Publicado en El Observador 16/11/2021

Argentina: Freddy Krueger no muere nunca

 

La pesadilla del vecino no terminó, al contrario, resurgió con más obsesión, más perfidia y más perversión política

 

 

Sin intentarlo, el PDF de la tapa de El Observador de ayer, resumía en el título de sus dos notas de fondo (una sobre las elecciones y otra sobre Peñarol) el análisis del resultado electoral del otro lado del río. “Argentina: el oficialismo pierde el control del Senado” “Tropezón sin caída”

 

Aquí hay que abrir una pausa para recordar la estrepitosa derrota del kirchnerismo en 2009. Luego del golpazo de las urnas, Cristina Kirchner, en uno de sus discursos sincericidas conque suele insultar la inteligencia de la sociedad, analizó los resultados y afirmó: “No perdimos. Seguimos teniendo mayoría”. Y a continuación enumeró las alianzas conocidas y sorpresivas, non sanctas y sanctas, con candidatos de otros partidos, que le permitirían tener quórum y mayorías en el Congreso. Y tuvo razón. 

 

Obviamente que el peronismo perdió ayer en el país, y duramente, lo que incluye a la Provincia de Buenos Aires. Pero no se cayó. No desapareció, ni desapareció su capacidad de daño, ni aún su peso político. Acaso la comparación de los guarismos de ayer con los de las PASO y con las expectativas de la oposición, termina viéndose, al menos en el mundo peronista, como un triunfo, en vez de una derrota. El peronismo es experto en esos “triunfos” de bunkers silenciosos y despoblados, con bailes y bombos en los que nadie cree, con victorias declamadas que suenan a Galtierismo, con discursos que ni los más fanáticos compran. 

 

Si bien aún no se conocen las cifras definitivas, y se manejan porcientos que no sirven para ciertos cálculos, es posible notar que el aumento en los votos de Milei y Espert restó fundamentalmente votantes a JUNTOS, lo que explica bastante mejor el acercamiento justicialista. Además de la presencia del para muchos invotable Facundo Manes. Mucho más que supuestos resultados de la coima a los votantes, que no parece haber dado frutos trascendentes en casi todo el resto del país, donde la derrota fue aplastante. Salvo en Tierra del Fuego, que más que un distrito es un negocio o negociado en mancomún, un santuario del contubernio multipartidario. 

 

Para los observadores más críticos, la estrategia del oficialismo de ayudar financieramente y en otros aspectos a algunos candidatos opositores resultó bastante exitosa, en especial para el monje negro (o no blanco) Massa, que logró empatar por ahora la primera minoría en la cámara de Diputados, lo que le podría asegurar una presidencia clave, o al menos pelearla a su estilo.  También se anotan como triunfadores los caudillos, punteros e intendentes de la Provincia de Buenos Aires, que reclaman para sí haber dado vuelta la voluntad de sus sometidos votantes, o haber perdido por poco. Nada nuevo en la proterva hermandad del peronismo siciliano. 

 

Si bien finalmente la oposición logró su objetivo de eliminar el histórico quórum propio en el Senado del oficialismo, (o de la señora Kirchner) según el resultado provisorio existe mucho margen para la maniobrabilidad política (leal y de la otra) del gobierno, con lo que, por un lado se disipa el peligro de que Cristina intente cambios de gravedad institucional que no tendrán éxito, pero por otro no puede ignorarse que la expresidente (o espresidente) es experta en lograr votos milagrosos, con lo que el triunfo opositor en este plano no implica un control de esa Cámara.  

 

La sociedad ahora espera los próximos pasos del oficialismo. O de los oficialismos. El domingo a la noche el presidente Alberto Fernández pronunció dos discursos, que, sin nada de sorpresa, fueron contradictorios, tanto entre sí como dentro de cada pieza oratoria, para denominarlas de algún modo. En la entrega grabada, recitada y sedada, Fernández propuso un acuerdo para salvar al país con los mismos a los que acusa de haberle legado un país en ruinas. Un contrasentido táctico al menos que presagia la perfidia del llamamiento. Tampoco felicitó a los claros ganadores, un tic que parece haberse incorporado como un nuevo apotegma a la doctrina de Perón desde el capricho-rebelión cristinista en 2015. Tampoco pareció aceptar culpa alguna en su desastrosa gestión. Y anticipó que ayer mismo se presentaría un plan integral multianual, surgido casi instantáneamente de la inspiración del ministro Guzmán, sobre el que se edificaría el gran acuerdo al que convocó a la oposición y a todo el corporativismo justicialista. En el discurso en el bunker, habló de la victoria del FRENTE y del comienzo del gran cambio, y transformó la marcha ya convocada para defenderlo de la vicepresidente en una celebración del triunfo que sólo él vio. Como si no comprendiese que las comunicaciones no son lo mismo que hace 50 años y ahora hay una instantaneidad einsteiniana. 

 

Importa elaborar sobre el plan y el gran acuerdo que arrojó el presidente sobre el escenario nacional, que viene siendo vendido por varios analistas que suelen anticipar la agenda que el gobierno intentará imponer. El acuerdo político, o sea la aprobación legislativa de un arreglo con el FMI y un simultáneo plan de ajuste requeridos por el ente financiero, es utópico. Una frase. Un truco, otra trampa. Una forma de responsabilizar a la oposición por la gobernabilidad que ha perdido por mérito propio. Salvo un suicida político, o un audaz, nadie acompañará semejante acuerdo, que ni siquiera se conoce, ni lo hará sin hacerle cambios que exceden la urgencia fernandista. Un plan en serio implica una concepción de país con la que la oposición nunca estará de acuerdo con el peronismo. Y la mayoría que ayer se expidió tampoco. De ahí que esta jugada se ve como una nueva treta del justicialismo, en las que el radicalismo primero, Cambiemos luego y Juntos por el Cambio después, han caído víctimas varias veces. El FMI, o Kristalina Georgieva, sufrirán las consecuencias de haber sido condescendientes primero con Cambiemos, y luego con el actual gobierno. Por mucho gran acuerdo nacional que se quiera inventar para hacer un ajuste tardío que ahora el peronismo tendría que hacer en soledad, sin buscar coculpables que se inmolen con él. Suponiendo que sepa qué hacer. 

 

Otra pregunta que surge es cuál es el papel de Cristina Kirchner en ese acuerdo. ¿Será ofrendada como chivo expiatorio, se negociará su impunidad a cambio de su ostracismo, cambiará su discurso y ahora estará en contra de la dictadura cubana, de la venezolana o la nicaragüense? Pensar en Cristina como parte activa de un acuerdo es equivalente a creer en un tratado entre la proverbial rana y el empecinado escorpión. 

 

Lo que lleva a otro riesgo, que es que el oficialismo intente usar, bajo la excusa de un acuerdo con quien fuera, la mayoría que aún tiene en el Senado hasta el 10 de diciembre para aprobar lo que le interesa aprobar, o algún plan quinquenal, en el mejor estilo de los años 50. Eso sería una estafa a la democracia que no es extraña ni novedosa. 

 

Un párrafo especial merece el lamentable discurso de Rodríguez Larreta frente a los candidatos ganadores, donde, dándole la razón a quienes lo consideran uno de los “acuerdistas” cuando no un peronista oculto, abogó, ante el silencio atronador de los partidarios de Juntos, por el fin de la grieta, ignorando que la grieta central en Argentina es entre quienes quieren vivir a costa de los demás, y los que simplemente no quieren que se les confisque el fruto de su trabajo, su emprendimiento, su ahorro y su esfuerzo. Una hora después, seguramente al advertir que se estaba arrojando a la imposible pira ritual del seudopacto de la Moncloa de cabotaje, cambió completamente su posición y volvió a vestir su ropaje de opositor en declaraciones a la TV, junto con los ganadores de su agrupación. Nunca quedó más claro que el actual Jefe de Gobierno de CABA no es el líder que necesita JUNTOS para luchar por la presidencia en 2023. 

 

De Patricia Bullrich, la luchadora presidente del PRO que prometiera conseguir los cinco senadores para barrer la dictadura democrática cristinista en el Senado, nadie habla. 

 

Las dos fuerzas políticas principales están, más que nunca, en una encrucijada. El FRENTE, buscando compartir la culpa de lo no hecho a tiempo y de lo que se ve obligado a hacer a destiempo para poder salir de un monumental atolladero en que se ha metido. JUNTOS, sufriendo el embate interno de los que quieren aceptar algún acuerdo con el gobierno con la esperanza de negociar con el FMI y luego hacer un pacto para realizar los supuestos grandes cambios, como si el peronismo pudiera garantizar la gobernabilidad y quisiera hacer algún cambio en serio. 

 

La sociedad no parece querer un acuerdo. Como si intuyera que quienes la llevaron a esta situación no pueden arrogarse la capacidad de resolverla. Y el país sufre la pesadilla que eterniza el efecto de las políticas que perpetuaron el socialismo populista latinoamericano (que ahora parece expandirse al mundo) del que una vez que se entra no se puede salir nunca más. De eso tiene que tomar nota Uruguay. 

Publicado en El Observador el 09/11/2021

El ataque contra la LUC ya ganó

 

El resultado del referéndum no cuenta, lo importante para el socialismo era impedir el ejercicio de la alternancia

 

Es indiscutible que la democracia oriental está entre las más respetadas del mundo. Así lo consagran todos los rankings, y la opinión generalizada de los observadores especializados locales e internacionales. Esto se aplica tanto a los sistemas electorales como al estilo de los políticos en su mayoría.  Enorme activo. 

 

Lo que es bastante más dudoso es que esa calificación se extienda al concepto de la alternancia, que es el resumen y la esencia de la democracia y donde se prueba en la realidad la vocación de todos los protagonistas por practicarla. La alternancia no consiste en que la ciudadanía elija a un gobierno por mayoría, sino en que ese gobierno tenga la posibilidad de hacer los cambios para los que ha sido votado. De lo contrario, la alternancia es una teoría y la democracia una formalidad.

 

Un gobierno democrático que intente cambiar el sistema proteccionista-estatista-sindical de populismo amistoso, de monopolio de empresas del estado y de ataque a la producción y al capital, se encontrará con una trama de disposiciones constitucionales, legales, de convenios laborales, hasta de derecho consuetudinario, que han ido consolidándose en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. 

 

La inamovilidad del empleado del estado y las reglas de ajuste inflacionario, por caso, que constituyen un derecho inalienable para muchos, no obligan simétricamente a los gobiernos a la prudencia al crear nuevos puestos públicos ni aprobar gastos o contrataciones de dudosa justificación. Eso hace que lo que haga un gobierno no pueda ser modificado por otro, con lo que la alternancia no existe en la práctica. Tampoco los supuestos errores en la conducción de los monopolios del estado tienen sanción ni retroceso, y en consecuencia, una enorme zona de altos costos estatales también es a prueba de alternancia, lo que se agrava por el hecho de que la justicia parece no tener jurisdicción alguna sobre las acciones de los jerarcas, con lo que las auditorías o controles pasan a ser intrascendentes, salvo en el mundo aparte y benévolo de la política. Esa continuidad en la impunidad también hace que la alternancia sea teórica. 

 

Eso puede explicar lo poco ambicioso que fue, aún en su propuesta original, el nivel de cambio propuesto por la Coalición, y lo modesto de las disposiciones de la LUC, que pese a su largo articulado sólo intenta corregir algunos excesos. La pandemia agravó esa modestia de objetivos, a lo que se agrega el referéndum para anular la LUC. Y aquí aparece otra cancelación de la alternancia. Si el sindicalismo del Pit-Cnt reacciona rabiosamente ante el mínimo cambio que intente el gobierno electo democráticamente, está torpedeando la alternancia, con un accionar que la impide aún en lo mínimo, lo que hace que la democracia sea una teoría para exponer en los claustros o los papers. 

 

Al doble cerrojo legal y sindical-partidario, se sumó la pandemia, que ayudó a postergar las modestas medidas, como la utilización de la atrición para reducir el peso del estado, que se redujo por razones atendibles, o la necesidad de ayudar a quienes sufrieron en lo económico con mayor rigor los efectos del virus y las medidas de contención de su dispersión. También necesarias y justificadas. 

 

La discusión por la LUC, (no por el articulado de la LUC) fue la excusa perfecta para transformar el pedido de referéndum en una campaña continua de tipo electoral, donde la verdad está ausente. Así, se acusa al gobierno por el desempleo, como si fuera culpa de la LUC, sin adjudicarlo a la pandemia, ocultando deliberadamente que ya se recuperaron los indicadores prepandémicos, y de paso dejando de lado cualquier comparación con el resto del mundo. Por supuesto, también olvidando que, de haberse seguido la presión frentista y del Pit-Cnt (un mismo cuerpo político con dos caras) los efectos en el empleo y la economía habrían sido mucho peores, sin ninguna seguridad de que así se habría evitado el número de muertos, doloroso saldo que debe siempre compararse con los demás países, donde los fallecimientos ocurrieron con cualquier tipo de niveles de aislamiento. 

 

Algo similar ocurre con la pobreza, por una razón matemática, además de real, que se aprovecha para atribuir a la LUC y al gobierno, nunca a la pandemia, que tuvo peores efectos en la mayoría de las economías, o en todas las demás. Si el gobierno no puede hacer cambios de fondo en las políticas que hicieron languidecer al país entre 2014 y 2019, difícilmente se logre una mejora en el futuro. Si no se permite la alternancia real, mal puede haber un cambio en cualquier sentido. 

 

La lucha contra la LUC no tiene argumentos serios. Pero ha servido de pretexto para abrir una serie de reclamos en su gran mayoría exógenos, que el gobierno no puede resolver irresponsablemente y de un día para el otro sin caer en algún formato de populismo y confiscación, de inmediatez precaria que siempre estalla de algún modo. Con una limitadísima posibilidad de hacer modificaciones al chemin de fer que recibe como una imposición inamovible, para así tratar de paliar con crecimiento el reparto generoso e injustificado al que lo obliga el sistema de gasto creciente y garantizado del estado que le impone el juego de la falsa alternancia. El socialismo necesita que el país se endeude, emita, cobre más y nuevos impuestos crecientes, ahuyente la inversión y el empleo privado, y que los votantes dependan del estado. Eso ha estampado con fuego en las leyes y las normas. 

 

Más allá de cual sea el resultado del referéndum, que tendrá lugar cuando el gobierno haya perdido el efecto popularidad por su evidente buena actuación en la pandemia, el Frente-Pit-Cnt ya ganó, porque logró frenar con esta discusión transformada en plebiscito la poca libertad de acción que tenía la Coalición en esta alternancia condicionada que le da como limosna el sistema, que, con fácil demagogia, en nombre de los derechos de ciertos empleados (y jerarcas y socios) estatales, cercena los derechos de los ciudadanos a que su voluntad electoral se refleje en la práctica. 

 

El desagradable, desaforado, patético y desinformado sindicalista argentino que comprometió el apoyo de sus gremios para “echar a Lacalle Pou” estuvo gravemente equivocado en las formas y en el respeto. Pero no tan errado en adivinar el fondo de la estrategia política de la izquierda, cuyo objetivo no es echar al presidente, ni mucho menos. Le basta con paralizarlo. Le basta con que no haya alternancia real. Eso es exactamente lo que ha logrado. 

 

 

Publicado en El Observador. 02/11/2021

El neofrentismo

 

La izquierda empieza a mostrar su verdadera cara tras la derrota, con su método de resistencia activa y el sinceramiento de su conducción

 

Cualquiera fuere su suerte, la LUC ya cumplió un papel importante que ni siquiera estuvo planeado: mostró cómo será el Frente Amplio del futuro. O quizás, simplemente mostró como fue siempre su esencia. Basta escuchar los argumentos que se esgrimen al proponer la derogación de la megaley para comprender que simplemente se está haciendo énfasis en algunos puntos que puedan resultar sensibles a la ciudadanía, pero que casi nunca, o muy pocas veces, tienen algo que ver con el texto de la ley, ni siquiera forman parte de ella, o a veces se trata de artículos aprobados por los mismos que bregan por su derogación. Es una excusa, no un debate, como se pretende.  Para tranquilidad de los puristas cancelatorios del Frente, habrá que aclarar por centésima vez que la oposición tiene el derecho constitucional de oponerse a la ley y a lo que se le dé la gana, y usar cuanto vericueto legal encuentre para ello, sin importar si tiene razón o no, si miente o no, si sus argumentos son válidos o no. Eso incluye el pedido de un referéndum, por supuesto. 

 

Pero la opinión pública, el gobierno, el periodismo y quienquiera fuese, tienen a su vez el derecho de calificar esas posiciones, acompañarlas, criticarlas, rebatirlas, despreciarlas, y hasta de descalificarlas, derecho que está por encima de la Constitución misma, por ser un derecho humano preexistente, como enseñan los pensadores universales de la izquierda, (que se arrogan la invención y la defensa de los mismos) salvo que se invente alguna argumentación nueva, o se desempolve alguna vieja teoría que diga lo contrario, por un rato.  

 

Esa obsesión en el ataque a la LUC, al voleo y sin respaldo en la seriedad conceptual y en la seriedad sin aditamentos, da derecho a pensar, además de las propias declaraciones de los númenes y fogoneros del FA, que lo que se está haciendo es transformar el referéndum en un plebiscito más que en una elección de medio término, en un virtual voto de confianza o de no confianza, en un referéndum ratificatorio de las elecciones de 2019. Ese accionar empecinado opositor, unido a las huelgas y paros dañinos que se decretan con cualquier razón, más las proclamas sindicales jurando que “se continuará la lucha”, aún cuando el resultado del referéndum no alcanzara para derogar la ley, no está garantizado por la Constitución. Ni permitido. Obviamente, el neomarxismo, experto en materialismo dialéctico y en encontrar argumentos hurgando en los libros de sus propios autores, siempre impondrá su interpretación invocando la minuciosidad de la letra de las leyes que le convengan, no el espíritu, y vistiendo de legal lo que en la práctica haga, aún cuando ello no sea constitucional. Por eso sostiene con inocente desenfado que si el recurso está en la CN puede y debe usarse (cuando convenga). Por eso es importante que se desenmascaren las intenciones evidenciadas y las actitudes y procederes, salvo que también se encuentre el mecanismo intelectual para prohibir cualquier opinión. 

 

Esta observación no es gratuita, cuando ahora se pretende que el presidente no se exprese en modo alguno en defensa de la LUC, que es una ley de la República, porque según los diccionarios que se esgrimen como valor legal eso sería inmiscuirse en una elección. Cualquiera comprenderá que se trata de silenciar la voz más importante y poderosa del gobierno, como si en un juicio se prohibiera declarar al principal testigo de la defensa. Materialismo dialéctico, desde hace más de un siglo. El Frente Amplio decide con quién confronta. Siempre dentro de la democracia y la Ley Suprema, juran. 

 

Además de esgrimir ahora argumentos legales y jurídicos que no lo preocuparon demasiado en su larga gestión, la oposición sigue poniendo énfasis en declamar los valores de la democracia, que en el país y en el mundo la izquierda blande cuando gana para transformar su mayoría en poder absoluto, pero que devalúa, relativiza, sabotea o torpedea cuando pierde, siempre en nombre de algún derecho superior, o de la necesidad de consenso, o de debatir, o de las garantías legales,  como si hubiera dado el ejemplo de todo ello en el ejercicio de sus mandatos, de paso, y aún en la misma LUC, que discutió largamente e inclusive aprobó en varios de sus puntos, puntos que ahora quiere derogar por conveniencia. 

 

La LUC desnudó, como si hiciera falta, el viejo mecanismo del marxismo. Le hizo mostrar sus cartas con toda su crudeza. Cuando el Partido Comunista ordenó que el presidente del Frente fuera el hasta ayer presidente del Pit-Cnt, la agrupación informal gremial trotskista que promueve la exclusividad del empleo estatal y pulverizará a los trabajadores privados, también tomó un camino que pasa por el referéndum, pero avanzará hacia su triunfo conceptual, su sueño de pobreza igualadora universal. Es sabido que se le han agotado al frenteamplismo los líderes que mantenían un cierto equilibrio que permitía atraer o conservar a los sectores menos radicalizados y que - hay que aceptarlo – supieron imponerse a su propias masas para mantener una seriedad económica y jurídica, lo que salvó al partido y al país de una catástrofe. Es evidente que el camino elegido ahora es otro, cuando se designa como presidente a quién ha impulsado un movimiento con un accionar bastante lejano a la democracia, al progreso y al diálogo, como se ha reiterado no sólo en lo referente a la LUC, sino a la posición combativa sistemática y negacionista en contra de cualquier legislación o medida del gobierno, laboral o no. 

 

Este es, para que quede claro, el nuevo Frente Amplio. Y esto es lo que puede esperarse de cualquier gestión futura. No diferente a la historia del socialismo mundial, bajo el paraguas del neomarxismo que se imbrica en la democracia para destruirla, como el cáncer en la célula. Al menos, ahora nadie puede sostener que no sabía lo que votaba y que creía que la política uruguaya era un cordial debate entre amigos y que la resultane era un feliz promedio y todo bien. Basta escuchar el discurso de Fernando Pereira acusando al gobierno de empobrecer a Uruguay y haciendo abstracción de los efectos de la pandemia, que habrían sido mucho peores si se seguían sus consejos. 

 

Pero queda una pregunta final para determinar la estrategia de la Coalición ante el referéndum: ¿debe defender el articulado y las ventajas de la LUC, lo que al frenteamplista no le importa nada, y se limita a repetir que es mala, o debe llamar a defender y refrendar el resultado electoral? No sería malo que Uruguay definiera su propio destino, aunque esté condenado a hacerlo una y otra vez, como el FA parece creer y como está decidido a que ocurra hasta imponerse. 

 

Publicado en El Observador 26/10/2021

La soberanía fiscal también es soberanía

 

La Unión Europea, ¿la tercera coalición que se postula para gobernar Uruguay?

 

 

Para intentar comprender el apriete al que la Unión Europea somete a Uruguay al inventar primero una lista gris de países que no le quieren obedecer en sus bulas impositivas y luego amenazar con sanciones a quienes se nieguen a complacerla, habrá que hacer algunas puntualizaciones. 

 

La UE, que nunca firmará ningún tratado de libre comercio con el Mercosur, ni con Uruguay, ni con nadie que le pueda competir en su ineficiencia de amplio espectro en la producción agropecuaria y sus derivados, es enemigo comercial de los productores orientales, como mínimo. También es enemigo de cualquier país que no castigue con su mismo nivel de tributos a la generación de empleo y riqueza. Al mismo tiempo, está al borde de su quiebra tanto en el sentido clásico del concepto, como en su famoso “estado de bienestar”, que no solamente no se sostiene sin un crecimiento continuado de demanda, sino que está lejos tecnológicamente de los avances de sus principales competidores. 

 

Su concepto de Unión aduanera no es muy distinto al que hizo que el viejo continente soñara el mismo sueño comercial de Hitler, que luego de la segunda guerra, o mejor dicho luego de la aparición de Churchill y su heroica oposición a cualquier alianza o tolerancia con el dictador, se canalizó por otras vertientes, pero sin abandonar la idea madre. En esa línea, ha venido influyendo en los estamentos del FMI y también de la OCDE. Así, a lo que en un principio fue una lucha sacrosanta e indisputable contra el lavado de dinero de la venta de armas y trata de personas, se fue gradualmente ampliando a las proveniencias de la venta de drogas, la financiación del terrorismo, tras la Patriot Act americana de George W. Bush, y no solamente se obligó con justicia a los países con oscuridad financiera a eliminar su secreto bancario, sino posteriormente a someterse a una reglamentación internacional a la que debieron adherir en espíritu y forma todas las naciones, so penas de transformarse en parias mundiales. Posteriormente se agregó la evasión fiscal en el mismo nivel de la venta de drogas o el terrorismo, lo que cambió de nuevo las reglas, sobre todo cuando se obliga a probar lo prescripto, o a presentar documentación que nunca se exigió conservar tanto tiempo, o a demostrar que no se es culpable de un delito que no se conoce cuál es, lo que provocaría la envidia del mismísimo Kafka, cuya delirante y distópica obra El Proceso ha sido empequeñecida con la solución encontrada al problema del lavado. Que por supuesto, ha tenido la virtud de concentrar en pocas manos, o en pocos países, el poder de contralor del bien y el mal. 

 

Se puede discutir cuál es el límite o el alcance de ese sistema que ha ido evolucionando y lo seguirá haciendo hasta el espionaje; y se pueden quemar todos los tratados de derecho de la historia, pero es cierto que los casos agregados a la lista incluyen delitos económicos que afectan al estado, algo que se vuelve imperdonable a medida que el estado se siente dueño de toda la riqueza que producen o tienen sus ciudadanos, un concepto colectivista pero moderno, si eso fuera un mérito. 

 

Es cierto que en todos los casos, hasta ahora, en que se obligó a los países a hacer lo que se les ordenaba, so pena de graves sanciones y escarnios, se trataba de delitos. Reales o presuntos. Eso constituía una justificación, o al menos una excusa, para pasar por sobre la soberanía de los países. Nadie quiere ser refugio de ladrones. Y en el caso de la izquierda mundial triunfadora (en la implantación de su ideología, al menos) también fue un arma, bajo el concepto “no me importa no mejorar, sino que tú pierdas”, que se escucha y se percibe con toda fuerza en el ámbito local. 

 

Es cierto que el Uruguay de hoy no necesita para nada ser un tax haven, ni un tax heaven, ni le aportaría demasiado serlo. Ni lo es. Ni le conviene serlo. El país necesita ser transparente, confiable, respetado, serio, con seguridad jurídica, con impuestos bajos y no frutos del odio a la ganancia ni al capital. No una cueva ni un asalto tributario. Y en ese sentido ha venido actuando coherentemente en los últimos 15 años. Pero ahora, el planteo de la UE tiene una razón, un objeto y una causa diferente. 

 

La UE, como ha empezado a hacerlo EEUU, odia que los países eficientes, que no necesiten cobrar altos impuestos porque gastan menos, o que apuestan a cobrar menos impuestos para aumentar su recaudación (Laffer) usen esa ventaja para competirles. Tiene sentido. EEUU, porque sus grandes corporaciones internacionales se radican en países con menor tributación, lo que le hace perder ingresos impositivos, y la UE porque, incapaz de competir, necesita recaudar más y más de sus contribuyentes y no puede subir sus tasas porque las empresas simplemente se marchan de los países que les infligen una agresión fiscal insoportable. No es casual que EEUU haya logrado que 120   jurisdicciones acordaran cobrar un impuesto de 15% mínimo (Universal, dicen algunos) a las ganancias de las empresas, para que no se le fugasen las propias. Lo que no puede lograr con sus leyes lo intenta lograr haciendo que el mundo copie su carga impositiva, en muchísimos casos una concesión suicida del resto del mundo, obviamente otorgada bajo presión para evitar represalias. Obama y Trump intentaron sus propias soluciones al problema, pero para resumirlo, fracasaron en el propósito. 

 

La UE está peor, o un paso más hacia el abismo, que EE.UU. Con su sistema de Estado de Bienestar socialista haciendo agua, con su territorio invadido por el Califato y el subcalifato en sus peores versiones, sin generación de empleo ni eficiencia, con burocracias carísimas y los mismos políticos incompetentes, nuevaclasistas y perpetuos complaciendo gentiles pedidos y envueltos en una gigantesca confusión, con la trampa del endeudamiento de los estados y las empresas, con varios de sus miembros furiosos, como Hungría y Polonia, maltratados como acostumbra Europa, o traicionados, como ocurre con Irlanda, con España que parece imitar a Argentina,  con China que la ha relegado lejos,  con el Euro perdiendo valor y confianza, no puede permitirse el lujo de que otros países tengan tratamiento fiscales diferentes a los propios. Es el mismo concepto que hace que no firme ya tratados de libre comercio, sino garantías de proteccionismo propio. Entonces decide obligar a las naciones más pequeñas o con economías más frágiles a gastar lo mismo que ella. O a hacer las mismas estupideces que ella. 

 

Eso es lo que hace con Uruguay. O con eso está amenazando a Uruguay. Porque -aún a riesgo de ser demasiado técnicos – el sistema fiscal basado en la fuente de ingresos, no es un invento oriental, no está vigente desde ayer, no es una innovación ni un oportunismo, es el que usa Uruguay tradicionalmente. Y el que también se usó en el mundo. Y se usa aún. Nadie está cometiendo o permitiendo cometer ningún delito, ni en Uruguay ni en ninguna parte, si se usa el concepto de la fuente. Ni se está ayudando a nadie a cometer ningún delito. Y su teoría alternativa, el concepto de la teoría del domicilio, también se usa tradicionalmente. Y hasta se mezclan en muchos países. Y cada país tiene el derecho a usar el que le venga en ganas, mientras sea con seriedad. Uruguay es transparente, cumple con todas las reglas de intercambio de información, colaboración, sistema de reclamaciones judiciales y extrajudiciales del mundo moderno, lo que la Unión Europea exige no tiene ninguna relación con la oscuridad bancaria o fiscal ni con los paraísos fiscales, aunque al viejo mundo le convenga presentarlo así. Ahora se intenta inventar una tercera y hegemónica teoría, de tributación internacional. Un invento, sí. 

 

Por último, si alguno creyese que una empresa radicada en su país debe tributar de determinado modo, debe modificar sus propias leyes, y tipificar su incumplimiento como delito, no amenazar a los demás países para que cambien las suyas.  Lo que, además de limitar con el absurdo, expone a los países complacientes a sufrir juicios y reclamos que va a perder internacionalmente al modificar leyes y criterios tradicionales, es decir al romper de un tajo lo que tanto se esgrime como virtud: la seguridad jurídica. No se puede evitar recordar la hipocresía en la aplicación de torturas por el estado. Para evitar incumplir su Constitución, extraoficialmente se torturaba a prisioneros terroristas en cárceles o bases fuera del territorio norteamericano. Con esto ocurre algo similar. Con el mismo dramatismo en cuanto al Derecho, no en cuanto al hecho en sí. 

 

Es probable que, ante la amenaza de transformarse en un paria internacional gratuitamente, por un delito que no cometió y que no existe ni como posibilidad y por una exigida subordinación colonial, el país sea obligado a ceder ante este planteo kafkiano. Con las consecuencias previsibles y otras. Y con la seguridad de que las órdenes impuestas por el mundo civilizado, o lo que reste de él, no terminan aquí. Esto seguirá. No hay mundo feliz sin el empobrecimiento deliberado de las naciones productoras. 

 

En cuanto a los que sostienen que debe cumplirse con una carta en que Uruguay se compromete a hacer estos cambios, términos muy dudosos en el ámbito diplomático y tampoco valederos, habría que recordarles que durante 15 años de gobierno de izquierda sociomarxista se viene incumpliendo nada menos que los tratados con la OIT que consideran inaceptable la toma de plantas productivas como forma de reclamo sindical o laboral. Salvo que, detrás de semejante argumento lo que se persiga es que el gasto y el déficit aumenten. Un elemento igualador en la pobreza que haría feliz a europeos y frenteamplistas. 

 

 

Publicado por El Observador el 19/10/2021

Uruguay no se parece en nada a Argentina… y se parece en todo

 

Cualquier oriental puede explicar que su país no se asemeja en nada al vecino. Y tiene razón, pero al mismo tiempo, está equivocado

 

El uruguayo ama creer que la desesperada situación en la que está Argentina se debe a todo lo que representa Cristina Kirchner y su accionar. Es posible que tenga razón en lo político. Nadie mejor que ella resume las características que tanto odian los orientales del argentino, o mejor, del “porteño”. La prepotencia, la soberbia vacía, el idioma grosero y precario, la “tilinguería”, la ostentación, la vacuidad. También la incapacidad de escuchar al otro, de reconocer su existencia, de rescatar sus virtudes y la capacidad de creerse poseedora de la verdad única. De paso, de representar a quienes son ladrones del primero al último. Y en especial, su autoritarismo y su desprecio por la república. 

 

Comparadas con el modelo, o la idiosincrasia, local las diferencias son abismales en el estilo y en los formatos políticos. Sin embargo, el riesgo de las similitudes no está en ese plano, felizmente. Donde hay que poner el foco es en las coincidencias en los números presupuestarios y en los datos económicos, no importa si ellos son consecuencias de una bipolaridad sociopática o de un diálogo que se asume cordial, sincero y civilizado. Y es en esos datos donde está el problema que se debe mirar. 

 

Si bien es cierto el actual gobierno ha dado pasos de moderación importantes en el manejo presupuestario y en la seriedad económica, aún la comparación de datos es tan preocupante como lo eran al final de los 15 años de mandato del Frente Amplio y su tutor ideológico, el Pit-Cnt. Comenzando por la relación entre empleo público y empleo privado, que es la manera más simple de predecir el bienestar y la solidez de una sociedad. Estas cifras son comparables entre los dos países, tanto antes como después de la pandemia, y se agravan por igual si se suman los subsidios aumentados para paliar los efectos del aislamiento. 

 

Si se observan las disposiciones Constitucionales, Uruguay ofrece menos esperanzas de cambiar esas relaciones, con un sistema que garantiza el crecimiento del costo del empleo estatal y también la ineficiencia sistémica. Entre otras consecuencias gravísimas, eso preanuncia un largo déficit, una tendencia al endeudamiento y al aumento impositivo e inflacionario que funciona como un desestímulo fortísimo a la inversión y el empleo privado, el único que existe seriamente. 

 

Mientras Argentina tiene un sistema de empresariado sindical, escondido tras la también monopólica CGT, socio de los empresaurios prebendarios que esquilman al estado y al país, con gremialistas billonarios (pronto trillonarios en pesos, si sigue la inflación) Uruguay  también tiene un sistema gremial de destrucción de empleo privado y defensa de los monopolios estatales, falsas empresas que han concitado todo tipo de manejos patrimoniales nunca explicados en tres lustros. Ese sindicalismo trotskista, sin personería pero con exclusividad asegurada, tiene el mismo efecto que el argentino, y conduce a la destrucción del sector privado, de la inversión y también a las tarifas y precios manoseados por el estado, prolegómenos de las catástrofes populistas. Porque, aunque sea con modos diferentes, con supuestos diálogos educados y falsas tolerancias, los dos sistemas conducen al mismo final. Con o sin Cristina, que por último no es nada más que la etapa final de todo proceso estatista de reparto cuando se acaba la plata. Y la lucha salvaje contra la LUC muestra que, a la hora de la ideología, el diálogo educado es una mentira barata que sólo los ilusos se tragan. No se advierte aquí diferencia de peso ninguna entre los dos países. 

 

La justicia, el elemento fundamental del concepto republicano, tampoco es diferenciante en ambos lados del Plata. Cristina ha exagerado males que vienen del viejo peronismo, y los juicios contra los funcionarios argentinos mueren por inanición y por inacción. En Uruguay, en cambio, los juicios contra los jerarcas ni siquiera comienzan, mueren en algún comité disciplinario partidista o en alguna comisión parlamentaria o se convierten en una discusión por compra de calzoncillos. Reconoce aquí la columna su limitado conocimiento de la historia nacional, que sólo abarca 17 años. 

 

El déficit, el gasto, la deuda, la inflación, la carga impositiva, tienen la misma tendencia, y a veces la misma proporción en ambos países, parcialmente interrumpida transitoriamente desde comienzos de 2020, como se ha dicho. Transitoriamente. El riesgo es que el gobierno de la Coalición cumpla la misma función del gobierno macrista en Argentina: crear un breve interregno para un regreso peor del populismo amistoso, disimulado y seudo dialoguista del FA. Por supuesto, que en el vecino estos valores se han precipitado, pero eso es lo que ocurre cuando se usa el gasto y el déficit como sistema de bienestar rápido, sin el correlato de la generación de riqueza, para lo que el estado es inútil, con cualquier nacionalidad. 

 

El sistema jubilatorio es peor en Uruguay que en Argentina, si eso fuera posible. Tanto en la proporción entre activos y pasivos como en cualquier otro dato. Incluyendo los pagos que se atribuyen a las pasividades y que no son tales.  Los intentos de corregirlo crearán una discusión tan grave como la de la LUC, con efectos peores. Un tema imprescindible de corregir. También imposible de hacerlo, sin romper más cosas de las que se intenten reparar. 

 

Los dos entornos laborales y legales, como se ha dicho, ahuyentan empleo e inversión privados, que son el único empleo sostenible y la única inversión posible. Si eso no se cambia, los destinos de ambas naciones son los mismos, más allá de que alguno llegue más rápido a esa meta. 

 

Nada de lo que ocurre en el mundo cambia estos conceptos ni estas semejanzas. Los empeora, eso sí. Es mejor no tener a Cristina, es cierto. Pero sin ella y con el mismo esquema económico-ideológico, los resultados serán los mismos. Refugiarse, en el sentido que fuere, detrás de las polleras (o los pantalones de cuero brillosos y caros) de la señora de Kirchner no mejora la comparación. No copiarla es apenas una condición sine qua non. La receta para el bienestar general es no copiar en nada a Argentina. 

 

 

 

 

 

Publicado en El Observador 12/10/2021

El Descubrimiento que ahora nadie se atreve a celebrar

 

La demonización de Colón es parte de un proceso para destruir todos los valores de occidente, sus instituciones y el concepto mismo de nación

 

La cancelación es la nueva herramienta que el posmarxismo de mil nombres y mil cabezas utiliza para apoderarse de la democracia y destruir la idea de soberanías nacionales. El concepto socialista siempre ha funcionado mejor, para sus teóricos, en una sociedad mundial única, donde se puede redistribuir la riqueza universal y, sobre todo, donde no hay exitosos con los que compararse. Tal es el concepto encerrado en las ideas de la Renta mínima universal y del impuesto mundial, que tienen defensores impensables, como la UE, que aspira a decidir hasta si los países deben aplicar la teoría de la fuente o de la residencia. Porque, en definitiva, el neoestalinismo quiere hacer desaparecer el concepto de Nación, de soberanía, hasta de Patria.

 

Coherentemente con ese masterplan, un día se decidió demonizar el descubrimiento de América, transformando la figura de Cristóbal Colón en una especie de Hitler de la naciente Edad Moderna, en un Stalin purgador de indígenas, en un despiadado asesino de aborígenes. 

 

Nadie puede defender a Cortés o Pizarro, seguramente. Tampoco a la iglesia en su campaña de evangelización esclavizante, ni a tantos otros protagonistas de lo que se llamó la Conquista. No demasiado distinta en sus procedimientos a la desordenada y despiadada Europa, fruto de las invasiones salvajes de los hunos, los francos, los visigodos, los ostrogodos, los otomanos, los anglos, los sajones, de los reyes que se mataban entre ellos los para sucederse, de las cruzadas, de las guerras de conquista mutua, de poblaciones sojuzgadas por el vencedor de turno, sin derechos, sin respeto, sin dignidad. Y sin tener plumas ni pinturas. Solamente porque algunos eran vencedores y otros derrotados. 

 

Pero hojeando la historia, se observa que Colón, y la reina Isabel, su sponsor, emprendieron la aventura del Descubrimiento sin intenciones de conquistar nada, ni de subyugar nativos, ni de matarlos. Simplemente querían encontrar una nueva ruta comercial al Asia, porque las flotas salvajes de sus civilizados enemigos europeos le impedían usar el Mediterráneo como vía de paso. La epopeya colonizadora fue fruto de la ambición de comerciar. Unida a la aplicación práctica de la teoría no probada de que la tierra no era plana, sino redonda. 

 

Claro que la idea había que sostenerla con coraje y riesgo. Por eso los tripulantes del genovés eran presos liberados, y luego todos los conquistadores eran aventureros con permiso, mecanismo no diferente al de los corsarios ingleses. Por eso en la conquista se usaron los mismos métodos que usaban las grandes potencias marítimas de la época: la guerra, la violencia, la superioridad armada, el avasallamiento del enemigo, o del competidor. Por eso España crea el monopolio, otra muestra de prepotencia. Prontamente imitada por Portugal, Gran Bretaña, Francia y Holanda, que en resumen hacen en el nuevo continente lo que acostumbraban a hacer en el viejo. 

 

América es el fruto de esos atropellos, de esas muertes, de las reacciones contra las crueldades y contra los derechos. Que duraron varios siglos, donde las hienas se peleaban por los despojos de la carroña. Aún luego de liberarse de sus conquistadores, las luchas continuaron entre los americanos. No hace falta recordar la tremenda guerra civil estadounidense, las luchas entre caudillos en las Provincias Unidas, matizadas por la traición y el fusilamiento cobarde a mansalva, o las luchas entre héroes, como San Martín y Bolívar, o Artigas y Rivera. La historia no se escribe con líneas prolijas ni bondadosas. Ni como el observador de hoy querría. 

 

Pero en América de 1492 no había naciones, ni soberanía, ni derechos, ni nacionalidades, ni instituciones. Salvo el odio y el instinto tribal, que también conducía en muchos casos a la guerra, a la conquista, al vasallaje. Las tribus fuertes y belicosas se imponían a las tribus débiles. En todo el continente. No había derechos con los Incas explotadores, ni con los Mayas o los Apaches o los Sioux. Sólo las ancestrales reglas animales de cada tribu. Eso no justifica nada, pero muestra cómo era ese mundo. 

 

De ese casi imposible cuadro, el continente americano evoluciona y emerge como puede como un conjunto de naciones, con leyes, derechos, reglas, soberanías, igual que Europa, muchas veces mejorando las ideas del Viejo Continente, y hasta liderando muchos cambios, como en el concepto mismo de la democracia. 

 

Por supuesto que todo podría haber ocurrido de otra forma. Pero la historia sucede como quiere, no como se desea. Lo que sí es absurdo, es esperar compensaciones, resarcimientos, reivindicaciones por ese pasado universal. Sería como reclamar a los hunos, y éstos a los visigodos, como si los españoles de hoy, que son en parte descendientes de los otomanos, reclamaran por los 7 siglos de la invasión sufrida o desconocieran el aporte jurídico de los godos. 

 

En aspectos más individuales y locales, todos esos reclamos fueron zanjados en las guerras y constituciones de cada país, cuyas poblaciones son la resultante de esas guerras, esos abusos, esos pactos y esas mezclas de razas y nacionalidades que caracterizan a la humanidad.  Cada uno de esos países americanos tiene su identidad, su nacionalidad, su idiosincrasia, su soberanía en el sentido más amplio. 

 

Esa soberanía, esa independencia, esa capacidad de decidir de cada país, molesta al plan de pobreza generalizada llamado el Nuevo Orden Mundial o el Gran Reseteo. Un país que no se someta a esas reglas podría ser una peligrosa evidencia empírica a las que tanto temía Stalin. Por eso es imprescindible crear entes, impuestos, redistribuciones, derechos y justicias supranacionales, en manos de tribunales también supranacionales, que anulen la independencia de las naciones. Y por si eso no alcanzara, el sistema de las cancelaciones y sanciones de la corrección política obliga a los gobiernos de políticos inútiles y corruptos a complacer el reclamo inducido por esos métodos. Demonizar a Colón y el Descubrimiento es parte de la negación de esa identidad y de esa individualidad de cada nación, de cada sociedad. Es tribalizar de nuevo al continente para poder dominarlo. 

 

Obviamente que cabe la pregunta, también contrafáctica, sobre si esa evolución, de la tribu dispersa, salvaje y cruenta a la Patria, a la Nación, habría sido posible sin el Descubrimiento, sin la audacia y el coraje de Colón, sin ese momento liminar de Isabel de Castilla. Imposible responderla. Pero todos los conquistadores de otrora han dejado su idioma, su cultura, su literatura, sus canciones, su modo de ser, deliberadamente o sin quererlo, a pesar de todo. 

 

Cristina Kirchner, en la cima de su poder, su soberbia y su ignorancia, hizo bajar a puro capricho la estatua del gran navegante, que estaba en la plaza frente a su despacho, con la complaciente anuencia de varios gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo el de Mauricio Macri. Ahora se alza frente al Río de la Plata, luego de la reacción de muchos sectores ciudadanos que repudiaron el hecho. 

 

Cada estatua de Colón es un homenaje a los emprendedores de todo el mundo. Y en cada emprendedor hay un Colón. ¡Bufen las Cristinas!