo, que profundizará la baja del PIB. 

 

También deberá recomponer las tarifas de energía, algo que el peronismo tanto criticó al gobierno de Macri y que ahora descubre inevitable. Otro golpe al consumo. Dentro del paquete se ha reflotado el llamado impuesto a la riqueza, capricho del delfín Máximo que atacará a la producción y a las grandes empresas y sus accionistas en todo el mundo. No recaudará virtualmente nada, salvo miles de juicios, pero alejará cualquier remoto propósito de inversión. Hay más gravámenes ocultos que se irán descubriendo. 

 

En ese estado de cosas, que tiende sólo a que el Fondo extienda los vencimientos para que caigan en la falda del próximo presidente (que debería ser un loco o un aventurero para postularse en 2023) el ente reclama el pago de los intereses puntualmente, sin diferimientos. Tal vez por eso la carta de los senadores peronistas que instruidos por su jefa espiritual enviaron a Georgieva con el también conventillesco lenguaje de Cristina, acusando a la entidad de haber sido irresponsable al prestarle a Argentina y de haberlo hecho por intereses políticos. Raro modo de negociar. 

 

Con cualquier desenlace de este nuevo sainete, los efectos económicos serán devastadores. Los efectos políticos también: en su lucha para seguir en pie ante los berrinches trumpescos de Cristina, el presidente ha cedido ante el terrible clan de los barones del conurbano y ahora revierte el único logro de reforma política macrista: el de impedir la reelección indefinida de intendentes. 

 

Con esa combinación de factores, el Mercosur deja de ser un foro para discutir cualquier política comercial de apertura. O cualquier política, simplemente. El dúo Fernández se dirige suicidamente a reconstruir la Patria Grande, como lo demuestra cada uno de los pasos que hace dar al país. Desde tratar de reposicionar a Evo en Bolivia, a reunirse reservadamente con la que espera ocupe la presidencia ahora vacante de Perú, Verónika Mendoza, (oportuna K en su nombre), además del obsecuente sometimiento a Venezuela y Cuba. 

 

Pero el mago chino saca un conejo de su galera, (no un murciélago) y firma el RCPE, el tratado de cooperación económica que incluye nada menos que a Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Una respuesta estratégica y de potente contenido geopolítico, simétrica al TPP, el tratado transpacífico al que diera la espalda Trump impulsivamente. 

 

La columna ha mencionado a China como posible aliado estratégico comercial, más allá de todas las diferencias de sistemas políticos, y sin sacrificar ningún principio propio. Este acuerdo crea la necesidad de un rápido acercamiento, aún sin esperar la seguramente tardía decisión del Mercosur. Por la enorme importancia de la región. Y, además, porque la señal que está enviando es que hay un importante sector del planeta que aún cree en los principios de la libertad de comercio y sus probados beneficios. 

 

En esa línea, el problema que tendrá que superar Uruguay no es la renuencia estadounidense al libre mercado. Es la oposición del PIT-CNT a toda competencia. 

Publicado en El Observador 10/11/2020

Y yo, ¿dónde me paro? 

 

La larga elección-berrinche estadounidense prolonga las dudas y los miedos globales y locales

 

El último lustro mostró una carrera entre los beneficios de la libertad comercial global, o globalización, y las demandas de bienestar y participación instantánea en esos beneficios de una parte relevante de la sociedad mundial. Más allá de la evidencia empírica, esa carrera, en la democracia moderna, se define en las urnas, con sus implicancias y consecuencias. 

 

Los posGenX, que ya impusieron el estilo prueba-y-error en las empresas, se acostumbraron a un mundo donde el dinero crece en las plantas (de impresión de billetes) descartan toda idea de esfuerzo previo para obtener resultados, y consideran que cada aspiración es un derecho que no se discute y que debe ser satisfecho de inmediato. 

 

Eso trae ventajas y desventajas para los políticos. Las masas que hace 4 años querían que el gobierno resucitara a las industrias obsoletas y al desempleo inherente y eligieron a Donald Trump para que erigiera muros de todo tipo, ahora esperan que el estado evite el daño climático, resuelva el drama del health care, facilite la inmigración latina y reparta la riqueza. Y eligen a Joseph Biden. O se supone que lo eligen, según se verá cuando se disperse el humo y la batalla de los juicios y recuentos. Una grave incertidumbre en el peor momento. 

 

Estos fenómenos están ahora potenciados por los efectos de la pandemia, de la lucha contra la pandemia, y de la lucha contra los efectos de la lucha contra la pandemia, que marcarán el próximo lustro. (Y que también influyeron en estas elecciones norteamericanas)

 

¿Y yo dónde me paro? – Se pregunta hoy Uruguay, como se pregunta el mundo. El problema no cambia: la economía local tiene que crecer, para no tener que afrontar una discusión disolvente y su inevitable grieta. Y debe hacerlo de modo ortodoxo, porque no tiene tamaño ni peso como para adoptar teorías ruinosas. De modo que los deberes que hay hacer son los mismos, aunque haya algunos puntos a tener en cuenta para diseñar un posicionamiento. 

 

Un aspecto en el que Trump y Biden serán parecidos, es el debilitamiento del dólar. Ese hecho evidente no se ha materializado en la práctica porque todos los países hicieron lo mismo, debido a la pandemia o con la excusa de la pandemia: suspendieron la pugna distributiva y las consecuencias de sus políticas previas imprimiendo moneda, aunque se sepa que eso es ruinoso. El dólar no se devalúa porque no hay una moneda contra la que lo haga. Sin embargo, las materias primas agrícolas sí mostrarán ese deterioro. En términos relativos, y sin hacer demasiado, la economía oriental tendrá un fuerte crecimiento en el rubro exportación, que puede aumentar no sólo en valor sino en volúmenes, con la debida inversión, que puede esperarse del lado argentino. 

 

Con un Congreso dividido y un votante que espera populismo por izquierda o por derecha, la emisión yanqui no parará. Las tasas de interés con Biden serán igualmente bajas o nulas. La Reserva Federal no las subirá, aún cuando una mayor demanda pospandemia lleve la inflación a 5 puntos anuales. El endeudamiento estatal y privado tiende a estallar con la deflación y a sostenerse con la inflación. No hay que esperar la FED de Paul Walker o la de Alan Greenspan en su época de economista serio. Eso puede hacer más atractivos los papeles uruguayos y la misma inversión, si se mantiene la seguridad jurídica, financiera y presupuestaria. La confianza será una fuerte ventaja competitiva. 

 

Por esas paradojas (o burlas) de la política, Biden recurrirá a la misma herramienta que Trump en los temas centrales: el decreto. Por ejemplo, en el retorno al tratado climático de París, lo que volverá a EEUU a un camino racional, y encuentra a Uruguay bien posicionado para la competencia internacional no sólo en lo agropecuario, sino como líder de energía limpia, un certificado que será cada vez más apreciado. 

 

La inteligencia del gobierno demócrata estará en mantener y mejorar algunas de las decisiones de Trump que, dejando de lado su estilo, deben ser tomadas en cuenta. Hay tratados a los que hay que regresar. Otros a los que estuvo bien repudiar. La participación en entes burocráticos como la OMS o la Comisión de Derechos humanos y otros similares o aún más inútiles o dañinos, es una política a mantener. 

 

Lo mismo cabe para las bajas de impuestos, que Biden juró revertir. Esas reducciones no aumentaron las inversiones como se esperaba, y el crecimiento del empleo de Donald fue más bien fruto de la tendencia de la economía heredada, pero no habría que aumentar impuestos en momentos en que reestablecer el paso económico es primordial. Biden debe recrear la confianza en el capitalismo. Los sueños de redistribución vía apoderamiento tendrán que ser postergados. 

 

El nudo central, por estilo de personalidad y por concepto, es si Biden es capaz de montarse en el bipartidismo y retornar a su país a ser la locomotora de la globalización que se paralizó con Trump y agoniza con la pandemia. Y en especial, si da pasos firmes para volver a Estados Unidos a su condición de líder del Orden Mundial, mandato imprescindible que no dicta la política, sino la geopolítica. El partido republicano, desde Bush (h), siente que esa tarea es una carga económica sin contraprestación. Si el partido demócrata se plegase al mismo criterio por otras razones, ideológicas, se entraría en una nueva noche negra de la historia. 

 

En esa línea, impulsar la inserción plena de China en el sistema mundial es tarea ineludible, no exactamente con los mecanismos de Trump, que no fueron exitosos, salvo en aumentar costos y el déficit bilateral. Europa ahondó la guerra con EEUU ayer, con nuevos aranceles. 

 

Hay que esperar el regreso a los tratados comerciales. Ese será el más claro indicador del camino elegido por el nuevo gobierno. Si no, la mejor opción será Asia. 

Publicado en El Observador 3/11/2020

El pensamiento chatarra que se enseña 

en las escuelas

 

El laicismo educativo que se pregona no es tal. El dios de la ideología socialista 

se inocula en los textos de estudio oficiales

 

Es sabido que, tras el fracaso de sus experimentos totalitarios estalinianos que azotaron a varias generaciones, el socialismo viró hacia lo que se conoce como gramscismo, la penetración cultural vía la educación y la prensa. Deformando convenientemente la primera hacia un pensamiento único y sembrando la corrección política con la segunda, disfrazada de sociología y sensibilidad. 

 

Si la enseñanza deja de ser ideológicamente laica, si se enseña una mirada única o falsa, de a poco el sistema democrático se vuelve superfluo, vacío y hasta ilegítimo. Por la misma razón que se defiende la libertad de prensa, tan odiada por la izquierda, se debe defender la libertad de enseñanza, tan odiada por la izquierda. 

 

No ocurre así. El sindicalismo docente está en manos trotskistas y eso influye en los programas oficiales y en los textos de enseñanza obligatorios. No es casual que uno de los puntos de la LUC que los gremios quieren neutralizar con el referéndum sea su exclusión de los Consejos de enseñanza, desde donde han convertido la educación en catequesis. 

 

Algunos pocos ejemplos extraídos de un texto obligatorio del último año de Primaria. Hablando del hambre, dice sobre la distribución de comestibles: “los alimentos… se han transformado en una mercancía que se compra y se vende con la finalidad de producir dinero, olvidando que su función principal es alimentar a la población”; para rematar: “obteniendo como resultado una distribución desigual”. 

 

Uno de los puntos centrales de la concepción socialista es que la distribución es una intermediación innecesaria. Eso lleva a su odio a los supermercados y a toda la cadena logística de abastecimiento. También conduce a los controles de precios, que han venido fracasando desde el proverbial Diocleciano y que constituyen una de las mayores causas de desabastecimiento. 

 

Enseñar este catecismo como idea única omite un hecho harto comprobado por la praxis: la mayoría de los países azotados por el hambre carecen de sistemas de distribución. Cuando el mundo les dona alimentos, estos terminan pudriéndose en depósitos o lotes en los puertos porque la corrupción, la ineficiencia o la inexistencia de sistemas adecuados impide que los productos lleguen a los lugares de consumo. Por eso todos los regímenes comunistas se caracterizaban por las colas de varias horas para comprar pan, o leche. Lo que no se pagaba con dinero se pagaba con tiempo. Con este fraseo y con esta literatura, los niños aprenden a odiar al capital y a la distribución, como si los alimentos pudieran llegar a la mesa por algún milagro (gratuito). 

 

Frases como las que siguen se estampan en el texto como un catecismo, un dogma de fe: 

 

“La soberanía alimentaria se obtiene cuando una sociedad no depende de empresas multinacionales para comprarles las semillas y demás elementos para producir el alimento”

 

“Los monocultivos… debido a la alta mecanización, suelen emplear a pocos trabajadores”

 

“Las semillas nativas… dejan de utilizarse a favor de las semillas patentadas e híbridas que comercializan determinadas empresas, tratadas de tal forma … que obliga a comprarlas todos los años”

 

Afirmaciones falaces que no se compadecen con la evidencia empírica, algo que al gramscismo no lo arredra ni le importa. La soja emplea gran cantidad de capital, tecnología y mano de obra directa e indirecta. Las semillas tratadas han multiplicado espectacularmente la producción agrícola. Usarlas o no es decisión del productor. Pretender no pagar esa semilla es como no pagar cualquier derecho de autor, o cualquier patente. Algo que también odia el socialismo. La soberanía alimentaria en términos de excluir a las empresas extranjeras es un relato que a nadie le importa, basta ver Japón y aún China. 

 

El crecimiento explosivo de la población obligó a un aumento de la producción alimenticia que, inexorablemente, afecta al medio ambiente, y es correcto trabajar sobre ello. Pero sin el capital y la biogenética, sin los avances en las técnicas de cultivo, sin los plaguicidas, la profecía de Malthus se habría cumplido y la mitad de la población mundial habría muerto de hambre. 

 

“Las grandes empresas han ido comprando tierras de productores que no pueden competir en la nueva realidad”, “…estimula que los capitales se queden en el país y aliviana la dependencia económica de empresas cuyos accionistas están a miles de kilómetros…”, “con la finalidad de obtener mayores réditos económicos” sigue el catecismo izquierdista, con amplio desconocimiento y negación. 

 

El otro dato crucial que omite el dogma impartido es la importancia para la economía uruguaya de todos los sistemas y mecanismos que se condenan en estos programas educativos obligatorios, tanto en las escuelas públicas como en las privadas, que deberían (y pocas veces lo hacen) al menos ocuparse de ofrecer visiones alternativas a sus alumnos, más cercanas a la realidad y la verdad. Sin el negocio del agro, sin la ambición y el capital, los países productores quedarían en la ruina instantánea. Y la humanidad se moriría de hambre fulminantemente.

 

Imagine la lectora el escándalo que sería que el programa oficial tratara de imponer un Dios o un creencia determinada. Sin embargo, la entronización del dios anticapitalista antiganancia no merece objeciones. 

 

El mismo libro obligatorio dedica una página entera a elogiar el proyecto Alur, por la soberanía, la eficiencia y las bondades que tiene la producción por parte del estado de alcohol y correlativos para el empleo, los productores y la riqueza de las naciones, que supuestamente no pueden ser logrados por el sector privado, salvo en 170 países. La columna no comentará sobre este punto para no caer en la burla. 

 

Quédese tranquilo. Su hijo está en buenas manos.