Publicado en El Observador  24/05/2022

La nueva constitución chilena, o el Pedidos Ya de derechos 

y garantías

 

Una lista de regalos voluntarista que cumple todos los sueños y las expectativas, sin contrapartida ni requisito previo, a costa del resto de la sociedad.  

 

 

El Pleno de la Convención Constitucional de Chile ha publicado las disposiciones de la nueva carta magna. Si bien el texto no está aún ordenado y compatibilizado, es posible visualizar el camino propuesto para el país trasandino. Este columnista no es abogado, ni tiene formación profunda en derecho, es sólo experto en la difícil tarea de ser ciudadano y de defender sus libertades, lo que en el mundo moderno tiende a ser considerado atentatorio contra el estado y otras supuestas conquistas, en el peor sentido del término. 

 

El paquete define a Chile no como una nación, sino como un Estado solidario, democrático, plurinacional e intercultural de democracia paritaria, democracia directa, de igualdad sustantiva. El término naciones se reserva para las antiguas (o nuevas) tribus chilenas, con un especial tratamiento en todo el articulado. Tratando de defender a las minorías, se lesiona a la minoría más importante: la de la mitad menos uno. 

 

Una primera reflexión es que, como ocurre con las constituciones, leyes y discursos de otros países de la región subordinados al Grupo de Puebla, se usa el término democracia con liberalidad, pero inmediatamente se le agregan adjetivos que la desnaturalizan, la bastardean o diluyen la representatividad y el equilibrio de poderes, que tanto odian los dictadores, los burócratas y los corruptos. Bien podría esta Carta haber sido redactada por Cristina Kirchner o por Maduro, ya que resume sus planteos, sus prácticas y sus reformas. Este uso perverso de la palabra democracia es, como se sabe, un mecanismo dialéctico, un disfraz que inmediatamente es desvirtuado por el resto de las normas y disposiciones. 

 

Las garantías de representación a todas las reivindicaciones y reclamos de cualquier tipo hacen que los principios de igualdad que campean por el texto se desvirtúen de inmediato, ya que el concepto de representatividad proporcional, base misma del sistema democrático, se altera al garantizarlas. Usando el truco fundacional marxista de cambiar el significado de las palabras y de a poco ir atribuyéndole una acepción distinta, la nueva constitución tiene poco de proporcional, de representativa y de control entre los poderes. Así, lo que hasta ahora se conoce como artículo 6º, al otorgar representación a todos los sectores y ponencias, elimina, vía la imposibilidad matemática, la representatividad. La nueva constitución es una contradicción encuadernada, llena a su vez de contradicciones que la tornarán imposible de llevar a la práctica, o, como ocurre con Maduro, que servirán de excusa para que, basado en un artículo determinado, o en una asamblea o entidad de las muchas que se crean, prescinda de la opinión y el derecho de la población, siempre con algún justificativo legal. (Recordar que, en sus comienzos, Maduro tenía la misma imagen de incapaz que Boric. 

 

Las garantías y derechos que se conceden alegremente a las comunidades autopercibidas como indígenas son un claro ejemplo de voluntarismo, que además ocasionarán complejas situaciones legales internas e internacionales. Al decretar que ciertos grupos que “históricamente han sido oprimidos o excluidos” hace un juicio de valor y legal que condiciona toda la legislación, e impulsa una grave disputa de soberanía que ha sido zanjada hace casi dos siglos. Al darle entidad a los grupos que se denominan mapuches, olvida que, hasta hoy mismo, esos grupos son perseguidos por la ley, acusados de graves acto de violencia, saqueo y terrorismo, procesados, encarcelados y expulsados. Se trata de una acción divisionista profunda, del mismo tipo que el neomarxismo está tratando de impulsar en muchos países, que usa cualquier reivindicación, disconformidad o queja para dividir al extremo a la sociedad, para afectar la soberanía y que pasa por encima de la voluntad popular que suelen declamar. O al menos, por encima de la minoría de esa “mitad menos uno”. Los resultados (provisionales) del censo argentino, muestran que algunos de esos reclamos que generan leyes, subsidios, condicionamientos, intromisiones del estado, son una minoría ínfima, lo que no les quita derechos, pero sí limita la representatividad e importancia en las decisiones del estado. El conflicto con Argentina que implica la invasión violenta mapuche es ahora una posibilidad más cercana. 

 

Dentro de este concepto está la creación de escaños para las comunidades indígenas, a las que se eleva virtualmente al nivel constitucional de las provincias, (Bajo el apodo común de regiones o nacionalidades, nuevo nombre del Senado) que votarán sólo los integrantes de esas tribus, algo no solamente raro de comprender y justificar, sino de encuadrar dentro de un esquema que se dice republicano, y aún democrático. También aquí se advierte el concepto manipulador de los dictadores regionales, que han usado este tipo de apoyos para disfrazarse de legitimidad. El poder Legislativo Plurinacional va en la misma línea y parece ser un auditor del presidente, por las dualidades que generará, por los enfrentamientos e injusticias que se producirán y por lo inviable de plasmar. No es demasiado difícil comprender que no es lo mismo una provincia que una tribu que reclama ser originaria y por eso tener derechos que anulan a los del resto de la sociedad, inclusive el de propiedad y aún el de ciertas libertades.

 

En gran similitud con Venezuela, y con el sueño regional de Puebla y Sao Paulo, o de dictaduras funcionales al latimarxismo fatalmente antidemocrático, se crean las Asambleas Territoriales, la Cámara de Regiones y las Cámaras indígenas, otro mejunje ideológico cuyo funcionamiento es inimaginable, o demasiado imaginable. 

 

Esta suma de sueños, trucos, garantías incumplibles, falsas esperanzas y poluciones nocturnas, se vuelve todavía más caótica cuando se advierte la imprecisión en la normativa de los artículos. Ello obliga a sancionar una catarata innumerable de leyes, (infinidad -diría Tácito) que sólo requerirán la mayoría simple en una suerte de congreso o comparsa, que deberán aprobarse con los confusos y peligrosos mecanismos prescriptos, donde se han excluido las mayorías especiales, último baluarte contra el abuso. El sueño de la vecina Cristina, que ama la dictadura de la mayoría de la mitad más uno, ignorando deliberadamente a la otra mitad, por grande que fuere, en contra del más elemental concepto de democracia, entendiendo la democracia como lo que espera un ciudadano común, no el gramscismo o el trotskismo.

 

Otro aspecto que haría las delicias de la dueña del peronismo, que cree que es el pueblo el que debe juzgarla, no los jueces: la Justicia ya no es un poder en la nueva Chile, será apenas un servicio del estado, con leyes que lo normarán. Las leyes del gobierno. El Consejo de Transparencia ahora creado, parece querer substraer a los políticos y la política de la acción judicial y eludir el control republicano entre poderes. República, es entonces, solo otra palabra prostituida más.  

 

Un apretado resumen de riesgos adicionales que merecen mayor análisis: 

 

-       Con sólo el 5% de los votantes se puede convocar un referéndum para anular una ley

-       Las listas electorales de cualquier entidad deben ser siempre encabezadas por una mujer

-       Los consejos profesionales pasan a ser públicos. Supervisados por el estado. 

-       El estado tendrá potestad para intervenir en el ámbito privado en casos de inclusión. 

-       La Cámara de regiones tiene supremacía sobre la de diputados, en especial en temas del Presupuesto

-       La delegación de poderes en el presidente y el uso de decretos es generosa. 

-       El cambio parcial de la constitución se ha legislado muy confusamente, pero hace muy fácil modificarla, lo que resulta altamente peligroso y manipulable. 

 

 

Como sostiene la columna, se debe estar alerta ante proyectos similares en cualquier país de la región, también en Uruguay. O en especial en Uruguay. La tendencia de la izquierda estatista y extractiva (de bienes ajenos) es tener facilidad de leyes, eliminar las mayorías especiales, crear motivos de disconformidad, separatismo, crisis de soberanía. La dictatura de la democracia de la mitad más uno. De acuerdo con las recientes encuestas la nueva constitución sería rechazada hoy por el 60%, de los votantes, pese a que insólitamente se ha reducido el margen. Habrá que ver que ocurre hasta el momento del plebiscito. O lo que se provoca que ocurra. Pero, aunque no fuera aprobada, esta mamotrética constitución propuesta ha cumplido buena parte de su misión: crear la sensación de que todas las garantías, las conquistas, los derechos y los reclamos, lícitos o no, legítimos o no, arbitrarios o no, confiscatorios o no, pueden ser obtenidos y defendidos mediante una simple ley. Aunque esa ley desprecie y castigue a la mitad de la sociedad. O a toda la sociedad, a la larga. 

Publicado en El Observador 17/05/2022

La reforma previsional, ¿otra LUC? 

 

La urgencia forzada y la presión para un cambio pueden hacer que el remedio jubilatorio termine siendo peor que la enfermedad

 

Es una constante que cuando se trata de controlar el gasto del estado la mirada se fije en los grandes rubros. Así, se llegan a conclusiones como el FMI, ciertas calificadoras de crédito y no pocos analistas, que plantean drásticos recortes sobre dos o tres grandes ítems, en vez de encarar la tediosa y laboriosa tarea de escudriñar en detalle las partidas, contrataciones, tercerizaciones y otros vericuetos y prácticas que pululan en todas las administraciones públicas del universo. 

 

El llamado Gasto Social es uno de los rubros más importantes de cualquier presupuesto y como tal, suele ser el más cuestionado, muchas veces con toda razón. Pero no se debe caer en la tentación de simplificar el análisis o de tomarlo globalmente sin desbrozar, a riesgo de complicar el problema en vez de resolverlo. La reforma previsional que intenta encarar el presidente permite al menos tres enfoques de base: el de formato, el económico y el efecto político. 

 

El sistema de reparto, de solidaridad intergeneracional o como se quiera denominar que se intenta reformar, tiene cada vez menos viabilidad y vigencia globalmente, tanto por el nivel de supervivencia como por la imposibilidad de obtener rentas suficientes de los fondos generados por los aportes. Está condenado a desaparecer o a ser una pequeña parte del ahorro para retiro y a ser sostenido por impuestos crecientes a la población en general. Continuará mutando negativamente hacia un modelo de subsidios estatales, casi de limosna. Los cambios aumentando la edad de retiro, o bajando la tasa de reemplazo, o sea el monto del haber jubilatorio, son obligados y cada vez más frecuentes. El caso de Uruguay se agrava por lo exageradamente temprano de la edad de retiro.  Países como Suecia, que la conveniente ignorancia del neomarxismo ha usado como emblema, luego de su quiebra en 1993 realizó por eso un cambio integral del sistema, ahora reemplazado por un sistema triple, con una muy baja participación, manoseo y discrecionalidad estatal. El proceso tomó 20 años. 

 

En lo económico, aquellos países, generalmente con inclinación estatista, que mantienen este tipo de régimen suelen caer en el error de cargar al sistema gastos que nada tienen que ver con el contrato previsional – se trata de un contrato, en realidad – y que son administrados por el mismo ente que se ocupa de la administración del sistema. Es el caso uruguayo con el BPS, o el argentino con la ANSES. Y ahí empiezan los problemas tanto de fondeo como de déficit y de análisis. Localmente, el enunciado de los rubros que se pagan contra la recaudación previsional es largo, a veces ridículo y siempre costoso. Por ejemplo, el subsidio por enfermedad, o por desempleo, pensiones, asignaciones familiares, compensación por gemelos, maternidad y paternidad, gastos funerarios, pensión para víctimas de delitos violentos, pensión para presos políticos y exiliados, subsidio para lentes y prótesis, y 15 otros rubros que nada tienen que ver con la debida prestación que se debe a quienes hicieron su aporte durante toda su vida laboral, tanto empleados como empleadores. Más que un sistema intergeneracional, se podría calificar como sistema intrageneracional. 

 

Como esas prestaciones contribuyen a desfinanciar seriamente el sistema, se fueron destinando parte de algunos impuestos, como el IVA, (o en otros casos se aplicaron gravámenes directos al haber jubilatorio), a la financiación del BPS, (no del sistema previsional, que es otra cosa) y lo que falta es también compensado desde rentas generales. Eso aumenta fuertemente el dramatismo del impacto sobre el PBI del rubro. Si todas esas prestaciones – cuya oportunidad o razonabilidad no se discuten en esta nota – se consideraran por aparte en un rubro “subsidios varios” como un gasto cualquiera del estado, no sólo se estaría más de acuerdo a la realidad de la erogación, sino que no se estaría dañando al jubilado como ocurre ahora. Esto es porque cuando se analiza el costo del sistema de retiros, se le imputa la totalidad de la compensación estatal, con lo que se llega al déficit del 10 u 11% del PIB. Si se compara en cambio el monto de la recaudación de aportes contra los pagos de jubilaciones relacionadas, el déficit cae drásticamente, lo que no quiere decir que no deba corregirse el esquema jubilatorio, pero no en la magnitud y con la urgencia que se está pidiendo. Además, una reforma sin tomar en cuenta semejante abuso de imputación, hace pagar a los jubilados parte del costo de los subsidios de toda laya, y al mismo tiempo encarece el costo impositivo futuro de la sociedad en general. La violenta y súbita influencia de los subsidios pandémicos, distorsiona aún más la evaluación superficial que se hace del tema, y lleva el gasto escondido detrás del rubro jubilación a cifras espectaculares, pero que nada tienen que ver con el costo del sistema de retiros. El FMI y las calificadoras deberían fijar su mirada en otras economías, en lo posible con mejor análisis. Una tarea previa ineludible, aunque parezca superficial a primera vista, es cambiar la imputación presupuestaria que mezcla el sistema jubilatorio con gastos discrecionales del estado, para evitar erróneas percepciones y permitir comparaciones y juicios válidos. No tiene nada que ver la reparación para exilados, el salario familiar o la prima por edad con el derecho a la jubilación de un aportante. 

 

Los aspectos políticos del empecinado compromiso presidencial son de amplio espectro. Cualquier cambio en el régimen jubilatorio requeriría un consenso pleno, incluida la oposición, o en su defecto algún mecanismo que plebiscite las reformas y las mantenga por varios años. También una propuesta que ampliase los límites del comprensible purismo de los expertos. Una ley modificatoria con la descontada, previsible, falaz y deliberada oposición del Pit-Cnt-FA es no sólo regalar un estandarte de lucha y acaso las chances de triunfo en 2024 para la Coalición, sino abrir la puerta a un nuevo referéndum, a una inmediata modificación o derogación si triunfase el frenteamplismo en las próximas elecciones y a un nuevo acto de populismo vía nuevos impuestos y en contra de las AFAP, lo que agravará el desempleo y confirmará la tendencia del trotskismo sindical de defender nominalmente a los trabajadores, pero en el fondo proponer siempre gastos y mecanismos ahuyentadores del empleo. 

 

Es probable que el presidente crea que está emprendiendo un acto heroico y de estadista, en favor de toda la sociedad.  Ello será así si usa su liderazgo para que todo el arco político vote una reforma planificada y que se vaya ejecutando durante varios años. Pero si eso no se logra, si se impone una ley con simple mayoría simple, derogable o modificable fácilmente, cualquier cambio será provisorio, de corta duración, controvertido, poco efectivo, no creíble ni confiable y se convertirá en una herramienta barata en manos del Frente que tendrá otra bandera popular y ganadora para agitar. Y en vez de ser un acto heroico puede ser un acto de suicidio político para el presidente, para su partido y para la Coalición. 

Publicado en El Observador 09/05/2022

Sin inversión ni empleo, pero con democracia de masas 

 

No es cierto que las propuestas opositoras no provocarán la deserción de la inversión y el empleo. Al igual que cualquier reforma constitucional con que se sueñe 

Quienes aún creían que un eventual triunfo en las elecciones de 2024 del Pit-Cnt-FA no implicaría un cambio importante para el país, deben haber sufrido una sorpresa con la coordinada acción del sindicalismo trotskista – líder ideológico del frenteamplismo - que reiteró en detalle la semana pasada su plan de ataque impositivo contra las empresas y los ahorros, para financiar con su supuesta recaudación básicamente el aumento salarial de los empleados del estado y otros actos de generosidad burocrática y estatista.

 

Desde hace tiempo que la izquierda fomenta y complace el resentimiento contenido en este tipo de gravámenes que, en los papeles, redistribuirán la riqueza, que para el neomarxismo y los convencidos de su prédica es la culpable de toda pobreza. Ahora agrega el concepto de que el tipo de impuestos que está proponiendo, a las ganancias inesperadas, o altas, y a los ahorros en el exterior, (que ya pagaron impuestos o que pertenecen a residentes que los generaron cuando no tenían vinculación alguna con el país) no influirán en las decisiones de inversión de las personas y empresas. Un invento dialéctico que olvida que sus planteos han sido sistemáticamente demolidos por la evidencia empírica, empezando por Argentina, cuyo fatídico kirchnerismo implementó idéntico tipo de impuestos y medidas, con las consecuencias de la virtual desaparición de la inversión y el empleo, si no de la nación misma. 

 

Como ya se ha dicho en este espacio, localmente se prefiere creer que esa pérdida de inversión y confianza interna y externa en el vecino se debe a la patología de la señora de Kirchner, no a las medidas por ella inducidas. La inversión no huye de la Argentina por la patología de su vice, sino por las medidas que ella inspiró e inspira. Sin su ataque impositivo, laboral y de gastos descarados al sistema, la situación sería opuesta a la de ahora. La patología de la mandataria de la otra orilla de la que huyen los emigrantes y los inversores es ideológica y económica, no médica. El aumento de impuestos a las empresas que propugna la oposición oriental es también otra forma de aplicar retenciones al agro, complemento ideal del que Argentina ha sido pionera para autodestruirse. Ahora en Uruguay, que supone ser distinto, se propone exactamente lo mismo como solución. 

 

La idea es mucho más amplia. Cuando se debate el tema con algunos númenes de la izquierda extrema, (apodo que se aplica a toda la izquierda, que tarde o temprano se vuelve extrema, como una forma de doblar la apuesta a su fracaso) se advierte que con este tipo de impuestos se está tratando de hacer creer al resto de los factores económicos que ellos no sufrirán otra carga impositiva, sino que sólo afectará a los ricos. Doble falacia. Primero porque este argumento se ha aplicado infinidad de veces con el mismo resultado negativo, porque la acción humana termina arrastrando a toda la economía a padecer la presión fiscal que se sueña será sólo sectorial y luego porque la suma algebraica de los desestímulos fiscales y gastos crecientes hace que los impuestos siempre se generalicen y además suban sin límite y sin pausa. 

 

El proyecto de aumentar los sueldos y ventajas adicionales, en especial a los empleados del estado, mediante nuevas y crecientes exacciones, es simplemente suicida, aunque suene popular y justo.  Y es explosivo si se piensa que no hay derecho a presupuestar el presente valor de las commodities como algo permanente. También es probadamente absurdo decidir a puro voluntarismo o reclamo aumentos o rigideces salariales en una economía que requiere crecer, sin haber logrado previamente ese crecimiento ni por asomo.  Eso vale tanto para el Trabajo como para el Capital: Amazon tuvo pérdidas durante 14 años antes de ser el icono actual. El trabajo será mejor pagado si la economía es exitosa, eficiente y productiva. De lo contrario, el efecto será inverso al buscado. No se trata de una opinión – debe aclararse – es una realidad probada hasta el cansancio. Por ese rumbo elegidos, bajarán la inversión y el empleo privado. 

 

Pero este proyecto no es simplemente una cuestión ideológica, ni siquiera es una defensa equivocada de los trabajadores. Muchos sectores del Frente confiesan basar toda su campaña electoral futura sobre estas promesas, que son evidentemente facilitas y populistas, al ser imposible de cumplir, y si se tratase de cumplirlas el efecto sería peor. La combinación de convencer a muchos sectores empresarios y productores de que no se los seguirá apretando con gravámenes que se aplicarán en cambio a alguna víctima propiciatoria y simultáneamente prometer “defender al trabajo y al trabajador y aumentar sus salarios” es un argumento electoral muy fuerte, sobre todo cuando el sistema se cree distinto y no sujeto a los mismos cartabones económicos que el resto de la humanidad. 

 

Algunos especialistas y profesionales con los que la columna ha discutido estos temas sostienen que, en la práctica, debe tenerse en cuenta que en el pasado el FA ha sido prudente con la aplicación de impuestos, cosa que no parece ser compartida por todos los sectores. También advierten que se requieren mayorías especiales para las cuestiones impositivas, y que cualquier nuevo gravamen debe ser propuesto por el Poder Ejecutivo, como si eso constituyese un freno, ahora que la oposición ha perdido a sus líderes tradicionales y prudentes y se concentra en su adhesión al populismo y a su relato empecinado, como si imitasen a la señora de Kirchner y sus amanuenses. 

 

La presencia de una posible tercera fuerza, como imagina Un solo Uruguay, puede alterar para mal las mayorías en el Parlamento, inclusive las mayorías agravadas, al igual que las inevitables grietas que se evidenciaron y se evidenciarán más aún en la Coalición multicolor. Un tercer partido, le guste o no a sus promotores, resultará electoralmente funcional a la oposición, contraproducente para sus fines y un camino a la intrascendencia. Un tema no menor para decidir inversiones y radicaciones, es decir, oferta laboral, si a alguien le importara ese logro. 

 

Más grave todavía es la estrategia que ha surgido desde la intelectualidad del Pit-Cnt-FA, que a la luz de sus charlas internas parece ya confirmada: la línea de proponer un plebiscito que se votaría conjuntamente a la elección presidencial, que gatille el procedimiento de reforma constitucional. Eso sólo requiere el 10% de votos afirmativos, y robustece ideológicamente y también legislativamente la fuerte promesa de bienestar, redistribución de riqueza y felicidad que la oposición prometerá. Además de permitirle empezar la campaña electoral con varios meses de ventaja sobre su rival. Al aprobarse ese proyecto, que implica presentar una propuesta concreta de modificaciones en la Constitución, pasa a ser obligatorio convocar a otro plebiscito que decida la reforma, que sólo requiere para su sanción la mayoría absoluta de los votos, es decir la mitad más uno. 

 

No es demasiado complejo colegir que, de obtener los votos necesarios – algo no demasiado imposible si se observan los resultados del referéndum reciente - se puede cambiar el régimen de mayorías, garantizar nuevos e infinitos derechos, abrir la puerta para eternos e incansables impuestos, limitar la propiedad aún más y la libertad si hiciera falta, solamente con la decisión de la mitad más uno, como decía la columna en su entrega anterior, y hasta anular, por la obligación legal de adecuación, las disposiciones de la LUC que resulten molestas para el sindicalismo. (La Constitución de Uruguay es más fácil de modificar que varias de sus vecinos) No muy diferente de lo que ha ocurrido con Cuba, Chile, Venezuela y otros adherentes destacados del Puebla Club, o están en proceso de ocurrir, como la reiterada propuesta de Cristina en Argentina, o de Perú, o mañana la de Brasil. La mitad más uno imponiéndose sobre la mitad menos uno. Casi una dictadura democrática. 

 

 

Tambiénn la presente Constitución y la legislación vigente hacen que no sea fácil implementar cambios a lo hecho durante sus mandatos por el Frente Amplio, sin considerar aun la resistencia activa del Pit-Cnt y sus socios, que se empieza a ver y sufrir a diario. Es entonces posible imaginar el impacto que estas avalanchas de declaraciones, pedidos, reclamos y propuestas del neomarxismo opositor tendrán sobre la inversión, las radicaciones individuales y empresarias y el empleo. Más allá de que los exégetas del pensamiento del materialismo dialéctico hayan decretado que no tendrán ningún efecto. 

 

Esta columna considera su deber desnudar estos planes y posibilidades, como una manera de advertir a quienes las proponen del daño que ocasiona al país el simple enunciado de estas cartas a Papá Noel de promesas fáciles que nunca podrán ser cumplidas más allá de un breve lapso, antes de que se noten sus efectos deletéreos irreversibles. Lo último que se debe hacer es seguir gravando cualquier manifestación del capital que se encuentre en la pecera y mantener una rigidez laboral, que incluye el aumento salarial sin mejora de la productividad, políticas que conducirán al mismo o similar final de todos los que han intentado aplicarla en el pasado. Miren hacia el Norte si me pasa algo – supo decir Cristina. Miren hacia el Oeste si quieren ver adónde lleva ese voluntarismo – cabría decir ahora. 

 

Las políticas que propugna el Pit-Cnt-FA y que serán la base de su campaña, producirán los mismos resultados empobrecedores que se ven en Argentina y en otros países que quieren o quisieron apoyar su crecimiento y bienestar en esos dos pilares: nuevos o más impuestos y rigidez laboral. No es una opinión. Es la evidencia empírica. Sigue valiendo. Para Uruguay también. 

 

 

 

 

Publicado en El Observador, 03/05/2022

El gasto y el impuesto como droga

 

El gran recurso de la izquierda neomarxista es la negación de la evidencia, de la realidad y del futuro que planea

Casi todos los gobiernos del mundo culpan a la guerra de su inflación. El de Uruguay también. Casi todos los gobiernos del mundo tratan de compensar la inflación que han provocado con su emisión con aumentos de salarios sin relación alguna con la productividad. El de Uruguay también. Casi todos los movimientos estatistas, populistas y neomarxistas del mundo están propugnando nuevos o mayores impuestos a cualquier cosa que camine, respire o esté disponible para el manotazo recaudatorio. El de Uruguay también. En consecuencia, todos esos países padecerán las consecuencias de ignorar de adrede y conscientemente los preceptos económicos que una y otra vez han demostrado que esos caminos conducen a la pérdida de inversión, al desempleo y la pobreza ruinosa. (Recuérdese que, para esta columna, el empleo siempre es privado. El empleo que da el estado es mayormente un subsidio caro con excusas, nada más) 

 

Difícil es encontrar en el comportamiento universal en este aspecto, el concepto tan amado de que Uruguay es distinto. Sin embargo, debería serlo. Las economías cuyas monedas no son reserva de valor global, (de algún modo hay que definirlas) sufrirán mucho más duramente los efectos inflacionarios y también del proteccionismo, en cualquiera de los formatos, y mucho antes que las otras. Creer que un circunstancial aumento de los precios de las commodities implicará una solución, aunque fuere de mediano plazo, es el más puro voluntarismo, además de una cultivada ignorancia, que, claro, no tendrán que pagar los políticos, pero que acarreará duros efectos. Por eso algunos países están tratando de volver a la seriedad económica lo más rápidamente posible. La propia abogada de la irresponsabilidad fiscal y de la emisión consecuente, Kristalina Georgieva, ahora sostiene que no había tomado en cuenta los efectos de la emisión desaforada, una declaración de ignorancia técnica o de ignorancia deliberada que metería miedo si se analizara con una cuota de equilibrio. 

 

El problema local debe ser abordado bajo una luz adicional y potente. La alternativa al actual gobierno no augura un escenario en el que aparezca viable una línea política que implique una corrección donde fuere necesario, una mejora, la continuidad de políticas de estado con los cambios esperables en concepciones diferentes, pero manteniendo seguridades jurídicas y respeto irrestricto por los derechos de libertad y propiedad. Al contrario. El Pit-Cnt-FA ha manifestado en reiteradas ocasiones su vocación por un gasto que es insostenible por cualquier estándar, muchas veces forzado, como en el caso de la pandemia, otras veces sin reparar en el modo en que serán financiados o sin querer entrar en esos detalles, como acaba de declarar. También ha sostenido inequívocamente varias veces, en la tribuna y en la prédica de sus exégetas, la vocación de crear nuevos o mayores impuestos: direccionando y ampliando las cargas impositivas a los patrimonios locales, a los patrimonios de uruguayos en el exterior (como si no hubieran pagado ya impuestos) a lo que ahora agrega el impuesto a las “ganancias extraordinarias” un intento de exacción igual al que inventa ahora de apuro el kirchnerismo argentino y el kirchnerismo del FMI, que necesariamente lastimarán la confianza, la inversión y el empleo duramente, aunque la precariedad de pensamiento y de relato del neomarxismo crea que no tendrá consecuencias. Un intento de olvido de las reglas económicas que no son más que la acción humana, que tanto desprecia el populismo estatista universal y local. Hace apenas dos días, en su arenga del 1 de mayo, la oposición, oculta tras sus ropajes sindicales a estos efectos, acaba de ratificar su política de gasto e impuestos crecientes, casi como un objetivo en sí mismo. 

 

Como es conocido, ese pensamiento va férreamente unido al criterio de necesidades crecientes, que durante varios períodos de gobierno fueron siendo plasmados legalmente y vendidos como un derecho que deben pagar los pocos que vayan quedando con algún patrimonio, hasta la pobreza igualadora y resentida. Con lo cual esto no termina aquí. El impuesto o los impuestos irán creciendo a medida que aumenten las necesidades, que lo harán por dos razones: por la falta de actividad privada que se provocará, y porque las demandas serán cada vez más diversas y más amplias y absurdas. Hasta que ya no haya de dónde extraer para satisfacer tantos derechos garantizados, lugar y momento preciso donde comienzan los formatos totalitarios. 

 

Quienes de buenísima fe sostienen que ello no ocurrirá, también niegan la realidad, la historia, la evidencia empírica, los hechos irrefutables del pasado y el presente, en aras de defender la democracia que enorgullece a Uruguay, así como su condición de distinto. Sin embargo, no tienen en cuenta que tanto en el sistema electoral, como en las leyes y en la mismísima Constitución y por supuesto en el relato de los teóricos marxistas orientales, no existe casi garantía para las minorías. Aunque esa minoría sea la mitad menos uno, como en el caso de una reforma Constitucional. Ni está protegida por la justicia, especialmente negada por el trotskismo telúrico en la tribuna y en el discurso público de sus pensadores, que también descalifican su accionar, como hace Cristina Kirchner, bajo el concepto de que no es elegida por el pueblo. Clientelismo esencial y vital de la izquierda tarde o temprano siempre extrema. Y esto no vale sólo para la corrupción, con inmunidad y fueros eternos en el esquema político local, sino para cualquier exceso de poder que se cometiera, que puede ser infinito, dada las características del sistema. 

 

Ese peligrosísimo concepto de que Uruguay es distinto y no le pasará lo que a tantos otros que intentaron hacer lo mismo y se estrellaron, también válido para quienes opinan de buena fe, recuerda tantos casos, que cualquiera ha vivido entre sus familiares o amigos: el del adicto que sostiene que a él la droga no le provocará daño alguno porque él es diferente e inteligente, consume sólo socialmente y deja de hacerlo cuando quiere y toma de la buena. Entonces, en su caso especialísimo, la droga obrará maravillas sin consecuencias negativas.

 

El gasto y el impuesto infinitos son la droga. 

 

 

Publicado en El Observador 26/04/2022

El enojo de la Intendente con la democracia

 

Cuando Cosse habla de los palos en la rueda, sólo se refiere a la decisión democrática sobre los fondos del préstamo, no a las obras

 

Los ediles de Montevideo no otorgaron los votos suficientes para conformar la mayoría especial requerida para aprobar el préstamo del BID a la Intendencia montevideana. Justamente esa misión constitucional de contralor de su gestión suele molestar a cualquier poder ejecutivo, de cualquier tendencia. Ciertamente, el Frente Amplio en la práctica y en la teoría se ha especializado en los últimos años en despreciar, desprestigiar y devaluar ese contralor republicano, incluido el de la mismísima justicia, que la izquierda niega bajo el concepto de que su accionar sólo puede ser juzgado por el pueblo, como sostiene Cristina Kirchner, la insigne abanderada regional de Puebla. Nada más opuesto al espíritu republicano que el neomarxismo multiplumaje. También la oposición parece estar cómoda con ese concepto, ya que la discusión sobre este tema fue una disputa entre dos estatismos, o entre dos socialismos, o entre burócratas, si se prefiere. 

 

Es de esperar que esta inmunidad – o impunidad – con reminiscencias monárquicas que los políticos demandan del sistema y que excluye implícitamente el derecho del individuo a defenderse del estado o del robo, al pretender ser solamente juzgados por sus partidos, sus pares o el voto del pueblo, esa excusa-entelequia, no sea imitada por otros estamentos. De lo contrario un asesinato de un hincha por la barra brava contraria corre el riesgo de ser juzgado por algún tribunal de disciplina de la Conmebol, no por un juez de la República. Criterio común de los movimientos mundiales antidemocráticos prorelato de seudodemocracia directa de masas. 

 

La discusión habría podido ser mucho más rica y profunda. Por ejemplo, la sistemática negación de la Intendencia y el gremio que la tiene de rehén, AEDOM, de la utilización de la actividad privada en la gestión. Por eso se discuten préstamos para ser manejados por los burócratas y los gremialistas, en vez de concesionar ciertos servicios a empresas privadas, con licitaciones, algo vedado por el sindicalismo que se considera dueño de la gestión municipal estatista. Semejante imposición limita la calidad, al impedir también la adjudicación a privados dividiendo por zonas, que ha tenido éxito en otras jurisdicciones y en el mundo, si se perdona la comparación. Sólo esa opción permitiría dejar de depender de préstamos y endeudamientos que pagarán otros, o, mejor dicho, que pagarán algunos con nuevos y mayores impuestos. 

 

La mugre de Montevideo ha sido orgullosamente sostenida por muchos años de gestión frenteamplista y muchos años de gremialismo trotskista, que se opone a la más mínima contratación de un camión privado o de un servicio privado aún en situaciones de emergencia. ¿Hay acaso derecho a pensar que el préstamo iba a ser bien usado? Tanto la Intendencia montevideana como la de las empresas estatales tienen una larga historia de fracasos carísimos, precedidos casi siempre de mecanismos similares de endeudamiento, que en el fondo son argucias para que los burócratas jueguen a ser empresarios con dinero ajeno. Por supuesto, las enormes pérdidas así generadas nunca han sido analizadas en serio por la execrada justicia, como máximo por el tribunal de penas del partido, porque como se sabe, “sólo el pueblo puede juzgar a los políticos”. 

 

Lo que se ha desaprobado es el préstamo y no las obras, por otra parte, pese al esfuerzo de la señora Cosse en sostener lo contrario. Y hay muchas razones, además de las discusiones políticas mezquinas, para hacerlo. ¿Había motivos para creer que esta vez sí se realizarían las obras en tiempo y forma, y se obtendrían los resultados previstos? Habrá que volver a repasar el largo inventario de fracasos, frente a la acusación de que no se quisieron aprobar las obras, dando por seguro un éxito de gestión que no tiene demasiado respaldo en la evidencia empírica, concepto del que huye la izquierda, con su mandato de materialismo dialéctico que le hace negar la realidad que le molesta. 

 

Además, ¿quién iba a manejar los destinos del préstamo? ¿La intendencia? ¿ADEOM? ¿El BID? El palo en la rueda al que se refiere la Intendente tiene que ver con los fondos, no con las supuestas obras. La alegada confidencialidad y el secreto de las cláusulas acordadas con el BID fue “digerida” por la oposición y entonces la discusión terminó siendo por la deuda, simplemente. La burocracia estatal necesita fondos para alimentarse y sobrevivir. Los contratos de préstamos con estos mecenas internacionales burocráticos con dinero de otros muchas veces tienen atado el condicionamiento o direccionamiento de hacer las obras con empresas privadas amigas, algo que se sabe pero que no se dice. La peor manera de hacer participar a los privados. ¿Esa es la razón del secreto? Es una lástima que no se crea en la justicia y se la excluya y descalifique, porque ella debería intervenir y pedir que sean exhibidos públicamente los acuerdos con el BID, para despejar cualquier duda. ¿Se negociaba acaso la compra de un submarino atómico? ¿O de un sistema misilístico? ¿Por qué no discutir a fondo y en detalle el contrato?

 

Si en vez de endeudar a su municipio la señora Cosse hubiera propuesto una licitación pública, no habría necesitado de mayoría especial alguna para lograr su anhelo de finalmente hacer lo que su partido no hizo en 20 años, mejorar el reciclado y gestión de residuos y efluentes de la Ciudad. 

 

Lo más preocupante es que tanto gobierno como oposición terminaran discrepando sobre mínimos detalles estatistas dando por válida como único camino la gestión de la fatal arrogancia de la burocracia, apenas una cuestión política nimia. 

 

No debería sin embargo la Intendente desmayar en su intento. Apenas tiene que esperar dos años. Si triunfa su partido en 2024 tendrá todos los fondos que necesite sin la molesta necesidad de explicar nada a nadie. Cualquier diferencia siempre se cubrirá con impuestos infinitos y cualquier deficiencia o faltante será juzgada por el Tribunal de ética de la AUF, o algún otro cuerpo disciplinario igualmente inocuo.