Publicado en El Observador 09/08/2022

¿Seguridad social o Renta básica universal? 

 

La imposibilidad de consensuar con quienes tienen el impuesto como principal proyecto, con sus consecuencias imparables de pobreza, desempleo y expulsión de la inversión 

 

 

La columna viene sosteniendo tres “pilares” argumentales sobre la reforma del sistema de retiros. El primero es que lograr tal reforma es una misión imposible.  El segundo es que jamás se logrará el consenso imprescindible para una política nacional de largo plazo como implica cualquier cambio de fondo. El tercero es que el presidente Lacalle Pou ha caído en una trampa al impulsar esta reforma, que, además de crear una grieta en la Coalición gobernante, ofrece al Frente Amplio conducido por el PIT-CNT una bandera de lucha falsa e inviable, pero muy efectiva y ganadora con miras a las elecciones de 2024.

 

El anteproyecto que presenta el presidente, basado en las opiniones del comité de expertos, es de por sí complejo, atendiendo al hecho de que se trata de legislar un proceso de transición entre sistemas a ser aplicado con efectos diferentes y crecientes en sus efectos a lo largo del tiempo, muy similar a lo que hizo la emblemática Suecia en los años 90, tras la quiebra de su sistema socialista estatal, no sólo en la jubilación. Y también, como el proyecto sueco, abarca un derrotero de 20s años, plantea mecanismos de mínima y también sistemas obligatorios y optativos adicionales, estatales y privados, resultante inevitable de dos conceptos que conocen muy bien los especialistas: en la actualidad, los sistemas con un cierto grado de sustentabilidad o factibilidad son los llamados de aportación definida, que ajustan vía la llamada tasa de reemplazo, o sea que el haber de retiro no responde en su parte sustancial a una fórmula predeterminada, sino que es una resultante que mantiene el equilibrio financiero del sistema, en el que cada trabajador tiene una llamada cuenta individual o nocional con el monto del que dispone para afrontar el resto de su vida.  También la edad límite de retiro se extiende periódicamente, en consonancia con las expectativas de vida de la población, y aun se puede prorrogar voluntariamente. 

 

Hasta ahí, en apretado resumen, la parte racional del análisis. Pero el oriental no es un sistema jubilatorio. Es un sistema de seguridad social. O sea que un trabajador y su empresa, (en definitiva, todo lo que aporta la empresa es finalmente salario del empleado) sustentan con su contribución no solamente el haber jubilatorio futuro de cada aportante, sino las pensiones de todo tipo, el seguro de enfermedad y paro, las asignaciones familiares, y aún las jubilaciones de quienes no han aportado nunca, más otros 20 conceptos que nada tienen que ver con el retiro. Semejante generosidad forzada tiene varios efectos. Por un lado, salvo momentos muy especiales de altos intereses reales mundiales, (que han muerto) el sistema tiende al déficit, con lo que el estado tiene que hacer fuertes y crecientes aportes para que el sistema no estalle. Con suerte.  

 

Como ya ha analizado la columna, son esas erogaciones no relacionadas con la jubilación los que ponen en crisis el sistema en todos los casos, en la actualidad también. Por eso el anteproyecto está obligado a usar el concepto de solidaridad intrageneracional, o sea una solidaridad obligatoria y oculta que golpea al trabajador aportante y a la propia generación de empleo. Ese criterio es una concesión que puede ser comprensible o no, pero que nada tiene que ver con el sistema jubilatorio. Al contrario. Esto parece esquivarse, o eludirse, con un pequeño párrafo del anteproyecto cuando explica las garantías y consideraciones básicas: “Solidaridad social, conforme al cual las personas que no hubieren generado niveles mínimos de protección recibirán suplementos con cargo a financiamiento fiscal.” O sea que cambia meramente el criterio contable del mismo gasto para no cargarle al jubilado con ese mochuelo, pero mantiene el costo estatal de esa sensibilidad. 

 

La insatisfacción al mezclar los costos de la solidaridad con la jubilación está así garantizada y será creciente con cualquier método. Si, como cree el socialismo marxista local el bache inexorable debe ser zanjado con nuevos impuestos, cualquiera fuere el formato de esas exacciones, ello redundará sin excepción en la pérdida de empleos y en la miseria generalizada, como lo ha demostrado desde la URSS en adelante todo intento de seguir ese camino, pese a la negación de la evidencia empírica de ese discurso. Aún más grave en la óptica de los odiadores de la empresa privada es la supervivencia de las AFAP dentro del sistema, otro concepto que también garantiza la oposición sistémica. 

 

Cuando el expresidente Mujica hace su lacrimógeno alegato en favor supuestamente de los trabajadores, ignora, obviamente de modo deliberado, que el criterio central que el trotskismo del PIT-CNT ha propugnado durante sus 15 años de gobierno delegado en el FA es un mecanismo de expulsión de empleo. El enfrentamiento y el odio hacia la empresa privada, los juicios sistemáticos laborales que permite una legislación antiinversión, el ajuste automático por inflación de toda la economía, que lleva a una espiral que - entre otras causales -  pulverizan cualquier capitalización jubilatoria, el proteccionismo laboral y comercial que torpedea cualquier tratado, la negación de la libertad y la propiedad empresaria, la constante amenaza de nuevas exacciones, la rigidez de negociación a la que se obliga a la oferta y demanda laboral, no son tomadas en cuenta a la hora del llamado sensible y solidario, ni se acepta que el sistema oriental así concebido necesariamente hace que cada ser humano que nazca sea un futuro desocupado, acreedor de un subsidio. 

 

Cuando Mujica habla de la necesidad de crear un fondo para garantizar las jubilaciones, apela a la deliberada ignorancia dialéctica que utiliza el marxismo desde su negacionismo engeliano fundacional. Esos fondos a los que hace vaga referencia se conformaron por una o varias razones: por un superingreso como el caso del petróleo noruego, por aportes de los propios trabajadores manejados inteligentemente por algún sistema independiente de inversión, imposible de pensar en un mundo de tasas de interés real negativas, o por las confiscaciones de fondos de empresas del estilo AFAP, como el caso del robo de las AFJP argentinas. ¿En qué nuevo impuesto piensa Mujica? ¿Qué confiscación sugiere? ¿Cómo imagina constituir ese fondo imposible? Cualquiera de esas variantes hará que, para evitar el indeseado escenario de un país poblado de “viejos menesterosos” se termine prohijando un país lleno de menesterosos de cualquier edad y condición, que parece ser su camino preferido y su objetivo final.  Igual que el del kirchnerismo argentino gobernante, que ha hecho algo similar con su manoseo jubilatorio, y aún de seguridad social, con resultado mucho más empobrecedor que cualquier otro formato existente o razonable que se pueda imaginar. 

 

No hay consenso posible, porque la oposición frenteamplista, o sindicalista, da lo mismo, no quiere consenso alguno. Ni admite la necesidad de una mejor, continua, moderna y redentora educación que se ha ocupado de negar prolijamente a la sociedad.  Sólo quiere consensuar un mecanismo de más y más impuestos que haga que toda la sociedad subsidie un sistema laboral y de seguridad social que la llevará a la ruina. O para ponerlo de modo más comprensible y actual, quiere transformar el sistema jubilatorio en un mecanismo de Renta Básica Universal, en la línea central de pensamiento de lo que se conoce como Agenda 2030, el plan de socialismo fracasado que ahora intenta lo mismo de siempre con otras excusas y otros métodos. Lo que se “consensuaría”, en consecuencia, es quién se hará cargo de pagar semejante subsidio creciente y eterno. 

 

 

 

Publicado el 02/08/2022 en El Observador

Reforma previsional, tratados y democracia

 

Un consenso imprescindible que no se logrará, pero intentarlo costará caro al gobierno

                                                                                                                                                                                                  

La visita del presidente Lacalle Pou a la sede del Frente Amplio para entregar el proyecto de reforma a la Seguridad Social se inscribe en una tradición democrática de tolerancia y diálogo que debería ser preservada como un tesoro nacional. En la práctica, es impensable que, más allá de las formas, la alianza regida por el PIT-CNT apoye las reformas, las acompañe y las vote para hacer de ese paquete legislativo una política nacional, como aspira el primer mandatario. 

 

Sin intentar un análisis de la reforma, que no es el objetivo de esta nota, no hay chances de que el Frente acepte semejante propuesta, ni
siquiera parcialmente, como se empezó a ver ayer en las declaraciones de su controladora, la central obrera sin personería. El principio rector de esa fuerza política consiste en mantener y aumentar el gasto del estado y financiarlo vía impuestos a la comunidad productiva, con lo que todo lo que reduzca el déficit fiscal se opone a lo que se podría denominar su ideología, que no excluye el fomento del resentimiento hacia cualquier manifestación de ahorro o riqueza, a la que se culpa de cualquier pobreza o inequidad sin ninguna prueba, pero que sirve de justificativo para el expolio subsiguiente vía gravámenes diversos. (Hasta su remedio a la inflación se basa en exacciones) 

 

Aunque la razón principal es que el FA no se privará de un fantástico instrumento de campaña, una bandera ganadora como es el oponerse a la reforma en nombre de los derechos adquiridos, del no aumento de la edad de retiro, de la necesidad de proteger a los trabajadores del estado o alguna otra causa supuestamente sagrada, como su odio por las AFAP. El aumento de gastos es un instrumento vital para la hoy oposición. Casi su objetivo central, que le permite proponer un nuevo impuesto para solucionar cada problema que plantea. Con las ventajas de atribuirse el derecho y el conocimiento para administrar la redistribución. Basta recorrer sus posiciones y reclamos desde el comienzo de este mandato. 

 

De modo que, ya sea abiertamente o con una catarata de contrapropuestas neutralizantes o ruinosamente deficitarias supuestamente técnicas, (a ser resueltas con nuevas cargas impositivas) la propuesta tiene grandes probabilidades de ser rechazada. Cumplirá igual función – o mejor - que el referéndum por la derogación de la LUC, que con argumentos sumamente débiles fue muy exitoso en resucitar y revitalizar a una alicaída concepción socialista y ponerla en carrera nuevamente. Incluyendo más movilizaciones populares, paros y huelgas, esta vez.  Las motivaciones del gobierno y su oposición no son las mismas, más allá de las declamaciones. El PIT-CNT-FA sólo quiere retomar el poder. Como se ha sostenido en esta tribuna, el gobierno está regalando una bandera de lucha fenomenal, que de todas maneras no será consensuada. 

 

Algo muy parecido ocurrirá con el tratado comercial con China, o con cualquier contraparte importante. Un TLC implica cambios en los sistemas laborales, fiscales, impositivos, aduaneros, que son sencillamente insoportables para el trotskismo y anexos con sus mil apodos que conforman el socialismo. No solamente la libertad comercial (y otras) se chocan con su esgrimida ideología, sino que amenazan el monopolio ilegal y arbitrario que el PIT-CNT ejerce sobre el sistema laboral, los trabajadores y la propia ley de oferta y demanda de trabajo, y a su socio no declarado, el proteccionismo tanto de empleo como de comercio que termina siempre por enriquecer a pocos y por sabotear al mismísimo empleo, como se ha probado hasta el aburrimiento. 

 

Otra bandera de oposición, otra valla en el sistema que se precia de democrático a ultranza, de dialoguista y patriótico, a veces contra toda evidencia, a veces una simple expresión de anhelo. 

 

En todos los casos, las consecuencias de su intransigencia y su insistencia en acumular déficits y desequilibrios fiscales son resueltas por el Frente con propuestas de aumentar los impuestos, en especial su target preferido: los ahorros de uruguayos en el exterior, que cree – o dice creer – que no afectará la inversión ni las decisiones de radicación futuras. Un buen modo, de paso, de conseguir el apoyo o la tolerancia de otros sectores que no se sienten amenazados por el impuestazo, o que satisfacen su resentimiento. Y aquí una sutileza no menor. En un momento de bajos rendimientos mundiales para cualquier ahorro, el FA no piensa en gravar las ganancias, como dice el fatídico FMI, sino directamente en gravar las tenencias, es decir en confiscar lisa y llanamente patrimonios. Por supuesto que las alícuotas varían según lo que se precise, y por supuesto que a medida que se necesite más seguirán aumentando, quién sabe hasta qué límites. Si los hubiera. 

 

Esta idea (retórica, de simple relato) de que ese tipo de impuestos manoteadores no afectan las decisiones de inversión futuras, es la que muchas veces hace comprender mal o no querer comprender lo que ocurre en Argentina. Justamente las cargas impositivas sobre patrimonios dentro y fuera del país son uno de los faros que alertaron sobre el peligro de un sistema de odio y ataque al capital que implicaban y llevaron a la pérdida de crédito e inversiones.  Cuando se atribuye la grieta argentina al temperamento, a la necesidad de impunidad, a la maldad o a la psicopatía de la señora de Kirchner, se elude la verdad odiosa de que la grieta del país vecino es económica. O más precisamente impositiva-inflacionaria, o de exceso de gasto. El mismísimo campo, víctima del vampirismo peronista y enemigo recíproco del movimiento, votó a favor de Cristina cada vez que ésta bajó su impulso confiscatorio sobre su producción. Basta leer las cifras. 

 

La grieta argentina es nada más que la negación de una parte de la población a tener que pagar con su esfuerzo, su trabajo, su riesgo, su ahorro, su vocación de trabajar y producir el subsidio permanente y creciente a otro sector de la población, cada vez más grande, que se cree en el derecho de vivir de la otra parte, a quién apoda “el Estado”. La grieta no es voluntaria. No es inducida.  No es ideológica. Es la oposición al relato tramposo de que la democracia es un sistema de reparto forzado de ingresos entre los que producen riqueza y los que no hacen nada. 

 

Menudo problema para el gobierno. Sabe que tanto la reforma previsional, como los TLC, como la imprescindible reforma educativa, requieren de un mínimo consenso político para poder implementarse con la potencia y la continuidad necesarias. Al mismo tiempo, sabe que lograr ese consenso es imposible sin desvirtuar los objetivos principales de esos cambios. 

 

La democracia es la mayor arma en contra de la democracia. Cada uno puede ponerle a esa afirmación el rótulo que desee. 

 

 

Publicado en El Observador 19/07/2022

Mercosur o Mercochina

 

Cuando se analizan los pro y contras de un tratado con la potencia asiática, se debe tener en cuenta las no-opciones de que dispone el país 

 

La determinación casi personal del presidente Lacalle Pou de avanzar en el tratado de libre comercio con China genera críticas, miedos y reservas, que se advierten en los medios, en las declaraciones públicas y en las charlas privadas con los distintos factores. Es algo difícil, sin duda, complacer a todos los sectores o subsectores en decisiones de este tipo, en cualquier lugar, en cualquier época, en todas las coyunturas. Por eso siempre tienen un alto costo para quienes las impulsan, aun cuando los resultados terminen siendo beneficiosos para toda la sociedad. Esto no es una afirmación caprichosa, sino una observación basada en la evidencia empírica de los últimos 50 años, tan odiosa para los ideólogos de todo tipo. 

 

Habrá que comenzar por preguntarse cuáles son las otras opciones que tiene Uruguay en este momento de la historia y qué es lo que los dirigentes y representantes consideran que le conviene a la sociedad oriental, ya que la idea de hacer una asamblea tribal y proponer votar a mano alzada cuál es el camino a tomar no parece haber conducido a los pueblos a ninguna mejora en su estatus a lo largo de los siglos. Tampoco a ninguna coincidencia. 

 

La primera opción sería no cambiar nada, y esperar que la casualidad o el Mercosur determinasen el futuro de la economía y el bienestar del país, ya de por sí suficientemente dependiente de situaciones y decisiones exógenas. Si se descarta la idea de rifar a la lotería el futuro, queda sólo la opción del acuerdo regional vigente. No hace falta mucho argumento para entender que el Mercosur ha devenido en un ente burocrático, de uso político, proteccionista y secuestrado por la industria automotriz y algunos otros sectores empresarios privilegiados, que impide e impedirá toda competencia, ergo toda independencia, ergo toda libertad. Basta repasar el contenido de los medios de todas las tendencias en los últimos 10 años para encontrar consenso absoluto sobre la fatídica decisión 30/00, opiniones que en muchos casos parecería que fueron simples bravatas. 

 

La conformación poblacional, el tipo de producción-exportación de bienes  primarios, con un escasísimo valor agregado y la imposibilidad de crear trabajo auténtico acorde a la cantidad de habitantes, muestran claramente que los sectores productivos y sus trabajadores, deberán ser sometidos a sacrificios y exacciones para mantener al resto de la población, lo que además de ser injusto es una solución de patas cortas, por lo que tantas veces se ha probado: el desestímulo a la producción se traduce en muy corto plazo en una reducción de sus ingresos hasta que no hay nada para repartir.  Y cuando se acaba el reparto – siempre se acaba – la resultante es el coeficiente Gini cero, o sea la miseria generalizada. 

 

Para ofrecer un solo ejemplo, en momentos en que se analiza el sistema jubilatorio, justamente el problema mayor es la imposibilidad de incorporar más aportantes al sistema, porque si se forzara el crecimiento poblacional, o sea la oferta laboral, se produciría más pobreza frente a un sindicalismo tan proteccionista como las empresas, que garantiza la imposibilidad de crear trabajo adicional con sus rigideces, juicios y supuestas defensas de supuestas conquistas, que no existen en el mundo real, como se ve a diario. 

 

Eso es no hacer nada, o hacer poco. Subsumirse en una telaraña dinámica que conduce al achique. Aquí sería bueno repasar los libros de una indiscutida autoridad en comercio internacional, Douglas Irwin, el profesor de economía del Dartmouth College, que analizan con abundancia de evidencia empírica y datos fríos el proceso de libre comercio mundial y prueban que la apertura comercial es, como dijeron los grandes economistas, la base de la riqueza de las naciones.   

 

Cuando se habla de la actual coyuntura se suele olvidar que siempre hay una permanente coyuntura. Nunca nada es lineal, sobre esa incertidumbre y sobre la institucionalidad y capacidad de cada país es que se construyen las políticas de estado, que son en definitiva el futuro. Estados Unidos, otrora el paradigma indiscutible del capitalismo, la libertad y el progreso, hoy rechaza con asco la posibilidad de competir y de cualquier tratado comercial de cualquier tipo. Lo viene haciendo con claridad desde 2015, o desde 2001, si se prefiere. Las decisiones norteamericanas han ido evolucionando crecientemente en contra de la globalización, que permitió salir de la ignominia de la pobreza a tantos descastados de tantos países de producción primaria. Uruguay perdió la oportunidad de firmar un tratado de fondo cuando el Pit-Cnt impuso su ideología a su controlado Frente Amplio y forzó al presidente Vázquez a dejar pasar la oportunidad. Hoy Estados Unidos avanza a un proteccionismo del estilo rooseveltiano-keynesiano posguerra, que sumió a la humanidad en la década de la terrible depresión. (También sobre esta calamidad se explayó en el análisis Irwin)

De todas maneras, es probable que, si se hubiera firmado, Trump habría repudiado ese acuerdo y obligado a renegociarlo, como ocurrió con el NAFTA y el Tratado Transpacífico.  

 

Europa, desangrada por la incompetencia de su burocracia, es enemiga comercial de Uruguay, no amiga. Soñar con un tratado que es rechazado por la mitad de sus miembros es peor aún que no hacer nada, porque se estará esperando un imposible, tanto en lo institucional, como en lo económico, frente a una comunidad que ha visto desaparecer en un instante su potencial de demanda y su ficticio estado de bienestar. 

 

Tan pronto como se anunció la posibilidad del sinotratado, apareció también el doble temor del enojo de las potencias internacionales y del enojo de los socios del Mercosur. ¿Cuáles potencias internacionales?  ¿Cuál Estados Unidos? ¿El de Clinton o el de Trump-Biden? ¿El que abrió su economía al mundo o el que la cerró? ¿El que condenó a Venezuela o el que ahora descubre que Maduro no es tan dictador porque le conviene que le venda petróleo? ¿El que juró erradicar del mundo al “principito” saudí que asesinó a Khashoggi o el que ahora saluda con sus golpecillos de falanges tiernas al homicida porque le conviene que su país produzca más petróleo? ¿El que forzó a su aliada Europa a transformarse en el arma comercial contra Rusia y ahora la ve languidecer como su Euro? ¿O acaso el EEUU que duplicó inflacionariamente su base monetaria en un año y medio para combatir los efectos de un aislamiento pandémico que el partido demócrata usó ideológicamente también como escudo proteccionista? 

 

¿O el Estados Unidos que dejó colgados del pincel a sus aliados en Afganistán, o el que sigue impulsando sanciones contra Rusia que pagan caro sus aliados como Europa? ¿O el de su cómoda posición bélica de “animémonos y vayan”, sin muertos ni riesgos propios? Difíciles decisiones para un país tan pequeño como Uruguay, con una feroz oposición interna que está en contra de todo, hasta contradictoriamente, si se releen las viejas declaraciones. 

 

¿Qué ofrecen las grandes potencias occidentales como alternativa para impedir lo que se esgrime hoy como un tratado molesto? Nada. Ni siquiera la zanahoria y el garrote del otro Roosevelt. Sólo garrote – temen algunos. Y sostienen que pactar comercialmente con China es someterse indefectiblemente a sus órdenes y pasarse a su bloque. Un desprecio por el propio discurso de soberanía sostenido a lo largo de casi dos siglos. Y por el discurso de honestidad dirigencial. Y aquí vale la pena volver a leer en detalle la nota del Financial Times publicada en El Observador la semana pasada: “No, la economía mundial no se está dividiendo en bloques geopolíticos” donde se explica mejor que aquí el contexto político internacional. 

 

 

Otro miedo que se agita es la posible reacción/sanción de los socios del Mercosur. ¿Qué Mercosur? Y ¿qué socios? ¿Los que echaron a Paraguay y cobijaron a Venezuela? ¿Los que crearon una unión aduanera proteccionista y automotriz que saquea a los consumidores y beneficia a pocas empresas y a algunos sindicatos? ¿Los que apoyaron el inútil y costoso Parlasur o los que apoyaron la UNASUR?  ¿Argentina? ¿Cuál Argentina? ¿La de Macri o la de Cristina? ¿La Argentina abierta al mundo o la del cepo fatal? ¿La que intenta ahogar a Uruguay secando la Hidrovía o la que quiere hacer un gran puerto común en Montevideo? ¿La que vende soberanía a China y Rusia, la de los puentes cortados? ¿Cuál Brasil? ¿El de Bolsonaro o el de Lula? ¿El que ofrece qué alternativas para Uruguay? ¿Y qué seguridades? 

 

En un largo momento de proteccionismo mundial, los países que más sufrirán son los de producción y exportación primaria, como ha sucedido siempre.  Y entre ellos, sufrirán todavía más los que no avancen en un camino de apertura comercial, seriedad fiscal, reducción de impuestos, libertad sindical y flexibilización laboral. 

 

Por supuesto que el camino que luce más seguro es el de no hacer nada. O hacer muy poco. Pero ese camino tendrá el resultado descrito. Nadie, mucho menos esta columna, sabe cuál será el devenir de la economía ni de la política mundial o nacional. Pero sí es posible predecir cuál será el resultado de continuar como hasta hoy.  En esa línea, el gobierno, el presidente en especial, tienen la dura misión de tratar de encontrar un camino. La historia y el destino saben que esa misión es ingrata, dura y siempre solitaria. Algo que han sabido todos los líderes de la historia, o los que intentaron serlo. 

 

China es hoy la única opción de crecimiento y bienestar que tiene Uruguay. La otra opción es falsa. Es la confiscación impositiva y el reparto hasta que alcance. Las otras potencias no están disponibles para ningún acuerdo que no sea inmolar a sus supuestos aliados comercialmente, como se inmola hoy Ucrania bélicamente. Los orientales siempre pueden elegir, claro. Habrá que esperar que no confundan prudencia con mediocridad. 

 

 

 

Publicado en El Observador 12/07/2022

El peronismo, versión Batakis

 

La fatal burocracia argentina propone ahora un nuevo camino, igual al que siguió hasta ahora, que lleva al abismo con renovada dialéctica

 

La nueva ministra de economía argentina brindó ayer su conferencia de prensa inaugural donde sentó algunos de los principios que guiarán su gestión y la del gobierno. Como siempre ocurre, este tipo de mensajes trata de complacer las expectativas, compromisos y demandas múltiples, y al mismo tiempo de alejar los rumores o las profecías catastróficas que en el caso particular penden sobre la cabeza del gobierno, del Estado y del país. Por eso cualquier intento de análisis debe pasar por la interpretación de las supuestas medidas y su significado, y sobre todo por la evaluación de su viabilidad política y económica. 

 

Al responder una de las preguntas, la funcionaria reveló de un plumazo su ideología, su plan y su vocación, mucho más contundentemente que en toda su exposición: “los estados no están para ahorrar” dijo repetidamente. Este concepto, que luego reforzó con su apelación al solidarismo y la sensibilidad facilista, debe unirse con su otra afirmación de que no gastará lo que no tenga, lo que directamente conduce a una ecuación que al despejarse arroja como único resultado un aumento en la presión impositiva en alguno de sus formatos, implosivo y explosivo, paradojalmente, en un escenario económico ya asfixiado por la presión fiscal sobre la producción y sobre los consumidores. 

 

Su anuncio de la reactivación del postergado mecanismo de revaluación inmobiliaria nacional para aumentar la recaudación va en esa línea que le estallará en las manos, y que sólo sirve para justificar alguna cifra en alguna planilla de Excel que deje tranquilo al Fondo Monetario. La exacción que ya sufrieron los habitantes de la Capital Federal con silencio ovejuno y dudoso apego a la Constitución de la AFIP, no es linealmente aplicable al interior del país, que ni siquiera puede pagar los impuestos inmobiliarios actuales en su gran mayoría. Tampoco los sectores de producción agropecuaria pueden soportar más aumentos de impuestos, con las presentes retenciones, el tipo de cambio digitado, las regulaciones crecientes y cambiantes, el aumento y escasez de combustibles y transportes y las dificultades para conseguir fertilizantes. La discusión, no ya la implementación de este supuesto cambio es, en el mejor de los casos, lejana y de dudosa recaudación. Las provincias no piensan igual que Batakis. Debe agregarse además la arbitrariedad que implica subir las valuaciones cuando antes se subieron las alícuotas del gravamen justamente para compensar el atraso en la valuación fiscal. Mal haría la ministra en confiar en ingresos adicionales provenientes de este revalúo, que parece ser, dado la importancia que le confirió, una herramienta de financiamiento fundamental en su proyecto. 

 

Otro mecanismo sobre el que puso énfasis fue la actualización de las tarifas de energía, para lo que aseguró que el viernes estarán disponibles las planillas para gestionar el permiso de pobreza que excluiría del aumento a quienes soliciten su segmentación en distintas categorías de carencia. No sólo tal sistema no está diseñado, sino que el trabalenguas burocrático que implicará augura un largo proceso, a la vez que, aunque la adecuación tarifaria es imprescindible y urgente, ese ajuste debe formar parte de otros cambios importantes en la economía nacional. La clase media no está en condiciones de soportar ese golpe, menos en el interior, salvo que se recomponga todo el esquema de ingresos y gastos de la sociedad. Para resumir de otro modo la situación, la ecuación inflación-carga impositiva-ingresos-costo del estado ha dejado de rodillas al consumidor. A eso debe sumarse que cualquier programa de lucha contra la inflación implica una recesión en cualquier marco económico. Intolerable para el peronismo, para Cristina Kirchner y para los gobernadores, menos en el momento electoral que se avecina. También para la sociedad.

 

La flamante ministra propone reducir el gasto del estado, congelar las vacantes y no gastar más de lo que entra, algo que suena grato a muchos oídos, pero que no se compadece ni con la filosofía peronista, ni con la prédica de la dueña del binomio presidencial. Como si la lapicera de la titular de economía tachase de un plumazo el catecismo kirchnerista. Habrá que ver cuánto tarda en gestarse la reacción de Cristina. 

 

Debe tenerse presente que todos los puntos que se refieren al gasto, el ahorro, la congelación de gastos y el equilibrio de los presupuestos, sólo pueden ser esgrimidos y prometidos (solamente prometidos) en lo que hace al ámbito del gobierno federal. Las provincias, la parte más dramática del gasto del estado, funcionan con independencia y con cinismo histórico y su apoyo, más allá de lo dialéctico, no debe descontarse. El poderoso Cavallo vio tornarse inviable su Convertibilidad cuando el gasto de las provincias no pudo ser domeñado como se hizo con el gasto federal, lo que lo forzó a llegar, una vez más, a un endeudamiento en dólares que potenció el gasto cuasi fiscal hasta su derrumbe. También la funcionaria siembra ilusiones en este aspecto. 

 

Batakis, asimismo, pone énfasis, y no miente, en su apego a no gastar más de lo que entra. Pero esa conducta tiene que ir acompañada de la tarea previa de bajar el gasto, en su defecto, como ocurrió durante su gestión en el gobierno de Scioli en la Provincia de Buenos Aires, se termina cayendo en el incumplimiento del pago de sueldos y deudas del estado. Eso pasó durante su ministerio. La provincia dejó un tendal de atrasos en 2015. Vale citar la anécdota de un presidente del Banco Central de Cambiemos que recibió un postrero pedido de auxilio: “vendieron billetes para un sorteo de lotería y no tenemos la plata para pagar los premios”. (Sic)

 

Hasta aquí, nada de lo dicho en la conferencia de prensa tiene el vital elemento que hace falta para contener el alud de incertidumbre y descrédito que se abate sobre Argentina: credibilidad. Tampoco parece surgir ese elemento cuando la jerarca se refiere a la inflación. Parte por sostener repetitivamente que se debe a la inflación mundial, lo que está desmentido por la serie histórica, por el calendario inflacionario nacional y por la desproporción numérica evidente entre lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en el aspecto doméstico. Todo el plan (de algún modo hay que llamarlo) pergeñado por la viuda de Kirchner en este tercer mandato, se basa en la emisión, lo que ella llamó platita en su idioma previo a esta versión de sí misma que ofrece ahora, con lo que la ministra está también ignorando el principio que refirmara Friedman, de que la inflación es un fenómeno monetario. Esa evidente falacia, y esa flagrante negación al considerar a la inflación un fenómeno multicausal, hará que los mercados, el Fondo, los bancos y otros acreedores y deudos sean renuentes en creerle, lo que tampoco colabora a la fortaleza de su proyecto, o de sus dichos. 

 

“Arriesgar un número para la inflación sería poco profesional de mi parte”, - respondió a una de las preguntas. O sea, no tiene un plan, que supone plasmar este tipo de objetivos. En eso de no tener un plan es coherente con todo lo actuado en este mandato por el gobierno. No hay por qué creer que habrá un cambio. 

 

Otro punto a tener en cuenta es la afirmación, dicha a la ligera, de que se plantea una revisión metodológica de las pautas de emisión-inflación con el FMI. Fundamenta esa afirmación en el supuesto hecho de que, como todos los países han duplicado o triplicado su inflación debido al aislamiento pandémico, las metas fijadas de emisión e inflación en el último acuerdo deben ser revisadas. Un invento dialéctico algo burdo. Pero que tiene una razón. El país ha emitido ya el total anual para 2022 que acordó con el Fondo. Entonces de aquí a fin de año no puede emitir más, lo que es un sueño, mucho más si se planea aumentar las tasas de interés para la deuda en pesos, otra burbuja insostenible, salvo con humo verbal. Nueva ensoñación. El relato ha llegado a lo económico.  No hay más remedio que seguir emitiendo. Tal vez Georgieva vuelva a ser cómplice y lo tolere, pero eso no cambiará los resultados finales, mayor inflación incluida. Tal vez por eso pone énfasis en los mecanismos de control de precios, con el voluntarismo de quienes creen que las empresas son unas abusadoras y que conversando o negociando con ellas, amenazándolas, o colgando a sus ejecutivos, como proponía Perón, se bajan los efectos de la pérdida de valor de la moneda local. Sólo conseguirá que aumente la prebenda de las grandes empresas, que tendrá que consentir y prometer. 

 

También equivoca Batakis a los desprevenidos escuchas – para no decir que miente - cuando habla de la exportación. Desde cuando da por bueno el tipo de cambio oficial, usando las propias cifras del gobierno y sin aceptar lo que ocurre en la realidad, hasta cuando dice que a partir de setiembre se mejorará la balanza comercial. Cualquiera sabe que el grueso de las cosechas y exportaciones ya ha tenido lugar, pese a lo cual el resultado de la balanza de pagos fue paupérrimo. No es cierto que de aquí hasta fin de año habrá exportaciones que sostengan una mejora de la balanza. Si esas premisas se incorporasen a un plan que sigue sin existir, el resultado no tendría ni validez, y por supuesta no tendría credibilidad. Tampoco tiene en cuenta que la tendencia de los precios agrícolas es a la baja, no a la suba. 

 

Por último, tanto si se lo menciona explícitamente como en lo implícito, un acuerdo político nacional en este momento, o tal vez en toda la historia, no es pensable ni esperable. No hay manera de que el peronismo de la franquicia Kirchner, con sus despropósitos, no tenga sanción por lo que ha hecho y lo que hace. Y no hay manera en que la mitad de la sociedad consienta que la otra mitad viva a su costa sin trabajar. 

 

El no-plan propuesto por Silvina Batakis, si fue una propuesta, no es factible ni creíble. Y aún falta el rechazo de La Cámpora y por elevación y sutilmente, de los gobernadores y de Cristina Kirchner, aunque haya jurado no revolear más ministros de aquí en adelante. 

 

Publicado en El Observador  05/07/2022

Entre la limosna obligatoria y el impuesto infinito

 

En su eterno día de la marmota, Argentina vuelve a intentar la fórmula con la que fracasara tantas veces: el socioperonismo voluntarista y la lealtad militante

 

Una breve descripción de la nueva ministra de Economía argentina, Silvina Batakis: se trata de una burócrata con muchos años en el Estado, de mala gestión durante la gobernación en la Provincia de Buenos Aires del también malísimo Daniel Scioli. De su gestión, sus acciones, su actuación política previa, sus declaraciones, sus escritos y tuits, es fácil afirmar que cree en la emisión monetaria sin consecuencias inflacionarias, en el aumento de impuestos para subvencionar a las clases pobres, en el aumento de retenciones al campo y es una militante peronista ferviente que funcionará como amanuense de Cristina Kirchner. Mencionada antes de la mascarada del domingo como una alternativa de emergencia, se debió recurrir a ella luego de que el gobierno y la jefa del peronismo argentino se encontraran con un escenario absolutamente previsible en el que ningún economista serio y respetado aceptaba hacerse cargo de la doble bomba de tiempo que estallará: la económica y la política. 

 

Cristina y su hijo reinan ahora en ambos frentes. Y ambos frentes llevan a un porrazo fatal. El redistribucionismo, la emisión de pesos para generar la sensación de riqueza, el apoderamiento de todo ingreso o ahorro visible, el cepo al dólar, la burla al Fondo Monetario y el reciente acuerdo y el plan de usar el populismo para volver a ganar la adhesión necesaria para que un nuevo candidato designado triunfe en las elecciones presidenciales de 2023. El Maquiavelo de cabotaje, Sergio Massa, tampoco quiso hasta ahora arriesgarse a ser el Jefe de Gabinete de un gobierno moribundo. Cristina y los gobernadores tienen chances nulas de conformar el consenso político o Acuerdo Nacional que todos los opinadores consideran fundamental para encontrar un punto de inflexión al desastre que ellos mismos provocaron. Massa no lo ignora y su patriotismo no alcanza para inmolarse en semejante sacrificio. 

 

El divorcio entre la realidad y el relato peronista – todo totalitario tiende a creerse sus propios mitos - se notará en el dólar paralelo, cuya distancia del tipo de cambio oficial puede alcanzar niveles siderales. También en las góndolas vacías de los supermercados, en la desinversión de lo poco que queda, y en una recesión que será una mala recesión porque no será parte imprescindible de un proceso sanador sino de la recaída en viejos y errores y viejas ignorancias. La ex clase media argentina padecerá aún más la redistribución de pobreza inherente a estos modelos que mezclan el facilismo del reparto de bienes ajenos con la ignorancia deliberada o fingida, con la negación de las consecuencias económicas y los efectos de las propias acciones. El modelo de inimputables, tanto por su corrupción como por sus medidas. La clase baja está drogada textual y simbólicamente, sumergida hasta el vasallaje.  Los mercados, y el FMI, incluyendo sus principales socios, pueden jugar un papel lapidario en el futuro inmediato (lapidario viene de lápida).

 

Si bien Argentina, y el peronismo, colaboran a caricaturizar la realidad, a exagerarla tangueramente y a transformar en sainete las consecuencias de sus errores, no se deberían desperdiciar ni minimizar las lecciones que este proceso brinda, ni atribuirlas solamente al mecanismo payasesco del dúo Kirchner-Fernández y su troupe. 

 

Lo que le ocurre y le ocurrirá al país vecino es la inexorable consecuencia de intentar redistribuir la riqueza por decreto, usando la lapicera - diría Cristina. La creencia de que el impuesto sobre cualquier manifestación de capital que se encuentre a mano es una herramienta válida para apoderarse de los bienes ajenos, relativizar el derecho de propiedad, y repartir platita ajena alegremente a los pobres y a los postergados vaya a saber por quién, la amenaza permanente sobre cualquier ganancia empresaria o ahorro personal con el formato que fuere, gravámenes, tipo de cambio controlado, retenciones, no tienen ningún efecto negativo. Ni siquiera hace sentido volver a mencionar la absurda convicción de que la emisión sin correlación con la producción no ocasiona inflación creciente, despropósito suicida. Ni sirve advertir a los supuestos beneficiarios, los pobres y desiguales, que esos intentos boligráficos que parecen populares terminarán empeorando su situación, no mejorándola. El resentimiento y la desesperación llevan a más mendicidad feudal. 

 

Aunque no al mismo ritmo veloz acelerado de vodevil argentino, único en su género, las consecuencias del uso de la lapicera sin correlato y sin crecimiento previo, se hacen sentir siempre y en todo lugar. La confiscación o la prepotencia impositiva también. Porque ciertas leyes económicas, ciertos resultados, no son eludibles con ninguna teoría disponible con validez académica. El ataque contra la producción, el ahorro y el capital que en nombre de la justicia social y la equidad emprendió el peronismo franquicia Kirchner, llegan siempre a este mismo final, cualquiera fuera el que lo intentase, o el país que lo hiciera. Siempre se puede argüir que se ha descubierto un impuesto, una retención, una Renta Universal, una limosna obligatoria manejada por burócratas que no tiene efectos negativos. Es falso. Siempre se termina como Argentina. (Válido para Gran Bretaña, Europa, EEUU y Uruguay también)

 

El modelo es el de la Patria Grande, cuyos resultados se pueden verificar en los países que más han avanzado en la profundización del uso de la lapicera y en el tiempo. Sin excepción. Y no se trata solamente de consecuencias económicas. También se llega a la grieta política. La misma que hace hoy imposible un acuerdo de fondo en el vecino, tanto entre sus políticos como en la sociedad. La misma que hace huir y exiliarse a los individuos que quieren producir, trabajar, estudiar, progresar, de todos los países invadidos por el repartismo. No hay acuerdo posible, ni siquiera el pacto democrático, cuando una mitad quiere vivir a costa de la limosna obligatoria de la otra mitad. Sin excepciones. 

 

Por supuesto que se puede sostener que Argentina es una excepción, y hasta gozar de su tragedia. Sería un error. Sería caer una vez más en el “a mí no me va a pasar, porque yo lo haré mejor y no fallaré”, un paso de soberbia prolegómeno de la pobreza general y la sumisión al Estado burócrata.