¿Cuál Lula? 

 

La elección brasileña fuerza a un reposicionamiento geopolítico de los contados países con alguna chance de mantenerse independientes y soberanos de la región

 

El grupo de Puebla festeja con algarabía el triunfo en el balotaje brasileño de Lula da Silva. El gobierno argentino corrió de nuevo a abrazarse a su victoria, necesitado como está de celebrar algo, o de mostrarse cerca de algún triunfo. La izquierda uruguaya celebra, más que su llegada, la salida de Bolsonaro, que la despreciaba hasta la burla y desnudaba en cada oportunidad su incompetencia. El excanciller Nin Novoa sostuvo que un triunfo de Bolsonaro habría significado un retroceso para la integración latinoamericana. ¿Se refería a la economía o simplemente a la sistemática solidaridad entre los cofrades del Foro de Sao Paulo, aún en los casos de manifiesta corrupción? 

 

Si se dejan de lado las obvias preferencias por el desorden jurídico, económico y social que la Patria Grande necesita, persigue e implanta para lograr su proyecto igualador, que no es otra cosa que un modelo empobrecedor generalizado y de destrucción de las soberanías nacionales (no muy distinto a Bruselas, aunque con un formato diferente) y se pone el foco en los intereses de cada país - mientras haya países - es posible plantear el análisis en términos racionales. 

 

¿Qué Lula ganó? – sería la pregunta de fondo. ¿El nuevo Lula? ¿El que llevará a Brasil a la solidaridad instantánea del populismo, a la emisión, el impuestazo, el resentimiento barato, el ataque a la riqueza, la desinversión, la falta de empleo, la miseria, la monarquía de la droga y el delito? ¿El que completará con el rojo premonitorio el mapa de una América del Sur en la que el progresismo reina pero que ha tenido la virtud de empobrecer instantáneamente a todas las sociedades a las que gobierna? ¿O el viejo Lula, el que se alineó con la proteccionista, imperial y monopólica industria brasileña mientras hacía gestos de compromiso y diplomacia a la izquierda regional? ¿Ganó el Lula chavista que transformará a Brasil en el eje de la neoURSS (Unión de Repúblicas Socialistas Sudamericanas), o el Lula estilo Perón, que ponía el señalero a la izquierda y de inmediato giraba a la derecha? ¿Será Brasil una nueva Roma tomada y bastardeada por los bárbaros a los que acogió como conquistados primero y como ciudadanos después? 

 

No sólo la región es distinta. La fracasada Europa, ahora en manos de Bruselas, está sumergida en el neomarxismo keynesiano en lo económico y cercana a la dictadura transnacional en lo político. Luego de 80 años, ha logrado su sueño de sumisión y sometimiento de las soberanías nacionales, pero también el fracaso económico. Su proteccionismo, su estado de bienestar generoso y ruinoso y su maraña burocrática del mejor estilo soviético con el remate de su sometimiento suicida estadounidense no deja espacio para el crecimiento de los países en desarrollo. Tampoco el gobierno de Biden en EEUU está interesado en permitir la competencia, ni en apoyar las ideas de grandeza que hicieron importante a Brasil en el pasado. Para peor, está empeñado en un doble frente contra Rusia y China, guerras que perdió e hizo perder a sus aliados antes de empezar. 

 

Ni Brasil es aquel Brasil, ni el mundo es aquel mundo. No sólo los tratados internacionales han dejado de ser de libre comercio, sino que se han cancelado o modificado los que lo permitían. Ni el mercado de commodities garantiza la continuidad del viento de cola, ni los votantes tienen paciencia, convencidos de que la única solución es instantánea, concepto precursor del fracaso propio y ajeno. En un mundo que ya no compite, ni permite que se le venda, (salvo la oprobiosa claudicación estadounidense en el pacto de perdón a Maduro para que le venda petróleo) ni Brasil tiene oportunidades de crecer. Este diagnóstico parecería marcar el sendero de un nuevo Lula: imposibilitado de lograr crecimiento, o de negociar apoyos internacionales, sólo le queda el populismo, mientras dure el capital ajeno a repartir. Ese es el miedo que inspira este resultado. 

 

Del otro lado, la existencia de una mayoría en el Congreso y en varios Estados que obran como baluartes de la racionalidad, el capitalismo y el único camino posible de crecimiento, obra simultáneamente como una necesidad de negociar y al mismo tiempo como una buena excusa para no salir en dos meses a repartir los bienes ajenos. Y, por supuesto, también cabe la posibilidad, no desechable, de que el electo presidente decida usar su liderazgo con una cuota de heroísmo, que de vuelta ponga a Brasil como faro del capitalismo regional, no como jefe de los menesterosos y resentidos. 

 

Esta duda planteada acá es la misma en la que se debe debatir el ganador del domingo: ¿el viejo Lula o el nuevo Lula?  ¿El Brasil soberano y grande, o el Brasil jefe de los mendigos de la Corte de los milagros regional? 

 

Por eso Uruguay tiene que reflexionar. (Obviamente que esta frase no se refiere al FA-Pit-Cnt, atado inflexiblemente a la misma precariedad que le impone su plan ideológico, como el vecino kirchnerismo, o sea que debe privilegiar el plan de pobreza universal, y reservarse la función y la remuneración de repartir los mendrugos) Tarea dificilísima, que requiere una cuota de inteligencia, grandeza y patriotismo casi imposible de exigir. No debe conformarse con ser apenas una manchita amarilla en el mapa rojo de la homogeneidad regional en que se han unificado las soberanías, también tiene una oportunidad, aunque no sea tan fácil de verla.

 

La gorra con las iniciales CFK que casi descuidadamente se encasquetó el futuro mandatario, ofrece asimismo una doble interpretación: ¿es uno de los clásicos gestos pour la galerie de Lula, o es una señal de la voluntad de implementar las mismas políticas desastrosas que han barrido del mapa a Argentina? También esa duda debe tomarse en cuenta en el análisis. 

 

Paradojalmente, la industria monopólica, poderosa y prebendaria de Brasil, ahora luce como una esperanza de racionalidad y límite. Habrá que ver también, aunque más íntimamente, cuáles son las probabilidades de que Luiz Inácio Lula da Silva, con algunas debilidades humanas que lo fragilizan, sea manipulado al estilo Biden por quienes lo rodeen, por supuesto fatales burócratas. También se deja de lado en el análisis la posibilidad de que nuevas Odebrecht florezcan bajo su mandato y el hecho ocultado de que las acusaciones judiciales y los fallos por corrupción contra el inminente presidente no se han anulado ni sobreseído. El pueblo brasileño ha dejado claro que la corrupción de sus mandatarios no le importa. Y el voto popular debe ser siempre respetado. ¿Verdad? 

Un error histórico

 

La reforma jubilatoria, el arma mortal del Frente Amplio

 

 

El presidente Lacalle Pou, convencido de que está haciendo lo que más conviene a Uruguay, avanza con el proyecto de la reforma jubilatoria, uno de los mayores errores políticos imaginables, cuyo costo no sólo pagarán él y la Coalición multicolor, sino todo el país. 

 

No se discute la necesidad de un cambio profundo en el sistema de retiros, felizmente sobrepasado por el espectacular avance de la longevidad, que parece haberse convertido en un problema para el Estado, aunque sea una bendición para el ser humano, problema común a toda la humanidad. 

 

El sistema de solidaridad intergeneracional, o de reparto que se aplica localmente se ha tornado inviable, y tiene sentido la recomendación de varios entes y del FMI (muy exigente con Uruguay, no con otros casos) sobre reformarlo integralmente. También de alguna evaluadora particularmente urgida en la reforma desde la asunción del nuevo gobierno. Fitch, para no hacer nombres. 

 

El autor sostuvo y sostiene que el problema en el caso oriental es insoluble y se ha ocupado en desmenuzar minuciosamente el tema, por lo que no se insistirá en esos aspectos.  A modo de ejemplo: a la solidaridad intergeneracional se ha ido sumando a lo largo del tiempo la solidaridad intrageneracional: las remuneraciones mínimas, los subsidios a la vejez, al desempleo, hijos, enfermedad, y otras prestaciones que podrán tener una razón sensible, justa y lógica que no se disputan aquí, pero que se cargan al sistema, es decir, solidaridades que pagan los futuros jubilados, porque, aunque se compense el déficit con impuestos se imputan matemática y conceptualmente sobre la cabeza de quienes se retiran. Otros países con mayor generación de empleo y mayor capacidad económica están sufriendo problemas parecidos aún con edades de retiro mayores y con la posibilidad de crear grandes fondos que sirven para la autofinanciación. Por eso se está recurriendo a sistemas mixtos diversos, como en el caso de Suecia, cuyo sistema quebró en 1993, junto con ese país-emblema de bienestar estatal. Por culpa del bienestar estatal, justamente. 

 

Como era previsible, luego del cónclave de cerebros, el sistema que se propone localmente mantiene y aumenta esa solidaridad intrageneracional, pese a que sube las edades límite y baja la tasa de reemplazo, o sea el ingreso mensual, y recurre al ahorro complementario vía las AFAP. Aunque no se tratará aquí de analizar los mecanismos y las modificaciones. 

 

Luego de tanta prédica (y presión) sobre la necesidad casi patriótica de hacerlo, el presidente ha decidido avanzar a todo gas con la reforma, convencido de que, como estadista, debe privilegiar lo que conviene a la sociedad. El caso es que corre el riesgo no sólo de no alcanzar ese objetivo, sino de crear un punto clave de debilidad que será aprovechado por el FA-Pit-Cnt para llevarlo como bandera ganadora en las próximas elecciones, lo que no sólo está previsto y planificado por la hoy oposición, sino que le hará cosechar inmejorables resultados.

 

Los intentos por generar una política de estado – o política nacional como ama decir el presidente – han fracasado, como era fácil de prever. La oposición ha rechazado de plano la reforma. Eso significa no ya que la misma es eventualmente modificable en dos años o menos, lo que torna la reforma en automáticamente inútil con efecto inmediato, sino que preanuncia el futuro referéndum que propondrá y probablemente ganará la alianza opositora, para anular no sólo el régimen privado de las AFAP, sino para retroceder en muchos de los cambios previstos. 

 

Esta afirmación que parece aventurada, no lo es tanto si se tiene en cuenta que en el reciente caso de la LUC (que hasta muchos sectores izquierdistas consideraban alocada al comienzo) apenas se logró mantener la legislación con una mayoría menor al margen de error de una encuesta cualunque y en muchos casos se recurrió a interpretaciones arbitrarias y falaces de su articulado o en otros directamente a inventar medidas que no estaban en la ley, de por sí bastante suave en sus implicancias. 

 

Un referéndum para modificar aspectos clave de esta Ley de hoy sería bastante más factible y popular - acaso también más irresponsable – porque sobrarían argumentos sensibilizadores de los votantes, sobre todos los del otrora Frente Amplio, ahora dirigido por el sindicalismo trotskista. Buen material para empezar la campaña electoral un año y medio antes de lo permitido. (Truco indio que esta columna anticipó que se buscaría) Y para qué imaginar lo que ocurriría si ese referéndum tuviera el mismo margen, pero en el sentido opuesto al de la LUC. 

 

Pero las proyecciones no terminan ahí. La dirigencia del FA en su nueva franquicia está consustanciada, inspirada y guiada por los preceptos y los mandatos del grupo de Puebla, que en definitiva pasa por encima del concepto de nación, y hasta de racionalidad de las medidas, y por supuesto, por encima de la conveniencia de la sociedad oriental, y de cualquier otra sociedad. Su no descartable triunfo electoral en 2024 terminaría de sepultar las modificaciones jubilatorias y también la disciplina presupuestaria, porque el embate no se detendría ahí.  (No debe descartarse su eventual triunfo, al contrario, error en el que cayó Argentina en el efímero intervalo de Macri, cuyos partidarios insultaban a quienes les advertían de una posibilidad de regreso de otro socio del grupo de Puebla, el peronismo conducido por Cristina Fernández, para luego firmar con el sello de “No vuelven más”

 

El FA-Pit-Cnt quiere que la jubilación de los trabajadores aumente, que la edad de retiro no cambie, y que los costos sean soportados por el sector privado. El grupo de Puebla y sus controlados no sólo quieren eliminar toda relación entre el esfuerzo y el logro, entre los aportes y las remuneraciones, entre el ahorro y la ganancia, entre el mérito y el éxito, sino que son amantes y adoradores del impuesto, el objetivo central es la gran igualación que implica la pobreza generalizada, la confiscación de toda manifestación de capital, la destrucción del individuo independiente. Por eso privilegiará los impuestos personales para tapar los agujeros que sus propias políticas creen. 

 

Tras ganar las elecciones le tomaría un par de semanas organizar un nuevo ataque tanto sobre el sistema de retiro como sobre su financiamiento. Luego de volcar su generosidad infantil e irresponsable sobre la población, pagaría la cuenta deficitaria con dinero que extraería a los privados, una doble satisfacción. Efímera, por supuesto. Populista, por supuesto. ¡Pero qué importa, si de eso no se vuelve!

 

A nadie parece interesarle que la defensa del factor trabajo y de su plusvalía como elemento fundamental de la producción, que fuera el estandarte de Marx, también cae con ese accionar, porque ahora el trabajador pasa a ser un subsidiado, un residuo caro del sistema, al punto que se quita recursos al consumo y a la inversión para repartirlos entre ellos hasta que alcance y hasta que duren, a costa de la inversión.  Pero el grupo de Puebla y su inspiradora Doctrina Social no se fijan en esos detalles económicos. 

 

Los optimistas sostienen que hacen falta otras mayorías para cambiar el sistema impositivo. No sólo minimizan los infinitos recovecos y eufemismos que se pueden apreciar en el vecino kirchnerismo, sino que también minimizan el efecto del poder sobre los seres humanos y la perversión de las clases políticas de hoy. ¿Alguien se atreve a predecir lo que hará Cabildo Abierto a partir de 2025? ¿Alguien puede anticipar cómo votaría en una reforma de la reforma en un tema que le es tan sensible? ¿Y qué efectos tendría la conversión de Un Solo Uruguay en partido político, tal como amenaza ahora?  ¿No estaría dispuesta esta nueva fuerza a canjear prisioneros, o sea a sacrificar impositivamente a ciertos sectores para salvar a otros?  No hay demasiadas razones para pensar que esta reforma durará tal como está dos años o más. El sacrificio político y electoral puede ser demasiado grande, además de ofrecerle la garganta al adversario. Sin contrapartida, ni personal ni patriótica ni histórica.  

 

¿Debe entonces el gobierno, o el presidente, abstenerse de hacer cambio alguno? ¿Debe privarse de hacer un aporte fundamental a la sociedad? Más que una respuesta directa hay que insistir en que este cambio durará menos de dos años en vigencia. Y que no es un aporte a la sociedad si esa sociedad no lo entiende como un pilar inamovible. Los consensos se buscan antes. No después.  Y el Frente no quiere ningún consenso. Al contrario. Algunos le llaman grieta. A otros les molesta llamarla así, porque lastima su concepción juvenil de la armonía y la cordialidad política. Añoranzas.

 

Porque el presidente no se está jugando su futuro político ni el de su Coalición, únicamente. Ni siquiera se está jugando la suerte de su reforma histórica. Se está jugando la suerte de la mitad de la sociedad y por sus consecuencias, de toda ella, aunque pensarlo así suene molesto. 

 

Por supuesto, tiene el derecho, la decisión y la autoridad para decidirlo. Y hasta para equivocarse. Esta columna también. Ojalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado:

 

Tras más de siete años de publicar mi columna de opinión cada martes en El Observador de Montevideo, he decidido dejar de colaborar en ese medio debido a la incompatibilidad de todo orden con su nuevo grupo propietario, cuyo accionar en Argentina me exime de comentarios. 

 

Interesado en el futuro de Uruguay, continuaré mi aporte periodístico desde mi blog y también desde algún otro medio que me interese y que considere valiosa mi colaboración.

 

Agradezco la fidelidad de mis lectores, interlocutores invisibles irreemplazables y jueces inapelables de la conducta e integridad de aquellos que ejercemos esta tarea. Quienes me han honrado con su lectura y su preferencia, saben que siempre estaré del lado de la libertad, del derecho, de la ortodoxia económica, del emprendedor, de la Pyme, de la educación y del consumidor. Y como enseñara Joseph Pulitzer, siempre en contra de los ladrones públicos. 

 

Dardo Gasparré

Nota para El Observador, no publicada aún

La devaluación de la Constitución es inaceptable

 

Relativizar el mandato y la garantía del compromiso constitucional lleva a la disolución de la sociedad y de la estructura de nación soberana. La evidencia está aquí cerca

 

La Constitución no es el reglamento interno de los políticos ni un sistema de dirimir sus diferencias; tampoco el de un edificio en propiedad horizontal, o de la AUF, ni una entelequia poética y abstracta. No está sujeta a la exégesis o a la prestidigitación de cada partido o cada gobernante, con absoluta prescindencia de quien fuera que gobernase o quien fuera oposición. Es una garantía que el Rey, el Estado en el mundo moderno, le extiende incondicionalmente al ciudadano de lo que hará y lo que no hará en ciertos aspectos fundamentales y hasta elementales. Del respeto de los derechos, de la transparencia que asegura, más allá de todo partidismo y de toda circunstancia. Muchas veces, aun desde la emblemática Carta Magna de Juan sin Tierra, las constituciones fueron el fruto de guerras internas terribles, o del efecto del filo de las espadas de los caballeros peligrosamente cerca del cogote del monarca renuente a otorgarlas. 

 

Tampoco tiene gradación de importancia. No se puede ni es inteligente pretender elegir los artículos trascendentes y los que son irrelevantes, sería una actitud arbitraria y al borde de lo dictatorial, porque cada ciudadano tiene la potestad de considerar que su derecho es el más importante, o al menos al mismo nivel que los demás. 

 

Justamente por eso es que, en muchas de las democracias modernas el único órgano de interpretación constitucional es la Suprema Corte, lo que implica que cualquier duda siga los caminos institucionales previstos hasta llegar a esa instancia jurídica definitiva. 

 

Debido a ello esta tribuna no intentará desbrozar si el planteo de Juicio Político a la Intendente de Montevideo es exagerado o no, procede o no, lo que vale para este caso o para cualquier otro. Justamente para no tomar el riesgo de asumir posiciones que, deliberadamente o no, pueden aparecer como parciales, o serlo, simplemente. 

 

Porque la Constitución no es tampoco optativa, ni admite relativizaciones. Por eso el concepto esgrimido de que el tema debe arreglarse dialogando, o sea el charlémoslo de café, no es esgrimible ni serio. Esa relativización ya está lamentablemente presente en la justicia penal, donde se empezó por hacer algunas excepciones basadas en la necesidad de supervivencia del ladrón, o la poca importancia de su robo, o la culpabilización de la sociedad, para terminar llegando al borde de la impunidad, la permisividad, la naturalización o el falso garantismo en casos mucho más graves, en todos los estamentos del orden público, abierta o solapadamente, con argumentos y sin argumentos, legal o espuriamente, y hay ejemplos peores acá al lado, que son sólo una evolución dramática del mismo concepto. 

 

Entonces, ante la acusación de inconstitucionalidad o incumplimiento constitucional, no valen los argumentos, invitación a charlarlo, relativizaciones o gritos airados de lawfare, a los que recurre con 

sospechada y artística simplificación Cristina Fernández, con el apoyo de Su Santidad, que será vox Dei, pero no necesariamente es vox populi en estos aspectos institucionales fundamentales. Todos los interesados deben seguir los procedimientos previstos por la propia Constitución y no bastardearla con argumentos políticos o de barricada ante la opinión pública o en cualquier foro, ni por la positiva, ni por la negativa. O, si se quiere ponerlo más claro, si se van suavizando, anulando o relativizando de a poco todos los artículos y garantías, se termina relativizando todo. O sea, quitándole toda importancia.  Y ¿cuál es el límite? ¿Quién y cómo decide qué cosa es importante y qué cosa no es tan grave? Y ¿qué garantía hay de que esa decisión circunstancial no responda a su propia inmediatez, a su propia conveniencia? 

 

En el caso tan especial de la obligación de comparencia real ante el Parlamento de un funcionario para responder cualquier clase de cuestionamiento, o para explicar sus políticas o sus decisiones, ni siquiera se puede alegar que se trata de una cuestión menor. Al contrario. Es un derecho tan importante como el del voto. La ciudadanía, por medio de sus representantes, tiene la potestad incuestionable y no limitable de exigir que sus mandatarios pongan la cara, expliquen, se expongan a las dudas y cuestionamientos de sus mandantes, con prescindencia de que se trate de una minoría o de la mayoría, o más aún si se trata de una minoría. Eso vale en todos los casos, en todas las jurisdicciones, cualquiera fuera el partido que gobernase, cualquiera fueran el o los partidos o representantes de la oposición. Calificar o despreciar ese derecho, es despreciar y depreciar la democracia de que tanto alarde se hace. 

 

Las sanciones que se propongan o pidan para esa actitud tampoco son calificables ni despreciables ni denigrables. Es el procedimiento constitucional y eventualmente judicial quien debe determinar la procedencia o no de la sanción. Por lo menos tal es el sistema conocido hasta hoy como democracia, a menos que algún colectivo de idioma político inclusivo la defina de otra manera. 

 

Las argumentaciones que intentan sostener que el incumplimiento o el desprecio de alguna cláusula es una excepción, o que el resto de las veces se acató lo que dice el mandato constitucional, carecen de valor jurídico. Como también carece de valor jurídico la calificación de exageración para cualquier acción que se solicitase contra un mandatario por ese incumplimiento. Simplemente hay un procedimiento legal que debe seguirse, como en cualquier otro caso similar, quienquiera fuera quien incumpliera. El riesgo de suavizar, disculpar previamente, hacerse el distraído o dar un orden de gravedad o importancia al texto constitucional, conlleva el riesgo cierto y probado de terminar en la banalización de la Constitución, con las consecuencias tan palpables que se sufren del otro lado del río.  

 

Uruguay hace gala, con justicia, de su institucionalidad, su respeto por el diálogo y su seguridad jurídica, y de un estilo personal y de convivencia que caracterizan la discusión y aplicación de las diferentes concepciones políticas cuando están en el poder y cuando no. Esa virtud está basada, aunque no se note en el día a día, en la gran pieza ética que se llama Constitución Nacional, que marca las obligaciones de los gobiernos, un juramento solemne ante la sociedad toda, y las garantías que el Estado se compromete a respetar en cualquier caso. En un mundo que cada día avanza más a la intolerancia, la tiranía dialéctica y el ejercicio del poder tiende al absolutismo, apegarse a ese instrumento no solamente es vital para la libertad, sino que puede ser la piedra de toque de cualquier avance hacia el bienestar y el progreso. 

 

 

 

Publicado en El Observador, 04/10/22

Enorme y misterioso Brasil

 

El resultado del domingo deja un tendal de desilusionados y un gobierno de centro entre tanto populismo

 

Intentar predecir el resultado del segundo turno, o segunda vuelta, de las elecciones presidenciales de Brasil es exponerse a un fracaso, o a un papelón. Es mucho mejor dejar ese rol a las encuestadoras, que parecen haberse acostumbrado al yerro, u ofrecerlo como servicio, y que poseen una mucho mejor infraestructura, mayores costos y altos precios. También un listado de explicaciones. Sí está claro que se abre un período de frenéticas negociaciones que versan mucho más sobre política que sobre ideología. 

 

De estas negociaciones es muy probable que emerja en el nuevo Congreso un frente de centro capaz de poner en caja a cualquiera de los dos candidatos que alcanzaron el balotaje, suponiendo que ello hiciera falta. La realidad es que ni Lula, calificado de izquierdista, ni Bolsonaro, calificado de extremista de derecha (la dialéctica imperante hace que cualquier pensamiento de centroderecha en adelante sea considerado de extrema derecha) llevó ni llevará al gran vecino a los extremos. Ni le será permitido. No solamente por los controles legislativos, sino porque el aparato industrial-productivo no lo permitirá. Brasil sigue teniendo en sus genes -y toda su sociedad - un mandato imperial, una necesidad de ser potencia que parece exceder todo otro reclamo, aún la pobreza o la llorada desigualdad. 

 

Tiene también un avanzado estado de putrefacción en su sistema de favelas ampliado, un feudalismo narco paralelo sin subordinación al poder, al menos aparente. Una resignación-esclavitud como la de la población víctima de la mafia en Sicilia, o ahora en cualquier lado. Pero el objetivo central, por excelencia, es ser potencia, es ser grande, y los experimentos mundiales para zafar de esa pobreza con una ley o una bula o un plan de confiscaciones o redistribución de quien gobierne terminan rápidamente en fracaso, no en grandeza. Y no se es potencia repartiendo la riqueza ajena. Ni Lula ni Bolsonaro escapan del mandato imperialista. Lula se apega más al establishment local e internacional, satisface más a las bolsas y a la burocracia global. Bolsonaro es más loco: huye de la tiranía igualadora de los entes infectados trasnacionales, de los colegiados, del idioma inclusivo, de los reclamos de género, aunque lleven el sello americano. Y sabe que tiene que denostarlos, desafiarlos, burlarse de ellos para que no lo atrapen y aprisionen en sus dialécticas. Pero no desprecia los principios inamovibles de la economía. Es un conservador de las redes. 

 

Pero a la hora de las grandes decisiones, primero Brasil. Y ambos tienen claro que el progreso y el bienestar del país y de la sociedad está en el desarrollo, el crecimiento. Así lo han demostrado los dos en sus gestiones. Las corrupciones y abusos no suelen contar en las relaciones internacionales. Es posible que la diferencia lograda por Lula lo ponga al frente de la lucha en el balotaje, y que sea electo presidente. Es posible que la mejora de la economía permee aún más en este mes y Bolsonaro se beneficie adicionalmente de esa mejoría y de las alianzas, que hoy parecen en su favor. Pero ninguno de los dos cumplirá los sueños del Frente Amplio o del peronismo, ni será su aliado, ni plegará su país a los planes de la Doctrina Social, ni a la Patria Grande, ni al Foro de Sao Paulo, ni al gran reseteo, ni a la agenda 2030.  Salvo que con ello Brasil se consolidase como la potencia rectora, el amo de América Latina. Nada nuevo, desde Dom Pedro.  

 

Tanto la historia, como los resultados indisputables de la decisión del electorado brasileño, como el control del poder legislativo y de las fuerzas de producción, aseguran que el futuro será así. Lula fue un gran impulsor del capitalismo en nuestro gran país del norte regional. Bolsonaro, con su apego a la economía clásica, hace más por el bienestar del pueblo a mediano plazo que todas las declamaciones europeas o izquierdistas - o sea totalitarias - del planeta. El Mercosur seguirá siendo un ensayo general de imperio. Su paso previo, su garra potente. Argentina tiene largos ejemplos de lo que aquí se afirma. Uruguay también, aunque no en un idioma descarnado tan evidente. 

Cuando Dilma Rousseau, que intentó algún populismo exprés fue depuesta, no se alzaron demasiadas voces en el sistema político, de ninguna orientación, hasta casi pareció un acuerdo multipartidario su caída, que ella aceptó con subordinación y silencio, como corresponde a la militancia heredera de Marx y Trotsky.

 

Tanto Uruguay, como Argentina, como Paraguay, han debido someterse más de una vez a las decisiones brasileñas, y en algunos momentos liminares las sufrieron. Argentina, por caso, no puede soñar con que un gobierno de Lula aceptaría una “realización” de su economía, como sueña. La respuesta de finales del siglo XX que sostuvo tras devaluar y precipitar la caída de la convertibiliad aquello de “Brasil acompaña a Argentina sólo hasta la puerta del cementerio” vale para cualquier gobierno. Ni el frenteamplismo ni el peronismo ni el madurismo ni ningún otro miembro del pacto dictatorial de Sao Paulo puede soñar con que Lula llevará a su nación a semejante despropósito perdedor. 

 

Esto quiere decir, sencillamente, que Brasil hay uno solo. O Brasil brasileiro, como estigmatizara recientemente la BBC, o como inmortalizara Ary Barroso en su “Acuarela do Brasil” Es cuestión de elegir. 

 

El resultado del domingo es una terrible desilusión para lo que se llama izquierda, que usó todos los recursos comunicacionales posibles, hasta las encuestas. Tremenda oportunidad para la centroderecha – descalificada siempre como extrema derecha -  que regirá legislativamente los destinos de O quíntuple. Duro fracaso para los que veían a Brasil como una estrella refulgente de la Patria Grande. Y un palmo de narices para muchos países de la región que creen que lograrán el apoyo brasileño a cualquier locura que intenten. Lograrán palabras, probablemente, pero a la hora crucial de la acción, siempre primero Brasil, que no reemplazará su bandera ni su soberanía por el mandato de ningún ente supranacional, de ninguna inexorabilidad inventada. En ese sentido, sigue siendo una garantía, claro que a costa de someterse a él. 

 

Esta afirmación se dirige a sostener que Uruguay ha elegido el único camino que le queda disponible para su policía comercial global. Quienes declaman y reclaman el diálogo y la democracia, deberían considerar convertir esa línea en una política nacional, de estado. Eso es lo que hay que aprender de Brasil. 

 

 

 

 

Publicado en El Observador 27/09/2022

La eliminación de las PASO, ¿otra trampa peronista? 

 

El gobierno argentino sorprende ahora con otro cambio en el reglamento de juego en medio del partido: derogar la ley de elecciones internas, abiertas y obligatorias

 

En 2009 el gobierno de Cristina Kirchner sorprendió con la sanción de la Ley de lo que se llamó PASO, que forzaba a los partidos primero a realizar elecciones internas, y luego obligaba a toda la población a votar en ellas, tal como ocurre en el proceso electoral nacional. Esa legislación se fue imbricando luego normativa y prácticamente con todo el paquete de leyes electorales, de partidos políticos, de su financiamiento, aun de los códigos y leyes electorales. 

 

La medida fue largamente criticada porque en ese momento parecía favorecer al gobierno, pero también porque obligaba a una suerte de “previa” de las elecciones generales, con todas sus consecuencias. Mauricio Macri, más bien todo el país, fue víctima de esa situación cuando las PASO de 2019 señalaron el triunfo imparable del peronismo, y los mercados reaccionaron con pánico ante la amenaza. Acertadamente. 

 

Las críticas también se basaron en el límite del 1.5% que debían superar los candidatos nacionales en la pre-elección para poder participar, que luego en la práctica, unida a los límites de la ley de partidos políticos de Alfonsín en 1985 restrictivamente aplicados, consolidaron el oligopolio político que conforma el sistema argentino, que tiene mucho que ver con la corrupción multipartidaria. En rigor, todo ese sistema es una suma de parches, ventajas, oportunismos, negocios, coimas, financiamientos fantasma, complicidades, vallas y trucos que alejan el poder de las manos de la ciudadanía. De modo que no existe casi discusión sobre la necesidad de cambiarlo, PASO incluidas preferentemente. Y eso es un proceso largo, profundo, complejo, que requiere consensos, análisis, diálogo y discusiones que no se desarrollan en pocas semanas. 

 

Lo que se discute es la oportunidad. En general - y esto los orientales, mucho más pulidos en estos aspectos lo comprenderán – ningún país cambia sus reglas electorales dentro de los 12 meses previos a los comicios. Además, anular las PASO requiere llenar ese vacío legal, al estar interrelacionada la legislación de las internas y su aplicación en todo el sistema. A lo que debe agregarse que se trata ahora de una propuesta nacida de golpe y de la nada, sin ningún grado de motivación popular evidente, ni aún la partidaria, lejos de las preocupaciones centrales de los argentinos, que son otras, obvias, graves y dramáticas. 

 

Y aquí viene la parte de los intereses políticos. Que empieza por la duda de que el peronismo tenga la capacidad técnica y ética para derogar esta ley y hacer los retoques imprescindibles en el resto de las leyes correlacionadas. Y la imparcialidad para hacerlo. Por ejemplo, si se eliminan las PASO, cada partido tendrá que determinar el modo en que elegirá sus candidatos para cada cargo. Eso deberá hacerse a las apuradas, en un plazo exiguo, sin tiempo para hacer las compulsas internas. Tremenda desventaja frente al peronismo, que habrá que recordar que nunca eligió sus candidatos en base a las PASO porque siempre utilizó su sistema de lista única digitada por la conducción, en el mejor estilo del movimiento y las primarias sólo sirvieron para dar el amén a lo decidido por sus mandamases. 

 

También una derogación abrupta condenaría a los partidos opositores a definir casos tales como si la interna será cerrada a los afiliados o abierta a cualquiera que quiera votar, que tienen distintas y a veces complicadas implicaciones. Todo eso en dos o tres meses. Con lo que las campañas partidarias también sufrirían una demora importante. Y la elección de candidatos también. La llana derogación de la ley atenta en varios puntos contra la legitimidad de los candidatos, si las reglas de juego no son parejas.

 

Para resumir, el temor, basado en la historia de traiciones políticas del oficialismo, es que, así como en 2009 se impusieron las PASO porque resultaban convenientes al peronismo, ahora se deroguen por la misma causa. Todo cambio en las reglas políticas o electorales siempre favorece o perjudica a algunos partidos en la circunstancia de ese momento, por lo que siempre se evita hacerlo en las cercanías de las elecciones, para que el análisis sea menos interesado y apasionado y para evitar suspicacias, con o sin razón. Lo que no está ocurriendo ahora. 

 

Ya se ha dicho en este espacio que el gobierno atraviesa un estado de desesperación, que se advierte en sus medidas y planteos, desde el accionar pro-impunidad de su jefa a la necesidad de revertir de algún modo las mediciones de todas las encuestas, aún las más favorables, que arrojan un resultado desastroso para todos sus candidatos, inclusive la señora Fernández, que alguna vez se refirió a las elecciones como “obstáculo electoral”, si se repasa.

 

En el proceso de lanzamiento del globo de ensayo derogatorio, también se ha hablado de la suspensión, no de la derogación, de las PASO, lo que sería un concepto aún peor, al mostrar la provisionalidad de la medida, y al crear más incertidumbre en un punto nuclear que debería ser lo más prístino y confiable posible. 

 

También se ha usado como base argumental para la reforma el costo que implican estas elecciones previas, concepto que, comparado con tantos otros costos económicos del sistema político nacional, lleno de negocios y obstáculos de todo tipo, no merece comentarios que convaliden ese criterio, o que le den visos de seriedad. 

 

Sin comprenderlo, el gobierno agrega un robusto eslabón más a la cadena de inseguridad jurídica que viene engarzando desde 2015, cuando la presidente saliente se negó a entregar los simbólicos atributos al presidente electo legítima y legalmente, reforzada luego con todas las promesas, propuestas y decisiones fracasadas que llevaron a una situación insostenible que terminaron con el peronismo al borde de una catástrofe electoral y hasta existencial y con el país al borde de la quiebra, o al menos a la quiebra de la gran mayoría de sus ciudadanos. 

 

Todas las leyes electorales argentinas deben ser cambiadas, porque transforman a los partidos en sindicatos a los que los ciudadanos votantes son obligados a afiliarse. Las preguntas son dos: ¿por qué ese cambio debe ser impuesto, inducido o decidido por el peronismo? ¿Por qué ahora? 

 

 

 

 

 

 

Publicado en El Observador, 20/09/2022

El dilema oriental

 

Cuando todo el mundo está loco, ¿estar cuerdo es una locura o un acto de estadista?

 

 

El cuadro global es favorable a Uruguay, al menos en este breve momento del mundo. La invasión rusa a Ucrania, las sanciones inspiradas por Estados Unidos que usa como armamento bélico la economía de Europa y otros aliados, más una demanda que aún no cede, (toquen madera) más una lánguida producción argentina de cereales, oleaginosas y carnes que nadie puede entender ni justificar, han llevado los precios a niveles inesperados y altamente rentables, a lo que se suma la baja del petróleo que se logró a costa del perdón y la tolerancia norteamericana a regímenes que hasta cinco minutos antes de la contienda eran execrados, bloqueados y descalificados. 

 

Ni este gobierno, ni ningún otro, desperdiciaría esa circunstancia comercial tan positiva, mucho más inmediatamente después de la pandemia, que sirvió de excusa pueril para provocar una avalancha récord de gastos, emisión, inflación y desempleo consecuente, auspiciada por las abogadas del progresismo populista Janet Yellen, Christine Lagarde, Kristalina Georgieva, Úrsula von der Leyen, Nancy Pelosi, Kamala Harris y Alexandria Ocasio-Cortez, entre otras,  apoyadas eficientemente por la OMS, el FMI, la ONU, la UE y cuanta otra orga internacional y regional se pueda imaginar, que se tomaron el trabajo de explicar que “no era ése el momento para preocuparse por los presupuestos ni la seriedad económica” ante “la terrible amenaza que se cernía sobre la humanidad toda” (sic en ambos casos)

 

Las consecuencias no tardaron mucho en reflejarse en todos los países, como era fácil de inferir, y la disconformidad, ya suficientemente exacerbada por el discurso fácil de la inequidad y las desigualdades empujó a todas las dirigencias a repartir lo que no les pertenecía, y muchas veces lo que ni les pertenecía ni existía. Hoy Estados Unidos y Europa se debaten entre volver a la ortodoxia y la prudencia, o sea combatir la inflación con reducción del circulante y aumento de tasas, (que siempre pasa por la temida e inexorable recesión) o dejar que la inflación se reduzca por obra y gracia de algún milagro. Mientras tanto, muchos eligen compensar la pérdida de poder adquisitivo con aumentos de salarios, subsidios y bonus. O sea, aumentan el gasto del estado, con lo que generarán más inflación. 

 

Potencia mucho más la incertidumbre el proteccionismo generalizado, que parece consecuencia de la guerra y la pandemia, pero que muestra otra verdad grave: el miedo a competir que siempre existió en muchos sectores y países en el corazón del capitalismo, que se opone al concepto mismo de la libertad de comercio, hasta ahora el único modo conocido de aumentar el bienestar de los pueblos, si se cree en la evidencia empírica, en los datos estadísticos y en los casos concretos, no en la dialéctica, la posverdad, el relato o alguna de esas variantes. 

 

Todo indica que cualquier realidad de este instante es efímera, que faltan desarrollarse las tendencias que apenas se esbozan y también que los ciclos económicos se completen. Ahí se verá realmente la dimensión del problema, que no se agota en los síntomas actuales, y que tendrá serios efectos negativos, sobre todo en las economías pequeñas y en las agroexportadoras, por paradójico que suene. 

 

Tanto para ese diagnóstico-presunción, como para cualquier otro escenario, está claro que la sociedad uruguaya necesita producir y exportar algo más que las materias primas básicas agrícolas. Es innecesario explicar que ese tipo de actividad no alcanza para mantener a toda la sociedad. Tampoco para sostener los niveles de bienestar alcanzados. Eso hace que aun cuando se sostuvieran los valores de hoy, si no se exporta valor agregado se está condenado y condenando a gravámenes crecientes al sector productor para regalar de alguna manera al resto de la sociedad, lo que configura un sistema inviable, porque en poco tiempo se agota por falta de vocación de ser explotado y confiscado del sector que produce.  Este concepto vale para todo el gasto del estado, incluyendo el costo de los empleados públicos, a los efectos económicos un gasto más, una forma de subsidio más, aunque suene denigrante. Igual criterio es aplicable a la obra pública. 

 

De modo que es imperiosa la firma de tratados de libre comercio que permitan ese cambio que se necesita, y que hoy no existe. Esos tratados están más lejanos que nunca. Se acaba de comprobar que Europa, además de su pérdida de importancia mundial, no sólo económica, agrega que no tiene el menor interés ni la menor predisposición a firmar ningún acuerdo de ese tipo, empecinada en volver a la una y otra vez fracasada política de “vivir con lo nuestro”, a la que la ha llevado su incompetencia de conducción. Tampoco un tratado con Estados Unidos está disponible, por razones parecidas, aunque todavía no tan evidentes. En rigor, los intereses de los dos grandes núcleos occidentales están casi enfrentados con los del país, con lo que ni siquiera hace falta la oposición para que juegue ningún papel obstructivo como ha hecho en el pasado, y hasta el mismo jueves. 

 

Queda, una vez más, el tratado con China como única esperanza, que obliga a una cuidadosa y permanente vigilancia para que la soberanía no entre dentro de los productos negociados, y que no solamente deberá superar los típicos tira y afloja de un pacto de esta naturaleza, sino la oposición y hasta el sabotaje del FA-PIT-CNT, que estará dispuesto a tomar la calle a cualquier costo para impedir todo intento de competir, con el estandarte de la defensa del trabajo y del trabajador, argumento que también cede ante la evidencia empírica, que obviamente es negada dialécticamente y por principio, contra toda la prueba acumulada. Porque el proteccionismo no es sólo empresarial, también se oculta en la creencia de la central obrera ilegal que cree que los trabajadores uruguayos tienen el derecho sagrado de no tener que competir. Cosa que no le está garantizada al resto de los mortales. 

 

Y ahí viene el tema de fondo. Si se usa esta bonanza de hoy para financiar el aumento del gasto, para mostrar reducción del déficit y la inflación y para complacer gentiles pedidos del distribucionismo en algunos de sus envases, se dependerá de que los precios de las materias primas se mantengan ya que, de volver a los valores históricos o similares, el déficit resultante y la confiscación impositiva serían intolerables, porque los gastos no retroceden, aunque retrocedan los precios. Se iría directamente a una situación en que una parte menor de la población tendría que mantener al resto enorme a su costa. Agravado por el perverso sistema de indexar los costos laborales y de todo tipo por la inflación pasada, un modo de perpetuarla que parece justo, pero que es el más re-inflacionario y ruinoso que se pueda concebir.  Basta mirar a la orilla de enfrente para saber lo que todo ello implica. 

 

Pero, aunque esa bonanza se mantuviese y el viento de cola soplase indefinidamente, el peso se apreciaría de tal manera que el costo de vida en dólares oriental, ya hoy uno de los más caros del mundo, una suerte de maxiimpuesto por el simple hecho de habitar, subiría hasta lo inviable, al igual que los sueldos y los costos de producción en dólares.  Esa figura, como se ha explicado aquí se simplifica con el nombre de Dutch Disease, (¿ahora enfermedad neerlandesa?) situación en que los costos en dólares de una nación suben de tal manera que hace imposible la exportación de cualquier bien de valor agregado, lo que a su vez paraliza la creación de trabajo auténtico, es decir el trabajo privado. En ese caso, se volvería a la misma situación que en el supuesto anterior, en que una parte menor de la sociedad sería obligada a mantener a una parte mayoritaria con impuestos y otros mecanismos de exacción peores. 

 

Como cualquier control del tipo de cambio es explosivo en cualquier economía, el único camino posible es la apertura veloz de la exportación, que hoy sigue con mecanismos proteccionistas y de prebendas y restricciones, lo que además de equilibrar el valor del peso y permitir la competitividad, conduciría a una mayor demanda de trabajo y a una baja significativa en el costo de vida, mal que les pese a quienes lucran con el lema de “vivir con lo nuestro”, que también ha llevado a la ruina reiterada a los vecinos de la otra orilla. 

 

Para eso, de nuevo, el único camino factible son los tratados de libre comercio, que tanto molestan a ciertos sectores monopólicos y prebendarios, como ocurre desde siempre. Pero en su contra, excusándose en la generación de trabajo que supuestamente el proteccionismo acarrea - siempre relativa y siempre mentirosa – se unen tanto los sectores empresarios como la conducción sindical abrazados en la misma causa, otra vez ignorando tanto las ventajas probadas de la apertura comercial como los fracasos proteccionistas en todos sus formatos. 

 

Los gobernantes de todos los países y de todas las tendencias tienen la virtud de hacerle creer a la humanidad que la inflación, el desempleo, la pobreza, el atraso, la deseducación, la miseria y la depresión económica son consecuencias exógenas, culpa de algún meteoro o de la ira de los dioses. En realidad, en todo lo que es económico, la incompetencia, el facilismo, el populismo y complacer gentiles pedidos como si no tuvieran costos, puede ser un buen modo de recoger votos o frutos, tanto políticos como sindicales, pero tiene un ineludible precio en el mediano plazo. Esa deliberada omisión, esa ignorancia planificada, es lo que se conoce como populismo. 

 

Esperar tranquilos, colgados de la hoy fácil cosecha de las commodities agrícola-ganaderas y del proteccionismo comercial y laboral en todo lo demás, aunque lo hicieran las grandes naciones y aún todo el resto del mundo, tendría pésimos efectos sobre la economía y la sociedad oriental - seguir a la manada es la forma más eficaz de convertirse en oveja.  Y ello ocurriría aunque se diluyesen las culpas políticas en  terribles pandemias, guerras, sanciones, emergencias, recomendaciones de entes infalibles supranacionales y en algún plato volador que trajo el desempleo, la desinversión, la confiscación y la pobreza.